SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En el juicio por daños y perjuicios incoado ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano ARCADIO JOSÉ MARTÍNEZ OSUNA, representado judicialmente por los abogados José Eduardo Baralt López, Juan Carlos Delgado González, Dolores Campinho Pita y José Gregorio García Lemus, contra el ciudadano JOSÉ LUIS MARTÍNEZ OSUNA, representado judicialmente por los abogados Ibrahim Gordils Delgado, José Buloz Elías y María del Carmen Atramiz Serra; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 16 de septiembre de 1999, en la cual declaró con lugar la demanda incoada, en consecuencia, condenó a la parte demandada al pago de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00) por daño emergente y la cantidad de cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,00) por concepto de daño moral. De esta manera, revocó la sentencia del a quo dictada el 23 de noviembre de 1998 y (con lugar la apelación interpuesta por el actor).

 

Contra este fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte demandada, el cual, admitido por el superior, fue oportunamente formalizado e impugnado. Hubo réplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades legales, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

ÚNICO

 

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de inmotivación, con la siguiente argumentación:

“...En efecto, la recurrida en la parte final del trozo contentivo de lo dispositivo, se limitó a condenar a mi patrocinado bajo el escueto pronunciamiento siguiente:

 

“La cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.000.000,00), por concepto de daño moral”. (Cfr. Folio 40 de la recurrida).

 

La condena aislada y sin ningún razonamiento que la sustente conduce necesariamente a la inmotivación del fallo por la ausencia de explicación de los fundamentos de hecho y de derecho en que se fundamenta la referida condena por Cuatro (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 4.000.000,00), con el agravante que la recurrida estaba constreñida a analizar la importancia del daño, el grado de culpabilidad del actor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, conforme lo tiene proclamado esta Sala de manera pacífica y reiterada desde la sentencia de 12 de febrero de 1974, ratificada el 25 de junio de 1986, en cuya oportunidad dejó sentado lo siguiente:

...Omissis...

 

Al aplicar al caso de autos la doctrina transcrita, salta a la vista la notoria inmotivación del fallo en su grado superlativo, según la doctrina de esa Sala que enseña lo siguiente:

...Omissis...

 

La doctrina anterior sobre el grado supremo de la inmotivación es segura y pedagógica, al paso que sirve para defender con éxito la crasa inmotivación denunciada, porque la recurrida a pesar de lo extensa (41 páginas), nada dijo para establecer las razones de hecho y de derecho en que se fundó la decisión y tampoco se refirió a la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor y la escala de sufrimientos morales, pues el juez de alzada condenó simplemente a mi patrocinado a pagar la cantidad de Cuatro (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 4.000.000,00), sin ningún razonamiento o justificación específicas, pues se limitó en dos párrafos a explicar conceptos generales y abstractos sobre el daño moral, así: “El daño  moral es consecuencia de un hecho ilícito probado, sin más elementos concurrentes, teniendo el Juez la potestad de fijar la reparación por concepto de daño moral” (Cfr. Folio 28 de la recurrida), y que el resultado de la denuncia penal “no repara la afectación que la denuncia haya tenido en el patrimonio moral de una persona y en la consideración social de éste” (Cfr. Folio 29 de la recurrida), frases que constituyen unas expresiones generales e imprecisas que jamás pueden servir de motivación del fallo en lo que concierne a la condena por daño moral, pero si representa una arbitrariedad judicial por no expresar en “el fallo las razones de hecho y de derecho que han influido en su convicción para llegar a determinado dispositivo, pues el acto jurisdiccional debe llevar en si mismo la prueba de su legalidad, como acertadamente se dijo en una vieja sentencia de casación (M. 1920, página 357)”. (Gaceta Forense número 57. Sgda. Etapa P. 132. Sent. 04-071967).

 

De admitirse la tesis de la recurrida significaría consentir en las arbitrariedades de los funcionarios judiciales y tolerar que la sola palabra del juez, expresada en fórmulas generales y dogmáticas, es suficiente para considerar que la recurrida está razonada, tesis que debe desecharse por ilógica, absurda, injusta y antijurídica, al tiempo que serviría para eludir la insalvable obligación que tienen los jueces motivar los fallos.

