REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PLENA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

Caracas, dos (2) de febrero de 2006

195° y 146°

 

El 10 de julio de 2002, los ciudadanos Crelia del Carmen Cordero de Coro, Silenis del Valle Moreno, Damaris del Socorro Hurtado de González, Irma de Jesús Cabrera de Rengifo, Acelia Margarita Duque Mangarret, Orlando Rafael Aguilar Ruz, Yesenia Josefina Fuentes Aguilera, Juan Acosta, Héctor Guzmán Patiño, Edgard Enrique Pérez Torres, Doris Teresa Infante, Dalila Rudy Mendoza Rodríguez, Laura Alexandra Salazar de Ibarra y Norma Carmelina Choez Posligua, titulares de las cédulas de identidad números 4.917.444, 8.637.026, 17.760.754, 3.220.039, 2.981.233, 4.915.194, 10.095.245, 6.115.380, 3.735.250, 2.903.263, 6.400.626, 81.670.192, 81.670.192 y 81.670.917, respectivamente, representados en este acto por los profesionales del derecho José Antonio Salas, Omaira Corredor, Narciso Díaz y Fabián Chacón, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 29.848, 70.589, 90.670 y 11.645, formularon solicitud de antejuicio de mérito contra los ciudadanos Alfredo Peña, para entonces Alcalde Metropolitano de Caracas y Enrique Mendoza, para entonces, Gobernador del Estado Miranda, por la presunta comisión de ilícitos penales en el marco de los sucesos ocurridos desde el 11 al 14 de abril de 2002.

 

Del referido escrito y sus anexos, se dio cuenta en sesión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de julio de 2002 y se acordó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, para proveer lo que en derecho corresponda.

 

Pues bien, en atención al contenido y alcance de la sentencia Nº 1.331, expediente Nº 02-1015 de fecha 20 de junio de 2002, de la Sala Constitucional de esta máxima jurisdicción se ordenó el 30 de julio de 2002 el acto de comunicación procesal de notificación, al ciudadano Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, mediante oficio Nº TPE-02-1.307 y con él, se le remitió copia certificada de la  solicitud de antejuicio de mérito propuesta.

 

Así las cosas, se solicitó mediante el auto de fecha 13 de marzo de 2003, al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, informara sobre la existencia en dicha institución de alguna pretensión de los mismos solicitantes en relación con  los ciudadanos Alfredo Peña y Enrique Mendoza, quien acusó recibo en fecha 5 de junio del mismo año, con el oficio N° 22967.

 

Con motivo de la designación de los nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, el 17 de enero de 2005, se constituyó la Sala Plena, y posteriormente, en sesión del 2 de febrero de 2005, se eligieron las nuevas autoridades de este Máximo Tribunal, resultando electo Presidente el Magistrado que con tal carácter suscribe el presente auto, quien de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Supremo Tribunal, asumió las funciones de Juez de Sustanciación de la Sala Plena, ordenándose, en consecuencia, la continuación de la presente causa en el estado en que se encuentra.

 

- I -

ANTECEDENTES

 

En la solicitud, los ciudadanos Crelia del Carmen Cordero de Coro, Silenis del Valle Moreno, Damaris del Socorro Hurtado de González, Irma de Jesús Cabrera de Rengifo, Acelia Margarita Duque Mangarret, Orlando Rafael Aguilar Ruz, Yesenia Josefina Fuentes Aguilera, Juan Acosta, Héctor Guzmán Patiño, Edgard Enrique Pérez Torres, Doris Teresa Infante, Dalila Rudy Mendoza Rodríguez, Laura Alexandra Salazar de Ibarra y Norma Carmelina Choez Posligua, expresaron lo siguiente:

 

 

“…II LEGITIMACIÓN PASIVA. Solicitamos el antejuicio de mérito contra los ciudadanos Alfredo Peña por su condición de Alcalde Metropolitano de Caracas y contra Enrique Mendoza, Gobernador del Estado Miranda de conformidad con el Artículo 26 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela y el Título IV Del procedimiento contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado y en correspondencia con la sentencia dictada por (sic) el 20 de junio de 2002 por la sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia en relación a la inadmisibilidad del recurso de amparo intentado por quien se identificó como Tulio Alvarez.

