SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el procedimiento de partición seguido por el ciudadano VICENTE GEOVANNY SALAS UZCATEGUI, representado judicialmente por la abogada Digna Arrieche Mogollon, contra el ciudadano LUIS ALFONSO URDANETA GOYO, representado por los abogados Iraima V. Aranguren Coromoto, Norkis Aguilar Duno, Jorge Luis Meza, José Javier Alvarez y Juan Carlos Torrealba Escalona; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dictó sentencia en fecha 19 de julio del 2000, declarando sin lugar la apelación interpuesta en fecha 8 de mayo del 2000 por la parte demandada y confirmada la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que había declarado sin lugar la oposición formulada contra la medida de secuestro practicada por el Tribunal Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta del Estado Lara.

 

Contra el referido fallo de la alzada la representación judicial de la parte demandada, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a decidirlo previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

                                                           - I -

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 431 del Código del Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 del mismo Código.

 

Al respecto, alega el formalizante:

“...En el presente juicio de partición, la parte actora solicito se decretara la medida preventiva de secuestro de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 29-09-1999, el Tribunal a-quo negó la solicitud por considerar que no estaban llenos los requisitos de dicha norma. El 15-01-1999, el Tribunal oyó la apelación formulada por la parte actora en un solo efecto. En fecha 25-01-2000 el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara declaró con lugar la apelación formulada por la parte actora y decretó la medida solicitada. Ejecutada la medida, en fecha 14-04-2000 la parte demandada presentó escrito de oposición a la medida acordada. Abierta la articulación probatoria del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, sólo la parte demandada ejerció el derecho de promover las pruebas que consideró pertinentes.

En fecha 04-05-2000 el a-quo dictó sentencia en la incidencia de medida preventiva, confirmando y convalidando el decreto de la medida solicitada.

La parte demandada ejerció el derecho de apelación, y en fecha 19-07-2000, el Juzgado Superior Segundo Mercantil y Menores (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Lara confirmó la sentencia del a-quo, conformando (sic) el decreto de la medida preventiva solicitada por la parte actora...omissis...

Como es de observar, la recurrida consideró suficiente para confirmar la medida de secuestro el justificativo de testigos acompañado por el actor en la solicitud de la medida preventiva.

Consta en autos, que los testigos nombrados en el justificativo no fueron promovidos para ratificar sus dichos en el lapso probatorio de ley...omissis...

Ahora bien, la recurrida dejó de aplicar el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, que en su seno establece:

‘Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial’.

Planteada la controversia en estos términos, el Juez de última instancia dejó de aplicar el artículo 431 antes mencionado, norma que realmente resuelve la controversia.

La no aplicación de la norma señalada fue tan determinante en el dispositivo del fallo, tanto así, que su aplicación debió llevar al Juez de última instancia a revocar el decreto de la medida, ya que es evidente que el justificativo de testigo consignado por el actor en la solicitud de la medida –mas no promovido en el lapso de ley- en principio, funge como un documento privado emanado de tercero, y  que debió ser ratificado mediante la prueba testimonial, para que fuera apreciado en la definitiva, por lo que el Juez de la recurrida al dejar de aplicar el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, incurrió en la violación de la ley en sentido estricto, ya que si hubiera aplicado la norma correctamente, no hubiese confirmado el decreto de la medida, por el contrario, hubiera procedido su revocatoria...omissis...

La recurrida no aplicó la consecuencia jurídica emanada del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que ha querido el legislador que todo documento privado emanado de tercero no sea apreciado sino ha sido ratificado a través de la prueba testifical.

Y fue tan determinante la falta de aplicación de ésta norma en el dispositivo del fallo, que el Juez de última instancia declaró que el justificativo de testigos consignado por la parte actora fue suficiente para demostrar el hecho alegado por el solicitante para obtener la medida preventiva, cuando se evidencia que la simple aplicación de la norma hubiera producido una sentencia distinta, específicamente, revocando el decreto de la medida recurrida..”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

El artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, dispone textualmente lo siguiente:

 

“...Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial..”.

 

Sin embargo, el Tribunal de Alzada sustentó su decisión, señalando:

 

“...De lo expuesto anteriormente, y revisada las actas procesales se evidencia que el actor-solicitante de la medida acompañó justificativo de testigos para demostrar que el bien mueble objeto de partición se encuentra en manos del demandado ciudadano Luis Urdaneta, quien lo utiliza en la sede de la empresa TODO DIESEL S.R.L., ubicada en la Avenida Florencio Jiménez, Kilometro 8, Autopista Vía Quibor, del Estado Lara, y que al usar el bien mueble acarrea deterioro al mismo. Por lo que según la naturaleza de la acción y la medida preventiva de secuestro solicitada sobre el bien mueble denominado Banco de Pruebas de Inyección, marca: Bosch, Modelo: 385, Serial: 0680201001, Color: Verde de 11Hp, se encuentra fundada en causa legal. Así se establece..”.

