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En el juicio por resarcimiento de daños y
perjuicios, intentado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, por la sociedad de comercio que se distingue con la denominación
mercantil PALTEX, C.A., patrocinada
judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Marlene Armas
Urbaez, Mercedes Molina Velasco y Khalet Gebara Gadieh, contra la empresa ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A.,
representada judicialmente por los profesionales del derecho Antonio José
Puppio González, Carlos Humberto Cisneros Yépez y Aymara Araujo Marín; donde
figura como citada en garantía la institución financiera C.A.V. SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A., representada por
los profesionales del derecho Oscar E. Ochoa, Luis F. Álvarez de Lugo A.,
Alvaro González Ravelo, Judith Ochoa Seguías, David Sanoja Rial, José Pedro
Barnola Díaz y Mónica Ortiz Viloria; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó
sentencia definitiva en fecha 16 de mayo del 2001, declarando con lugar los
recursos procesales de apelaciones ejercidos por los apoderados de la demandada
y de la prenombrada institución citada en garantía; revocando, por vía de
consecuencia, la decisión apelada y declarando sin lugar la pretensión por
lucro cesante y la cita en garantía propuesta, por considerarla improcedente en
virtud de la inexistencia de daño alguno que resarcir. No hubo condenatoria al
pago de las costas procesales.
Contra el referido fallo, la accionada y la
accionante, anunciaron recurso extraordinario de casación, formalizados en
fechas 25 y 28 de septiembre del 2001, respectivamente. Hubo una impugnación
contra el primero, y dos contra el segundo. Réplica sólo contra las
impugnaciones del recurso de casación formalizado por la accionante y la
correspondiente contrarréplica, a cargo de la representación de la empresa
citada en garantía.
Concluida la
sustanciación, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la
ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, y lo hace previa a
las siguientes consideraciones:
PUNTO PREVIO
I
El escrito de
complemento a la formalización del recurso extraordinario de casación,
presentado por la accionante, PALTEX, C.A., fue consignado ante la Secretaría
de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 1º de
octubre del 2001, es decir, con posterioridad al vencimiento del lapso
concedido a tal fin por nuestra legislación, el cual precluyó en el presente
caso, el día 28 de septiembre del 2001; por tal motivo, dicho escrito no será
considerado ni analizado por esta Sala a los efectos de la decisión que al
efecto se dictará de seguida. Así se decide.
II
La Sala debe
aclarar el orden en que conocerá los escritos de formalización presentados, en
este sentido, expresa que el análisis de los mismos se hará de acuerdo con el
orden de consignación, es decir, en primer término, conocerá de las denuncias
por defecto de actividad del escrito de formalización presentado en fecha 25 de
septiembre del 2001, por la sociedad de comercio ALMACENADORA LA GUAIRA C.A.;
en caso de no existir o no prosperar ninguna de ellas, procederá al análisis de
las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado
por la demandante, la sociedad mercantil PALTEX, C.A., en fecha 28 de
septiembre del 2001; de no prosperar ninguna de las denuncias de actividad,
conocerá el recurso por infracción de ley de cada uno de los escritos, siempre
en el orden de presentación.
RECURSO DE CASACIÓN POR
DEFECTO DE ACTIVIDAD INTENTADO POR PALTEX, C.A.
I
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del
artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del
ordinal 5º del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos
12 y 244 del mismo Código.
Al respecto, alega el formalizante:
“...La sentencia recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa al haber silenciado
inexcusablemente el examen íntegro de la controversia conforme a los términos
en que está quedó planteada. En efecto, en el libelo de la demanda y su
reforma, se aprecia claramente que la pretensión ejercida con ocasión del
presente juicio versa sobre la reclamación de indemnización por los conceptos
fundamentales, a saber: i) la indemnización por los daños materiales sufridos a
un bien propiedad de la parte actora; y ii) el lucro cesante derivado de la
inhabilidad de dicho bien para servir al fin económico al cual estaba
destinado...
Ahora bien, durante la secuela del procedimiento mi representada
desistió de la demanda con respecto a uno de los litisconsortes pasivos
facultativos, lo que hizo que la pretensión, esto es, ambas reclamaciones,
quedara trabada tan solo con respecto a la
sociedad de comercio ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A. Por lo tanto, conforme
a los términos en que se propuso la demanda, la recurrida debía pronunciarse
expresamente con respecto a la procedencia en derecho de la indemnización
reclamada por daños materiales así como respecto a la relativa al lucro
cesante.
