SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

En el juicio por cobro de bolívares seguido ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil VENEZOLANA DE MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, C.A. (VEDEMELCA), representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Juan José Anuel Valdivieso y Lorenzo Capodiferro Brogna, contra la sociedad mercantil R.M CONSTRUCCIONES, C.A, patrocinada por los profesionales del derecho José Luis Piña Romero, Alberto Rodríguez Camping, Juan Vicente Ardila y David José Rosario Krasner; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la precitada Circunscripción Judicial, con competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2000, mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de la apelación y ordenó reponer la causa al estado de que se tome nuevamente declaración al testigo Rafael González Fermín, cumpliendo con las formalidades inherentes a la prueba de testigos.

Contra dicha decisión anunció recurso de casación el demandado, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe y lo hace previas las siguientes consideraciones:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

De conformidad con el ordinal 1o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia infracción de los artículos 15, 206, 208, 211, 213 y 245, del mismo Código, en concordancia con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar el formalizante que el sentenciador de alzada incurrió en el vicio de reposición indebida.

Alega el recurrente que el Juez de la sentencia impugnada incurrió en una reposición indebida al declarar la nulidad de todo lo actuado hasta su conocimiento, por haber encontrado que un testigo, al rendir declaración, no prestó juramento.

Afirma el formalizante, que si del acta de declaración de testigos no se evidencia que éste haya prestado el debido juramento, lo que procede es rechazar dicha declaración y no como lo hizo el Juez de la sentencia recurrida, ordenar la reposición del juicio al estado de que se vuelva a abrir el acto de testigos, para asi tomarle el juramento de ley, porque el vicio acusado no afecta el trámite del procedimiento, y por lo tanto, no amerita acudir al remedio extremo de la reposición procesal.

Advierte el recurrente que en el caso bajo análisis, ninguna de las partes alegó la nulidad del acto procesal que recibió la testifical, es decir, que todos se conformaron con la situación y el acto en cuestión se recuperó para el proceso; por lo tanto si el a-quo, de oficio, reparó ello  dejando sin efecto la testifical evacuada sin que mediara alegación previa al respecto, a lo sumo perjudicó la sentencia de primera instancia por incongruente, lo que invocado en la alzada, de ser procedente, no da lugar a la reposición sino a que el juez declare la nulidad del fallo del a quo y resuelva el mérito del problema.

Denota el formalizante que la nulidad procesal persigue renovar el acto malogrado; y en el caso, la falta de juramentación, de existir, mantiene la validez del testimonio, pues el vicio detectado ataca el acto y al ser convalidado por las partes, no podía ser acordado por el Juez de alzada sin incurrir en una indebida reposición.

Argumenta el recurrente, que ordenar una reposición en razón de que un testigo rindió declaración sin prestar el juramento de ley, ataca el principio de espontaneidad que rige la prueba testifical, ya que esto le permite al testigo estar alertado de lo que se le va a interrogar y conocer de antemano qué repreguntas se le formularán.

Insiste el formalizante en afirmar que la reposición decretada está fuera de propósito y puntualiza que ante la falta de juramento de un testigo, al Juez de alzada le correspondía:

1.- Desechar el testimonio si consideraba que el juramento es un requisito esencial para la validez del mismo

2- Valorar la testifical si entendía que la falta de juramento no es un requisito de la prueba y por lo tanto, no la invalida.

Respecto a los artículos infringidos por el sentenciador de alzada al decretar un reposición indebida, señala el recurrente lo siguiente:

“...Como se ve, la reposición es por demás injustificada, accidente que al fin se traduce en una infracción del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, porque la falta de juramento no constituye un vicio de trámite que amerite ser corregido por el juez con el remedio extremo de la reposición, la omisión no perjudica la estabilidad y regularidad del proceso; aún más la omisión en cuestión no se castiga con la nulidad, pues la Ley no la contempla expresamente; el propio Juez conoce que la omisión en cuestión es una forma del acto en sí y no del proceso, lo que hace más agudo el vicio.

