SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

En el juicio por resolución de contrato de venta con reserva de dominio e indemnización de daños y perjuicios, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, por el ciudadano GIOVANNI SEGUNDO GUTIERREZ RIVAS, representado judicialmente por los abogados José Ramón García Mora, Ricaudrys Camarillo Flores y Julio César Núñez, contra la sociedad mercantil ESCALANTE MOTORS C.A., representada judicialmente por los abogados César Alí Fernández Boscán, Gustavo Adolfo Meléndez Pérez y Mario de Jesús Díaz Angulo; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial y sede, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 27 de septiembre de 2001, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la actora y por vía de consecuencia, confirmó la decisión dictada por el a quo en fecha 18 de abril de 2001, que a su vez la había declarado con lugar y condenó a la actora al pago de las costas procesales.

 

Contra la referida sentencia, anunció recurso de casación el demandante, el cual fue declarado inadmisible por el juez de la recurrida, mediante auto de fecha 23 de octubre de 2001, con base en la extemporaneidad del anuncio del recurso de casación.

 

Con motivo del recurso de hecho propuesto contra la negativa de admisión del de casación, la Sala recibió el expediente, del cual se dio cuenta en fecha 29 de enero de 2002, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo.

 

Siendo la oportunidad para ello, pasa la Sala a dictar sentencia, en los términos siguientes:

 

Ú N I C O

 

Esta Sala aprecia que el Sentenciador Superior basó la negativa de admisión del recurso de casación anunciado en la siguiente circunstancia:

“...se dio ingreso a la causa de Resolución de Contrato de Venta con Reserva de Dominio en fecha 18/ 09/2001, de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, el lapso fijado en dicho artículo fue computado por días calendarios por aplicación de sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01/02/2001 (Exp. 00-1435) y aclaratoria de fecha 09/03/2001, precluyendo el mismo el día 28/09/2001. En consecuencia, el lapso para el anuncio del Recurso de Casación comenzó a transcurrir el día 01/10/2001 y el mismo concluyó el 16/10/2001, pues siendo éste un lapso concedido a las partes se computó por días de despacho de conformidad con la jurisprudencia ya citada...”.

 

Por otra parte, el recurrente de hecho fundamenta su escrito:

“...en efecto niega la recurrida el anuncio del recurso de casación, alegando extemporaneidad en el mismo, pero no observo este Tribunal que la sentencia de fecha 9 de marzo de 2001, en Sala Constitucional, donde aclara la aplicación del artículo 197 eiusdem, nada dice ésta Sentencia sobre el término para sentenciar en juicio breve, y siendo que no hace diferenciación el sentenciador en el caso en especie, no puede hacerla tampoco el interprete, la sentencia se limita, en cuanto al término para sentenciar, a embozarlo en forma genérica (refiriéndose al término para sentenciar en juicio ordinario) así mismo yerra la recurrido (sic) al pretender que el lapso de diez (10) días para sentenciar en juicio breve debe computarse por días calendarios...”.

 

Ahora bien, la aclaratoria de la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 9 de marzo de 2001, en cuanto a la aplicación del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, de los lapsos procesales, estableció lo siguiente:

 

“...De forma que, será la naturaleza de las actuaciones procesales las que distinguirán si el cómputo del término o lapso se realizará por días calendarios continuos sin atender a las excepciones previstas en el artículo in comento, o, si por el contrario, deberán hacerse únicamente en función de que el tribunal despache. En virtud, de que esta Sala considera que el ejercicio oportuno de los derechos adjetivos que les asiste a las partes en un proceso -oportunidad que sólo puede verificarse si el tribunal despacha- forma parte de la esfera esencial del derecho a la defensa y al debido proceso.

 

Por lo cual, si la naturaleza del acto procesal implica, que para que se cumpla cabalmente el derecho a la defensa y al debido proceso, éste deba ser realizado exclusivamente cuando el tribunal despache, en virtud de que sólo así las partes pueden tener acceso al expediente o al juez para ejercer oportunamente -entiéndase de forma eficaz- su derecho a la defensa, indudablemente que los términos o lapsos procesales para la realización de tales actos se computarán en función de aquellos días en que el tribunal acuerde despachar.

 

En consecuencia, estima esta Sala que la aplicación del artículo 197, y como tal, el considerar para el cómputo de los términos o lapsos los días en que efectivamente despache el tribunal, no puede obedecer a que se esté ante un lapso o término “largo o corto”, sino en atención a que el acto procesal de que se trate involucre o de alguna manera afecte el derecho a la defensa de las partes; en contraposición a aquellos que con su transcurrir no lo involucren.

 

Así por ejemplo, el lapso procesal establecido para contestar la demanda o los términos o lapsos procesales establecidos para ejercer oposición a cualquier providencia judicial, deben ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache, en virtud de que la naturaleza de tales actos se encuentran vinculadas directamente con el derecho a la defensa y al debido proceso.

 

Por otro lado, también se puede mencionar que los términos o lapsos procesales establecidos para ejercer cualquier acto de impugnación ante el tribunal de instancia; tales como, recurso de hecho, recurso de queja, recurso de regulación de competencia o apelación, también deben ser computados por días en que efectivamente el tribunal despache.

En ese mismo orden de ideas, y en atención a los términos en que ha sido planteada la presente solicitud, esta Sala establece que, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, los lapsos para sentenciar así como el de prórroga contemplado en los artículos 515, 521 y 251 del Código de Procedimiento Civil, deben ser computados por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem.

