SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G.

 

En el juicio que por cumplimiento de contrato de opción de compra-venta de un bien inmueble, iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por el ciudadano DOMINGO VALLADARES, representado judicialmente por las abogadas María Josefina Godoy Rivolta y María Alexandra Godoy Rivolta, contra los ciudadanos FELIX JUVENAL FREITES MILLAN y MIRNA ROSA GUILARTE DE FREITES, representados judicialmente por los abogados Héctor Rondón y Parley Rivero Salazar; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la mencionada Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia el 19 de septiembre de 2000, mediante la cual declaró con lugar la demanda; sin lugar la reconvención, y ordenó a los demandados a realizar la tradición formal del inmueble vendido. De esta manera, confirmó la sentencia de fecha 16 de marzo de 1995, dictada por el Juzgado de la causa.

 

La  parte demandada  mediante apoderado judicial, anun-ció recurso de casación contra el referido fallo de alzada, el cual, admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

Concluida la sustanciación del presente recurso y cum-plidas las demás formalidades legales, esta Sala de Casación Civil pasa a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

PUNTO PREVIO

 

El impugnante solicita de la Sala que declare perecido el recurso de casación, por no cumplir con la técnica necesaria.

 

Sobre el particular, esta Sala declara que tal apreciación se realizará en el momento de analizar las denuncias contenidas en el escrito de formalización, y no a priori como pretende el impugnante, pues de lo contrario, se lesionaría el derecho del formalizante de obtener respuesta sobre cada uno de sus planteamientos. Así se decide.

 

RECURSO CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 244 eiusdem, por considerar el formalizante que la Alzada incurrió en el  vicio de ultrapetita.

 

Alega el formalizante que dicho vicio surge en razón de que el Juez ad-quem decidió respecto a una acción por cumplimiento de contrato y sobre los efectos del  alegado incumplimiento, lo cual no fue objeto del petitum de la demanda, lo que significa que decidió sobre algo no demandado, infringiendo los artículos 12, 15 y 244  del Código de Procedimiento Civil.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El vicio de ultrapetita se configura en los casos en que se acuerda más de lo pedido por el demandante, es decir, cuando se condena al demandado a pagar o hacer una cosa mayor que la reclamada por el actor, o cuando la condena versa sobre un objeto diferente del señalado en el libelo, extraño al problema judicial debatido entre las partes (extrapetita). De manera que basta comparar el petitum de la demanda con el dispositivo del fallo o con el pronunciamiento que contiene la condena, para determinar si la sentencia adolece del señalado vicio de forma.

 

En el caso bajo estudio y a los fines de verificar lo denunciado, la Sala considera necesario reproducir las partes pertinentes del fallo recurrido:

 

 

“...SE DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INCOADA POR EL CIUDADANO DOMINGO VALLADARES, MEDIANTE SUS APODERADAS JUDICIALES MARÍA JOSEFINA GODOY RIVOLTA, Y MARÍA ALEXANDRA GODOY RIVOLTA, por cumplimiento de contrato, y se ordena a los demandados FÉLIX JUVENAL FREITES, Y MIRNA ROSA GUILARTE DE FREITES,  realizar la tradición formal del inmueble vendido, o sea, el otorgamiento del documento definitivo, lo cual deberá hacer dentro del plazo que se les conceda para la ejecución voluntaria, previa la consignación de la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 5.700.000,00), por parte de la actora reconvenida, y vencido como fuere el lapso señalado sin que la parte demandada reconvenida (sic) no hubiere cumplido con su obligación, deberá tenerse como documento definitivo la presente sentencia junto con las actuaciones complementarias, de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil...”

En este orden de ideas resulta oportuno citar lo expuesto en el petitum del libelo de la demanda:

 

 