No obstante lo anterior, de manera censurable la recurrida omitió todo
pronunciamiento con respecto a la primera de las reclamaciones propuestas
contra la sociedad de comercio ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A., negándola o
admitiéndola, lo que hace que haya infringido lo dispuesto en el ordinal 5º del
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil al no haberse pronunciado con
respecto a la pretensión y defensas ejercidas, asimismo infringió lo dispuesto
en el artículo 12 del mismo Código pues no resolvió la controversia conforme a
lo alegado por las partes, por lo que solicito que se le case con todos los
pronunciamientos de ley.
Con su errado proceder, la recurrida infringió el artículo 12 del
Código de Procedimiento Civil, al no atenerse a lo alegado en autos, y también
el ordinal 5º del artículo 243 del mismo Código, al no dictar una decisión
expresa, positiva y precisa con arreglo
a los términos en que quedó trabada la controversia y, especialmente, de acuerdo al importante alegato hecho valer en
los informes en segunda instancia.
Por las razones expuestas, solicito a la Sala que declare con lugar
esta denuncia de forma, y case la sentencia recurrida aplicándole la sanción de
nulidad que establece el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil...”.
La Sala para decidir, observa:
Respecto al
vicio de incongruencia negativa, esta Sala se pronunció en sentencia Nº 15, de
fecha 17 de febrero del 2000, con Ponencia del Magistrado que con tal
carácter suscribe ésta, (caso: Abed José Valbuena Bello contra la
sociedad mercantil Seguros Nuevo Mundo, S.A.), expediente Nº 99-291, señalando
lo siguiente:
“...Se ratifica doctrina de la Sala donde se estableció que la
incongruencia negativa, resulta del no pronunciamiento por parte del juez, de
aquellos elementos de hecho que materialmente forman el problema judicial
debatido, conforme a los términos en se explanó la pretensión y contradicción...”.
En el caso bajo
decisión, el formalizante alega que la sentencia dictada por el Jugado de
Segundo Grado incurrió en el citado vicio de incongruencia negativa, al omitir
todo pronunciamiento y decisión a la reclamación por daños materiales
intentada, en virtud del desistimiento de la acción contra la empresa SEGUROS
PAN AMERICAN C.A., sin considerar para ello que, en todo caso, la reclamaciones
de daños materiales y lucro cesante desde el inicio estuvieron dirigidas contra
las dos empresas demandadas, ALMACENADORA LA GUAIRA C.A. y SEGUROS PAN AMERICAN
C.A., por ende, el desistimiento de la acción contra una de estas en nada
afectaba la acción contra la otra.
Sobre el punto
en cuestión, la sentencia recurrida en su parte pertinente, textualmente
señaló:
“...Observa esta alzada, que como consecuencia de la homologación del
desistimiento de la acción contra SEGUROS PAN AMERICAN, decretada por el
Tribunal de la Causa, en fecha 15 de julio de 1998, en virtud de que la
mencionada empresa de seguros procedió a indemnizar a la demandante por la
pérdida sufrida de la mercancía asegurada consistente en una máquina Sierra 1F
para aserrar madera de cinta, por la suma de CATORCE MIL SESENTA Y DOS DOLARES
CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR ($ 14.062,50) cuyo equivalente para la época de
la indemnización era de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 7.734.375,oo); quedó resarcido el
daño alegado como sufrido por la empresa reclamante, por lo que a partir de
allí, la demanda se circunscribe al pago del lucro cesante alegado por la
demandante, tanto en el primer escrito libelar, como en su reforma...”.
Del extracto de
la recurrida transcrito con precedencia, queda evidenciado que, en modo alguno,
la sentencia recurrida omitió el debido pronunciamiento sobre la reclamación
por daños materiales formulada por la accionante, pues como bien puede
apreciarse, el Tribunal de Segundo Grado consideró que los daños materiales
reclamados fueron debidamente resarcidos por la empresa SEGUROS PAN AMERICAN
C.A., y fue esta la razón de base para que a partir de ese momento, el
mencionado Tribunal circunscribiera su decisión únicamente a la reclamación por
el concepto de lucro cesante.
En consecuencia,
esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta
incongruencia negativa del fallo recurrido, fundamentada en infracción del
ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia
con los artículos 12 y 244 del mismo Código. Así se decide.
II
De conformidad
con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del mismo
Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de
inmotivación.
