SALA DE CASACION CIVIL

 


Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

               En el juicio por nulidad de venta y subsidiariamente de simulación, seguido por los ciudadanos ROBERTO AGUIAR MIRAGAYA, MANUEL AGUIAR MIRAGAYA, MARÍA AGUIAR MIRAGAYA, JOSE AGUIAR MIRAGAYA, BERTA AGUIAR MIRAGAYA, LUIS AGUIAR MIRAGAYA, ANTONIA AGUIAR MIRAGAYA, ESPERANZA AGUIAR MIRAGAYA, ANTONIO AGUIAR GUITIAN, MANUEL MORO AGUIAR, ALEJANDRO MORO AGUIAR y LUIS MORO AGUIAR, integrantes de la sucesión aguiar, representados judicialmente por los abogados Bolivia Maygualida Betancourt Guacaran, José Colina Colmenares, Dario Farfan Alvarez y Bernardo Loreto Yánez, contra las ciudadanas CARMEN GERVASIA REGUERO DOMINGUEZ y ANGÉLICA REGUERO DOMINGUEZ, representadas judicialmente por los abogados Hugo Márquez Spósito y Alcides Sánchez Negron; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, del Tránsito, y de Menores del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, conociendo como tribunal de reenvío, dictó sentencia en fecha 10 de marzo de 2000, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de nulidad de venta del inmueble Galerías París, intentada como acción principal y la subsidiaria de simulación.

 

               Contra la referida sentencia de alzada la representación judicial de la parte actora anunció recurso de casación, que fue admitido mediante auto de fecha 27 de marzo de 2000, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

               Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

               Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia el quebrantamiento por la recurrida de los artículos 243 ordinal 5º, y 12 eiusdem, con la siguiente argumentación:

 

“Ahora bien, tal como igualmente indica el juzgador, la parte demanda (sic) opuso a la demanda, como defensa para ser decidida en el fondo, la caducidad de la acción de simulación, vale decir, la caducidad de la acción propuesta en segundo término como subsidiaria, apoyando tal defensa en la disposición del artículo 1281 del Código Civil, cuyos dos primeros párrafos disponen lo siguiente:

 

“Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor.

 

Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia del acto simulado.”

 

Puede confirmarse que la sentencia recurrida entra a analizar la acción propuesta como principal y luego de hacer varias consideraciones sobre los particulares y elementos relacionados con la misma, pasa a decidirla, declarando en este respecto, en el primer párrafo de su texto, in fine, al folio seiscientos dos (602) de autos, que “...la venta realizada es perfecta y no adolece de vicios que la hagan nula y así se decide.”

 

Ahora bien, al comenzar el párrafo inmediato siguiente, la recurrida expresa lo siguiente:

 

“Una vez decidida la acción principal, pasa a sentenciar, éste Tribunal Superior Accidental, la defensa de fondo alegada por la demandada, como fue la CADUCIDAD DE LA ACCION DE SIMULACION, fundamentada en el artículo 1281 del Código Civil, en el que dispone que la acción de nulidad dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticias del acto simulado.” (mayúsculas en el texto del fallo. Subrayado nuestro).

 

Como puede observarse, no existe duda alguna de que la única defensa hecha valer por la demandada, tal como lo indica el propio sentenciador, fue la de caducidad de la acción con el específico y concreto apoyo en el artículo 1281 del Código Civil, vale decir, que afirmó haberse cumplido el lapso de CADUCIDAD dispuesto en dicho artículo, por el transcurso de cinco años desde que, en criterio del Tribunal, mis mandantes tuvieron conocimiento de la venta, hasta la fecha de interposición de la demanda. Ninguna otra defensa, ni caducidad, NI DE PRESCRIPCION llegó a ser invocada.

 

Esa defensa de caducidad es declarada sin lugar por la recurrida de una manera igualmente diáfana y si lugar a dudas, señalando en el particular, de una parte, que la caducidad invocada, ex artículo 1281, sólo puede ser considerada con respecto a quienes tengan el carácter de acreedores con respecto al “...deudor que ha simulado un acto...”, carácter que no tienen mis mandantes y, por la otra, que el acto dispuesto en dicho artículo es de prescripción y no de caducidad.