Se quebrantó el artículo 208 id, porque no hay acto que renovar, con vista a que durante la sustanciación del procedimiento en la primera instancia, no se produjo un vicio que perturbara las debidas formas como ha de despacharse el citado procedimiento; en el sentido, insisto, en que la falta de juramento no daña el procedimiento en sí, ya que se trata de un defecto del acto mismo de la recepción de la prueba, por lo que no hubo la necesidad de reponer, como lo hizo indebidamente el ad quem, al estado de reabrir el acto de la declaración del testigo, ya que el Juez a la vista de un vicio de esa naturaleza no tiene sino valorar la testifical.

Violó el artículo 211 ibidem, puesto que la falta de juramento, no es una anomalía que sea esencial para la validez de los actos subsiguientes cumplidos en el proceso, de tal suerte que fue un despropósito reponer al estado de renovar el acto en cuestión.

También su vulneró el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, porque la indefensión se patentiza por la sencilla razón de que el Juez no privó ningún derecho procesal a la parte actora, tanto que tuvo tiempo para promover y evacuar su testigo.

Igualmente, se transgredió el artículo 245 ib, puesto que, en orden a lo expuesto no hay motivo legal que haya autorizado al ad quem para declarar la nulidad procesal y la siguiente reposición...”

 

La Sala para decidir, observa:

En el caso bajo estudio el Juez de la sentencia recurrida, declaró nula la decisión emanada del a quo y ordenó reponer la causa al estado en el cual se tomara nuevamente declaración al testigo Rafael González Fermín, cumpliendo previamente con la formalidad del juramento.

Ante dicha declaratoria, corresponde a esta Sala determinar si la reposición acordada por el Juez de alzada estuvo ajustada a derecho o si, por el contrario, contravino la ley y en consecuencia, violó el derecho a la defensa de la demandada hoy recurrente, al acordar una reposición indebida.

A tales efectos, se observa lo siguiente:

La ley ha rodeado a la prueba de testigos de garantías y solemnidades tendientes a asegurar su valor. Pues bien, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, se plantea:

 

1.- El testigo antes de contestar prestará juramento de decir la verdad y declarará su nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio y si tiene impedimento para declarar (artículo 486).

2.- Los testigos serán examinados en público, reservada y separadamente unos de otros (artículo 485).

3.- El interrogatorio será formulado de viva voz por la parte promovente del testigo o por su apoderado (artículo 485).

4.- El testigo no podrá leer ningún papel o escrito para contestar: contestará verbalmente por sí solo a las preguntas que se le hicieren. Sin embargo, oídas las partes, podrá el Tribunal permitirle que consulte sus notas cuando se trate de cantidades y también en los casos difíciles o complicados en que la prudencia del Tribunal lo estimare necesario (artículo 498).

5.- Concluido el interrogatorio, la parte contraria o su apoderado, podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los hechos a que se ha referido el interrogatorio u otros que tiendan a esclarecer, rectificar o invalidar el dicho del testigo (artículo 485).

6.-Cada pregunta y repregunta versará sobre un solo hecho (artículo 485).

7.- Sólo el Juez podrá interrumpir a los testigos en el acto de declarar, para corregir algún exceso. Deberá protegerlos contra todo insulto y hacer efectiva toda la libertad que deben tener para decir la verdad (artículo 488).

8.- El Juez podrá hacer al testigo las preguntas que crea convenientes para ilustrar su propio juicio (artículo 487).

9.- La declaración del testigo se hará constar en un acta que firmarán el Juez, el Secretario, el testigo y las partes o sus apoderados presentes, salvo que se haga uso de algún medio técnico de reproducción o grabación del acto, caso en el cual se procederá como se indica en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil (artículo 485).

10.- Terminada que sea la declaración y redactada el acta se la leerá al testigo para que manifieste su conformidad o haga las observaciones que se le ocurran; y luego la firmará con el Tribunal y las partes que hayan concurrido, si el testigo y las partes supieren y pudieren hacerlo (artículo 491).

11.-No podrán ser testigos en juicio: el menor de doce años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia, y quienes hagan profesión de testificar en juicio. (artículo 477)

12.- No puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en causas de evicción, sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y el amigo íntimo, no pueden testificar en favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo. (artículo 478)

13.- Nadie puede ser testigo en contra, ni en favor de sus ascendientes, o descendientes, o de su cónyuge. El sirviente doméstico no podrá ser testigo ni en favor ni en contra de quien lo tenga a su servicio. (artículo 479)

14.- Tampoco pueden ser testigos en favor de las partes que los presenten, los parientes consanguíneos o afines: los primeros hasta el cuarto grado, y los demás hasta el segundo grado, ambos inclusive. Se exceptúan aquellos casos en que se trate de probar parentesco o edad, en los cuales pueden ser testigos los parientes, aun cuando sean ascendientes o descendientes. (artículo 480) 

16.- Toda persona hábil para ser testigo debe dar declaración. Podrán sin embargo, excusarse:

1° Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y los afines hasta el segundo.