 

En conclusión, el sentenciador con esa conducta arbitraria dejó el fallo inmotivado en su grado de mayor expresión y quebrantó groseramente los artículos 12 y 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, por no presentar materialmente ningún razonamiento para sustentar la condena por daños morales…”. (Negrillas del formalizante).

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

Sostiene el formalizante que la recurrida, no contiene los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, pues condenó  al  demandado  al  pago  de cuatro millones de bolívares   (Bs. 4.000.000,00), por concepto de daño moral, sin analizar la importancia del daño, el grado de culpabilidad del actor, la conducta de la víctima y la escala de los sufrimientos morales.

 

El Tribunal de Alzada en la parte motiva de su fallo, textualmente señaló lo siguiente:

 

“...El caso de autos está fundado en el hecho que la parte demandada, en una relación de tipo civil, de naturaleza civil, escogió la vía penal para dirimir el conflicto, con denuncia por apropiación indebida calificada de conformidad con el artículo 470 del Código Penal vigente, de la que conoció el Tribunal Trigésimo Primero de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con decisión de no revestir los hechos denunciados carácter penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, decisión que fue confirmada por el Juzgado Superior Vigésimo en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la misma Circunscripción Judicial.

 

El ejercicio de la acción penal puede ser fuente de responsabilidad civil autónoma, denominada acción civil exdelito, la que es diferente a la acción civil autónoma derivada de simple hecho ilícito.

 

El ejercicio de la vía penal es un derecho de todos los miembros de la sociedad para obtener una obsesión a quien ha violado leyes específicas, pues es participante de un hecho punible. Ese derecho al ejercicio de la acción penal, se ejerce única y exclusivamente en el juicio penal y ante los Tribunales Penales (procedimiento y sede jurisdiccional penal), y sujeto pasivo es solamente una persona natural. Pero cuando el ejercicio de esa acción causa un daño a otro, por tratarse de una acción infundada, obliga quien lo ejerce con culpa a resarcir el daño, lo cual comprende o puede comprender la reparación del daño, mediante la indemnización de los perjuicios causados.

 

El elemento necesario para hacer efectivo ese resarcimiento establecido en la Ley sustantiva civil, en su artículo 1.185, constituye un derecho de la persona ofendida, o afectada por la denuncia injusta, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales civiles (procedimiento y sede jurisdiccional civil).

...Omissis...

 

Al revisar los hechos contenidos en la denuncia penal referidos a la participación de ambas partes en una empresa de nombre MERANAL por la adquisición del local comercial (Centro Andrés Bello) donde dicha empresa funcionaba; en el cual el denunciado aparece adquiriendo el 50% cuando en criterio del denunciante el inmueble todo debía pertenecer a la persona jurídica. Ello fue considerado por el Juzgador Penal que no eran hechos que revistieran carácter penal, con el agravante de presumirse que denunciante y denunciado son hermanos.

 

El concepto de daño es claro quien produce un daño debe repararlo o como señala el artículo 1.185 del Código Civil “El con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, esta obligado a repararlo...Omissis...

 

Los llamados daños y perjuicios supone un daño material emergente que es el monto con que el hecho dañoso afectó el patrimonio de la víctima, o la disminución que éste sufrió en su patrimonio, o un lucro cesante que es toda ganancia frustrada o el perjuicio reflejado hacia el futuro a partir del daño o como se le haya privado a la víctima.

 

La parte actora sólo ha demostrado como daño emergente el pago realizado a un abogado para su defensa en sede penal, en tanto que no se demostró lucro cesante alguno, de forma que en esta institución sólo ha de declararse la repetición del pago realizado por la actora a su abogado JORGE ROJAS.

 

Como la situación en materia de daño moral es distinta, pues ha quedado afirmado que el daño moral es consecuencia de un hecho ilícito probado, sin mas elemento concurrentes, teniendo el Juez la potestad de fijar la reparación por concepto de daño moral, quedando la prueba de dicho daño moral se debe hacer a partir del hecho dañoso, evidenciado en la existencia de una víctima, y de un agente productor del daño.

