SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

En el juicio por resolución de contrato de venta con reserva de dominio, intentado ante el Juzgado Decimoctavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y luego, dada la declaratoria de incompetencia, continuada ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, por la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil INVERSIONES VILLA CASTRO, C.A., representada judicialmente por las profesionales del derecho Ilva López Balza y Lina Teixeira Rodríguez, contra el ciudadano DIÓMEDES EZEQUIAS MÉNDEZ VÁSQUEZ, patrocinado judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Luís Eduardo Camposano Gómez, Over Ernesto Cipriani González, Jacqueline Claret Carmona Sánchez, Héctor Font Pardo, Morela Lezama Gorrín, Oswaldo Marquina Sánchez, Reinaldo González Vidal, Larry José Aquias Marcano y Dielixa Marlene Caballero Pacheco; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 25 de noviembre de 2003 mediante la cual declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de hecho interpuesto por el accionado contra la decisión proferida por el a quo el 16 de octubre de 2003 que negó por extemporáneo el recurso procesal de apelación, ejercido contra el fallo dictado por el tribunal de cognición el 2 de julio de 2003 que había declarado con lugar la demanda, condenando al demandado al pago de las costas procesales.

          Contra el precitado fallo, el accionado anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual se hace previa las siguientes consideraciones:

I

Ante cualquiera otra consideración, la Sala estima conveniente decidir preliminarmente acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto, en atención a su doctrina pacífica, reiterada y consolidada conforme con la cual estableció, que es en definitiva al Tribunal Supremo de Justicia al cual le corresponde hacerlo, no obstante haberlo admitido la instancia, facultad que se ejerce bien de oficio o a instancia de parte, cuando observare que la admisión se hizo violando los preceptos legales que regulan la materia. En este sentido, de resultar el auto de admisión del recurso de casación anunciado contrario a derecho, podrá la Sala revocarlo y, por vía de consecuencia, declarar inadmisible el recurso extraordinario; por tanto, no será necesario juzgar el problema sometido a consideración de esta Sala de Casación Civil.

Para decidir, la Sala observa:

Respecto a la cuantía necesaria para recurrir en sede casacional, la misma, hasta la publicación en Gaceta Oficial N° 37.942 de fecha 20 de mayo de 2004 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (como mas adelante se explicará), venía siendo regulada por el Decreto Presidencial Nº 1.029, vigente desde el 22 de abril de 1996; exigiéndose, desde entonces y hasta la publicación de la Ley Orgánica que rige a esta Máxima Jurisdicción, un monto que excediera los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) como interés principal del juicio, para permitir el acceso en casación.

En el sub iudice, la Sala constata que el anuncio del recurso de casación ocurrió el 8 de diciembre de 2003, por lo que se pasará a verificar el cumplimiento del requisito atinente a la cuantía con base al monto exigido en el señalado Decreto Presidencial N° 1.029, el cual dispone para las decisiones definitivas dictadas por los tribunales superiores en apelación de los juicios civiles, mercantiles y laudos arbítrales la cantidad que exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).

Ahora bien, de las actas que conforman el presente expediente, específicamente de la copia fotostática de la reforma del libelo de la demanda, certificada por el secretario del juzgado de primer grado, (cursante de los folios 37 al 40, ambos inclusive, de los que lo integran), se evidencia que el interés principal del juicio está estimado en la cantidad exacta de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,00), la cual debe considerarse como firme, pues no consta en autos el escrito de contestación, única oportunidad que tiene el demandado para impugnarla.

Por otra parte, el juez con competencia funcional jerárquica vertical, también, así lo determinó en el auto de admisión del recurso de casación, al expresar:

“...TERCERO: Que la cuantía del juicio que, por RESOLUCIÓN DE CONTRATO sigue INVERSIONES VILLA CASTA contra DIOMEDES EXEQUIAS MENDEZ es por la suma de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,oo), cuantía necesaria para recurrir en casación, de conformidad con el Decreto Presidencial Nº 1029 del 17.01.1996, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.884 del 22.01.1996...” (Mayúscula y negrilla del transcrito).

 

Sin embargo, no obstante señalar el ad quem lo anterior, yerra el sentenciador de alzada al reputar como suficiente el monto de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), para admitir el recurso extraordinario pues, para dar cumplimiento al referido Decreto Presidencial, vigente para la oportunidad en que se anunció dicho recurso, como se indicó, es requisito de impretermitible cumplimiento que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00)

En consecuencia, se concluye en que en el caso bajo análisis, la cuantía del presente juicio es inferior a la exigida por el mentado Decreto Presidencial Nº 1.029, lo que conlleva a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación anunciado, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

II

 

Sin desvirtuar la inadmisibilidad precedentemente declarada, la Sala en uso de sus atribuciones y con el ánimo de prestar la mayor seguridad jurídica a los justiciables, pasa a determinar cual es el monto actual exigido para la admisibilidad del recurso de casación y el momento desde que el mismo deberá ser exigido en atención a la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, supra referida:

Efectivamente, la cuantía que se viene exigiendo es la prevista en el tantas veces precitado Decreto Presidencial y cuya cantidad debía exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00); sin embargo, como consecuencia de la entrada en vigencia el 20 de mayo de 2004 de la citada Ley Orgánica que rige a esta Máxima Jurisdicción, antes comentada, dicha cantidad fue modificada tanto en su elemento de cálculo como en su incremento cuantitativo, pues en el aparte cuarto de su artículo 18, estableció:

“...Conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T)...”.