Al respecto,
alega el recurrente:
“...La recurrida incurrió en el vicio de inmotivación al omitir dar las
razones por las cuales declaró sin lugar la demanda en lo que respecta a la
reclamación propuesta por mi representada contra la sociedad de comercio
ALMACENADOIRA LA GUAIRA, C.A. con ocasión a los daños materiales sufridos por
el bien propiedad de mi representada y que se encontraba bajo su guarda...”.
Para decidir,
la Sala observa:
El propósito de
la motivación de todo fallo es llevar al ánimo de las partes la justicia de lo
decidido y, además, permitir el control de la legalidad de la sentencia.
En el caso sub iudice, el formalizante alega
inmotivación del fallo recurrido, en lo que respecta a los fundamentos que
avalaron la declaratoria de improcedencia de la reclamación planteada por daños
materiales.
A este respecto,
ya se señaló en la oportunidad de analizar y decidir la anterior delación, la
parte pertinente de la sentencia recurrida señaló sobre el particular, lo
siguiente:
“...Observa esta alzada, que como consecuencia de la homologación del
desistimiento de la acción contra SEGUROS PAN AMERICAN, decretada por el
Tribunal de la Causa, en fecha 15 de julio de 1998, en virtud de que la
mencionada empresa de seguros procedió
a indemnizar a la demandante por la pérdida sufrida de la
mercancía asegurada consistente en una máquina Sierra 1F para aserrar
madera de cinta, por la suma de CATORCE MIL SESENTA Y DOS DOLARES CON CINCUENTA
CENTAVOS DE DÓLAR ($ 14.062,50) cuyo equivalente para la época de la
indemnización era de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 7.734.375,oo); quedó resarcido
el daño alegado como sufrido por la empresa reclamante, por lo que a
partir de allí, la demanda se circunscribe al pago del lucro cesante alegado
por la demandante, tanto en el primer escrito libelar, como en su reforma...” (Subrayado y negrillas de
la Sala).
Lo anterior
permite evidenciar la motivación brindada por el sentenciador de alzada, para
declarar la improcedencia de la demanda en lo relativo a los daños materiales
reclamados por la accionante, pronunciamiento que además, permite controlar la
legalidad del fallo en lo que respecta al asunto debatido en la presente
denuncia; por lo tanto, si el recurrente se encontraba disconforme con la
motivación brindada por la recurrida sobre el particular, ha debido cuestionar
el fondo de la misma a través de la correspondiente denuncia por infracción de
ley.
Por lo antes
expuesto, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta
inmotivación del fallo recurrido, fundamentada en la violación del ordinal 4º
del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se resuelve.
III
De conformidad
con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4º del artículo
243 eiusdem, por considerar el
formalizante que la sentencia de alzada incurrió en el vicio de inmotivación
por contradicción.
Al respecto,
alega el recurrente:
“...La recurrida incurrió en contradicción en los motivos al establecer
que la máquina propiedad de mi representada que se encontraba bajo la guarda de
la sociedad de comercio ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A. y que sufriera daños
estaba destinada a la producción del objeto social de la compañía y, al mismo
tiempo, negar que se produjera lucro cesante a la sociedad demandada por cuanto
dicha máquina al no haberse puesto en funcionamiento no puede concebirse que
resultare productiva para mi representada y, en consecuencia, no es posible
reclamar lucro cesante.
En efecto, al folio 14 de la recurrida se lee lo siguiente:
‘Observa esta alzada que ciertamente, de la lectura de las actas
transcritas y de las demás que rielan en el expediente se desprende que la
misma aserradora ampliamente descrita, que fuera transportada desde Brasil a
Venezuela, y la cual sufriera daños al ser trasladada en el montacargas al
encontrarse en ALMACENADORA LA GUAIRA sería destinada para la producción con
relación al objeto social de la empresa demandante’.
Por su parte, al folio 15 de la recurrida se lee lo siguiente:
‘En consecuencia, se deduce que por cuanto la máquina era adquirida por
primera vez y aún no había sido instalada en los predios de la empresa, su
productividad era un beneficio aún no calculado, lo que si hubiese podido ser
posible si la máquina que sufrió el daño que nos ocupa hubiese estado destinada
a sustituir otra máquina exactamente igual o parecida que cumpliera las mismas
funciones y sobre la cual ya la empresa en cuestión, lógicamente tendría
elaborado un estado de contabilidad para calcular ganancias y pérdidas ciertas
y determinadas’.