“...Pero es el caso, ciudadano Juez, que se ha vencido el plazo estipulado de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de firma del documento autenticado que acompañamos marcado “B” sin que los ciudadanos FELIX JUVENAL FREITES Y MIRNA GUILARTE DE FREITES, ya identificados, hayan procedido a cumplir con su obligación como vendedores, de protocolizar la venta a nombre de nuestro representado y su cónyuge, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.488 del Código Civil vigente, siendo la tradición una de las principales obligaciones del vendedor establecida en el artículo 1.486 ejusdem; una vez verificada la venta la cual se perfecciona solo consenso (sic), tal como lo establece el artículo 1.161 del Código Civil, y por cuanto de conformidad con lo que establece el artículo 1.474 del Código Civil...”el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio”, y por cuanto este incumplimiento de los vendedores trae como consecuencia graves daños a nuestro representado, entre ellos el riesgo de la pérdida del crédito concedido por LA VIVIENDA (sic) Entidad de Ahorro y Préstamo y la inseguridad que para ellos representa no tener la documentación correcta del inmueble en el cual han invertido las sumas de dinero, es por lo que siguiendo instrucciones precisas de nuestro mandante, acudimos por ante su competente autoridad para demandar formalmente como en efecto lo hacemos, a los ciudadanos FÉLIX JUVENAL FREITES MILLAN y MIRNA ROSA GUILARTE DE FREITES, ya identificados, para que cumplan con su obligación de protocolizar a nombre de nuestro mandante y su cónyuge el documento de propiedad del inmueble ya descrito, o en su defecto, este Tribunal ordene la protocolización de la sentencia que recaiga en el presente juicio declarando con lugar lo solicitado, a fin de que la misma sirva de título de propiedad a favor de nuestro mandante estando dispuesto nuestro mandante a consignar el saldo pendiente a favor de los vendedores en el momento en que tenga conocimiento de que la decisión le ha sido favorable...”.

 

 

De las precedentes transcripciones se evidencia que no existe el vicio alegado, pues  el sentenciador se atuvo a lo solicitado por  el demandante en el sentido de que se ordenara a los demandados ejecutar su obligación de protocolizar el documento de venta del inmueble, tal como fue pactado en el contrato celebrado por las partes.

 

Como puede observarse del libelo de demanda parcialmente transcrito, las obligaciones que se alegaron incumplidas por el demandante reconvenido, se derivan de un contrato de opción de compra-venta de un inmueble, y dichas obligaciones no son otras que la de la tradición efectiva del inmueble objeto de la venta; la protocolización del documento de venta, y el pago de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento.

 

Por tanto, el juez, al declarar con lugar la demanda y ordenar el cumplimiento de tales obligaciones derivadas del contrato de opción de compra-venta, las cuales fueron objeto de la pretensión procesal, se atuvo a lo expresamente alegado por la parte demandante, en conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.

 

En consecuencia, se declaran improcedentes las denuncias de infracción de las indicadas reglas.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 1.197, 1.198 encabezamiento y 1.199 único aparte, todos del Código Civil, en concordancia con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación.

     

El formalizante fundamenta sus denuncias en que el Juez de la recurrida  no analizó la cláusula quinta del documento que es ley entre las partes, para determinar su exigibilidad, a fin de precisar si el contrato era de cumplimiento inmediato, o estaba sometido a condición o término. Que el sentenciador de alzada no analizó en forma completa el contenido del contrato. Que la obligación estaba sometida a una condición y de ello no se percató el juez superior.

Para decidir la Sala observa:

 

Antes de entrar en el análisis de la presente denuncia es menester aclarar al formalizante que el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil es una norma de contenido general, que gobierna y disciplina la conducta de los jueces cuando van a emitir sus fallos, y que resulta quebrantada si el sentenciador no se atiene a lo alegado y probado en autos, o saca elementos de convicción fuera de ellos, o suple excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, lo que no guarda relación con la denuncia, que está referida a la falta de aplicación de varias normas jurídicas.

 

En relación con la denuncia de infracción por falta de aplicación de los artículos 1.197, 1.198 y 1.199 del Código Civil, la Sala observa que la recurrida, lejos de silenciar la cláusula quinta del contrato, la transcribió y procedió a analizarla, estableciendo el criterio de la inexistencia de un plazo que impidiese el surgimiento de las obligaciones contractuales, es decir, que tales obligaciones adquirieron fuerza y vigencia.

 

El criterio interpretativo de la cláusula quinta existe en la recurrida, y si el formalizante no la comparte, el planteamiento debe desarrollarse a través del primer caso de suposición falsa, en la modalidad de la tergiversación o desviación intelectual del contrato al amparo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y con apoyo en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

En efecto, según se desprende de la propia sentencia recurrida la cláusula quinta del contrato de compra-venta, dispone lo siguiente:

 

“...Queda entendido que si por alguna causa, no justificada debidamente “EL COMPRADOR”, revoca, anula, sustituye o desiste de esta opción de compra-venta o no compareciere al acto de otorgamiento de acuerdo con la fecha que señale la Oficina de Registro respectiva, dentro del lapso correspondiente de CUARENTA Y CINCO (45) días, contados a partir de la firma de la presente opción de compra-venta; deberá pagar a “LOS PROPIETARIOS” como indemnización la cantidad entregada a “LOS PROPIETARIOS” en la cláusula Tercera de este Contrato. En caso contrario si el incumplimiento fuese de parte de “LOS PROPIETARIOS” estos devolverán en su totalidad a “EL COMPRADOR” la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 300.000,00) mas una suma igual por concepto de indemnización...”