2° Quienes por su estado o profesión deben guardar secreto respecto del hecho de que se trate. (artículo 481)

El que la ley rodee este medio de prueba de tantas garantías nos indica que no es potestativo de los tribunales subvertir estas reglas legales para la tramitación de la prueba, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público.

La juramentación del testigo antes de contestar, es un requisito establecido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo cumplimiento se debe dejar constancia en el acta de examen del testigo conforme lo ordena el ordinal 2º del artículo 492 eiusdem.

El requisito de juramentación de los testigos se remonta al propio derecho romano y se ha conservado en numerosas legislaciones, incluida la venezolana. La doctrina moderna debate si la falta de juramentación del testigo acarrea la nulidad del acto o no. Sobre la función del juramento del testigo, el Tratadista Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría Judicial de la Prueba Judicial, pp. 55, 56 y 110, señala lo siguiente:

“...Como una garantía de la veracidad del testimonio, se suele exigir el requisito del juramento previo; es un requisito formal para el debido cumplimiento del aspecto sustancial o de fondo de declarar todo lo que se sabe y nada más que esto, tal como se cree que es la verdad.

La efectividad del juramento se basa en la sanción penal por el perjurio y, en forma muy secundaria, en la fuerza moral del acto y las creencias religiosas del testigo; ese segundo aspecto ha perdido importancia, debido al relajamiento de las costumbres y a la disminución del fervor religioso. (...)

Cuando la ley exige, como en Colombia y Argentina –y también en Venezuela-, esta formalidad del juramento, el juez no puede excusarla ni las partes pueden renunciar a ella, porque se considera que el juramento garantiza el deber de veracidad...

Nosotros no vacilamos en considerar que es un requisito esencial para la validez del testimonio, salvo exoneración legal...”. (Subrayado de la Sala).

Dentro del régimen de nulidades desarrollado en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 206 señala que la nulidad de los actos procesales no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En este sentido, desde el momento que el artículo 486 eiusdem, establece como requisito que el testigo antes de contestar debe estar juramentado, sin lugar a dudas estamos en presencia de una formalidad exigida por la ley para la validez del acto, por lo que su omisión acarreará la nulidad del mismo, nulidad ésta que, de conformidad con doctrina reciente de la Sala establecida en sentencia de fecha 13 de abril de 2000 caso José Manuel Hernández contra la sociedad mercantil Punto Tres C.A., expediente Nº 99-825, sentencia Nº 112, no puede ser subsanada o convalidada por las partes, pues si tal fuere el caso, la consecuencia de la subsanación sería precisamente borrar el vicio cometido y, en consecuencia, que el testimonio, desde el punto de vista formal, sea válido.

Sostener que la falta de juramentación de un testigo no acarrea su nulidad da lugar a dos posibles consecuencias, ambas indeseables: la primera que no obstante el mandato contenido en la ley para la juramentación del testigo, éste pueda ser ignorado por los jueces, en cuyo caso la ley sería letra muerta; y la segunda  que, por las faltas de los jueces en el cumplimiento de las formalidades con que la ley ha revestido determinados actos procesales, las partes vieran disminuidas o lesionadas sus respectivas posiciones procesales.

Cuando la recurrida desecha el dicho del testigo por su falta de juramentación, no lo hace como consecuencia de un proceso de sana crítica, en el que le niega fe al testimonio, sino que, por el contrario, lo desecha en forma objetiva por la falta de cumplimiento de una formalidad específica exigida por la Ley, esto es, la previa juramentación.

Desechar del proceso una prueba promovida por una de las partes por un hecho imputable al Juez, como lo es el que no haya juramentado al testigo previamente a su declaración, es privar el derecho probatorio del promovente y el de la comunidad de la prueba del contrario, por un hecho no imputable a éstas, con lo cual se estaría atentando directamente contra al derecho al debido proceso consagrado en artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Cuando un juez omite juramentar al testigo antes de que declare no sólo deja de observar el cumplimiento de una formalidad indispensable para la validez del acto, con todas las consecuencias que éllo le acarrea al proceso, sino que también quebranta disposiciones expresas de eminente orden público y constitucional en lo atinente al debido proceso.