Como se aprecia de los párrafos transcritos, constituye una evidente
contradicción que por una parte se establezca que una determinada máquina esté
destinada a la producción del objeto social de mi representada, que dada su
naturaleza jurídica se presume que procura el lucro en sus actividades y que,
al mismo tiempo, se diga que no es procedente la reclamación de lucro cesante,
a pesar de darse por establecido el hecho del daño causado por la sociedad de
comercio ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A. a dicha máquina, por cuanto la misma aún
no se la había puesto a producir...”.
La Sala para resolver, observa:
La doctrina de
esta Sala ha explicado de manera sostenida que una sentencia es inmotivada
cuando se haya incursa en algunas de las siguientes causales: 1) Que no
contenga materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho en que pueda
sustentarse el dispositivo; 2) Que las razones expresadas por el sentenciador
no tengan relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o
defensas opuestas; 3) Cuando los motivos se destruyan los unos a los otros por
contradicciones graves e inconciliables; y, 4) Cuando los motivos sean tan
vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos, que impidan conocer el criterio
jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión.
En la denuncia
bajo análisis, el formalizante alega que la recurrida incurrió en la modalidad
de inmotivación por contradicción en los motivos del fallo, por cuanto de una
parte señala que la máquina dañada estaba destinada a la producción social de
la empresa demandante y, por la otra, indica que no es procedente la
reclamación de lucro cesante, pues aún dicha máquina no había sido puesta en funcionamiento,
por ende, no resultaba productiva para la demandante.
Sobre el
particular, la Sala luego de analizar detenidamente el fallo recurrido, ha
podido evidenciar que en el mismo a los folios 14 y 15, además de lo indicado
por el recurrente, el Tribunal con competencia funcional jerárquica vertical,
señaló lo siguiente:
“...Observa esta alzada que ciertamente, de la lectura de las actas
transcritas y de las demás que rielan en el expediente, se desprende que la
máquina aserradora ampliamente descrita, que fuera transportada desde Brasil a
Venezuela, y la cual sufriera daños al ser trasladada en el montacargas al
encontrarse en la Almacenadora La Guaira, sería destinada para la producción
con relación al objeto social de la empresa demandante.
Ahora bien, como hemos acotado ut supra, el Juez A-quo, tomó la Máxima
de Experiencia que expresa que: ‘el daño a un equipo indispensable para la
producción produce paralización de la misma, en el entendido de que
paraliza las labores de mercadeo orientadas a la obtención de nuevas
contrataciones...’ (Subrayado nuestro) (sic).
Hemos subrayado los términos ‘produce paralización’ y ‘paraliza’ con el
objetivo de acotar lo siguiente:
Ciertamente el daño sufrido por un equipo indispensable para la
producción lo detiene en su funcionamiento y por ende paraliza el proceso
productivo y consecuencialmente esto incide en los resultados económicos que
genera a la empresa o a su dueño., (sic) estos conceptos se analizan y son
válidos no solamente sobre objetos materiales, cosas muebles o inmuebles, sino
que valen también cuando el daño sufrido ha ocurrido sobre una persona. Pero al
hablar de ‘paralizar’, debemos deducir que algo o alguien haya estado en
funcionamiento o en movimiento. Pues bien, en el caso sub judice (sic) se desprende
que la máquina aserradora de marras no se encontraba en funcionamiento, nunca
había sido utilizada a la producción con relación al objeto social de la
empresa demandante, ni tampoco fue traído a los autos evidencia de que en los
predios de dicha empresa haya estado funcionando, existiera, o haya existido
una máquina idéntica o parecida a la que nos ocupa en el presente juicio, de
manera tal que pudiese establecerse a través del proceso productivo de la misma
un parámetro o medida de producción por tiempo transcurrido, no siendo así, mal
podía elaborarse un cálculo sobre la productividad de la referida máquina.
En consecuencia, se deduce que por cuanto la máquina era adquirida por
primera vez y aún no había sido instalada en los predios de la empresa, su
productividad era un beneficio aún no calculado, lo que si hubiese podido ser
posible si la máquina que sufrió el daño que nos ocupa hubiese estado destinada
a sustituir a otra máquina exactamente igual o parecida que cumpliera las
mismas funciones y sobre la cual ya la empresa en cuestión, lógicamente tendría
elaborado un estado de contabilidad para calcular ganancias y pérdidas ciertas
y determinadas. Es decir que dicha máquina estuviera incorporada al proceso
productivo, bien sustituyendo a otra o bien incrementando el activo fijo de la
mencionada empresa...”.