 

En aplicación del contenido de este artículo, el elemento de cálculo de la cuantía necesaria para la admisibilidad del recurso de casación, que conoce esta Sala por disposición del ordinal 41 del artículo 5 eiusdem, en concordancia con los artículos 312 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es la unidad tributaria, permitiendo de esta manera la actualización en el tiempo del monto a través de los índices que rigen la economía nacional emanados del Banco Central de Venezuela, y la suma exigida, es la que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) lo que significa que, teniendo en cuenta que hoy el valor de cada una de éstas, fijado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante providencia N° 0048 dictada el 9 de febrero de 2004 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.877 del 11 de febrero de 2004 lo es de veinticuatro mil setecientos bolívares (1 U.T. X Bs. 24.700,00), la cantidad debe exceder de setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000,00), constituyéndose éste en el monto requerido para acceder a casación.

Ahora bien, al igual que con aquel Decreto Presidencial N° 1.029, la Ley Orgánica que rige a este Supremo Tribunal omitió establecer a partir de cuál momento se aplica la nueva cuantía a los juicios en curso para determinar la admisibilidad del recurso de casación.

En aquella oportunidad, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, resolvió la temporalidad de la aplicación de la cuantía, mediante decisión N° 42, de fecha 30 de abril de 1996, expediente N° 96-002 RH, en el juicio intentado por María del Carmen Martín Maldonado y otras contra Carlos Bermúdez Mauriño y otra, en los siguientes términos:

“...El Código de Procedimiento Civil estableció, entre sus disposiciones transitorias, en el artículo 941, que los recursos interpuestos para la fecha de entrada en vigencia se regirán por el Código derogado. Tal regla, referida exclusivamente a la aplicabilidad de ese cuerpo legal, no lo es directamente a la resolución sobre la entrada en vigor de la nueva cuantía establecida por Decreto del Poder ejecutivo, sin embargo los principios que determinaron esa solución pueden orientar la decisión de esta Corte al respecto.

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, (hoy artículo 24 de la Constitución de 1999), las leyes de procedimiento se aplicará desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso. En desarrollo de la disposición constitucional, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil establece. ‘La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularan por la ley anterior.’ Así armonizó el legislador el principio de inmediata entrada en vigor de las leyes procesales con la prohibición de otorgar efectos retroactivo a la ley, excepto cuando imponga menor pena, contenido en el mismo artículo 44 de la Constitución.

En el supuesto del recurso ya interpuesto para la fecha de entrada en vigencia de la modificación de la cuantía, debe considerarse, además, el derecho de petición garantizado por el artículo 67 de la Constitución (hoy artículo 51 de la Constitución de 1999), de acuerdo al cual todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre asuntos que sean de la competencia de éstos y a obtener oportuna respuesta.

El presente recurso fue interpuesto en fecha 19 de septiembre de 1995, estando vigente la cuantía de más de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,oo), necesaria, conforme a los ordinales 1º y 2º del artículo 312, para la admisibilidad del recurso de casación. El pronunciamiento sobre la admisión del recurso, es un efecto no verificado todavía de su anuncio, por lo cual de acuerdo al citado artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, se rige por la ley anterior.

Por otra parte, si bien el ejercicio del recurso de casación no implica, de acuerdo a las tendencias actuales del derecho procesal, el ejercicio de una nueva acción, constituye una petición dirigida a un funcionario público, por lo cual con su interposición nace a favor del recurrente un derecho subjetivo de rango constitucional, a obtener respuesta, el cual sería vulnerado si se considerase que una modificación posterior a la interposición del recurso, de la cuantía necesaria para su admisión, lo haría inadmisible.

Por tanto, la solución legal y constitucionalmente apropiada resulta idéntica a la dada por el legislador en el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil: Los recursos ya interpuestos para la fecha de entrada en vigor de la nueva cuantía se regirán por la cuantía establecida en el Código de Procedimiento Civil...”. (Subrayado, cursivas y negrillas de la Sala).

 

El texto trasladado ofreció la solución, en el entendido que la fecha del anuncio del recurso de casación es la determinante de la cuantía requerida, solución que acoge la Sala en esta oportunidad, inclusive a los fines de armonizar dicho criterio, para los casos que versen sobre decisiones dictadas en reenvío, para establecer que la nueva cuantía que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T), requerida para determinar la admisibilidad del recurso de casación, será exigida en aquellos casos en que el anuncio del referido recurso extraordinario se haya formulado desde el 20 de mayo de 2004 (inclusive); mientras que, en aquellos asuntos en que el recurso se haya anunciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el requisito de la cuantía se examinará conforme con el monto que se venía exigiendo conforme al citado Decreto Presidencial 1.029, es decir, en la cantidad que exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Así se decide.

DECISIÓN

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación anunciado y formalizado por el accionado contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2003 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se REVOCA el auto de fecha 9 de enero de 2004, por vía del cual el juzgado con competencia funcional jerárquica vertical admitió dicho recurso extraordinario.

No hay condenatoria al pago de las costas del recurso en razón a la naturaleza de lo decidido.

Publíquese regístrese y remítase el expediente al tribunal de cognición, Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya identificado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días  del  mes  de agosto de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala-Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

El Vicepresidente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

El Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2004-000037.