Cuando se acude a la jurisdicción penal, descartando la normal vía ordinaria de tipo mercantil, se genera una presunción delictual en el denunciado, que ciertamente, puede repercutir en su vida personal y en sus negocios, y que al hacerse del conocimiento público daña su patrimonio moral. La declaratoria de no haber lugar a la acción penal por no revestir los hechos denunciados carácter penal, no repara la afectación que la denuncia haya tenido en el patrimonio moral de una persona y en la consideración social de éste…”.

                     

 

El requisito de motivación impone al juez el deber de expresar en la sentencia los motivos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido. Esta exigencia tiene por objeto: a) controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, porque éstas requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos. En caso contrario, podrán interponer los recursos previstos en la ley, con el fin de obtener una posterior revisión sobre la legalidad de lo sentenciado.

 

 Esta Sala de Casación Civil ha expresado de manera reiterada desde sentencia de fecha 10 de octubre de 1991, Expediente N° 91-149 en el caso Rafael Eduardo Ledezma y otra contra Jesús Alberto Guzmán, en cuanto a la reclamación por daño moral lo siguiente:

“...lo que debe acreditarse plenamente en una reclamación por daño moral es el llamado ‘hecho generador del daño moral’, o sea, el conjunto de circunstancias de hecho que genera la aflicción cuyo petitum doloris reclama...Probado que sea el hecho generador lo que procede es una estimación, lo cual se hace al prudente arbitrio del Juez. Ningún auxiliar o medio probatorio puede determinar cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta molestia, cuánto se mermó un prestigio o el honor de alguien (...).

 

“Al decidirse una reclamación por concepto de daños morales, el sentenciador, necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la Ley, analizando la importancia del daño, al grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma indentidad, por la distintas razones que pueden influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable...”

 

 

Por lo tanto y, en atención al contenido de los pronunciamientos antes transcritos, la Sala, en modo alguno, considera insuficiente la motivación del juzgador de alzada sobre la materia objeto de la presente denuncia, toda vez que el juez de la recurrida expuso en forma clara y precisa los fundamentos por los cuales quedó demostrado el hecho generador del daño material y la repercusión que ese daño pudo tener en el ente moral de la víctima, pudiéndose conocer cual fue la operación intelectual realizada por el sentenciador al dictar el fallo.

 

 

 

En consecuencia, con base a las precedentes consideraciones y en vista de no haberse comprobado la violación del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la Sala considera improcedente la presente denuncia, y así se declara.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN LEY

I

 

Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 1.185 del Código Civil y 206, ordinal 1º del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, todos por falsa aplicación, con la siguiente argumentación:

“...La recurrida cometió las infracciones denunciadas cuando dejó establecido lo siguiente:

 

“El elemento necesario para hacer efectivo ese resarcimiento establecido en la Ley sustantiva civil, en su artículo 1.185, constituye un derecho de la persona ofendida, o afectada por la denuncia injusta, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales civiles (procedimiento y sede jurisdiccional civil).

Es principio que todas las responsabilidades extracontractuales sean civiles, penales o administrativas son independientes y autónomas, siempre que el hecho dañoso pueda, constituir un ilícito civil.

 

El artículo 1º del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, eficaz para esta decisión, establecía de manera inequívoco que de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y agrega que también puede nacer acción civil para el efecto de las restituciones y reparaciones de que trata el Código Penal.

Establecido que los hechos denunciados como penales no revestían tal carácter debe determinarse si tal denuncia, por el hecho de la declaratoria final de tribunales penales, son causa de un ilícito civil”. (Cfr. Folio 23 de la recurrida).

 

El sentenciador de la recurrida hizo una extensa consideración sobre el concepto del honor y afirmó que el Juez penal consideró que los hechos denunciados no revestían carácter penal (Cfr. P.27 de la recurrida), para luego resolver lo siguiente:

 

“...Los llamados daños y perjuicios supone un daño material emergente que es el monto con que el hecho dañoso afectó el patrimonio de la víctima, o la disminución que éste sufrió en su patrimonio, o un lucro cesante que es toda ganancia frustrada o el perjuicio reflejado hacia el futuro a partir del daño o como se le haya privado a la víctima.

La parte actora sólo ha demostrado como daño emergente el pago realizado a un abogado para su defensa en sede penal, en tanto que no se demostró lucro cesante alguno, de forma que en esta institución sólo ha de declararse la repetición del pago realizado por la actora a su abogado JORGE ROJAS.”

