SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

 

Caracas, 26 de junio de 2012

 202º y 153º

 

Recibido el presente expediente de la Sala; y, habiéndose dado cuenta en fecha 14 de junio de 2012, este Juzgado para decidir acerca de su admisibilidad, observa:

 

Mediante escrito presentado por la abogada Isabel Cristina Palacios, en fecha 1° de junio de 2012, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.215, actuando con el carácter de apoderada judicial de las sociedades mercantiles Inmobiliaria M.M.G., C.A. y Promotora VB 2006, C.A.,  intentó acción de nulidad por virtud del silencio administrativo producido en el ejercicio del recurso jerárquico interpuesto en fecha 1° de agosto de 2011 (folio 48 de este expediente), ante la ciudadana MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, contra el acto administrativo contenido en la decisión de fecha 22 de junio de 2011, dictada por el ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), por el cual entre  otros aspectos, sancionó a las accionantes “…con multa de CINCO MIL (5000) UNIDADES TRIBUTARIAS, calculada la misma a valor de la Unidad Tributaria publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.361 de fecha 04/02/2010, siendo está (sic) la vigente para el momento de ocurrir el incumplimiento por parte del infractor, por lo tanto su equivalencia es la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 325.000,00)…” (folios 39 y 40 del expediente.  Resaltado del texto).

 

Ahora bien, dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que “La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: 1. Caducidad de la acción (…).

 

En tal sentido, se observa que el artículo 124 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39358 de fecha 1° de febrero de 2010, dispone lo siguiente:

 

Artículo 124.- Al día siguiente al vencimiento del lapso probatorio, se remitirá el expediente a la Presidenta o Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a fin de que decida mediante providencia administrativa dentro de los veintiún días hábiles. La providencia administrativa será redactada en términos claros y precisos, con relación sucinta de los hechos y de derecho en que se fundamenta la decisión.

La Presidenta o Presidente del Instituto puede ordenar, en cualquier estado del procedimiento, la preparación o evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para el mejor esclarecimiento de los hechos. De lo cual deberá notificar a las partes, a los fines de que tengan el debido control de la prueba.

Contra esta decisión podrá intentarse recurso jerárquico ante la Ministra o Ministro con competencia en la materia dentro de los quince días siguientes. Frente a la decisión de la Ministra o Ministro, se podrá ejercer el recurso contencioso administrativo ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los noventa días continuos”. (Resaltado del Juzgado).

 

         Conforme a la norma transcrita, el ejercicio de la acción de nulidad contra actos de efectos particulares, está sujeto a un lapso de caducidad de noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de publicación del acto o de la notificación al interesado o del vencimiento del lapso en el cual la Administración debe pronunciarse sobre el correspondiente recurso administrativo.

 

En el caso de autos, como se indicó supra, la apoderada de las sociedades mercantiles Inmobiliaria M.M.G., C.A. y Promotora VB 2006, C.A., interpuso acción de nulidad por virtud del silencio administrativo producido en el ejercicio del recurso jerárquico, ante la ciudadana Ministra del Poder Popular Para el Comercio contra el acto administrativo dictado por el Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), de manera que al haber operado el silencio administrativo en fecha 6 de diciembre de 2011, es a partir del día siguiente que comenzó a transcurrir el lapso de noventa (90) días continuos para ejercer el recurso contencioso administrativo ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; lapso previsto en el citado artículo 124 de la Ley especial aplicable que rige la materia.

 

Ahora bien, visto que el lapso antes aludido feneció en fecha 5 de marzo de 2012 y, siendo que, el recurso contencioso administrativo de nulidad fue interpuesto en fecha 1° de junio de 2012, resulta forzoso para este Juzgado, declarar su inadmisibilidad  por caducidad, y así lo decide con arreglo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

             El Juez Suplente,

 

         Luis Jorge Rojas Gómez                                  La Secretaria,        

                                                                       

                                                                                                              Noemí del Valle Andrade

Exp. N° 2012-0839/DA-JS.