 

Bien se comprende por lo expuesto, así como también por los demás considerandos de la recurrida en el particular, que la defensa tenía que resultar desechada, como en efecto, lo fue, ya que de acuerdo a tales consideraciones de la recurrida, los elementos de esta causa hechos valer por la demandada para fundar la defensa no podían ser subsumidos en la norma invocada al efecto, por lo que el fallo concluye indicando, lo siguiente:

 

“De lo expuesto, se deduce, que el lapso aplicable para este tipo de acción es de prescripción y no de caducidad, cuando las partes afectadas, sean diferentes a los acreedores, es decir, en el presente caso son los copropietarios del inmueble que piden la simulación de la venta, por lo que el lapso aplicable para este caso es la prescripción decenal, ya que, la acción intentada, son unos interesados distintos a un simple acreedor quirografario. Y así se decide.

 

No obstante la anterior decisión, con cuyos términos el fallador dirimió en su sentencia el punto relativo a la defensa de caducidad, declarándola improcedente, observarán los Magistrados de la Sala que la recurrida se permite, inmediatamente después del párrafo antes transcrito, entrar a hacer y a suplir una serie de argumentos no alegados por la parte demandada, para considerar como opuesta por esta última la defensa de prescripción de la acción de simulación, es decir la decenal que la alzada había indicado como apropiada, siendo que dicha defensa no fue hecha valer de ningún modo por la accionada, y mal podía considerársela incluida, como parece ilegalmente entender la recurrida, en el planteamiento sobre caducidad que había formulado y que el Tribunal había ya declarado sin lugar.

 

El haber invocado esa defensa de caducidad constituyó un error de la demandada que el juzgador advirtió y le llevó a desechar la defensa, quedando impedido el juez de modificarla, completarla, complementarla o de cualquier modo torcerla para llegar a dar por interpuesta una defensa de prescripción que sólo la sentencia llegó a traer a colación.

 

Es bien sabido que la prescripción es una auténtica defensa que queda ceñida en su utilización o invocación en juicio, al resorte de las partes, al punto que el legislador dispuso una norma expresa sobre el particular, en el artículo 1956 del Código Civil, conforme a la cual:

 

“El juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.”

 

Se comprende así que el vicio de incongruencia positiva que afecta al fallo recurrido, cobra en este caso un singular e inusitado relieve pues la denuncia de haberse producido tal vicio en la especie, atinente a un aspecto formal de la sentencia, encuentra excepcional asidero en una norma del Código Civil, que debió atender el juzgador para cumplir el deber que le impone el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil de decidir con arreglo a las defensas opuestas.

 

La recurrida infringió este artículo al incorporar como opuesta por la demandada una defensa de prescripción, indicando que el lapso de esta especie que la recurrida entiende aplicable, también había transcurrido eficazmente entre la fecha del conocimiento de la venta por el Dr. César Iriarte, apoderado de los accionantes, y la fecha de interposición de la demanda, sobre la base de una serie de argumentos que sólo el sentenciador trae a colación y que se permite motu propio vincular con una supuesta prescripción, que la demandada no llegó siquiera a mencionar.

 

Sostenemos que al proceder la recurrida de la manera acabada de exponer y declarar prescrita la acción de simulación, incurrió en infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues no decidió con arreglo a las defensas que la demandada opuso, y quebrantó el artículo 12 del mismo Código, desde luego que no se atuvo a lo alegado en autos y suplió a la accionada una defensa o excepción que en modo alguno había sido invocada, debiendo mencionarse que desconoció, aunque ello no sea aquí objeto concreto de denuncia, la disposición del artículo 1956 del Código Civil.”

 

 

Al efecto, señala el formalizante que la sentencia recurrida quebrantó los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, viciando la sentencia de incongruencia positiva, porque suplió una defensa que no fue esgrimida por la demandada, como fue la prescripción decenal de la acción de simulación.