 

La atenta lectura de los párrafos transcritos de la recurrida ponen en claro que el sentenciador de alzada no comprendió el sentido y alcance de las normas denunciadas, es decir, no las interpretó cabalmente y, en consecuencia, ese error lo llevo a aplicarlas falsamente por las razones siguientes:

 

En primer lugar, el derogado Código de Enjuiciamiento Penal en ninguna parte contemplaba la denuncia injusta, sino que el artículo 206 eiusdem (sic) consagraba las hipótesis legales en las que el Juez podía declarar terminada la averiguación por no haber lugar a proseguirla, específicamente, cuando los hechos no revestían carácter penal.

 

En la situación particular, la confusión de la recurrida sobre la denuncia y la acusación penal es patente, en la primera se eleva al conocimiento de la autoridad jurisdiccional el acaecimiento de unos hechos, sin hacer imputaciones concretas a ninguna persona y corresponde al tribunal penal averiguar si esos hechos son ciertos y si revisten o no carácter penal, pero en la hipótesis que el Juez declare terminada la averiguación por no revestir carácter penal los hechos denunciados, jamas puede considerarse como una fuente de obligaciones que deben ser separadas civilmente, a diferencia de la acusación penal contemplada en el código derogado en la cual el acusador le imputaba directamente al agraviado la comisión de un hecho punible y lo sindicaba sobre su comisión, en cuyo caso el acusado que resultara beneficiado con un pronunciamiento del tribunal acerca de los hechos denunciados eran falsos, tenía una responsabilidad civil contra el acusador.

 

Ninguna de estas hipótesis es la de autos, como lo comprueba la lectura de la recurrida, puesto que mi patrocinado se limitó a denunciar unos hechos ante el Tribunal Penal y luego de la averiguación correspondiente éste consideró que no revestían carácter penal, de manera que este caso no es fuente de ninguna responsabilidad para demandar a mi patrocinado al no haber comprendido la recurrida la ausencia de la fuente la obligación reclamada, es evidente que la recurrida quebrantó los artículos 1.185 del Código Civil y 206, ordinal 1º, del Código de Enjuiciamiento Criminal, por falsa aplicación.

 

Para cumplir con la carga procesal establecida en los artículos 312, último aparte, y 317, ordinal 4º, ambos del Código de Procedimiento Civil, indico que las infracciones denunciadas fueron determinantes de lo dispositivo del fallo, puesto que la recurrida hubiese reparado que la sentencia penal que resolvió que los hechos denunciados no revestían carácter penal, ha debido comprender que ellos no eran susceptibles de ser generadores de una responsabilidad civil por hecho ilícito y, por consiguiente, no hubiese cometido la equivocación de condenar a mi patrocinado.

También cumplo con señalar que las normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia son los artículos denunciados”. (Resaltado de la Sala).

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante acusa la infracción por la recurrida del artículo 1.185 del Código Civil y del artículo 206, ordinal 1º del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, ambos por falsa aplicación, debido a que consideró que al decidir el superior penal que los autos no revestían carácter penal son causa susceptible de generar un hecho ilícito civil.

 

La falsa aplicación se entiende como una relación errónea entre la ley y el hecho que desnaturaliza el verdadero sentido de la norma o desconoce su significado, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella o cuando su aplicación se realiza de tal forma, que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley.

 

Ahora bien, en cuanto al artículo 206 ordinal 1º del Código de Enjuiciamiento Criminal, la Sala observa que de la recurrida no se desprende que se haya aplicado la norma sino que la menciona haciendo alusión a la decisión del Juzgado Superior Penal, de manera que siendo requisito sine qua non la aplicación de la norma para que se configure el vicio de falsa aplicación, lo cual no se verificó, resulta imposible haber incurrido en el delatado vicio, por lo que se declara improcedente esta denuncia. Así se establece.

Asimismo, en cuanto a la denuncia del artículo 1.185 del Código Civil por falsa aplicación, antes de entrar a su análisis resulta pertinente determinar que aun cuando se denuncia la falsa aplicación de la citada norma, la fundamentación dada por el formalizante va dirigida al vicio de error de interpretación y es hacia esa dirección que la Sala pasa a estudiar la misma.

