SALA DE CASACION CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio por cobro de bolívares iniciado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas seguido por BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., representada por el abogado NOBIS FELICIA RODRÍGUEZ R, contra de las sociedades mercantiles INVERSORA KILÓMETRO 5 C.A. e INVERSIONES ALDACA C. A. representadas por los abogados FEDERIDO CARMONA G., ARMANDO CARMONA G., LUIS MIGUEL OTERO y LAURA PROVENZANO R.; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, dictó sentencia el día 23 de diciembre de 1999, en la cual declaró con lugar la apelación de la parte demandada, sin lugar la apelación de la parte demandante y prescrita la acción.

 

Contra este fallo de alzada la parte demandante anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue formalizado oportunamente. Hubo impugnación, réplica y contraréplica.

 

Cumplidos los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las siguientes consideraciones:

 

CASACION DE OFICIO

ÚNICO

 

Con fundamento en la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de fecha 24 de febrero de 2000, en la que se expresa que la Sala podrá casar de oficio los fallos sometidos a su consideración, para lo cual sólo es necesario que se detecte en ellos infracción de orden público y constitucionales como lo señala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose siempre, a los postulados del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se hacen las siguientes consideraciones:

 

La recurrida desechó la pretensión ejercida por la parte actora por considerar que se consumó el lapso de prescripción de la acción, utilizando como base el cómputo del lapso de la prescripción decenal, computándolo a partir de la autenticación del documento contentivo de la obligación, hasta la fecha de registro del libelo de la demanda.  En efecto,  la recurrida expresó en su parte pertinente lo siguiente:

"...En lo que respecta a la prescripción decenal prevista en el artículo 1977 (sic) del Código Civil, el tribunal observa: Alega la parte demandada el transcurso de más de diez años contados desde la fecha de otorgamiento del documento, hasta la fecha de interposición de la demanda que supuestamente interrumpe la prescripción, asimismo asienta que la mencionada demanda no surte el efecto de interrumpir la prescripción dado que:

-En el Juzgado Quinto de Primera Instancia no aparece la demanda, por lo cual el Tribunal no podía admitir una demanda que no le había sido presentada.

-En el auto de admisión de la misma no se acuerda la habilitación de todo el tiempo necesario, lo cual hace que no sea posible determinar si el auto se dictó oportuna o inoportunamente.

-La copia certificada de la sentencia no cumple con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Registro Público, según el cual, si la copia excede de dos folios se debe colocar el número de folios, so pena de qedar (sic) viciada de nulidad.

Visto el alegato del demandado el Tribunal observa: Se evidencia de las actas que componen el presente expediente, específicamente de los folios 1 al 11 corre inserta la demanda que por Cobro de Bolívares incoara el Banco Industrial de Venezuela contra la Sociedad Mercantil Inversora Kilómetro 5, la cual fue debidamente admitida en fecha 1-12-94, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, por lo tanto, la demanda si (sic) existe, si (sic) fue presentada y además si esta (sic) debidamente admitida, en consecuencia, se desestima el alegato del demandado según el cual la demanda no tiene valor interruptivo de la prescripción decenal.

Ahora bien, observa quien decide que igualmente alego (sic) el demandado el transcurso de mas de diez años contados desde la fecha de autenticación del documento hasta la presentación y posterior admisión de la demanda. A este respecto quien decide observa: La prescripción decenal se consuma una vez hayan transcurrido diez años contados desde la fecha del nacimiento de la obligación, esto es, en caso de documento privado, desde la fecha de su autenticación, contado dicho lapso por días enteros, según lo establece el artículo 1975 (sic) del Código Civil. Asimismo se requiere que el lapso transcurra (sic) sin que ninguna causa de suspensión o interrupción de la prescripción lo afecte.

Circunscribiéndonos entonces al caso de autos, de los folios 9 al 10 corre inserto el documento constitutivo de la demanda, en el cual se evidencia fecha de otorgamiento 3 de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (3-12-82).  En consecuencia, de la simple revisión del expediente se desprende que desde la fecha de autenticación del documento 3-12-82, hasta la fecha de admisión de la demanda (promovida al efecto de interrumpir la prescripción) 1-12-94, y más aún (sic) desde la fecha de otorgamiento del documento hasta la fecha del registro de la mencionada demanda, a saber, 2-12-94, han transcurrido más de 10 años, en ambos casos, contados por días enteros, por lo tanto, la obligación principal se encuentra prescrita y así formalmente se declara..."

De la transcripción parcial de la recurrida se observa que la misma concluyó en la prescripción de la acción, resolviendo una cuestión jurídica previa, sin embargo, no fue debidamente fundamentada con el pronunciamiento jurídico correspondiente. Así, se evidencia que la recurrida concluye que la prescripción ha de computarse desde el día del nacimiento de la obligación, sin apoyar tal determinación en una norma jurídica expresa, careciendo el pronunciamiento del requisito de motivación establecido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 12 de abril de 1989, estableció el siguiente criterio en cuanto a la inmotivación:

"...Reiterada y pacífica es la doctrina de este Alto Tribunal, por la cual se ha determinado que vicio de inmotivación de la sentencia, comprende estas diversas modalidades: a) La sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho en que pueda sustentarse su dispositivo; b) las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual, los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos de la litis, deben ser tenidos como inexistentes; c) los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos, y, d) los motivos son tal vagos, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la Casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su fallo.