 

El lapso para la formalización, contestación, réplica y contrarréplica del recurso de casación establecidos en los artículos 317 y 318 del mismo texto legal, deben ser computados por días calendarios consecutivos sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 eiusdem...” (Resaltado de la Sala)

 

De acuerdo a la jurisprudencia transcrita, se computarán los lapsos procesales, dependiendo de la naturaleza del acto procesal a realizar, por tanto, en aquellos casos en que de alguna manera se involucre o afecte el derecho a la defensa de las partes y al debido proceso, deben ser computados por días en que el tribunal despache, y los lapsos o términos para sentenciar a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva deben ser computados por días calendarios consecutivos.

 

En este sentido, la sentencia recurrida fue dictada, tempestivamente, por lo que, el Juzgador Superior por tratarse de una resolución de contrato de venta con reserva de dominio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley especial que rige esa materia, la sustanciación del asunto en la alzada se siguió con estricto apego a las reglas del procedimiento breve, previsto en el Código de Procedimiento Civil; y por tanto, aplicó el artículo 893 eiusdem, que prevé:

“En la segunda instancia se fijará el décimo día para dictar sentencia. En dicho lapso, que es improrrogable, sólo se admitirán las pruebas indicadas en el artículo 520”.

 

En el presente caso aprecia la Sala, que los lapsos procesales fijados por el Juzgado Superior fueron respetados y cumplidos a cabalidad, en relación con la aplicación del artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, y la jurisprudencia de la Sala Constitucional de los lapsos procesales, al establecer que se dictó sentencia en el juicio breve dentro de los diez (10) días consecutivos, contados a partir de la entrada de la causa a la segunda instancia y concedió los días de despacho para que las partes ejercieran sus recursos pertinentes.

 

Ahora bien, esta Sala de Casación Civil, en Sentencia Nº177, de fecha 31 de octubre de 2000, en el caso Angel Alberto Marrero León contra Martha Irania Guerra Cárdenas, expediente Nº00-806, en lo que se refiere al cómputo del lapso para el anuncio del recurso de casación, estableció lo siguiente:

 

“La naturaleza eminentemente preclusiva del lapso para el anuncio del recurso de casación, establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, impone que el mismo sea computado a partir del fenecimiento del lapso para dictarse sentencia definitiva del artículo 521 eiusdem, o en su caso, del vencimiento del único lapso de diferimiento de publicación de la sentencia previsto en el artículo 251 del mismo Código.

En cuanto al lapso para el anuncio del recurso de casación, estima la Sala que siendo de tal naturaleza eminentemente preclusiva, no puede ser susceptible de prórrogas, ni por anticipación ni una vez que el mismo haya vencido, por lo que los anuncios de tal recurso efectuados con anticipación a que el lapso haya empezado a correr, por no haberse agotado el lapso del artículo 521, no obstante la publicación de la sentencia, deben reputarse extemporáneos, al igual que aquellos efectuados vencido el mismo lapso.

La preclusión del lapso procesal para el anuncio del recurso de casación, se encuentra establecida en el encabezamiento del artículo 316, en el artículo 522 y el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, porque de acuerdo a la última disposición citada, el lapso para el anuncio del recurso de casación tiene predeterminado el momento de su comienzo y su agotamiento; en tanto que las restantes normas también citadas, se refieren respectivamente, a que no se proponga el recurso y a la falta de anuncio oportuno.”

 

Evidencia esta Sala, que en el presente caso el lapso para dictar sentencia, como bien lo estableció el Tribunal Superior, por ser un juicio breve, comenzó el día 19 de septiembre de 2001, por ser el día siguiente a la fecha cuando el ad quem recibió la causa. A partir de esa fecha inclusive se deben contar diez (10) días consecutivos, como lo establece el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, y dejar transcurrir ese término íntegramente. Dicho lapso venció en día 28 de septiembre de 2001 y la sentencia fue dictada oportunamente el día 27 del mismo mes y año. Por lo tanto, el lapso para anunciar el recurso de casación  comenzó a correr el día de despacho siguiente al vencimiento del lapso para dictar sentencia, que en autos fue el 1º de octubre de 2001, venciendo el lapso para el anuncio, tal como consta del cómputo realizado por el referido Tribunal, en el auto de inadmisión de fecha 23 de octubre de 2001, ut supra transcrito el 16 de octubre de 2001, por lo que resulta extemporáneo, por tardío, el anuncio del recurso de casación realizado por el representante judicial de la actora el 22 de igual mes y año.

 

En consecuencia, el recurso de casación anunciado con posterioridad al vencimiento del lapso pertinente es extemporáneo por tardío, razón suficiente para declarar sin lugar el presente recurso de hecho. Así se declara.

 

D E C I S I O N

 

            En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 23 de octubre de 2001, emanado del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, denegatorio, a su vez, del de casación anunciado contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2001, dictada por el referido Juzgado Superior.

 

Se condena en costas del recurso a la parte recurrente, de conformidad con la ley.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada   y  sellada en la  Sala  de  Despacho  de   la   Sala  de Casación  Civil  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en  Caracas,  a  los  treinta (30) días del mes de   abril del dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                Magistrado y Ponente,

 

                          

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. Nº:  2002-000047