 

El artículo 1.185 del Código Civil, en su conjunto se refiere a hechos o aspectos profundamente diferentes. En las distintas hipótesis del primer parágrafo, basta probar el daño causado por un hecho intencional, negligente o imprudente de otro; cuestión sencilla, casi elemental. En cambio, en el segundo caso, se trata de situación grave y complicada de un delicado y complejo problema jurídico: precisar cuándo se ha hecho uso racional de un derecho, y cuándo se ha abusado de ese mismo derecho. Expresado en los propios términos de la ley, cuando el ejercicio del derecho excede “los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho”. El artículo 1.185 del Código Civil, contempla dos situaciones jurídicas totalmente distintas: la del que abusa de su derecho, y la del que procede sin ningún derecho.

 

Ahora bien, se pasa a transcribir la interpretación dada por el ad quem al artículo 1.185 del Código Civil, que estableció lo siguiente:

"... El ejercicio de la vía penal es un derecho de todos los miembros de la sociedad para obtener una obsesión a quien ha violado leyes específicas, pues es participante de un hecho punible. Ese derecho al ejercicio de la acción penal, se ejerce única y exclusivamente en el juicio penal y ante los Tribunales Penales (procedimiento y sede jurisdiccional penal), y sujeto pasivo es solamente una persona natural. Pero cuando el ejercicio de esa acción causa un daño a otro, por tratarse de una acción infundada, obliga quien lo ejerce con culpa a resarcir el daño, lo cual comprende o puede comprender la reparación del daño, mediante la indemnización de los perjuicios causados.

 

El elemento necesario para hacer efectivo ese resarcimiento establecido en la Ley sustantiva civil, en su artículo 1.185, constituye un derecho de la persona ofendida, o afectada por la denuncia injusta, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales civiles (procedimiento y sede jurisdiccional civil).

 

Es principio que todas las responsabilidades extracontractuales sean civiles, penales o administrativas son independientes y autónomas, siempre que el hecho dañoso pueda, constituir un ilícito civil.

 

El artículo 1º del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, eficaz para esta decisión, establecía de manera inequívoco que de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y agrega que también puede nacer acción civil para el efecto de las restituciones y reparaciones de que trata el Código Penal.

 

Establecido que los hechos denunciados como penales no revestían tal carácter debe determinarse si tal denuncia, por el hecho de la declaratoria final de tribunales penales, son causa de un ilícito civil.

...Omissis...

 

Al revisar los hechos contenidos en la denuncia penal referidos a la participación de ambas partes en una empresa de nombre MERANAL por la adquisición del local comercial (Centro Andrés Bello) donde dicha empresa funcionaba; en el cual el denunciado aparece adquiriendo el 50% cuando en criterio del denunciante el inmueble todo debía pertenecer a la persona jurídica. Ello fue considerado por el Juzgador Penal que no eran hechos que revistieran carácter penal, con el agravante de presumirse que denunciante y denunciado son hermanos.

 

El concepto de daño es claro quien produce un daño debe repararlo o como señala el artículo 1.185 del Código Civil “El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los limites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

 

Los llamados daños y perjuicios supone un daño material emergente que es el monto con que el hecho dañoso afectó el patrimonio de la víctima, o la disminución que éste sufrió en su patrimonio, o un lucro cesante que es toda ganancia frustrada o el perjuicio reflejado hacia el futuro a partir del daño o como señala nuestro artículo 1.273 del Código Civil (sic) la utilidad de que se le haya privado a la víctima.

...Omissis...

 

Cuando se acude a la jurisdicción penal, descartando la normal vía ordinaria de tipo mercantil, se genera una presunción delictual en el denunciado, que ciertamente, puede repercutir en su vida personal y en sus negocios y que al hacerse del conocimiento público daña su patrimonio moral. La declaratoria de no haber lugar a la acción penal por no revestir los hechos denunciados carácter penal, no repara la afectación que la denuncia haya tenido en el patrimonio moral de una persona y en la consideración social de éste...”

 

Ahora bien, conforme con lo transcrito, el ad quem determinó que por el hecho de acudir a la jurisdicción penal descartando la vía ordinaria de tipo mercantil, se generó una presunción delictual en el denunciado que repercutió en su vida personal y en sus negocios y al considerar el Juzgador penal que los hechos no revestían carácter penal, esta declaratoria no repara la afectación que haya tenido el denunciado al ser del conocimiento público por lo cual daña su patrimonio moral.