 

Ahora bien, el recurso de casación de fondo, llamado también por infracción de ley, se contrae a causales de infracción por la recurrida, de las cuestiones que constituyen el fondo de la controversia, es decir, errores de juzgamiento,  determinantes en lo dispositivo de la sentencia.

 

El ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, comprende todas las hipótesis de posible inobservancia por el Juez de las normas de Derecho Positivo, entre estas, la falta de aplicación de una norma que esté vigente, lo cual tiene lugar cuando el juzgador niega o no aplica una determinada norma a una específica relación jurídica que está bajo su alcance.

En el caso de autos, como bien se señaló anteriormente, el formalizante denuncia la falta de aplicación por la recurrida del artículo  431 del Código de Procedimiento Civil, que dispone para la validez de un documento privado promovido por las partes en el juicio, su ratificación mediante la prueba testimonial; constituyendo, por ende, norma jurídica expresa para el establecimiento de la prueba, la cual, como bien señala el formalizante, no fue aplicada por el juez de alzada para la resolución del caso de autos, omisión que incidió de manera  directa en el dispositivo del fallo dictado, pues el tribunal de la recurrida haciendo caso omiso del contenido de la norma antes transcrita, procedió a la errónea valoración de un justificativo de testigos no ratificado en juicio, el cual fue aportado por la parte actora para sustentar la procedencia de la medida de secuestro solicitada.

 

Es de hacer notar, que si bien la resolución del tribunal de alzada se fundamentó en un justificativo de testigos evacuado ante un Notario Público de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, no puede negarse ni desconocerse que los justificativos de testigos evacuados ante un Juez u otro funcionario autorizado, con las formalidades legales, para darle fe pública, constituyen pruebas por escrito, que ameritan su ratificación en juicio, pues el litigante no puede prepararse su propia prueba testimonial, en forma unilateral y extra litem, haciéndose otorgar un documento autenticado declaratorio, para luego oponerlo a su demandado, obteniendo de esa forma, sin contención, la prueba del daño emergente, pues en estos casos, el derecho a la defensa y la garantía al debido proceso, previstos en la Constitución Nacional, imponen que el demandado tenga el derecho a ejercer el control de la prueba, de allí que sea necesaria su ratificación en el proceso.

 

Por lo tanto, el justificativo de testigos, así como las demás diligencias efectuadas inaudita parte, constituyen sin lugar a dudas,  medios expeditos para la fijación de los hechos, pero para surtir efectos probatorios, deberán ser ratificados  en  el juicio.

 

Por tal motivo, esta Sala considera procedente la presente denuncia.  Y así se declara.

 

-II-

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12, 320 y 395 del mismo Código.

 

Al respecto, alega el recurrente lo siguiente:

“...Desde ya se indica que la presente denuncia trata sobre el vicio de apreciación de prueba irregular e ilegal, por lo que esta denuncia se ampara en las normas señaladas para pedirle al Tribunal Supremo de Justicia entre a conocer el fondo de la controversia y se le permita  entrar a analizar las actas del expediente...omissis...

La recurrida consideró suficiente para confirmar la medida de secuestro el justificativo de testigos acompañado por el actor en la solicitud de la medida preventiva.

Consta en autos, que los testigos nombrados en el justificativo no fueron promovidos para ratificar sus dichos en el lapso probatorio de ley.

Pues bien, dicho instrumental tiene como naturaleza el de ser un documento privado emanado de un tercero, y que debió ser ratificado mediante la prueba testimonial, para que fuera apreciado en la definitiva, por lo que el Juez de la recurrida dejó de aplicar el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que si fuera (sic) aplicado la norma concretamente, no hubiese confirmado la medida, por el contrario, hubiera procedido su revocatoria...omissis...

El Juez de última instancia debió aplicar el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y desechar de autos dicho instrumento por ser una prueba irregular al no haber sido ratificada conforme lo establece la norma citada.

La recurrida al dar por probado el hecho alegado por el actor -que el bien mueble objeto de partición se encuentra en manos del demandado- mediante justificativo de testigos pre-constituido, evacuado en forma extralittem (sic) por ante (sic) la Notaría Pública Quinta de Barquisimeto, Estado Lara, incurrió en el VICIO DE LA APRECIACION DE UNA PRUEBA IRREGULAR, ya que dicho instrumento para ser considerado como medio probatorio, requería los requisitos que la ley establece, que en el caso de marras, es sencillamente la ratificación mediante la prueba testimonial conforme al plurimencionado artículo 431.

Sabido es que en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el legislador venezolano regula como supuesto para que sea procedente el recurso de casación de fondo, la denuncia de la violación de normas jurídicas que regulen el establecimiento de un medio de prueba...omissis...

