Sala de Casación Civil

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

         En el juicio por cumplimiento de contrato seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por la empresa que se distingue con la denominación mercantil  TRANSCONLA, C.A. judicialmente representada por los profesionales del derecho Alberto  Miliani, Alfredo Villanueva y Milagro Corro, contra las sociedades Seguros PAN AMERICAN, C.A. y TALLER TECNO SERVICIOS MENDOZA, C.A., respectivamente; la última representada judicialmente por el abogado en ejercicio Pedro Vicente Palacios, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la misma circunscripción judicial, en fecha 14 de diciembre de 1998, dictó sentencia, declarando con lugar la apelación de la demandante, revocó la decisión de la primera instancia manteniendo la medida de embargo cautelar decretada, ya que el a-quo había declarado con lugar la oposición, suspendiendo la medida ejecutada contra la segunda de las co-demandadas.

         Contra la preindicada decisión, anunció recurso de casación la co-demandada, TALLER TECNO SERVICIOS MENDOZA C.A., el cual una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación. No hubo réplica.

 

Concluida la substanciación en el presente caso, y  siendo la oportunidad para dictar la Sala su máxima decisión procesal, lo hace bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo de conformidad con su doctrina vigente para el momento de la interposición del presente recurso de casación, y lo hace previas  a las siguientes consideraciones:

 

En el caso que se examina, el formalizante denuncia tres  infracciones por la recurrida por defecto de actividad y, una por infracción de Ley; en las primeras, el denunciante  la cuestiona por incurrir en el vicio de incongruencia negativa al omitir pronunciamiento sobre planteamientos alegados  e inmotivación  o falta de argumentación del fallo, y en la de fondo, por aplicación de norma no vigente.

 

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 5º del artículo 243 eiusdem y 12 del mismo código, por haber incurrido el fallo impugnado en el vicio de incongruencia negativa, por cuanto si bien decidió la apelación y revocó la decisión del a-quo, no se pronunció sobre la oposición formulada por la co-demandada TALLER TECNO SERVICIOS MENDOZA,C.A. y decidida por la primera instancia.

 

         Por vía de fundamentación, la formalizante señala:

"..En el acto de la oposición a la medida preventiva decretada por parte del Juzgado de la causa mi representada señalo (sic) lo siguiente(sic)

 

'presentó (sic) FORMAL OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE EMBARGO DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL CONTRA MI REPRESENTA (sic) Y PARA EL CUAL SE COMICIONÓ (sic) AL JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIOS URBANOS DEL ESTADO LARA, por las motivaciones de hecho y de derecho siguientes:

 

Las Medidas Cautelares constituyen un tipo de pretensiones preventivas en el marco de la tutela jurisdiccional efectiva, mediante las cuales se toman las disposiciones necesarias y previstas en la Ley para salvaguardar efectivamente la futura ejecución del fallo, debido a una actuación de las partes que pueden hacer ilusoria dicha ejecución y mediante la presentación de la comprobación sumaria de esa circunstancia`..."

 

"…La medida de embargo practicada se nota que fue a los solos fines de obligar a mi representada sin tener ninguna responsabilidad a realizar una transacción judicial, sin que contra ella puedan cumplirse algún extremo de los exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para su procedencia (lo cual no es subsanable a través de una irrita fianza). En el supuesto de que se llevara a efecto la medida de embargo, es claro y evidente que le ocasiona a mi representada serios daños económicos. El buen nombre labrado con tanto trabajo de la empresa se vendría al suelo de una sola vez, sus clientes perderían la confianza al ver la empresa embargada, lo que presupone que la responsabilidad por el decreto de éste absurdo embargo, sería por supuesto de quien lo otorgó.