Alfredo Peña, de conformidad con el Art. 8 ordinal 3, Preservar el orden pública y la seguridad de las personas y propiedades y ser responsable de la policía (sic) Metropolitana de conformidad con la Ley y la sentencia de ese mismo Tribunal que le otorgó tal autoridad civil; y Enrique Mendoza, porque siendo Gobernador del Estado dirigió la marcha que se analizará en este documento y liderizó el golpe de estado públicamente, instigando a la marcha del Este de Caracas y tomando el canal del Estado Venezolano, Venezolana de Televisión de acuerdo a las pruebas que se acompañan.

III.-LOS HECHOS. El día 11 de Abril (sic) de 2002, en horas de la mañana a los ciudadanos PEDRO CARMONA, en su condición de Presidente de la organización empresarial FEDECAMARAS y CARLOS ORTEGA, asumiendo la figura de Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela se concentraron para convocar una marcha desde el Parque del Este hasta la sede de PDVSA en Chuao con el supuesto fin de apoyar a los empleados de la denominada Nómina Mayor de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quienes exigían la renuncia de la Junta Directiva de la empresa PDVSA.

Originalmente, la consigna central de la manifestación era el respeto a la MERITOCRACIA (sic). Cuando la marcha se concentró en la sede de PDVESA en Chuao, Pedro Carmona, Carlos Ortega, el General Guaicaipuro Lameda y el Vicealmirante Carlos Molina Tamayo arengaron a la multitud de personas congregadas, sin permiso y con conocimiento de que en Miraflores había no menos de 50.000 personas desde el 9 de abril de 2002 las orientaron a cambiar los planes de la concentración y las persuadieron para dirigirla hacia Miraflores, como se conoce el palacio de Gobierno, ubicado en la Avenida Urdaneta de la Ciudad de Caracas.

La arenga de Carlos Ortega estuvo apoyada por (…omissis…) el Gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza, (…omissis…) conocían que alrededor de Miraflores habían permanecido decenas de miles de personas durante varios días, manifestando su apoyo al Presidente de la república, como respuesta a un paro de labores iniciado FEDECAMARAS Y LA CTV desde el 9 de abril de 2002 y que lo prolongaron dando un carácter político, sin embargo, estos cambiaron el carácter de la manifestación al ordenar a sus seguidores cambiar las consignas de respeto a la meritocracia por la renuncia del Presidente de la República.

Las consignas empezaron a aparecer en pequeños carteles y se fueron multiplicando en comunicados, pasquines y diferentes tipos de propaganda que habían preparado con antelación, lo que indica la premeditación para convertir la marcha a favor de los trabajadores de la nómina mayor en una marcha dirigida a derrocar al Presidente de la República bajo el subterfugio de exigir su renuncia. Así, los manifestantes fueron objeto de una manipulación y llevados por la instigación se acercaron poco a poco en dirección al Palacio de Gobierno.

En horas de la tarde, las consigna centrales eran CHAVEZ ESTAS DESPEDIDO, CHAVEZ RENUNCIA y otras del mismo tenor.

 

(…Omissis…)

 

Cuando la marcha venía del este de Caracas llegó al centro los policías se desprendieron de la misma y protegiéndose con la Ballena y el Rinoceronte, unidades de la Policía Metropolitana, dirigida como si fuesen tanquetas de guerra, desde la esquina de Bolero en la Avenida Baralt en sentido sur-norte hacia el puente Llaguno comenzaron a disparar contra los ciudadanos que estaban en la Avenida y contra los que estaban en el puente Llaguno donde había un numeroso grupo de personas. Muchos de estos disparos los efectuaron con armas de fuego impropias para una manifestación, que no pertenecían a los policías e inorgánicas.

Después de las dos de la tarde del día 11 de abril de 2002, se encontraban decenas de miles de personas en los alrededores de Miraflores y antes de que la marcha opositora llegara a la esquina de la Pedrera en la Avenida Baralt, se inició una acción por parte de francotiradores ubicados en varios edificios ubicados en los alrededores de puente Llaguno y el Palacio de Miraflores. Entre los edificios desde donde se produjeron adicionales se encuentra el Hotel Edén, cerca del puente Llaguno en la Avenida Baralt y el Hotel Ausonia frente al Palacio Blanco.

 

(…Omissis…)

 

Posteriormente llegó la masa de personas que se dirigía desde Chuao hacia Miraflores y fue dirigida a una confrontación irremediable que produjo decenas de muertes y casi un centenar de heridos.

Los funcionarios de la policía metropolitana dispararon hacia las dos concentraciones.