Por ello el vicio de apreciación de una prueba irregular, se ubica dentro de la denuncia de normas jurídicas que regulen el establecimiento de un medio de prueba. Se refiere el legislador a las normas que consagran las formalidades procesales para la promoción y evacuación de determinado medio probatorio. En este caso la norma denunciada e infringida que regula el establecimiento del medio prueba es el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que expresamente establece que los documentos emanados de terceros deben ser ratificados por éste mediante la prueba testimonial.

La doctrina ha ubicado dentro de este supuesto -la denuncia de una norma que regule el establecimiento de un medio de prueba- la denuncia relativa a la prueba irregular y la prueba improcedente, siendo la primera, aquella donde el juzgador daba por demostrado un hecho con pruebas que no reúnen los requisitos exigidos por la ley, y la segunda, aquella donde el juez da por probado un hecho con pruebas que por la ley, son improcedentes para demostrarlo...omissis...

También incurrió la recurrida en el vicio de apreciación de una prueba ilegal, ya que la circunstancia de que el Juez aprecie un justificativo preconstituido sin ser un medio probatorio regulado como legal en nuestro ordenamiento, hace la recurrida viciada de nulidad por apreciación de una prueba ilegal, que infringe el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que en su seno señala que sólo son admisibles en nuestra legislación los medios de prueba que determina la ley...omissis...

Por las consideraciones anteriores a través de éste Recurso de Casación Sobre (sic),  los hechos denuncio como infringido el artículo (sic) 431 y 395 del Código de Procedimiento Civil, siendo el primero la norma que regula el establecimiento de un medio de prueba, por incurrir la recurrida en la apreciación de una prueba irregular..”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

 

De la lectura del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se aprecia que el legislador expresamente ha consagrado como razón excepcional para que la Sala pueda conocer del establecimiento de los hechos, que el recurrente en su escrito de formalización  haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas.

 

En tal sentido, son normas capaces de hacer descender a la Sala para conocer de los hechos, en relación a la ilegalidad o inconducencia de un medio de prueba, aquellas normas jurídicas expresas que regulan el establecimiento de los hechos o su valoración, así como las que regulan el establecimiento de los medios de prueba o su valoración; existiendo cuatro categorías de normas jurídicas cuya denuncia de infracción, de conformidad con el artículo 320 eiusdem, son suficientes para que de acuerdo con su dispositivo normativo, sean capaces de hacer descender a la Sala al conocimiento de los hechos. Estos cuatro grupos en comento, son: 1) Las normas jurídicas que regulan el establecimiento de los hechos; 2) las normas que regulan la valoración de los hechos; 3) las que regulan el establecimiento de un medio de prueba; y 4) las que regulan la valoración de un medio de prueba; entendiéndose como normas que regulan el establecimiento de un medio de prueba, aquellas que consagran las formalidades procesales para su promoción y evacuación, y son de impretermitible cumplimiento para la validez del medio de prueba como tal.

 

 Ahora bien, en el caso examinado el formalizante denuncia que la decisión recurrida se fundamentó en unos justificativos emanados de terceros que no eran parte en el respectivo juicio ni causantes de los contendores en él, los cuales no fueron ratificados por dichos declarantes a los largo del proceso.

 

Es de observar, que tales instrumentos para ser admitidos y valorados como un medio de prueba idóneo deben aportarse al proceso como una mera prueba testimonial, sin  mas valor que el que pueda resultar de su ratificación por el tercero, careciendo de relevancia que lo reconocido por el testigo sea el origen de un documento privado o una simple copia, pues la propia naturaleza de esta prueba hace irrelevante la manera como el hecho documentado reconocido por el testigo, le haya sido presentado.

 

En el caso de autos, la recurrida atribuyó total valor probatorio a un justificativo de testigos no ratificado en juicio, infringiendo con tal proceder los requerimientos legales para el establecimiento de este medio de prueba, pues, como bien se señaló anteriormente, tales documentos, emanados de terceros que no son parte en el juicio, requieren para su valoración y apreciación, su posterior ratificación en el proceso.

 

 

En consecuencia, esta Sala considera procedente la presente denuncia. Y así se declara.

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial del ciudadano LUIS ALFONSO URDANETA GOYO, contra la sentencia dictada en fecha 20 de julio del 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordene a la Alzada dicte nueva sentencia, atendiendo a la doctrina referida en este fallo.

 

Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los  veinte  ( 20 )  días del mes de    diciembre   del dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

                                                        El Magistrado Ponente,

                                                                                                                                                                                              

                                                     ________________________                                                ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

                                          

 

La Secretaria,

 

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

 

RC Nº 00-562

 

AA20-C-2000-000483