De lo precedentemente expuesto, queda demostrado que
entre los dos párrafos de la recurrida transcritos por el formalizante en su
denuncia para fundamentar el supuesto vicio de inmotivación por contradicción,
existen otros párrafos de suma importancia, que brindan conexión lógica a los
dos transcritos por el recurrente, otorgando perfecta ilación a la idea
manejada por el sentenciador de Segundo Grado sobre el punto debatido, referido
a la reclamación por concepto lucro cesante, sin que en nada pueda observarse
la supuesta contradicción de motivos señalada por el formalizante.
Aunado a lo
anterior, es de enfatizar que no resulta del todo cierta la interpretación que
de dichos párrafos de la recurrida, realiza el formalizante, quien alega que el
Juzgador Superior, concluyó: ‘...no es
procedente la reclamación de lucro cesante pues aún dicha máquina no había sido
puesta en funcionamiento...’, cuando lo cierto es que lo señalado por la
recurrida fue textualmente que: ‘...por
cuanto la máquina era adquirida por primera vez y aún no había sido instalada
en los predios de la empresa, su productividad era un beneficio aún no
calculado, lo que si hubiese podido ser posible si la máquina que sufrió el daño
que nos ocupa hubiese estado destinada a sustituir a otra máquina exactamente
igual o parecida que cumpliera las mismas funciones y sobre la cual ya la
empresa en cuestión...’, cambiando
con ello el verdadero sentido de la frase, mas aún de la idea manejada por el
Juzgador para arribar a la conclusión que finalmente dejó sentada en el
dispositivo del fallo, es decir, la improcedencia de la reclamación por lucro
cesante.
Por lo antes
expuesto, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta
contradicción en los motivos del fallo, e infracción del ordinal 4º del
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
RECURSO DE CASACIÓN POR
INFRACCIÓN DE LEY INTENTADO POR ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A.
ÚNICO
De conformidad
con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 274 del
Código de Procedimiento Civil.
Al respecto,
señala el formalizante:
“...Denunciamos la
infracción, por parte de la Recurrida, del artículo 274 eiusdem, por falta de
aplicación, siendo esto determinante en el dispositivo de su fallo, toda vez
que exoneró del pago de las costas procesales a la parte actora, quien resultó
totalmente vencida en la presente causa, al desestimársele todas las
pretensiones contenidas en la demanda...”.
Para decidir, se observa:
Efectivamente,
como bien alega el formalizante, la recurrida en su parte dispositiva
textualmente señaló respecto la imposición de costas, lo siguiente: “...Dada la naturaleza del fallo, no hay
condenatoria en costas en la presente decisión...”.
Al respecto, es
de observar que de conformidad con el texto procesal civil vigente, existen dos
tipos modalidades de condena en costas; la genérica, contenida en el artículo
274 del Código de Procedimiento Civil; y, la específica, contenida en los
artículos 281 y 320 eiusdem.
En cuanto a la
primera, debemos entender como parte totalmente vencida, el accionante cuya
demanda es declarada sin lugar en todas sus partes, pues el vencimiento
recíproco sólo se da por efecto de la reconvención y de pretensiones
recíprocas, donde cada una de las partes es totalmente vencida por la otra en
cuanto a la demanda principal y a la mutua petición, originando que cada parte
sea condenada al pago de las costas de su contraria.
Respecto a la
segunda, la específica, tenemos dos supuestos; el primero, referido a la
condenatoria en costas del apelante de una sentencia que luego es confirmada en
todas sus partes; y el segundo, a la condena en costas del recurso
extraordinario de casación declarado improcedente; también figuran los casos de
desistimiento y perecimiento.
Con relación a
la segunda modalidad de condenatoria en costas, tenemos que el mencionado
artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, textualmente dispone: “Se condenará en las costas del recurso a
quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes”;
no así, en los casos donde sea revocada la sentencia contra la cual sea
ejercido el recurso procesal de apelación.
En el caso sub iudice, se declararon con lugar los
recursos procesales de apelación propuestos por las empresas demandada y citada
en garantía, respectivamente, contra el fallo dictado por el Tribunal de
Cognición, lo que conllevó a que resultaran exoneradas del pago de las costas
del recurso, al igual que su contraparte en el juicio, quien en ningún momento
accionó ante el Sentenciador Superior.
Por vía de
consecuencia, esta Sala considera improcedente la denuncia por supuesta falta
de aplicación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se
resuelve.
RECURSO DE CASACIÓN POR
INFRACCIÓN DE LEY FORMALIZADO POR PALTEX, C.A.
ÚNICO
De conformidad
con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia la infracción por errónea interpretación del artículo 1.273
del Código Civil; y la falta de aplicación del artículo 249 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem.