De acuerdo con las declaraciones del propio Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, el Palacio estaba resguardado en forma normal por unos mil soldados de la Guardia de Honor.

Frente al palacio había aproximadamente 50 mil afectos al Presidente. La Guardia Nacional actuó sobre todo en el área la subida desde la plaza Oleary hacia el cruce entre la Avenida Sucre y la Avenida Urdaneta.

 

(…Omissis…)

 

A lo anteriormente denunciado se agrega que cuando la marcha del Este estaba más cerca de Miraflores nuevos elementos de violencia se incorporan para darle paso a la manifestación que se dirigía al Palacio de Gobierno: Policías camuflageados desde el interior de la masa de manifestantes contra el Presidente de la República, dispararon con armas de fuego contra las personas que estaban en el puente de la Avenida Urdaneta en cruce con la Avenida Baralt, conocido como Puente Llaguno y otros lugares.

 

(…Omissis…)

 

Esta acción fue premeditada y para ese momento incitaron a los trabajadores de PDVSA y sus seguidores a llegar a Miraflores se retiraron del lugar, dejando a quienes habían persuadido de ir hasta Miraflores solos, en forma cobarde se escondieron y fueron a reunirse con Oficiales con quienes habían preparado alevosamente el golpe de estado.

 

(…Omissis…)

 

La campaña mediática como se ha señalado correspondía a una estrategia bien planificada tal como fue expuesto en el Diario El Universal el día 10 de abril de 2002, página 10. Había una sola línea editorial. El Gobierno (sic) intentó neutralizar la contra información de los medios de hacer aparecer hechos puntuales de crítica, oposición como un sentimiento y una acción generalizada de toda la sociedad. En este punto, los medios lograron captar una parte importante de sectores medios, constituidos fundamentalmente en gente de clase media del sector este de Caracas que toma la Plaza Altamira como centro de reuniones y de agitación contra el Gobierno. Esta estrategia fue tomada políticamente por Enrique Mendoza, Gobernador del Estado Miranda y los Alcaldes de Chacao y Baruta, Leopoldo López y Enrique Carriles, respectivamente.

El conflicto de PDVSA fue utilizado políticamente, la CTV y detrás de ella Acción democrática (sic) y un sector de COPEY del Opus Dei, con el partido primero justicia (sic), incitaron que la marcha continuara hacia Miraflores con el propósito de deponer al Presidente Constitucional.

 

(…Omissis…)

 

PETITORIO. Solicitamos se declare con lugar el antejuicio de mérito en relación con los ciudadanos ALFREDO PEÑA por ser Alcalde Mayor de Caracas y responsable de la policía Metropolitana y Enrique Mendoza por ser Gobernador del estado Miranda…” (negrillas y mayúsculas del texto).

 

 

- II -

DE LA COMPETENCIA

 

 

Previo el análisis de la admisibilidad de los antejuicios de mérito acumulados, este Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, pasa a determinar su competencia para conocer y, al respecto, observa:

 

En relación con la admisibilidad de las solicitudes de antejuicio de mérito propuesta contra los altos funcionarios del Estado, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 1.331, de fecha 20 de julio de 2002, Exp. N° 02-1015, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Tulio Alberto Álvarez, contra el Fiscal General de la República, manejó el criterio de quien tenga la condición de víctima podrá solicitar el antejuicio con independencia del Ministerio Público. Sostiene, no obstante, el planteamiento de dicho pronunciamiento corresponde a este órgano de Poder Público, con base en los hechos investigados. De la interpretación de este texto de obligatorio cumplimiento se infiere, que la víctima como ocurre en el procedimiento ordinario, puede constituirse querellante en el antejuicio, siempre y cuando lo haya hecho el ciudadano Fiscal General de la República. En esos casos excepcionales deberá admitirse un pronunciamiento que determine la admisibilidad de la solicitud de antejuicio de mérito correspondiéndole al Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena resolver sobre la admisibilidad. Dicha sentencia estableció lo siguiente:

 

“…Si la víctima pide el antejuicio, ella será quien aporte las pruebas, que hagan verosímil los hechos imputados, y ante la falta de regulación en la Ley del desarrollo de este antejuicio, considera la Sala que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, según las pruebas aportadas,   admitirá   o   negará  la   petición,   para   su  tramitación, en fallo apelable ante la Sala Plena en el término ordinario y, de considerarse admisible la petición, la Sala Plena la enviará, con sus recaudos y el auto de admisión, al Ministerio Público…”.