Tal doctrina antes expuesta, se completa con aquélla también reiterada y pacífica, según la cual, la motivación que se considere errónea, o bien, la motivación exigua, no constituyen, en ningún caso falta de motivación, porque, errónea o exigua, no hay carencia o falta de motivación, lo que propiamente es el vicio formal de la sentencia cuando se incurre en inmotivación. (...)

En el derogado artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, no existía mención expresa de que la sentencia debe contener los fundamentos de derechos, como aparece en el ordinal 4º del artículo 243 del Código vigente, y, tal como lo pauta el ordinal 4º del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil italiano, norma esta última que es su antecedente literal inmediato, al prescindirse asó de la castiza redacción del texto derogado.

Empero, considera la Sala que no puede ni debe entenderse el cumplimiento de tal exigencia, con la simple cita de los artículos aplicados para resolver la controversia, sino que a tal locución, fundamentos de derecho, debe dársele el sentido amplio el cual permita incluir en ella, no solo la simple cita del número de un artículo de determinado Código o Ley, sino además, cualquier comentario, glosa, interpretación o referencia de las normas de derecho aplicadas para resolver la controversia, así como también de doctrina o la jurisprudencia existente en torno a dicha norma aplicada..."

 

Con el anterior criterio, se persigue que a través de su cumplimiento que se pueda conocer con claridad, el criterio jurídico que siguió la recurrida para dictar el fallo y llegar a la conclusión que expuso en el dispositivo, que en el presente caso, fue la declaratoria de prescripción.

Ahora bien, se observa en la recurrida que después de establecer un cálculo, partiendo de la fecha de autenticación del documento, concluyó que la acción se encontraba prescrita por haber transcurrido más de diez años desde la fecha en que se suscribió o autenticó el documento contentivo de la obligación,  hasta la fecha de interposición de la demanda o de su registro. No se fundamenta la recurrida en ningún criterio jurídico o ley aplicable para arribar a tal conclusión, por lo que considera esta Sala que incurrió en una total inmotivación de derecho al proferir el fallo, infringiendo el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, norma de orden público que debe regir la conducta de los juzgadores al dictar  los fallos.

Debe observarse, adicionalmente que en reciente sentencia dictada por este Máximo Tribunal, en fecha 03 de agosto de 2000, con ponencia del Dr. Franklin Arrieche G., en el caso que por cobro de bolívares siguió Banco Industrial de Venezuela contra  Inversiones Aldaca C.A. e Inversiones Kilómetro 5 C.A., siendo las mismas partes que en el presente juicio, se estableció lo siguiente:

"...La prescripción comienza a contarse, 'a partir del día del cual puede ser ejercitada la acción por el acreedor' (Henry, León y Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen III, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, pág. 418) (...)

La presunción legal indica que el término o plazo estipulado en el contrato, debe entenderse establecido en beneficio del deudor. Si bien el contrato de préstamo presenta ambigüedad en cuanto al criterio de los términos, por una parte de dos años para el pago de la obligación completa, y por otra los vencimiento semestrales y consecutivos de las cuotas, el beneficio para el deudor radica en el mayor tiempo disponible para el cumplimiento voluntario de su obligación, es decir, en el caso bajo estudio el plazo mayor de dos años y no los vencimientos semestrales. Esta interpretación, va a tono con el principio de indivisibilidad del pago estipulado en el artículo 1252 (sic) del Código Civil, el cual establece que, 'aún cuando una obligación sea divisible, debe cumplirse entre el deudor y el acreedor como si fuera indivisible'. La norma evita que el acreedor de una suma de dinero se le obligue a recibir pagos parciales o abonos..."

                     Por tanto, la recurrida ha debido señalar, de acuerdo a la doctrina antes citada, el fundamento de derecho que justificare el inicio y el final del lapso de prescripción que considerò presente en el caso concreto, lo que al haberse omitido implica la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se CASA DE OFICIO el fallo recurrido de fecha 23 de diciembre de 1999, por inmotivación de derecho a consecuencia de la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que deberá dictarse nueva decisión en la que se omita la infracción denunciada y que establezca conforme a la ley, los motivos que justifiquen las fechas  necesarias al cómputo de la prescripción .

Como consecuencia del pronunciamiento realizado, no entra la Sala a analizar el recurso de casación formalizado por la parte demandante, el cual no tiene conexión con el vicio detectado.

DECISION

Por las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela  y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de diciembre de 1999, proferida en el juicio por cobro de bolívares iniciado por BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, en contra de las sociedades mercantiles INVERSORA KILOMETRO 5 C.A. e INVERSIONES ALDACA C.A. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Juzgado Superior que resulte competente dicte nueva sentencia en la que corrija el vicio detectado.

No hay pronunciamiento sobre costas dada la índole de la decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

    

    Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación   Civil del  Tribunal  Supremo de   Justicia,  en  Caracas,     a    los  dos ( 02 ) días del mes de  agosto   del dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.                                                 

 

El Presidente de la Sala,

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                    El  Magistrado Ponente,

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

                                                                              

                                   

La Secretaria,

 

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

RC. Nº. 00-243

AA20-C-2000-000070