Al respecto, alega el
formalizante:
“...El artículo 1.273 del Código Civil, establece que la obligación del
deudor se extiende a la pérdida sufrida (daños materiales) y a la utilidad de
la que se le haya privado (lucro cesante), sin establecer limitación o
condición a los efectos del lucro cesante a que la víctima ya estuviere
obteniendo un lucro o que lo haya obtenido previamente. Simplemente la norma
establece que el deudor debe pagar los daños materiales causados como la
utilidad o lucro dejado de percibir.
No obstante lo anterior, la recurrida interpretó que para que proceda
una reclamación por lucro cesante, es necesario que aunado al daño sufrido por
la víctima, ésta haya efectivamente desarrollado la actividad cuyo lucro
esperado se hubiere frustrado, teniendo además, registros contables con respecto
al quantum de la utilidad generada por tal actividad...
Por tanto, al haber la recurrida extendido el alcance del artículo
1.273 del Código Civil mas allá del propio texto de la ley, agregándole
supuestos fácticos no previstos en ella para aplicar su consecuencia jurídica,
erró en su interpretación, lo que así solicito sea determinado por esta sala de
Casación Civil.
Por otra parte, si lo que la recurrida consideró es que no era posible
establecer el quantum de la utilidad dejada den percibir por mi representada,
ha debido, establecido como quedó el daño padecido por mi representada, acordar
su indemnización, esto es, declarar la procedencia en derecho del reclamo hecho
en el libelo de demanda y, ante la imposibilidad de establecer en el propio fallo
el monto de la indemnización, conforme al artículo 249 del Código de
Procedimiento Civil, ordenar una experticia complementaria del fallo en la que,
previa determinación de las pautas necesarias para su evacuación, se pudiera
liquidar la cuantía del daño padecido por mi representada. Por tanto la
recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 249 del Código de
Procedimiento Civil, lo que así solicito sea declarado por esta Sala de
Casación Civil...
En resumen, si la recurrida hubiere interpretado correctamente el
artículo 1.273 del Código Civil, habría arribado a la conclusión que para que
proceda una indemnización por lucro cesante tan solo es necesario acreditar la
privación de la utilidad que se le hubiere privado, que si establecido los
elementos constitutivos de tal daño, no pudiere establecer su cuantía, tendría
el imperativo legal de acordar la correspondiente experticia complementaria del
fallo en los términos expuestos en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Civil; y, que, de haber considerado la condición de comerciante de mi
representada, tal como lo establece el artículo 10 del Código de Comercio, y la
máxima de experiencia según la cual los bienes que adquieren los comerciantes
para la explotación de su actividad generan utilidades, habría concluido en la
procedencia de pretensión incoada...”.
La Sala para resolver, observa:
El artículo
1.273 del Código Civil, delatado por el formalizante por supuesta errónea
interpretación por parte del juzgador de la recurrida, textualmente dispone:
“...Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la
pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las
modificaciones y excepciones establecidas a continuación”.
Por su parte, el
artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, delatado por supuesta falta de
aplicación, señala:
“...En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños
se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según
las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo
establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del
presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de
frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la
estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en
el pleito.
En todo caso de condenatoria según este artículo, se determinará en
sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse
y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos.
En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo
ejecutoriado; pero si alguna de las partes reclama contra la decisión de los
expertos, alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es
inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, el Tribunal oirá a los
asociados que hubieren concurrido a dictar la sentencia en primera instancia,
si tal hubiere sido el caso, y en su defecto, a otros dos peritos de su elección,
para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la
estimación; y de lo determinado se admitirá apelación libremente”.
Ahora bien,
respecto al punto debatido en la presente denuncia, referido básicamente a la
reclamación por daños morales formulada por la accionante, la sentencia
recurrida en su parte pertinente fundamentó la decisión dictada, señalando:
“...Observa esta alzada que ciertamente, de la lectura de las actas
transcritas y de las demás que rielan en el expediente, se desprende que la
máquina aserradora ampliamente descrita, que fuera transportada desde Brasil a
Venezuela, y la cual sufriera daños al ser trasladada en el montacargas al
encontrarse en la Almacenadora La Guaira, sería destinada para la producción con
relación al objeto social de la empresa demandante.
Ahora bien, como hemos acotado ut supra, el Juez A-quo tomó la Máxima
de Experiencia que expresa que: el daño a un equipo indispensable para la
producción produce paralización de la misma, en el entendido de que paraliza
las labores de mercadeo orientadas a la obtención de nuevas contrataciones...’