 

Es de hacer mención especial sobre la fianza presentada. El balance es realizado por un contador quien señala ‘Una preparación se limita a presentar en formas de Estados Financiarios la información que representada (sic) manifestaciones del cliente, en este la (sic) caso la compañía CURTIEMBRE VENEZOLANA, C.A. No he efectuado exámenes de auditoría por consiguiente, no expreso una opinión al respecto’. Si observamos el contenido del mismo, las principales partidas las constituyen cuentas por cobrar, mobiliario, etc., es decir, sumas intangibles, que ni siquiera sabemos si existe(sic). Por tal razón IMPUGNAMOS POR INSUFICIENTE LA FIANZA PRESENTADA, AL NO SER NINGUNA GARANTÍA PARA LO CUAL SE OTORGO.

 

En tal virtud nos oponemos al decreto de la medida de embargo realizada por éste (sic) Tribunal, ya que no se cumple ningún requisito de exigibilidad señalados por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no se acredito (sic), la insolvencia de mi representada no existe y menos está comprobado, la posibilidad de que la sentencia quede ilusoria significaría que el seguro demandado SEGUROS PAN AMERICAN, C.A. quiebre, la presunción del derecho que se reclama tampoco existe al no tener mi representada ninguna relación contractual ni derivado de relación extrajudicial, por lo que la oposición debe prosperar como en efecto solicito sea declarado". (lo resaltado es del formalizante).

 

Luego, agrega:

 

"...la oposición como defensa a la medida decretada es clara, determinante, mientras que la sentencia que se recurre en la parte motiva del (sic) simplemente declara "in verbis" lo siguiente:

 

'El Código de Comercio autoriza al Juez de Comercio en el artículo 1099 (sic) para dictar medidas cautelares y estas medidas dictadas en juicio de naturaleza mercantil están sujetas a apelación, siendo este (sic) el único recurso que se concede.

 

Señala además el artículo 1119 (sic) ejusdem que deben aplicarse supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil. Las formas. (sic) según el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio de ir en contra de una medida preventiva, son la oposición prevista en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, así como también mediante caucción (sic)  y garantía previsto en el artículo 589 del mismo Código y el recurso de apelación que el artículo 1099 (sic) del Código de Comercio prevee (sic)...' Después de citar de (sic) una sentencia de un tribunal de instancia sigue señalando:

 

'De las normas jurídicas aplicables al presente caso antes transcritas y de la sentencia ya señalada vemos la improcedencia de levantar la medida preventiva dictada. En primer lugar, en vista de que tratándose de un juicio mercantil el demandado no ejerció su derecho de apelar el auto que aceptaba la fianza presentada...' "

 

"Es claro entonces que la decisión del sentenciador de última instancia tenía que avenirse con el pedimento de la oposición como medio de defensa de mi representada para cumplir las previsiones del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que ordena a los sentenciadores atenerse a lo alegado en autos; y la del ordinal 5to del artículo 243 del mismo Código que obliga a los jueces a decidir la causa con arreglo a la pretensión deducida.

 

Al no decidir conforme a lo alegado y probados en autos, no puede contener decisión expresa, positiva y precisa, incurriendo en incongruencia negativa (sic) ya que ni siquiera se pronunció sobre la oposición efectuada..." (lo resaltado es del formalizante)

 

 

Para resolver, la Sala observa:

Se acusa la incongruencia negativa en que incurre el fallo impugnado, al omitir el análisis del escrito que contiene la oposición formulada por la co-demandada TALLER TECNO SERVICIOS MENDOZA C.A.

 

         Señala el formalizante que la recurrida, lejos de debatir sobre los elementos de juicio realizados por su representada, olvida por completo  la oposición formulada y en forma inmotivada invoca una norma anulada por la extinta Corte Suprema de Justicia.

 

         Como ya quedó establecido, la co-demandada, antes mencionada,  ejerció el recurso de oposición a la medida de embargo cautelar decretada, previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, tal  como lo señala la propia recurrida en su expositiva, en el siguiente párrafo:

 

"...En fecha 17-07-98, el abogado Pedro Vicente Palacios, en su carácter de apoderado de la empresa TECNO SERVICIOS MENDOZA, S.R.L., hizo formal oposición a la medida de embargo decretada..."

 

Pues bien, luego de un detenido y exhautivo estudio de la denuncia en cuestión, esta Sala aprecia que la misma, no se encuentra adecuada a la técnica casacional exigida para su correcta formalización, ya que  cuando el Juez del conocimiento de la causa basa su pronunciamiento en una razón jurídica previa, debe “…combatir, a priori, ese antecedente previo,...”.

