SALA DE CASACION CIVIL

 


Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

               En el juicio por nulidad de venta y subsidiariamente de simulación, seguido por los ciudadanos ROBERTO AGUIAR MIRAGAYA, MANUEL AGUIAR MIRAGAYA, MARÍA AGUIAR MIRAGAYA, JOSE AGUIAR MIRAGAYA, BERTA AGUIAR MIRAGAYA, LUIS AGUIAR MIRAGAYA, ANTONIA AGUIAR MIRAGAYA, ESPERANZA AGUIAR MIRAGAYA, ANTONIO AGUIAR GUITIAN, MANUEL MORO AGUIAR, ALEJANDRO MORO AGUIAR y LUIS MORO AGUIAR, integrantes de la sucesión aguiar, representados judicialmente por los abogados Bolivia Maygualida Betancourt Guacaran, José Colina Colmenares, Dario Farfan Alvarez y Bernardo Loreto Yánez, contra las ciudadanas CARMEN GERVASIA REGUERO DOMINGUEZ y ANGÉLICA REGUERO DOMINGUEZ, representadas judicialmente por los abogados Hugo Márquez Spósito y Alcides Sánchez Negron; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, del Tránsito, y de Menores del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, conociendo como tribunal de reenvío, dictó sentencia en fecha 10 de marzo de 2000, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de nulidad de venta del inmueble Galerías París, intentada como acción principal y la subsidiaria de simulación.

 

               Contra la referida sentencia de alzada la representación judicial de la parte actora anunció recurso de casación, que fue admitido mediante auto de fecha 27 de marzo de 2000, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

               Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

               Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia el quebrantamiento por la recurrida de los artículos 243 ordinal 5º, y 12 eiusdem, con la siguiente argumentación:

 

“Ahora bien, tal como igualmente indica el juzgador, la parte demanda (sic) opuso a la demanda, como defensa para ser decidida en el fondo, la caducidad de la acción de simulación, vale decir, la caducidad de la acción propuesta en segundo término como subsidiaria, apoyando tal defensa en la disposición del artículo 1281 del Código Civil, cuyos dos primeros párrafos disponen lo siguiente:

 

“Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor.

 

Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia del acto simulado.”

 

Puede confirmarse que la sentencia recurrida entra a analizar la acción propuesta como principal y luego de hacer varias consideraciones sobre los particulares y elementos relacionados con la misma, pasa a decidirla, declarando en este respecto, en el primer párrafo de su texto, in fine, al folio seiscientos dos (602) de autos, que “...la venta realizada es perfecta y no adolece de vicios que la hagan nula y así se decide.”

 

Ahora bien, al comenzar el párrafo inmediato siguiente, la recurrida expresa lo siguiente:

 

“Una vez decidida la acción principal, pasa a sentenciar, éste Tribunal Superior Accidental, la defensa de fondo alegada por la demandada, como fue la CADUCIDAD DE LA ACCION DE SIMULACION, fundamentada en el artículo 1281 del Código Civil, en el que dispone que la acción de nulidad dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticias del acto simulado.” (mayúsculas en el texto del fallo. Subrayado nuestro).

 

Como puede observarse, no existe duda alguna de que la única defensa hecha valer por la demandada, tal como lo indica el propio sentenciador, fue la de caducidad de la acción con el específico y concreto apoyo en el artículo 1281 del Código Civil, vale decir, que afirmó haberse cumplido el lapso de CADUCIDAD dispuesto en dicho artículo, por el transcurso de cinco años desde que, en criterio del Tribunal, mis mandantes tuvieron conocimiento de la venta, hasta la fecha de interposición de la demanda. Ninguna otra defensa, ni caducidad, NI DE PRESCRIPCION llegó a ser invocada.

 

Esa defensa de caducidad es declarada sin lugar por la recurrida de una manera igualmente diáfana y si lugar a dudas, señalando en el particular, de una parte, que la caducidad invocada, ex artículo 1281, sólo puede ser considerada con respecto a quienes tengan el carácter de acreedores con respecto al “...deudor que ha simulado un acto...”, carácter que no tienen mis mandantes y, por la otra, que el acto dispuesto en dicho artículo es de prescripción y no de caducidad.

 

Bien se comprende por lo expuesto, así como también por los demás considerandos de la recurrida en el particular, que la defensa tenía que resultar desechada, como en efecto, lo fue, ya que de acuerdo a tales consideraciones de la recurrida, los elementos de esta causa hechos valer por la demandada para fundar la defensa no podían ser subsumidos en la norma invocada al efecto, por lo que el fallo concluye indicando, lo siguiente:

 

“De lo expuesto, se deduce, que el lapso aplicable para este tipo de acción es de prescripción y no de caducidad, cuando las partes afectadas, sean diferentes a los acreedores, es decir, en el presente caso son los copropietarios del inmueble que piden la simulación de la venta, por lo que el lapso aplicable para este caso es la prescripción decenal, ya que, la acción intentada, son unos interesados distintos a un simple acreedor quirografario. Y así se decide.

 

No obstante la anterior decisión, con cuyos términos el fallador dirimió en su sentencia el punto relativo a la defensa de caducidad, declarándola improcedente, observarán los Magistrados de la Sala que la recurrida se permite, inmediatamente después del párrafo antes transcrito, entrar a hacer y a suplir una serie de argumentos no alegados por la parte demandada, para considerar como opuesta por esta última la defensa de prescripción de la acción de simulación, es decir la decenal que la alzada había indicado como apropiada, siendo que dicha defensa no fue hecha valer de ningún modo por la accionada, y mal podía considerársela incluida, como parece ilegalmente entender la recurrida, en el planteamiento sobre caducidad que había formulado y que el Tribunal había ya declarado sin lugar.

 

El haber invocado esa defensa de caducidad constituyó un error de la demandada que el juzgador advirtió y le llevó a desechar la defensa, quedando impedido el juez de modificarla, completarla, complementarla o de cualquier modo torcerla para llegar a dar por interpuesta una defensa de prescripción que sólo la sentencia llegó a traer a colación.