 

 

 

Respecto a la cláusula quinta citada, el Juez de la recurrida expresó lo siguiente:

 

“...Decidido como ha sido la iniciación del lapso, se hace necesario estudiar el contenido de la Cláusula Quinta, para así determinar la intención de las partes, y la finalidad que tuvieron cuando lo establecieron, razón por la que se transcribe a continuación el texto de la referida cláusula:

...Omissis...

 

De la trascripción anterior se desprende, en primer lugar, que dicho plazo se estableció solamente para que el comprador pudiera revocar, anular, sustituir, o desistir de la negociación, es decir, que si estas hipótesis no se concretaron, el vencimiento del lapso incide de manera negativa, en la negociación pactada, manteniéndose en principio dicha negociación, y en segundo lugar, para que en dicho lapso se otorgara el documento definitivo en la Oficina Subalterna de Registro, a cuyo acto quedaba obligado a asistir el demandante reconvenido estable-ciéndose su no comparecencia como causal de incum-plimiento.

 

En lo que respecta a este acto de otorgamiento, debe tenerse en consideración lo alegado por las partes, por cuanto cada una de ellas alega que dicho acto no pudo realizarse por causas imputables a la otra, lo que obliga a estudiar las obligaciones recíprocas establecidas en dicho contrato, concretamente la contenida en la Cláusula Cuarta, cuyo texto se transcribe a continuación:

 

...Serán por cuenta de “EL COMPRADOR” todos los gastos que ocasione la autenticación de este documento y cualquier otro análogo, así como también la protocolización del documento de Compra Venta del referido inmueble...

 

De la lectura del contrato, y en especial de la Cláusula Cuarta que se ha trascrito con anterioridad, se observa que en ninguna parte se estableció la manera en que las partes procederían al cumplimiento de sus obligaciones recíprocas en lo atinente a la elaboración del documento definitivo, y la obtención de los recaudos indispensables que deben ser presentados con el documento para su protocolización.

 

Igualmente el vendedor para la época se encontraba obligado a presentar en la Oficina Subalterna de Registro, copia de la notificación al Ministerio de Hacienda de Enajenación de bienes inmuebles, como requisito previo para la protocolización del documento de venta.

 

Ahora bien, estas obligaciones debieron haberlas cumplido los demandados reconvinientes dentro del lapso de los cuarenta y cinco (45) días para que se pudiera efectuar la protocolización del documento definitivo de venta, y por ende debían probar haber incumplido con ellas, a tenor de lo establecido en el artículo 506, del vigente Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354, del Código Civil, lo cual no hicieron, como se evidencia de la lectura del expediente.

 

Entre las obligaciones del vendedor se encuentra no sólo el otorgamiento del documento sino también la de poner al comprador en posesión del inmueble, y de las actas procesales consta que la parte actora reconvenida se encuentra habitando el inmueble, por haberle sido entregadas las llaves por la intermediaria, hecho éste admitido por la parte demandada reconviniente, el cual objeta por haber actuado sin autorización para ello, como también impugna la copia fotostática de esa autorización que la parte demandante reconvenida acompaña en su libelo de demanda.

 

En cuanto a los documentos presentados con el libelo de la demanda como procedentes de la VIVIENDA ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, como son la constancia de que el préstamo fue aprobado el día 14 de abril de 1.993 (sic), por la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 3.000.000,00),  y la copia fotostática del documento contentivo de la venta, y constitución de la hipoteca para garantizar el préstamo, cuyo original debía ser presentado para ser protocolizados en la Oficina Subalterna de Registro, no obstante que la parte demandante reconvenida no le dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 433, del Código de Procedimiento Civil, para así comprobar esos hechos mediante la prueba de informes, no puede pasar desapercibido que los apoderados de la parte demandada reconviniente invocan esos hechos para así dar por probado que esas gestiones fueron realizadas una vez vencido el lapso de los cuarenta y cinco (45) días, con lo cual dan como ciertas esas gestiones, y así se declara.