En otro orden de ideas vale señalar, que omitir juramentar a un testigo antes de contestar, desvirtúa la solemnidad del acto y el carácter sancionador de la norma penal establecida en el artículo 243 del Código Penal, que castiga con prisión de quince días a quince meses al que deponiendo como testigo ante autoridad judicial, afirme lo falso, niegue lo cierto o calle, total o parcialmente, lo que sepa en relación a los hechos, sobre los cuales es interrogado, pues sin juramento previo será imposible subsumirlo dentro del supuesto delictual.

Por todas las razones antes expuestas esta Sala establece:

La falta de juramentación de un testigo, antes de contestar, constituye una irregularidad sustancial en la evacuación de la prueba, imputable al juez y que no puede ser subsanada o convalidada por las partes y que ocasiona la nulidad de ese acto aislado del procedimiento por la falta de cumplimiento de una formalidad esencial para su validez, y da lugar a la reposición para la renovación del mismo.

Como un correctivo a la doctrina antes expuesta y protegiendo en todo momento la utilidad de la reposición, esta Sala establece que no será admisible la reposición para la renovación del acto de testigos por falta de juramento cuando:

1.- La declaración del testigo verse sobre un hecho sin congruencia alguna con los hechos litigiosos es decir, que no exista relación entre los hechos sobre los cuales el testigo va a declarar y los hechos controvertidos. De esta forma se descarta la posibilidad de declarar la reposición por una declaración referida a hechos manifiestamente impertinentes con lo discutido en el proceso.

2.- Los hechos sobre los cuales el testigo va a declarar no admitan, por voluntad de la ley, ser probados a través de la prueba de testigos o prohibidos por alguna otra regla legal expresa para el establecimiento de los hechos o de las pruebas.

3.- La prueba de testigo sea ineficaz por no haber sido promovida de conformidad con los requisitos establecidos en la ley, como sucede, con la prueba promovida extemporáneamente. En otras palabras, la prueba ha debido ser configurada sin quebrantar ninguna norma jurídica expresa para su establecimiento.

4.- La prueba de testigos sea inadmisible de conformidad con alguna disposición expresa de la ley.

5.- La prueba sea manifiestamente ilegal.

6.- En el caso de que se haya dictado la sentencia definitiva en segunda instancia, los hechos sobre los cuales el testigo va a declarar hayan quedado soberanamente establecidos por otros medios de pruebas valorados por el juez o establecidos con base en otra prueba que por disposición de la ley tiene mayor eficacia probatoria.

Con los postulados antes expuestos se complementa la doctrina establecida por esta Sala en sentencia de fecha 24 de mayo de 1972, caso Compañía Anómina Sanher contra la Compañía Anómina Odarycca, sentencia Nº 61, la cual es del tenor siguiente:

“...En efecto, este caso de infracción de regla de valoración probatoria se configura cuando (los jueces) a una prueba que no reúna lo requisitos exigidos por la Ley, le hayan dado, sin embargo, los efectos que ésta le atribuye, como si estuviera debidamente hecha. Es decir, que el Juez no debe acoger el mérito de una prueba que adolece de irregularidad sustancial cometida en su promoción o en su evacuación, como sería por ejemplo, el caso de una prueba promovida extemporáneamente, o el de un testigo que haya rendido declaración sin haber sido previamente juramentado....” (Gaceta Forense Nº 76, p. 547) (Subrayado de la Sala).

En consecuencia, el Juez no puede acoger el mérito de la prueba de testigos cuando el testigo rinda declaración sin haberse juramentado previamente, pues la prueba adolece de irregularidad sustancial cometida en su evacuación.

Ahora bien, de conformidad con la doctrina establecida en el presente fallo, la falta de juramento puede dar origen a la renovación del acto si se pretende un fin útil y se cumplen los supuestos previstos en la presente decisión. Asi se establece.