Subrayado nuestro. (sic).
Hemos subrayado los términos ‘produce paralización’ y ’paraliza’ con el
objetivo de acotar lo siguiente: Ciertamente el daño sufrido por un equipo
indispensable para la producción lo detiene en su funcionamiento y por ende
paraliza el proceso productivo y consecuencialmente esto incide en los
resultados económicos que genera a la empresa o a su dueño., (sic) estos
conceptos se analizan y son válidos no solamente sobre objetos materiales,
cosas muebles o inmuebles, sino que valen también cuando el daño sufrido ha
ocurrido sobre una persona. Pero al hablar de ‘paralizar’, debemos deducir que
algo o alguien haya estado en funcionamiento o en movimiento. Pues bien, en el
caso sub judice (sic) se desprende que la máquina aserradora de marras no se
encontraba en funcionamiento, nunca había sido utilizada a la producción con
relación al objeto social de la empresa demandante, ni tampoco fue traído a los
autos evidencias de que en los predios de dicha empresa haya estado
funcionando, existiera, o haya existido una máquina idéntica o parecida a la que nos ocupa en el presente
juicio, de manera tal que pudiera establecerse a través del proceso productivo
de la misma un parámetro o medida de producción por tiempo transcurrido, no
siendo así, mal podía elaborarse un cálculo sobre la productividad de la
referida máquina.
En consecuencia, se deduce que por cuanto la máquina era adquirida por
primera vez y aún no había sido instalada en los predios de la empresa, su
productividad era un beneficio aún no calculado, lo que si hubiese podido ser
posible si la máquina que sufrió el daño que nos ocupa hubiese estado destinada
a sustituir a otra máquina exactamente igual o parecida que cumpliera las
mismas funciones y sobre la cual ya la empresa en cuestión, lógicamente tendría
elaborado un estado de contabilidad para calcular ganancias y pérdidas ciertas
y determinadas. Es decir que dicha máquina estuviera incorporada al proceso
productivo, bien sustituyendo a otra o bien incrementando el activo fijo de la
mencionada empresa...
Aunado todo ello al hecho de que el Tribunal de la Causa, tomó como
prueba para determinar el monto del lucro cesante el ‘ESTUDIO DE EL (SIC) VALOR
DE LA PRODUCCIÓN Y LA UTILIDAD QUE SE OBTENDRÍA DE LA OPERACIÓN DE UNA SIERRA
PROCESADORA DE ROLAS DE MADERA MARCA LANGER 1-F experticia ésta que riela a los
folios trescientos setenta y tres (373) al trescientos setenta y nueve (379), y
el DICTAMEN PERICIAL realizado por OTTO HERRMANN VEZGA (sic), que riela a los
folio trescientos ochenta y tres (383) al trescientos ochenta y siete (387),
observándose que los resultados fueron hechos sobre expectativas y
programación, sin que haya incorporación al proceso productivo de determinado
activo permanente, lo cual como ha expuesto este Tribunal, en ningún momento ha
paralizado la producción de la empresa, paralización ésta que hubiere podido
incidir en la no obtención de determinados beneficios (lucro cesante).
Ciertamente, sabemos que en nuestra Legislación de Seguros, existe la
posibilidad de contratar a través de las pólizas de seguros la cobertura del
riesgo que pueda sufrir una empresa para el caso de que las máquinas
productoras sufran daños y paralicen su producción, lo que es denominado ‘lucro
cesante’, pero ese lucro cesante debe ser plenamente demostrado, de manera
contable, tomando en cuenta todos aquellos hechos que indiquen o arrojen esa
ganancia o lucro que ha dejado de percibirse como consecuencia de esa
paralización, por ende no pueden estar basados esos resultados contables en
expectativas, sino que deben tener una condición de CERTEZA...
Para Que exista un lucro cesante, debe existir una condición de
CERTEZA, de lo contrario se estaría resarciendo un daño eventual...
En virtud de los (sic) expuesto, considera quien aquí decide que en el
caso que nos ocupa, todo se basó en programaciones hechas a través de las
experticias que como dijimos antes, rielan a los folios 373 al 379 y al
dictamen pericial que riela a los folios 383 al 387 del expediente, ambos
informes realizados sobre simples especulaciones, lo cual desvirtúa el carácter
con que la doctrina y la jurisprudencia han identificado el lucro cesante.,
(sic) no estando como ya se ha expuesto el activo tantas veces identificado,
incorporado al proceso productivo., (sic) por todas estas razones se evidencia
que no está comprobado que la demandante haya sufrido esa pérdida que conlleva
a la reclamación del lucro cesante que señala en su escrito libelar. A
consecuencia de lo expuesto, esta Superioridad considera improcedente la
pretensión interpuesta por la Sociedad Mercantil PALTEX, C.A., en contra de
ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A., por reclamación de LUCRO CESANTE...”.