 

Del análisis que se ha hecho se constata que la parte demandada reconviniente no probó haber cumplido con sus obligaciones dentro del lapso señalado en la Cláusula Quinta del Contrato, las cuales son de cumplimiento previo para la presentación, revisión y pago de los derechos de protocolización del documento de venta en la Oficina Subalterna de Registro Competente, por lo que mal puede imputarle a la parte actora reconvenida el no haber presentado, y pagado los gastos de protocolización del documento definitivo, pues para ello se requería que hubieran cumplido con sus obligaciones, las cuales constituyen los presupuestos necesarios para que surgiera la obligación a cargo de la parte actora reconvenida, razón por la cual dicho alegato no puede prosperar, y así se declara.

 

Probado como ha sido el incumplimiento de la parte demandada reconviniente, la actora tenía a su elección las dos (2) acciones previstas en el artículo 1.167, del Código Civil, analizada con anterioridad, y elegida como fue la de cumplimiento de contrato, debe prosperar, y así se declara.”

 

 

Como ya se explicó, de la precedente trascripción observa la Sala, que el Juez de alzada emitió pronunciamiento acerca de la cláusula quinta del contrato cuyo incumplimiento motivó el juicio, y expuso que la parte demandada, es decir, los vendedores no cumplieron con las obligaciones pactadas dentro del lapso señalado en ella, las cuales eran previas a la protocolización del documento y a los deberes que debía cumplir la parte actora, o sea, el comprador según la cláusula cuarta del contrato en referencia.

El problema planteado por el formalizante no se dirige estrictamente a la aplicación de las normas denunciadas como infringidas, sino a la interpretación del contrato realizada por la recurrida, que no es compartida por el recurrente.

 

Dilucidar la interpretación del contrato es una actividad que amerita una revisión del mismo, pero la denuncia no está correctamente fundamentada en el primer caso de suposición falsa por desviación intelectual del contrato que sirvió de fundamento a la demanda, como ya se indicó, y en vista que la presente denuncia trasciende de la cuestión de derecho y persigue un pronunciamiento de la Sala en torno a la interpretación de dicho contrato, sin estar correctamente fundamentada, deben desestimarse las denuncias de infracción de los artículos 1.197, 1.198 y 1.799 del Código Civil, por inadecuada fundamentación. Así se declara.

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 12, 1.359, 1.360 y 1.363 del Código Civil;  y 507 eiusdem.

El formalizante alega que la recurrida se encuentra incursa en el primer caso de suposición falsa por desviación ideológica, al atribuir a un instrumento o acta del expediente menciones que no contiene, y desnaturalizar la mención que sí contiene, pues el Juez Superior estableció que el instrumento marcado “B” se refería a un documento de compra-venta, cuando en realidad se trata de un contrato de opción de compra-venta.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

De la lectura del fundamento de la denuncia que se analiza, no se desprende de qué forma la recurrida infringió los artículos 1.359, 1.360 y 1.363 del Código Civil, y 12 y 507 del Código de Procedimiento Civil, lo que impide a esta Sala determinar si hubo o no la alegada violación de dichas reglas.

 

Asimismo, observa la Sala que el recurrente alega que el ad-quem incurrió en el primer caso de suposición falsa, debido a que le atribuyó al documento marcado “B” el carácter de contrato de compra-venta, cuando en realidad se trata de un contrato de opción de compra venta.

 

Al respecto, es menester señalar al formalizante que su planteamiento está dirigido, más que al primer caso de suposición falsa, a un error de juzgamiento, pues tiene que ver con la calificación jurídica de un contrato por parte del juzgador. Es en este contexto que la Sala examinará la denuncia, es decir, no como la suposición falsa delatada, sino desde el punto de vista de la calificación propiamente del contrato de opción de compra-venta objeto del presente proceso.

 

Al respecto, la Sala, para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, pasa a transcribir lo pertinente de la sentencia recurrida:

 

“...TERCERA.- El instrumento autenticado contentivo de la convención es un documento público, el cual al no haber sido tachado de falso debe ser apreciado de conformidad con lo previsto en el artículo 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1.357, ejusdem, no existiendo en este aspecto discrepancia alguna entre las partes, quienes solo divergen en la naturaleza de dicho contrato, pues mientras la parte actora reconvenida mantiene que se trata de un contrato de compra-venta, la parte demandada reconviniente afirma de que se trata de un contrato de arras, y en tal sentido aseveran que en dicho contrato no se estableció obligación alguna de transferir la propiedad, pues lo único previsto es el pago de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento de la obligación principal, pero sin que ello conlleve algo distinto a lo establecido en la Cláusula Penal.

 

En lo que respecta al primer punto, o sea, la naturaleza del contrato, nuestro más Alto Tribunal, en sentencia dictada el 13 de febrero de 1.929 (sic), estableció que:”...Omissis...”.