 

La Sala observa, que en el escrito de contestación de la demanda no consta que la parte demandada haya opuesto como defensa la prescripción decenal de la acción por simulación intentada, sino la de caducidad de la acción, con base en lo establecido en los artículos 346 ordinal 10, y 361 del Código de Procedimiento Civil, y 1281 del Código Civil. Sin embargo, la sentencia recurrida expresa en los folios 602 al 604 del expediente, lo siguiente:

 

“Una vez decidida la acción principal, pasa a sentenciar, éste Tribunal Superior Accidental, la defensa de fondo alegada por la demanda (sic), como fue la CADUCIDAD DE LA ACCION DE SIMULACIÓN, fundamentada en el artículo 1281 del Código Civil, en el que dispone que la acción de nulidad dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticias del acto simulado.-

 

Ahora bien, nuestra doctrina ha establecido que la acción de simulación puede ser propuesta, no sólo por los acreedores del deudor, como resulta de la letra del artículo 1281 del Código Civil, sino en criterio de quien decide no solo el acreedor, sino por cualquier persona que teniendo interés o cualidad, se vea afectado en sus intereses patrimoniales o personales, como serían las partes mismas del acto simulado o todo aquél que pueda recibir un perjuicio derivado de los efectos del mismo.-

 

La simulación no aparece definida en el Código Civil, salvo las menciones que aparecen en sus artículos 1360 y 1281 del Código Civil.-

 

Para la jurisprudencia los acreedores son aquellas personas que en razón de ser titulares de un derecho, se vean impedidas o perturbadas en el libre ejercicio de ese derecho por el acto que se tilde de simulado, derecho que puede ser de crédito o real, presente o eventual.-

 

La Legislación patria se limita a expresar quienes pueden intentar la acción de simulación, el tiempo en que la misma puede ejercitarse, y los efectos que su declaratoria produce con respecto a terceros. Por ello, es necesario recurrir a la doctrina y jurisprudencia y deducir el acto simulado.-

 

Por lo tanto, el lapso que dicha norma establece, dada su especialidad, sólo se aplica a las demandas propuestas por quienes sean acreedores strictu sensu, del deudor que ha simulado un acto, pero no opera con respecto a las demanda (sic) que intente el resto de los legitimados activos en simulación, los cuales quedan sometidos al régimen ordinario. Así, en efecto, indica el Dr. MELICH ORSINI, en su libro Teoría General del Contrato:

 

“...pues bien, nuestra doctrina más autorizada interpreta que el lapso de cinco años señalado por el artículo 1281 del Código Civil, es un lapso de prescripción, sujeto como tal a las posibilidades de suspensión y de interrupción.”

 

De los (sic) expuestos, se deduce, que el lapso aplicable para éste tipo de acción es de prescripción y no de caducidad, cuando las partes afectadas, sean diferentes a los acreedores, es decir, en el presente caso son los copropietarios del inmueble que piden la simulación de la venta por lo que, el lapso aplicable para éste caso es la prescripción decenal, ya que, la acción intentada, son unos interesados distintos a un simple acreedor quirografario. Y así se decide.-

 

Sin embargo, es un hecho cierto demostrado en autos, que la Sucesión tuvo conocimiento de la venta del inmueble, a través de su Apoderado Dr. César Iriarte, cuando éste sostuvo la entrevista con la ciudadana: CARMEN ELVIRA DOMINGUEZ DE AGUIAR, a mediados de septiembre del año 1981, confirmado éste hecho con las testimoniales de las ciudadanas: FLOR DE YANEZ y BLANCA ROSA MONEDERO DE MUNDARAIN, en plena relación con la testimonial del ciudadano OMAR DUQUE JIMENEZ. Por lo que, desde el mes de septiembre de 1981, hasta el día 14 de octubre de 1991, fecha en que fue citada debidamente la ciudadana: ANGELICA REGUERO DOMINGUEZ transcurrieron más de diez (10) años. Por lo que la acción de simulación contra ésta prescribió y así se decide.”

 

 

De la anterior transcripción parcial del fallo se constata que, efectivamente, la recurrida se basó en la prescripción decenal para declarar sin lugar la acción por simulación, defensa que no fue hecha por las demandadas en el escrito de contestación, pues éstas sólo invocaron la caducidad con base en lo establecido en el artículo 1281 del Código Civil.

