SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado TULIO ÁLVAREZ LEDO.

 

 

                   En el juicio por rendición de cuentas seguido por HUMBERTO JOSÉ AZZALIN GHINI, representado por los abogados Teresa Morillo Nader, Nelson Cabello Mata, Octavio Alfredo Frías, Ivellie Figueroa y Aida Álvarez, y ante esta Sala por Oswaldo Lafée contra MERKAPARK C.A., representado por el abogado Joaquín Murena Wander-Viestel; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, dictó decisión el 21 de febrero de 2003 mediante la cual declaró sin lugar la apelación intentada por la parte actora, inadmisible la demanda y condenó en costas a la parte actora por haber resultado totalmente vencida.

 

Contra la referida sentencia de la alzada la parte actora anunció recurso de casación, que fue admitido mediante auto de fecha 17 de marzo de 2003, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación y réplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

                                 

I

 

De conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil el formalizante denuncia la infracción de los artículos 206 y 211 del mismo Código por falta de aplicación.

 

 

Alega el formalizante que el juez de la recurrida anuló el auto de admisión al declarar inadmisible la demanda, sin anular los demás actos cumplidos en la secuela del juicio, a pesar de que ello debía ser consecuencia directa de la anulación del referido auto de admisión.

 

                    Indica, que el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio de nulidad de los actos posteriores al anulado cuando éste sea esencial para su validez, por lo cual considera que el juez de la recurrida tenía la obligación de anular igualmente todos los actos del proceso, y al no hacerlo infringió el mencionado artículo por falta de aplicación.

 

Adicionalmente, expresa que por las mismas razones el ad quem  infringió el artículo 206 eiusdem por falta de aplicación, ya que de conformidad con lo previsto en esta disposición ha debido “corregir las faltas que puedan anular cualquier acto procesal”, por ser claro que “la falta que le sirvió de base al juez para anular el auto de admisión es el fondo lo que también, por vía de consecuencia, hace nulos los actos posteriores”.

 

Por último, solicita a este Alto Tribunal que case sin reenvío la recurrida porque a su entender es fuente de confusiones que necesitan ser aclaradas mediante un pronunciamiento de la Sala,  puesto que el juez de alzada no declaró la nulidad de la sentencia apelada sino que la modifica, “lo cual no es cierto, pues en realidad aquello quedó sin efecto de acuerdo con los razonamientos precedentes”.

 

Para decidir, esta Sala observa:

 

El problema planteado por el formalizante se refiere a la ineficacia de la sentencia impugnada por la falta de pronunciamiento en torno a la validez de los actos subsiguientes a aquél que se anuló, esto es, al  declarar el ad quem la nulidad del decreto de intimación y no pronunciarse acerca de los demás actos del proceso.

 

Ahora bien, el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, comprende como primer motivo de casación el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa, en sus dos modalidades: a) Por reposición no decretada y, b) Por reposición mal decretada, supuesto que puede ser denunciado por primera vez en casación, si ella fue ordenada por el Juez de alzada.

 

                   En el presente caso el formalizante denuncia la infracción de los artículos 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil a través de un recurso por infracción de ley, lo cual es incorrecto, pues las referidas normas se corresponden con el planteamiento del vicio de indefensión por reposición mal decretada o preterida.

 

En este sentido, la Sala ha establecido lo siguiente:

 

“…Las cuestiones relativas a la nulidad de los actos procesales constituyen motivo de casación por error in procedendo que debe ser encuadrado en el primer caso del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas procesales en infracción del derecho de defensa, tanto al no reponer el Juez de Alzada la causa al estado de que se subsane el error, como en la presente situación, en la cual se imputa al Superior ordenar una reposición improcedente.

 

Bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, uno de los motivos taxativos de casación era la denominada reposición preterida, así:

 

Artículo 421.- El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede en los casos siguientes:

 

(omissis)

 

2º.- Cuando, debiendo haberse decretado la reposición en la sentencia contra la cual se recurre, no se hizo así a pesar de la solicitud de la parte recurrente, la cual podrá alegar dicho quebrantamiento, aunque no hubiere pedido la reposición, si la materia fuere de orden público, y no obstante su consentimiento.”

 

La redacción de la norma excluía la reposición mal decretada, la cual, conforme al criterio entonces imperante, debía ser denunciada como infracción de ley.

 

El correspondiente motivo de casación en el Código de Procedimiento Civil vigente no es casuístico, sino genérico, y dentro del concepto legal de quebrantamiento de formas procesales en infracción del derecho de defensa quedan comprendidas ambas situaciones...”.

 

Aunado a ello, la Sala advierte que el artículo  211 del Código de Procedimiento Civil cuya infracción por falta de aplicación fue alegada por el recurrente, es una disposición que obliga al juez a declarar sólo la nulidad del acto írrito  y le ordena abstenerse de reponer la causa cuando el acto nulo no sea esencial para la validez de los subsiguientes; por esa razón, su violación sólo puede ser delatada a través de una denuncia de reposición preterida o mal decretada por tratarse de una regla que regula los actos del proceso, más no en sustento de falsa aplicación y falta de aplicación de normas procedimentales, en las que no se puede revisar las actas del expediente para verificar el quebrantamiento de la forma procesal, sino examinar lo expuesto por el juez en su fallo.