Todo lo expuesto hasta ahora conduce a la Sala a establecer que la recurrida obró conforme a derecho cuando de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, declaró la nulidad del acto aislado del procedimiento y ordenó que el Juzgado de Primera Instancia dictare nueva sentencia, haciendo renovar previamente el acto declarado irrito.

En consecuencia, se desecha la presente denuncia por no existir la infracción de los artículos 15, 206, 208, 211, 213, 245 y 313 ordinal 1o del Código de Procedimiento Civil.

-II-

De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia violación de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del mismo Código, por considerar el formalizante que el sentenciador de alzada incurre en el vicio de incongruencia.

Denuncia el recurrente que al momento de producirse la declaración de los testigos Bernardo José Quintero y José Rafael González, alegó su extemporaneidad, pues a su parecer se habían promovido extemporáneamente, es decir, mas allá del plazo de quince (15) dias hábiles a que alude la Ley. Sostiene el formalizante que a los efectos de comprobar la irregularidad, pidió al Tribunal un cómputo de los días de despacho transcurridos y en los informes presentados ante la alzada volvió sobre el tema, en los siguientes términos:

“...Desde aquél día siguiente a aquel 19-05-1997, cuando venció el lapso para dar contestación a la demanda, es decir, el 20-5-1997, inclusive, hasta el 10-06-1997, inclusive, transcurrieron quince días (15) de despacho que corresponden al lapso de promoción de pruebas, como también se pone de manifiesto del cómputo de días de despacho acompañado

La actora promovió sus pruebas el 19/06/1997, es decir, cuando ya se encontraba vencido el lapso de ley, el que como quedo demostrado vencía aquel 10-06-1997, exactamente la actora promovió sus pruebas seis (6) días de despacho siguientes al fenecimiento del lapso legal para ello, razón por la cual las pruebas allí contenidas deben ser ad initio desestimadas y asi expresamente lo invoco...”

 

Considera el recurrente que los informes sirven para que las partes puedan hacer una crítica al debate probatorio, de suerte que el Juez de alzada, dada la importancia de la alegación de su representada, debió considerar y pronunciarse sobre el pedimento de extemporaneidad de la promoción de la prueba de testigos evacuados a toda costa por la demandante.

Resalta el formalizante que el pronunciamiento con respecto a ese pedimento era esencial y crucial en razón de que el ad quem declaró la nulidad procesal hasta lo tramitado a su conocimiento y ordeno la subsiguiente reposición al estado en el que el testigo Romero preste juramento, para lo cual, según los términos exactos de la recurrida, el Juez de la causa deberá reabrir el acto de la declaración del referido testigo.

Indica al mismo tiempo que el alegato silenciado contiene una impugnación a la validez del medio probatorio, a fin de que el Juez, una vez que constate la extemporaneidad de la promoción de la prueba de testigo proceda a declarar la nulidad del citado medio.

Concluye el formalizante afirmando que su representada estimuló al Juez para que observara el vicio, mas éste no reparó en su consideración, todo lo cual contrasta con la importancia que dio a una omisión que no tiene nada que ver con la validez del medio ni con el correcto trámite del proceso y sin que mediara alegato de parte, declaró una reposición inútil por indebida soslayando toda decisión sobre un extremo de la defensa invocada por su representa en los informes.

La Sala para decidir, observa:

En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

“...Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, pues con ello (Sic) ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa...”. (Sentencia de la Sala de fecha 05-05-94, reiterado en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificado en sentencia del 05-02-98. Inversiones Banmara C.A., contra Inversiones Villa Magna, C.A., con ponencia del Dr. César Bustamante Pulido).

Vista la anterior doctrina no cabe duda que en casos como el de autos en los cuales el Juez de alzada en lugar de decidir el fondo del litigio anuló la sentencia de primera instancia y ordenó reponer la causa al estado de que el a quo dicte nueva decisión haciendo renovar el acto de testigos, el alegato de extemporaneidad en la promoción de la pruebas de testigos esgrimido por la demandada en sus informes, podría considerarse esencial y determinante en la suerte del proceso. Por lo cual podría afirmarse que el Juez de alzada a los fines de cumplir con el requisito de exhaustividad de la sentencia estaba obligado a examinar y pronunciarse sobre ese alegato de extemporaneidad de la prueba de testigos. En otras palabras, cuando el Juez superior dicte una sentencia definitiva formal debe examinar y pronunciarse sobre todos los alegatos de las partes esgrimidos en informes que tiendan a combatir o apoyar el vicio detectado, pues de no hacerlo incumpliría con su deber de decidir sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, incurriendo en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil.