 

Al respecto, la Sala en sentencia de fecha 31 de octubre de 2000, en el juicio Carlos Enrique Pirona Koster, contra Estructura y Montajes C.A. Estymonca y otra, estableció lo siguiente:

 

“...Ahora bien, conforme con lo transcrito, el ad quem determinó que el hecho de ejercer el derecho de denuncia, sin que se hubiera establecido en el fallo de la instancia penal su falsedad, su carácter reiterado o que se hubiera desistida de ella, no constituyó abuso del derecho del denunciante en aquella jurisdicción. En este sentido, considera la Sala que el Juez Superior hizo la correcta interpretación del artículo denunciado, ya que el ejercicio de las vías legales en forma honesta y prudente para determinar la comisión o no de un hecho punible, no puede exponer al accionante a una condena por daños y perjuicios. De existir la mala fe o falsedad en la denuncia la propia ley procesal penal, tanto la derogada como la actual (artículo 300 Código Orgánico Procesal Penal), establece la presunción de responsabilidad.

 

Asimismo, el autor Oscar Lazo, en sus comentarios al Código Civil Venezolano, según jurisprudencia citada por el mismo, expresa lo siguiente:

 

“...Para incurrir en abuso de derecho es necesario que en su ejercicio se hayan propasado, excedió dice la ley, los límites fijados por la buena fe... y esa presunción de buena fe genérica siempre tomada en cuenta por el legislador, se acentúa, se hace más respetable si en el pretendido abuso de derecho han intervenido autoridades legítimas con la función específica de evitar abusos de toda especie, de aplicar la ley que garantiza el equilibrio social en una palabra de hacer justicia. Por el solo hecho de que se acuse o denuncie a una persona que luego resulte inocente, no puede decirse que ha habido abuso de derecho, por que ello no basta a comprobar que se incurrió en exceso, que se traspasaron los límites fijados por la buena fé, concepto diferente a error, excusable o censurable,. Si en virtud de esa denuncia o acusación, se decreta detención, este acto es imputable al juez, soberano para acordarlo o negarlo, y sólo muy remotamente al denunciante...Omissis...”

 

En consecuencia, por aplicación del criterio transcrito al caso de autos, la sentencia recurrida no infringió el artículo 1.185 del Código Civil, en consecuencia, la Sala declara la improcedencia de la presente denuncia...” (Resaltado de la Sala).

 

En aplicación de la jurisprudencia precedentemente transcrita, que hoy se reitera, se constata que el Superior incurrió en una errónea interpretación del artículo 1.185 del Código Civil, por cuanto al declarar con lugar la demanda por daños y perjuicios con fundamento en que en la jurisdicción penal se declaró que los hechos no revestían carácter penal y que esta declaratoria constituyó un daño en el patrimonio moral del accionante, el ad quem debió establecer que ese derecho a la denuncia en esa instancia penal en la que no se estableció su falsedad, no es fundamento para una declaratoria con lugar, pues, el ejercicio de las vías legales en forma honesta y prudente para determinar la comisión o no de un hecho punible, no puede exponer al accionante a una condena por daños y perjuicios.

 

Por tanto, la sentencia recurrida infringió el artículo 1.185 del Código Civil, por errónea interpretación, en consecuencia, la Sala declara la procedencia de la presente denuncia. Así se declara.

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15 y 431 eiusdem, por falta de aplicación, con la siguiente argumentación:

 

“...En efecto la recurrida cometió la infracción denuncia (sic) cuando resolvió lo siguiente:

 

“La parte actora sólo ha demostrado como daño emergente el pago realizado a un abogado para su defensa en sede penal, en tanto que no se demostró lucro cesante alguno, de forma que en esta institución sólo ha de declararse la repetición del pago realizado por la actora a su abogado JORGE ROJAS.” (Cfr. P.28 de la recurrida).

 

En ninguna línea de la sentencia recurrida aparece que Jorge Rojas, quien fue el abogado que defendió al demandante en el juicio penal, hubiese concurrido al tribunal civil a ratificar el contenido del documento privado contentivo del recibo de pago de sus honorarios profesionales.