 

De la lectura del mencionado documento se observa que los demandados reconvinientes se obligaron a dar en venta el inmueble descrito en dicho instrumento, así como el demandante reconvenido se obligó a comprar o adquirir dicho inmueble, el cual se encuentra perfectamente determinado por su ubicación, medidas, y linderos, cuyo precio fijaron en la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 6.000.000,00), de los cuales la parte demandada reconviniente afirma haber recibido TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) , como aporte parcial del precio total, es decir, en dicho documento se encuentran los elementos o requisitos indispensables para la existencia del contrato de compra-venta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.474 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1.141 ejusdem, y por ser la compra-venta un contrato consensual, la propiedad o derecho se transmite y se adquiere por efecto del consentimiento legítimamente manifestado, a tenor de lo establecido en el artículo 1.161 del Código Civil, toda vez que “...el otorgamiento de la escritura no es requisito esencial del contrato de compraventa, el cual, en ocasiones, puede suplirse con registro de la sentencia que declara la existencia del contrato...”, (sentencia del 25 de febrero de 1.930 (sic), M. 1.931 (sic), de la antigua Corte Federal y de Casación, CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO,  por EMILIO CALVO BACA, pág. 502) y así se declara...”.

 

 

De la precedente transcripción del fallo recurrido se observa que el Juez de alzada se refiere a dicho documento como un contrato de compra-venta. Para determinar si se trata de un contrato de compra o de opción de compra-venta, es menester precisar qué se entiende por uno y por el otro. Al respecto, el autor Nicolás Vegas Rolando, en su obra “Contratos Preparatorios”, expresa:

 

“Se entiende que existe opción cuando una persona confiere un derecho a un tercero para que éste adquiera un determinado bien, sin que éste último tenga la obligación de adquirirlo, ya que sólo se reserva el derecho de ejercer la opción durante la vigencia del contrato o al final del mismo”. Agrega el autor citado, que existen diferencias entre la opción y la venta. La opción es un contrato preparatorio que engendra una obligación de hacer, o sea prestarse a un futuro contrato, mientras que la compraventa es un contrato definitivo, que engendra una obligación de dar.”

 

 

La jurisprudencia ha sostenido que la opción de venta es un contrato consensual, y la opción de venta legítima y oportunamente ejercida por el comprador, tiene el efecto de transferir a su provecho la propiedad de la cosa objeto del contrato, y la sentencia que pueda recaer tendrá un efecto exclusivamente declarativo. (Comentarios de Nicolás Vegas Rolando).

 

      Castán, citado por Vegas Rolando, define así el contrato de opción de compra: “es el convenio por el cual una parte concede a la otra, por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad, que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la celebración de un contrato principal”. (Ob. cit).

 

Por su parte, Luis Aguilar Gorrondona, en su obra “Contratos y Garantías” Novena Edición, página 143, define la venta como “Un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir y garantizar la propiedad u otro derecho a una persona llamada comprador, la cual se obliga a pagar el precio en dinero; Características: 1) Es un contrato bilateral, 2) Es un contrato consensual, 3) Es un contrato oneroso, 4) Puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, 5) Es traslativo de la propiedad o cualquier otro derecho vendido, 5) Las obligaciones del comprador y del vendedor son obligaciones principales.

 

En aplicación de las anteriores consideraciones, se puede concluir que el contrato que originó el juicio es de compra-venta, y no de opción de compra, tal  como concluyó el juzgador  de alzada, pues aún cuando presente la apariencia de un contrato de opción de compra, la naturaleza de la convención objeto del presente juicio no es tal, pues hubo un acuerdo de voluntades entre el vendedor de entregar el inmueble vendido, y el comprador de entregar el precio pactado; es decir, se verificó la venta por el cruce de voluntades o consentimiento.

 

Por los razonamientos precedentemente expuestos, el Juez de la recurrida no violó las reglas legales denunciadas, al calificar al contrato que sirvió de fundamento a la demanda, como un contrato de compra-venta.

 

En consecuencia, se declaran improcedentes las denuncias de infracción de los artículos 1.359, 1.360 y 1.363 del Código Civil, y 12 y 507 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2000, por Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

 

Como consecuencia de haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas.

 Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la ya indicada Circunscripción Judicial. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal  Supremo de Justicia,  en  Caracas, a los   treinta    ( 30  )  días del mes de   abril     de dos mil dos.  Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ                           

 

            

 

 

Magistrado,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

EXP. No. 2000-000894