Así las cosas,
no puede la Sala más que señalar su disidencia con los conceptos manejados por
el Sentenciador de Segundo Grado para declarar la improcedencia del lucro
cesante demandado, pues si bien puede ser cierto, que en los predios de la
empresa accionante no existieran máquinas o equipos iguales o por los menos
similares al que resultó dañado en las instalaciones de ALMACENADORA LA GUAIRA,
C.A., esa sola circunstancia, en modo alguno, podía servir de base para que se
declarara sin lugar tal reclamación, toda vez que el artículo 1.273 del Código
Civil, delatado por errónea interpretación, claramente dispone, como bien se
señaló anteriormente, que: “Los daños y perjuicios se deben
generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las
modificaciones y excepciones establecidas a continuación” (Negrillas de la
Sala), sin establecer para ello, mayores condiciones, mucho menos similares
a la utilizada por el juzgador con competencia funcional jerárquica vertical en
el caso bajo análisis; además, a tales fines el Juzgador debió considerar el
contenido del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, delatado por
falta de aplicación en el presente caso, que autoriza al juez para la
utilización de peritos calificados que se encarguen de la estimación de
aquellos daños y perjuicios que el no
pudiere o no estuviere capacitado para realizar.
Carece de todo
sentido y lógica, que en supuestos como los planteados en el caso sub iudice, se desconozca la privación
de utilidades que se generó en el patrimonio de la empresa actora como
consecuencia de la pérdida o siniestro de la sierra procesadora de rolas de
madera en las instalaciones de ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A., toda vez que desde
el momento en que fue cerrada la operación de compra de dicho equipo, por
demás, afín con el objeto social y comercial desarrollado por su adquirente, la
sociedad mercantil PALTEX C.A., y adelantarse todos los trámites pertinentes
para su traslado desde el lugar de adquisición hasta nuestro país, ya dicha
empresa necesariamente debía contar con los cálculos no solo de los costos de
inversión, sino la forma de su recuperación, además de las ganancias que en el
tiempo preveía reportara dicha inversión.
Circunstancias todas éstas bien consideradas por nuestra
legislación patria, que concibe la conformación del daño material por la
adición del daño emergente y el lucro cesante. Por tanto, siendo que en el
presente caso la demandante fue debidamente resarcida por el daño emergente
ocasionado a la máquina siniestrada, resultaba del todo apegada a derecho, la
reclamación del lucro cesante por tal hecho, mas aún en este caso donde la
accionante facilitó la labor al sentenciador, pues aportó a los autos
experticias e informes periciales que reportaban la estimación del lucro
cesante demandado y que, en modo alguno, fueron debidamente valorados y
apreciados por el Juzgado de Segundo Grado, quien de encontrarse en desacuerdo
con los mismos podía ordenar la realización de una nueva experticia incluso con
otros peritos, pero no desconocer la existencia y vigencia al lucro cesante
reclamado por la demandante.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara SIN LUGAR el recurso
de casación propuesto por la representación judicial de la sociedad de comercio
que se distingue con la denominación mercantil ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A., y CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la
representación judicial de la sociedad mercantil PALTEX, C.A., contra la sentencia proferida en fecha 16 de mayo del
2001, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por vía de
consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Tribunal
Superior que resulte competente, dictar nueva decisión acogiendo la doctrina
establecida en este fallo.
Se condena a la
recurrente ALMACENADORA LA GUAIRA, C.A, al pago de las costas del recurso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento
Civil.
Publíquese y regístrese, bájese el
expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de
Despacho de la Sala de Casación
Civil del Tribunal
Supremo de Justicia,
en Caracas, a
los veinte (20 ) días del mes
de diciembre del dos mil dos. Años:
192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Vicepresidente en
ejercicio
de la Presidencia y Ponente,
____________________________
CARLOS
OBERTO VÉLEZ
Magistrado
Suplente,
____________________________
TULIO ALVAREZ LEDO
El Magistrado,
_____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
_____________________________
ADRIANA PADILLA ALFONSO
Exp. N° C-2001-000645