 

Así las cosas, la recurrida no tenía el elemento probatorio apropiado para demostrar la existencia del pago efectuado por el demandante a favor del abogado Jorge Rojas y a su vez dejó en estado de indefensión a mi patrocinado, quien no tuvo la posibilidad de interrogar al testigo, con lo cual también quebrantó el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, por no garantizar el derecho de defensa y no mantener a las partes en los derechos y facultades comunes, sin preferencias ni desigualdades, al darle valor a un medio probatorio sin el control y la contradicción del adversario, que resultó esencial para resolver la controversia.

 

Para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 312, parte in fine, y 317, ordinal 4º, ambos del Código de Procedimiento Civil, señaló que la infracción denunciada fue determinante de lo dispositivo del fallo, de manera que si la recurrida se hubiese dado cuenta que no existían ningún elemento probatorio idóneo para demostrar el supuesto daño emergente infringido al contrincante, no hubiese cometido la equivocación de condenar a mi representado al pago de los Quinientos (sic) Mil (sic) Bolívares (sic) (Bs. 500.000,00) y, por vía de consecuencia, tampoco lo hubiera condenado a pagar los daños morales.

Igualmente cumplo con la carga procesal de indicarle que las normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia fueron los artículos 15 y 431 del Código de Procedimiento Civil”. (Negrillas del formalizante).

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en falta de aplicación de los artículos 15 y 431 del Código de Procedimiento Civil, al considerar de plena prueba un documento privado emanado de un tercero, y no ser ratificado mediante la prueba testimonial.

 

Antes de entrar al análisis de la presente denuncia, es menester aclarar al formalizante, que la delación del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, no encaja en un recurso por infracción de ley, como el que se analiza sino en un recurso por quebrantamiento de forma, razón por lo que no le está dado a la Sala pronunciarse en torno a su posible infracción por la recurrida. Así se establece.

 

Por otra parte, no invoca el formalizante la excepción del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para que la Sala conozca del establecimiento y apreciación de los hechos realizado por la instancia; como es sabido, la Sala tendría que examinar actas del expediente distintas a la sentencia impugnada para verificar los argumentos del recurrente, lo cual, por tratarse de una denuncia por infracción de ley pura y simple, no puede hacerlo dada la omisión del formalizante.

 

La doctrina reiterada de este Máximo Tribunal ha señalado la técnica necesaria para la formalización de este tipo de denuncias, señalando que la valoración de los medios probatorios producidos por las partes a los fines de determinar si la misma se encuentra o no ajustada a derecho, debe formalizarse como motivo de casación por infracción de la norma que rige el establecimiento de los hechos y, subsiguientemente, la valoración de la prueba en cuestión; norma ésta cuya infracción ha debido delatarse según lo pautado por el dispositivo contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 2º del artículo 313 del mismo texto legal.

 

Por los motivos antes expuestos, mal puede pretender el recurrente que esta Sala descienda al análisis tanto de los medios probatorios como a los hechos, al no haber cumplido con la aludida técnica de formalización en lo que respecta a la denuncia planteada, razón por la cual se desecha la misma. Así se declara.

 

III

 

Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 274 eiusdem, por falsa aplicación, con la siguiente argumentación:

“...En el petitorio de la demanda se reclamo el pago de la suma de Quinientos (sic) Mil (sic) Bolívares (sic) (Bs. 500.000,00), por resarcimiento de daño material, más la suma de Cinco (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 5.000.000,00), por concepto de daño moral, (Cfr. Folio 3 Vto), mientras que en el dispositivo de la recurrida condenó a pagar a mi patrocinado la suma de Quinientos (sic) Mil (sic) Bolívares (sic) (Bs. 500.000,00), por daño material y Cuatro (sic) Millones  (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 4.000.000,00), por concepto de daño moral. La disparidad es evidente y la infracción de la norma denunciada también luce evidente.

La confrontación del petitorio de la demanda con el dispositivo de la sentencia pone de manifiesto que no hubo vencimiento total, pero como la recurrida no advirtió esa falta de conformidad entre lo condenado y lo reclamado y condenó en costas a mi patrocinado con base en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, lo quebrantó por falsa aplicación.