 

El artículo 1956 del Código Civil establece que “el Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta”, con lo cual se prohibe al juez declarar la prescripción de la acción que no ha sido alegada por una de las partes en el proceso. Esta regla general consagrada en el Código Civil sólo tiene dos (2) excepciones que se encuentran establecidas en los artículos 661 ordinal 2º y 667 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, cuando la acción planteada trata de una ejecución de hipoteca o de una ejecución de prenda, casos en los cuales el legislador faculta al juez para declarar de oficio su prescripción.

 

En el caso concreto, se trata de una acción de simulación, la cual no encuadra dentro de ninguno de los supuestos de excepción contenidos en los artículos 661 ordinal 2º y 667 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual resulta que la defensa de prescripción decenal contenida en el fallo recurrido no formaba parte del thema decidendum de la controversia. En éste caso la prescripción de la acción sólo podía oponerla las demandantes, y ello no ocurrió. Al ser declarada procedente una defensa no opuesta, la sentencia recurrida no se atuvo a lo alegado y probado en autos, excediéndose al actuar de oficio.

 

Por tanto, la decisión recurrida esta viciada de incongruencia positiva porque suplió una defensa no opuesta por ninguna de las partes demandada, como fue la prescripción decenal de la acción de simulación, quebrantando así los artículos 12, 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

 

Esta Sala en sentencia de fecha 26 de marzo de 1998, caso Amador Golding y otros c/ Carmen Guadalupe Cabrera, viuda de Bendayán y otros, estableció lo siguiente:

 

“El vicio de incongruencia se verifica cuando el juez omite pronunciarse sobre un alegato de las partes (incongruencia negativa), o bien cuando extiende su pronunciamiento a alegatos no formulados en el proceso (incongruencia positiva).

 

Con la demanda, la parte actora agota su oportunidad legal de alegar sobre la pretensión deducida en el proceso. Correlativamente, la parte demandada agota la suya al efectuar la contestación. Con tales actuaciones, se traba la litis y se cierra a las partes la posibilidad de traer nuevos alegatos relativos a la pretensión deducida en el juicio.

 

No obstante, en el escrito de informes es admisible la alegación de hechos determinantes y concerniente a la suerte del proceso, como lo es la confesión ficta, la reposición de la causa, u otros similares.”

 

 

Con base en la jurisprudencia que antecede, que hoy se reitera, la Sala, dado el vicio de incongruencia positiva constatado en la sentencia recurrida, al declarar prescrita la acción de simulación, sin que ninguna de las partes alegaran dicha defensa, declara procedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por no haberse atenido el juez a lo alegado y probado en autos, y así se declara.

 

Habiendo prosperado una denuncia por defecto de actividad, por falta de cumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, no se hace necesario para la Sala, entrar a conocer y decidir las restantes denuncias.

DECISIÓN

 

    En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por los demandantes ciudadanos ROBERTO AGUIAR MIRAGAYA, MANUEL AGUIAR MIRAGAYA, MARÍA AGUIAR MIRAGAYA, JOSE AGUIAR MIRAGAYA, BERTA AGUIAR MIRAGAYA, LUIS AGUIAR MIRAGAYA, ANTONIA AGUIAR MIRAGAYA, ESPERANZA AGUIAR MIRAGAYA, ANTONIO AGUIAR GUITIAN, MANUEL MORO AGUIAR, ALEJANDRO MORO AGUIAR y LUIS MORO AGUIAR, integrantes de la sucesión aguiar, contra el fallo de fecha 10 de marzo de 2000, dictado por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, del Tránsito y de Menores del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando como tribunal de reenvío. En consecuencia, se casa el fallo antes mencionado y se repone la causa al estado de que el Juez que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio de forma declarado en esta sentencia.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen anteriormente mencionado.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los treinta y un  (31) días del mes de octubre  de dos mil. Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G

 

 

 

 

El Vicepresidente Ponente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado,

 

 

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 CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

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DILCIA QUEVEDO

 

Exp. Nº 00-274