En el caso bajo análisis, es cierto que el alegato de extemporaneidad de la promoción de pruebas, esgrimido en informes, fue completamente silenciado por el sentenciador de la decisión recurrida. Ahora bien, a pesar de que fue silenciado de haber sido resuelto no cambiaría en nada la suerte de la decisión proferida, por cuanto ha podido verificar esta Sala que no es cierto que la prueba de testigos fue promovida extemporáneamente. Situación que de seguida pasa a considerar.

En el presente caso la copia del escrito de la demanda con la orden de comparecencia fueron entregadas al apoderado judicial de la demandante para que gestionara la citación por medio de otro Alguacil de la Circunscripción Judicial del Tribunal de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, de esta forma la citación de la sociedad mercantil demandada la practicó el Alguacil del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de abril de 1997. Ahora bien, cumplida la gestión de citación el apoderado de la actora consignó en fecha 29 de abril de 1997, el resultado de las actuaciones debidamente documentadas para que las mismas fueran agregadas a los autos que conforman el presente expediente, lo cual ocurrió en esa misma fecha, el 29 de abril de 1997, por lo tanto, es a partir del dia siguiente a esa fecha (30-04-97) que empezó a contarse el lapso para contestar la demanda, aplicando por analogía lo establecido en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, y no a partir del 10 de abril de 1997, como lo afirma la demandada, ello en razón al fundamento del sistema procesal instituido sobre la base de las reglas, QUOD NON EST IN ACTIS NON EST IN MONDO, LO QUE NO ESTA EN LAS ACTAS, NO EXISTE, NO ESTA EN EL MUNDO; Y EL DE LA VERDAD O CERTEZA PROCESAL, por cuanto el mundo para las partes como para el juez, lo constituyen las actas que integran el expediente y lo que esta fuera de él es como si no existiera y como se expresa en el foro, toda actuación que conste en las actas del proceso se supone conocida por los litigantes: quod in actis, est in mundo; lo cual en materia de citaciones tiene sustento en la integración sistemática y comparativa de los artículos 216 (presunción de citación), 217 (citación mediante apoderado), 219 (citación por correo), 223 (citación por carteles) y 227 (citación fuera de la sede del tribunal), todos del Código de Procedimiento Civil, normas en las que se observa como denominador común, que es sólo después de que sean agregadas a los autos las distintas diligencias tendientes a la práctica de la citación, cuando comienza a contarse efectivamente el lapso para la litis contestación. El mandato en referencia tiene su principal asidero en la seguridad jurídica, y en el principio de certeza procesal ya comentado, presupuestos de vital importancia y vigencia en todos los procesos judiciales, pues en base a su postulado las partes en juicio tendrán la tranquilidad de que no existe posibilidad de que a sus espaldas se realicen actuaciones que pudieran menoscabar su derecho a la defensa, seguridad esta que se perfecciona desde que haya fehaciencia en las actas del expediente, de haberse realizado la diligencia comunicacional en cuestión.

 En consecuencia, de conformidad con el cómputo de días de despacho que riela al folio 70 de los autos que conforman el presente expediente, el 30 de abril de 1997 comenzó a correr el lapso de veinte (20) días para contestar la demanda y terminó el 30 de mayo de 1997, por lo tanto de conformidad con lo preceptuado en el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, al dia siguiente del vencimiento del lapso para el emplazamiento para la contestación de la demanda, esto es el 2 de junio de 1997, quedó el juicio abierto a pruebas lo cual demuestra que la promoción de pruebas presentada por la demandada, en fecha 19 de junio de 1997, fue realizada dentro del lapso establecido en la ley. Asi se declara.

Visto que en el caso de autos no es procedente el alegato de extemporaneidad del escrito de promoción de pruebas esgrimido en informes esta Sala, en aplicación del mandato constitucional contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de haber comprobado la existencia del vicio de incongruencia negativa, se abstiene de casar el fallo recurrido y ordenar la reposición de la causa al estado de que el juez de Alzada se pronuncie expresamente sobre tal alegato, pues tal pronunciamiento carecería de toda utilidad.