 

En el sub iudice, el Juzgado de Sustanciación constata que los solicitantes del antejuicio de mérito lo son las presuntas víctimas del delito que se le imputan a los entonces Gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza y Alfredo Peña, Alcalde Mayor, lo cual, en aplicación de la jurisprudencia ut supra citada, determina su competencia para resolver respecto a la admisibilidad, tal como se pasa a decidir.

 

De todo lo anteriormente expuesto este Juzgado de Sustanciación se declara competente para decidir lo conducente, y así se decide.

 

- III -

DE LA ADMISIBILIDAD

 

Precisada la competencia, este Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la querella propuesta, a tal efecto, observa:

 

En el caso bajo examen, tal como se señaló, los ciudadanos Crelia del Carmen Cordero de Coro, Silenis del Valle Moreno, Damaris del Socorro Hurtado de González, Irma de Jesús Cabrera de Rengifo, Acelia Margarita Duque Mangarret, Orlando Rafael Aguilar Ruz, Yesenia Josefina Fuentes Aguilera, Juan Acosta, Héctor Guzmán Patiño, Edgard Enrique Pérez Torres, Doris Teresa Infante, Dalila Rudy Mendoza Rodríguez, Laura Alexandra Salazar de Ibarra y Norma Carmelina Choez Posligua, formularon solicitud de antejuicio de mérito contra los ciudadanos Enrique Mendoza y Alfredo Peña; por la presunta comisión de ilícitos penales en el marco de los sucesos ocurridos desde el 11 al 14 de abril de 2002; se observa que para el momento de la interposición de la solicitud de antejuicio de mérito en sus contra, efectivamente ostentaban la condición de Gobernador del Estado Miranda y Alcalde Mayor, por lo que resulta indiscutible que sus funciones públicas para ese entonces, lo hacían acreedores de la prorrogativa procesal del antejuicio de mérito, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 266 de la Constitución.

 

 

Ahora bien, es un hecho público y notorio que los ciudadanos Enrique Mendoza D´ascoli y Alfredo Peña, no ejercen los cargos de Gobernador del Estado Miranda y Alcalde Mayor, pues el día 31 de octubre de 2004, fue electo para el cargo de Gobernador del Estado Miranda el ciudadano Diosdado Cabello Rondón y para el cargo de Alcalde Mayor el ciudadano Juan Barreto, para el período 2004-2008. Por tanto, este Juzgado de Sustanciación al evidenciar que los referidos ciudadanos ya no gozan de la prerrogativa procesal del antejuicio de mérito a que se refiere el numeral 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que dicha solicitud deviene inadmisible para su tramitación. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE PARA SU TRAMITACIÓN, la solicitud intentada por los ciudadanos Crelia del Carmen Cordero de Coro, Silenis del Valle Moreno, Damaris del Socorro Hurtado de González, Irma de Jesús Cabrera de Rengifo, Acelia Margarita Duque Mangarret, Orlando Rafael Aguilar Ruz, Yesenia Josefina Fuentes Aguilera, Juan Acosta, Héctor Guzmán Patiño, Edgard Enrique Pérez Torres, Doris Teresa Infante, Dalila Rudy Mendoza Rodríguez, Laura Alexandra Salazar de Ibarra y Norma Carmelina Choez Posligua, contra los ciudadanos Enrique Mendoza y Alfredo Peña para entonces, Gobernador del Estado Miranda y Alcalde Mayor, respectivamente.

Notifíquese por oficio la presente decisión tanto a los ciudadanos Crelia del Carmen Cordero de Coro, Silenis del Valle Moreno, Damaris del Socorro Hurtado de González, Irma de Jesús Cabrera de Rengifo, Acelia Margarita Duque Mangarret, Orlando Rafael Aguilar Ruz, Yesenia Josefina Fuentes Aguilera, Juan Acosta, Héctor Guzmán Patiño, Edgard Enrique Pérez Torres, Doris Teresa Infante, Dalila Rudy Mendoza Rodríguez, Laura Alexandra Salazar de Ibarra y Norma Carmelina Choez Posligua, o en su defecto a sus apoderados, como a los ciudadanos Enrique Mendoza y Alfredo Peña, respectivamente.

 

Cúmplase lo ordenado.

 

Juez de Sustanciación,

 

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

La Secretaria,

 

OLGA M. DOS SANTOS P.

 

EXP. N° AA10-L-2002-000066.