 

 

En tal sentido, la Sala ha sostenido:

 

 

“....En efecto, cuando el Juez del mérito basa su pronunciamiento en una razón jurídica que por su naturaleza es previa y con fuerza y alcance suficientes como para destruir los otros alegatos de las partes, la metodología que debe cumplirse por el formalizante del recurso de casación le exige combatir, a priori, ese antecedente previo, sin lo cual no podrá formular denuncias de infracción  contra la sentencia de que se trate.

La vigente doctrina de la Sala permite, que si la razón previa empleada por el Juzgador excede de los límites del recurso de casación por defecto de actividad, se puedan alegar vicios propios de ese tipo de recurso, pero siempre que estén relacionados con violaciones que atenten contra el orden público o la Constitución, porque, de lo contrario, también ellas deberán atacar la Juridicidad del antecedente de la decisión,.....”  (Sala de Casación Civil. 23 de Noviembre de 1999 Ramirez & Garay. Tomo 159, pág. 435 y sgtes).

 

 

 

Por las razones expuestas, se desestima la denuncia que antecede por inadecuada técnica casacional en su formalización, y asi se decide.

II

Con apoyo en el ordinal  1º del artículo  313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida del ordinal 4º del artículo 243, 12 y 15  eiusdem, por omisión de pronunciamiento.

 

Alega, el formalizante:

 

“..la sentencia que se recurre omitió, no se pronunció sobre estos argumentos esgrimidos (y fundamentales) formulados por nosotros, parte demandada, y en virtud del criterio imperante de esta misma Sala en el sentido que los alegatos esenciales y determinantes esgrimidos en este caso  en la oposición a la medida preventiva decretada por ser éstos los alegatos esenciales de la demanda (las razones de su oposición), es necesario analizarlos a los fines de cumplir con el principio de exhaustividad  de la sentencia  que constriñe al Juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

Este vicio conocido por omisión de pronunciamiento se configura cuando el Juez deja de analizar y resolver una pretensión del actor o alguna excepción o defensa del demandado con lo cual transgrede el principio de la congruencia que rige la emisión de la sentencia.

 

En el caso en comento, no se emitió pronunciamiento sobre tan peculiares defensas promovidas por nosotros, por lo cual al omitir sobre ello incurrió en el vicio de incongruencia negativa...”

 

Por su parte, señala la recurrida:

"....El Código de Comercio, autoriza al Juez de Comercio en el artículo 1099 (sic), para dictar medidas cautelares y estas medidas dictadas en juicio de naturaleza mercantil estan (sic)  sujetas a apelación, siendo este (sic) el único recurso que se concede. Señala además el artículo 1119 (sic) ejusdem, que deben aplicarse supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil. Las formas, según el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio de ir en contra de una medida preventiva son, la oposición a dicha medida prevista en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, así como tambien (sic) mediante caución y garantía previsto el artículo 589 del mismo Código y el recurso de apelación que el artículo 1099 (sic) del Código de Comercio prevee (sic)..".

 

"…De las normas jurídicas aplicables al presente caso antes transcritas y de la sentencia ya señalada vemos la improcedencia de levantar la medida preventiva dictada. En primer lugar, en vista de que tratándose de un juicio mercantil el demandado no ejerció su derecho de apelar del auto que aceptaba la fianza presentada por el demandado,...".

 

 

Como puede observarse, la recurrida para desechar la pretensión del apelante, lo hace con fundamento a que, el recurso ejercitable para controlar la legalidad de las medidas decretadas en juicios de naturaleza mercantil, es el de hacer uso del derecho subjetivo procesal de apelación, esto es, que da una razón jurídica en su pronunciamiento, por lo que, la denuncia en estudio también le es aplicable la doctrina precedentemente transcrita al igual que la denuncia anterior, por lo tanto, adolece sin duda alguna, de la adecuada técnica en su formalización, y  debe correr la misma suerte. En consecuencia se desestima. Así se declara.