 

Dada la índole de esta denuncia esa Sala puede hacer la confrontación entre el petitorio de la demanda y el dispositivo de la sentencia y comprobar la consumación de la infracción aquí denunciada.

 

Para cumplir con la carga procesal establecida en los artículos 312, último aparte, y 317, ordinal 4º, ambos del Código de Procedimiento Civil, señaló que las infracciones cometidas fueron determinantes de lo dispositivo del fallo recurrido, al punto que se hubiese percatado que no existía la debida correspondencia entre la (sic) demandado y lo condenado, no hubiera cometido la equivocación de condenar en costas a mi representado y también indico que las normas que la recurrida debió aplicar y aplicó falsamente para resolver la controversia fue el denunciado artículo 274 eiusdem. Pido así se decida”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante alega la infracción por la recurrida del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, debido a que condenó en costas a la parte demandada sin haber vencimiento total, pues las cantidades reclamadas en el petitorio de la demanda son diferentes a las condenadas en el dispositivo de la sentencia.

 

Ahora bien, el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, textualmente reza:

“A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se la condenará al pago de las costas”.

 

La condena en costas es una condena accesoria. Siendo el objeto del proceso la pretensión que se hace valer en la demanda, el dispositivo de la sentencia ha de corresponderse con aquélla, cualquiera que sea su naturaleza, y acogerla o rechazarla, según resulte fundada o infundada la pretensión.

 

La norma precedentemente transcrita consagra en forma exclusiva, la condenatoria en costas por vencimiento total, ordena al juez condenar al pago de las costas a la parte totalmente vencida, dando origen así a la accesoriedad de la condena en costas, por la relación de medio a fin en que las costas se encuentran con la pretensión reconocida en la sentencia. La jurisprudencia de casación ha sentado que el vencimiento total, por lo que hace al demandado, surge cuando la sentencia acoge todos y cada uno de los pedimentos formulados en el libelo de la demanda.

 

En relación con el vencimiento por daño moral, el criterio de la Sala es el siguiente:

 

“...Atendiendo a lo previsto en el artículo 1.196 del Código Civil, el juez, una vez comprobado el hecho, puede proceder a fijar discrecionalmente el monto del daño moral a ser indemnizado a la víctima, en base a su criterio subjetivo, ‘...la reparación del daño moral la hará el juez según lo establecido en el artículo 1.196 del Código Civil, es decir, queda a su apreciación subjetiva y no limitada a lo estimado en el libelo’. (Sentencia de la Sala de Casación Civil, ponencia del Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, fecha 12 de diciembre de 1995, Exp. Nº 95-281, juicio: Carmelo Antonio Benavidez contra Transporte Delbuc,C.A.)...”. (Negrillas de la Sala).

 

Dado que el artículo 1.196 del Código Civil, faculta al juzgador para apreciar si el hecho ilícito generador de daños materiales puede ocasionar, además repercusiones psíquicas, o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral de la víctima, la estimación que al respecto hagan los jueces de mérito así como la indemnización que acuerden en uso de la facultad discrecional que les concede el citado artículo, son de su criterio exclusivo.

 

En el caso de autos, el Juzgador ad quem si acoge en la sentencia el petitorio de la actora destinado a obtener indemnización por daños y perjuicios materiales y morales, del cual en su dispositivo establece el pago de la cantidad de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00) por daño emergente y, cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,00) por daño moral. Por consiguiente, el demandado fue totalmente vencido por lo que la alzada no incurrió en el vicio de falsa aplicación del denunciado artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la jurisprudencia precedentemente transcrita y al contenido del artículo 1.196 del Código Civil, la forma de la indemnización, lo fija el juez sin que para ello exista otra limitación que la de su prudente arbitrio. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

 

                   En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandado ciudadano José Luis Martínez Osuna, contra la sentencia dictada en fecha 16 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, SE ORDENA al tribunal que resulte competente, dicte nueva decisión con sujeción a lo establecido en el presente fallo.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, ya mencionado, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  treinta (30) días del mes de   abril   de dos mil dos.  Años: 192º  de la Independencia  y 143º de  la Federación.          

 

El Presidente de la Sala,

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente,

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                                Magistrado Ponente,

                                                                                _________________________

                             ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. 01-007