 

Por estas razones, la Sala desestima la denuncia de infracción de los artículos 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

ii

 

                   De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código

 

 

de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 281 y 274 eiusdem por falsa aplicación.

 

                   Alega, que la recurrida dictó una sentencia definitiva formal mediante la cual se limitó a anular el auto de admisión de la demanda sin resolver la controversia con base a los fundamentos de la oposición a la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, plantea que el ad quem declaró sin lugar la apelación y señaló en su dispositivo que quedó modificada la sentencia de primera instancia, razón por la cual debió eximir a su representado de la condena en costas del recurso de apelación, puesto que no confirmó en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada.

 

                   Por esta razón, sostiene que la recurrida aplicó indebidamente el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, ya que esta norma establece que no habrá lugar a la condena en costas del recurso de apelación cuando la sentencia no haya sido confirmada en todas y cada una de sus partes.

 

                   Para decidir, la Sala observa:                  

 

                  La sentencia recurrida en apelación declaró con lugar la oposición a la rendición de cuentas fundada en la falta de cualidad de la accionante. La parte actora apeló de esa decisión del a quo, y el juez de alzada, basándose en el citado alegato de falta de cualidad expuesto en el escrito de oposición a la rendición de cuentas, declaró inadmisible la demanda al no haber sido solicitada la rendición por la asamblea de accionistas. Fue con base en ese razonamiento que el juez de la recurrida condenó en costas del proceso y del recurso de apelación a la parte actora pues a su juicio resultó vencida totalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil..

 

                   El artículo 274 del Código de Procedimiento Civil dispone que procede la condena en costas si la parte es vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, y el artículo 281 establece que deben ser impuestas las costas a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes. La primera regula la condena en costas del proceso, y la segunda la del recurso de apelación.

 

                   Al respecto,  la Sala ha indicado que por costas del proceso debe entenderse todos los gastos ocasionados como consecuencia de las actividades de las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales, desde que comienza hasta que termina, siempre que consten en el expediente respectivo; y las costas del recurso comprenden los gastos causados con motivo de la utilización del medio de impugnación ejercido contra una providencia o decisión. (Sent. 20/8/03, Restaurant Churuatas El Estero, c.a., contra Administradora Caliker, C.A.).

 

                    Para determinar cuando existe vencimiento total, es necesario que el demandado sea absuelto totalmente o el actor obtenga en la definitiva todo lo que pide en el libelo de demanda; lo único que debe tenerse en cuenta para determinar el vencimiento total a los fines de la condena en costas es la correspondencia de la acción deducida con el dispositivo de la sentencia definitiva.

 

                   En el  caso in comento, el dispositivo de la recurrida es del siguiente tenor:

 

“...PRIMERO.Sin lugar la apelación interpuesta por la abogada TERESA MORILLO NADER, en su condición de apoderada del ciudadano HUMBERTO JOSÉ AZZALIN GHINI, contra la sentencia de fecha 16 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de esta Circunscripción Judicial, con sede en Punto Fijo, mediante la cual declaró con lugar la oposición promovida por la sociedad de comercio MERKAPARK, C.A., con motivo del juicio que por rendidión de cuentas, fundada en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, incoara contra aquella el apelante, modificándose el fallo apelado en los términos establecidos en la presente sentencia.

SEGUNDO: Se declara inadmisible la demanda intentada por el ciudadano HUMBERTO JOSÉ AZZALIN GHINI  contra MERKAPARK, C.A., por los motivos que quedan establecidos.

 

TERCERO:     De conformidad con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil se condena en costas a la parte demandante..." (Negritas de la Sala).

 

 

                   Como puede observarse de la anterior transcripción, la alzada declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte actora e inadmisible la demanda, es decir, la parte demandada fue absuelta totalmente y, por consiguiente, el actor  resultó completamente vencido en el presente proceso, lo que evidencia que la recurrida subsumió acertadamente los hechos establecidos en el supuesto del citado artículo 274 para resolver lo relativo a las costas del proceso.

 

Por otra parte, la Sala considera que no es posible eximir a la parte actora del pago de las costas del recurso de apelación, puesto que a pesar de que la sentencia dictada en segunda instancia modificó la decisión de primer grado al declarar inadmisible la demanda, la parte actora resultó totalmente vencida en el ejercicio del recurso de apelación.

 

                   Por estas razones,  se desestima  la  denuncia de infracción

 

 de los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

                                     

D E C I S I Ó N

 

 

 

                  En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia dictada en fecha 21 de febrero de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro.

 

 

                                    Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente en costas.

 

                                    Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Punto Fijo. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya indicado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil tres. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala,

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

El Vicepresidente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado Ponente,

 

 

                              

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TULIO ALVAREZ LEDO 

 

El Secretario,

 

 

 

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Enrique Durán FERNÁNDEZ

 

 

Exp. N° AA20-C-2003-000340