 

 

 

 

III

 

 

Con apoyo en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delata el formalizante la violación por la recurrida del ordinal 4º del artículo 243, eiusdem, por no haber indicado el fallo impugnado el fundamento de hecho y derecho en los cuales se fundamentó para promulgar la decisión.

 

Por vía de fundamentación, señala el formalizante:

 

“..En el caso de autos el juzgador de la recurrida no razonó ni explicó la decisión de considerar que nos entramos frente aun (sic) proceso mercantil (se trata de una demanda de daños y perjuicios), que cuya medida fue tomada por el 1099 (sic) del Código de Comercio ( a pesar de que el auto de Juez de la causa  no lo señalare (sic) como fundamento de su decisión), lo cual fue el elemento fundamental para declarar con lugar la apelación, al considerar que por encontrarnos en un proceso mercantil, lo pertinente era la apelación y no la oposición, la sentencia sólo alcanza a decir que se trata de un juicio mercantil y no se ejerció su derecho a apelar, pero no explica la razón o razones por lo cual considera que el mismo así lo considera (sic).

 

Es evidente que no señala la recurrida la razón por la cual piensa que nos encontramos en presencia de un juicio mercantil, la recurrida llega a la conclusión soberana que se trata de un proceso mercantil y se debió por  ende apelar  (en contra del auto del juez de la causa) pero sin indicar como llegó a esta conclusión, el porque de la misma, que pruebas existe (sic) en autos y lo más importante que elementos existen para encontrarnos en un proceso mercantil y no civil, ello claramente hace inmotivado el fallo....”

 

Para resolver, la sala observa:

 

De las transcripciones  que se han realizado correspondientes al fallo cuestionado, esta Sala  constata , que la recurrida  expresamente señala cual es la norma aplicable, independientemente de que sea acertada o no, con lo cual cumple con el proceso de subsunción dentro de los preceptos legales aplicables para resolver el debate, lo que hace que existan en él los motivos de derecho necesarios para dar cumplimiento con las regulaciones contenidas en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de procedimiento Civil.

 

Para fundamentar el anterior aserto, la Sala se permite traer a colación reciente doctrina, en la cual estableció:

“..En relación con esta denuncia esta Corte observa que, según numerosa, reiterada, constante y uniforme jurisprudencia de esta Sala, el vicio de inmotivación en la sentencia puede adoptar diversas modalidades: 1) la sentencia no contiene materialmente razonamiento de hecho o de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo; 2) las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas…”

 

 

“…Asimismo ha dicho esta Sala que la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestren, las segundas por la aplicación a éstos de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

 

Desde 1906 esta sala ha establecido una doctrina que es  pacífica, constante e inveterada, que ya es una regla inflexible, sosteniendo que el vicio de inmotivación existe sólo cuando hay falta absoluta de fundamentos; errónea o la exigüidad en la motivación, con la carencia de fundamentos.”  (Repertorio  Mensual de Jurisprudencia. Dr. Pierre T. Oscar R., Tomo 7, año 1999, pág, 624 y sgtes. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 15 de Julio de 1999)

 

En atención a los razonamientos indicados, y ratificando el criterio expresado, esta Sala de Casación Civil, desecha por improcedente la presente delación. Así se establece.

 

DENUNCIA POR INFRACCION DE LEY

UNICA

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción por la recurrida del artículo 1.099 del Código de Comercio, al aplicarlo, no estando vigente y por dejar de aplicar los artículos 588 y 590 del Código de Procedimiento Civil.