En consecuencia, se desecha la denuncia previamente analizada, por no existir la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Asi se decide.

DECISION

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de noviembre de 2000, proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Particípese esta remisión al Juzgado de origen  ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los   veinte  (20) días del mes de  diciembre  de dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

_______________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

 

                                                        Magistrado,

 

 

 

                                               __________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

__________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. Nº AA20-C-2000-001046.

 

 

 

El Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez lamenta disentir de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, en el cual se declaró sin lugar el recurso de casación formalizado, por las razones siguientes:

La primera denuncia por defecto de actividad, fue declarada improcedente por la mayoría, por considerar válida y conforme a derecho la reposición de la causa ordenada por la recurrida, al estado de que en primera instancia se renovara el acto procesal mediante el cual el testigo rindiera su testimonio, en virtud de no haber sido debidamente juramentado.

Considera quien disiente que si el testigo no fue debidamente juramentado, se incumplió uno de los requisitos formales para el establecimiento de la prueba, antes conocida como prueba irregular por ilegalmente incorporada al proceso, y por ello, la sanción debería limitarse a considerar ineficaz la prueba. Si bien el error puede imputarse al juez de instancia que no juramentó al testigo, la solución de la nulidad y la reposición, agrava el efecto de tal incumplimiento, pues se está afectando todo el proceso, incluyendo la sentencia definitiva en primera instancia que debe ser anulada. Es decir, que si el órgano administrador de justicia, ejerciendo las facultades que el Estado le ha atribuido, yerra por omitir la juramentación del testigo, la solución que el propio Estado proporciona, a través de otro órgano del poder judicial, es anular parte del proceso y generar más gastos y más dilaciones sobre las partes.

Considerar válida una reposición de la causa, sacrificando la sentencia de primera instancia en obsequio a una prueba, quebranta el principio de la utilidad de la reposición, contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, pues el peso de la sentencia definitiva en primera instancia, es infinitamente mayor que el cumplimiento de los requisitos formales de una determinada prueba. La falta de juramentación del testigo, como la falta de ratificación del documento emanado de terceros, o la incorporación del documento fundamental de la demanda en forma extemporánea, o cualquier otro ejemplo de infracción de norma jurídica expresa para el establecimiento de la prueba, es un problema de infracción de ley, que no debe generar la nulidad y reposición de la causa, sino el determinar  ineficaz la prueba a los efectos de su valoración.

Por otra parte, la solución de la mayoría, entendiendo que debe evitarse el decreto de reposiciones inútiles, examinando ciertas condiciones de la prueba del testigo no juramentado antes de decretar la reposición, como la pertinencia de la prueba, su eficacia, legalidad y demás características del testimonio rendido, no garantizan la utilidad de tal nulidad y reposición, por lo siguiente:

a.- Por cuanto el acto procesal del testimonio, será renovado por efecto de la reposición, y nada garantiza que al declarar nuevamente el testigo, si es que declara, la prueba resulte pertinente, trascendente o incluso sincera, al haberse perdido el factor de espontaneidad del acto, a pesar de estar, ahora sí, juramentado, o que responda de forma igual o pertinente a las preguntas que inicialmente se le hicieron. En otras palabras, se trata de una nueva prueba, y nada garantiza que la última justifique la reposición y nulidad ya decretada.

b.- Además de ello, evaluar la pertinencia, legalidad o trascendencia de la prueba a los efectos de decretar la reposición de la causa, implica, necesariamente, una valoración, aunque la Sala no lo manifieste en forma expresa, y ello sólo es permisible a través de un recurso por infracción de ley.

Volvemos al punto anterior: en la denuncia por infracción de ley, la consecuencia lógica es la nulidad y el reenvío con criterio doctrinario vinculante, no la reposición de la causa. El problema es de establecimiento de la prueba, no de subversión del procedimiento.

Concluyo, de acuerdo a lo expuesto, señalando que la primera denuncia de actividad ha debido ser declarada procedente, pues tal reposición de la causa ordenada por la recurrida,  al estado de que el testigo se juramente, anulando la sentencia de primera instancia y los actos posteriores a ésta, contraría el espíritu y propósito de los artículos 206 y 15 del Código de Procedimiento Civil.

Fecha ut supra.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

_________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

____________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

___________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

EXP. AA20-C-2000-001046