 

Por vía de fundamentación señala el formalizante:

 

“…Siendo claro que la juez cuya sentencia se recurre aplicó el contenido de una norma no vigente como lo es el artículo 1099 (sic) del Código de Comercio cuya nulidad fue decretada por esta misma Sala, es clara que la recurrida incurre en aplicación errada de una norma no vigente, y por ende dejó de aplicar los contenidos de los artículos 588 y 590 del Código de procedimiento Civil, que he denunciados (sic) como no aplicados, lo que hace procedente la presente denuncia de fondo…”

 

Para decidir, la Sala observa:                                        

Ciertamente,  derivado del estudio detenido que ha efectuado esta Sala con relación a la cuestionada sentencia, recurrida de casación ante este máximo Tribunal Supremo de Justicia,  se constata que la recurrida como fundamento esencial a su decisión consideró que tratándose el caso de un juicio mercantil rigen las pautas legales establecidas en el artículo 1.099 del Código de Comercio y que por lo tanto al no haber  hecho uso el demandante del derecho subjetivo de apelar del auto que aceptaba la fianza, era improcedente levantar la medida  preventiva decretada, considerando por vía de interpretación implícita que la oposición ejercida  por la co-demandada TALLER TECNO SERVICIOS MENDOZA C.A., no era el recurso concedido para atacar la medida preventiva decretada, señalando en su decisión  “…y estas medidas dictadas en juicio de naturaleza mercantil estan (sic) sujetas a apelación, siendo este (sic) el único recurso que se concede…”.

 

Con relación a la aplicación del artículo 1.099 del Código de Comercio esta sala, en extensa decisión didáctica  de fecha 31 de julio de 1997 y la cual en esta oportunidad  se reitera, estableció:

 “..2.- En un proceso cautelar en el cual se halle en juego la aplicación del especial régimen cautelar previsto en el artículo 1.099 del Código de Comercio, cualquier Tribunal que conozca del mismo –a fortiori este Supremo Tribunal- está en el ineludible deber jurisdiccional que le impone la Disposición Transitoria Vigésima Tercera de la Constitución de la República – ‘Mientras no sea modificado o derogado por los órganos competentes del Poder Público, o no quede derogado  expresa o implícitamente por la constitución, se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente’-, de declarar virtualmente derogada, CON EFICACIA JURIDICA LIMITADA AL CASO PARTICULAR SUB IUDICE, la muy específica norma inserta en el último aparte del susomencionado artículo 1.099 del Código de Comercio, consagratoria del recurso de apelación como única vía jurídico procesal de contradicción, en sede de instancia, de las providencias cautelares correlativas.

 

3.- Para integrar el vacío legal configurado por la derogatoria virtual, por inconstitucionalidad sobrevenida, de la disposición inserta en el último aparte del artículo 1.099 del Código de Comercio Venezolano, lo jurídicamente procedente es, atendiendo a la expresa remisión normativa efectuada por el artículo 1.119 eiusdem, utilizar el régimen de contradicción cautelar, constitucionalmente válido, previsto en el título II del Libro III del vigente Código de Procedimiento Civil, en cuanto que la vía procedimental de la oposición allí contemplada – artículo 602 ibidem – es plenamente idónea para controvertir los presupuestos jurídicos de esa especial tutela jurisdiccional cautelar mercantil..”

 

Con fundamento al criterio transcrito, el cual como ya se dijo, se reitera en esta oportunidad, esta Sala encuentra que el caso sub-iudice la recurrida, al establecer como único recurso subjetivo el de la apelación  contemplado dentro del proceso cautelar ex artículo 1.099 del Código de Comercio quebrantó las formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, lesionando el orden público y que por fuerza la violación denunciada es procedente y debe ser  declarada CON LUGAR  tal y como se declarará en forma expresa, positiva y precisa en la dispositiva de la presente decisión. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la co-demandada taller Tecno Servicios C.A., contra la sentencia  dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha  20 de julio de 1998 anula  dicha decisión.

En consecuencia, se declara la nulidad del fallo recurrido y ordena al juez que corresponda en reenvío, dictar nueva sentencia con sujeción al criterio sostenido y reiterado en este fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente, al Tribunal Superior de origen tal como lo prevé el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ( 26  ) días del mes de abril de dos mil. Años 189º de Independencia y 141º de Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

                                               _________________________

                                                    FRANKLIN ARRIECHE G.

 

                                                                                                                                            

El Vicepresidente,

 

 

________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

   Magistrado-Ponente,

 

 

______________________

                                                         CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

______________________

DILCIA QUEVEDO

 

Exp. 99-153