TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL.

Caracas,           de                            de 2001.  Años: 191º y 142º.

 

            En el juicio por liquidación y partición de comunidad conyugal intentada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano CRUZ FELIPE VILLARROEL SERRANO representado judicialmente por los abogados  en ejercicio de su profesión Rosa Sánchez Yusti, César Ramos, José Antonio Solís, Evi Nathaly Isturriaga y Katiuska Valentina Marín, contra la ciudadana ELSA JOSEFINA VELÁSQUEZ, quien falleciera en el inter procesal  del precitado juicio y de la cual no consta representación judicial acreditada en autos; el mencionado tribunal en auto de fecha 9 de enero del año en curso declaró su incompetencia por la materia y declinó el conocimiento del caso al Tribunal de Protección al Niño y del Adolescente, de la misma Circunscripción Judicial, por considerar que “...existe una menor de edad, con el carácter de heredera de la parte demandada...”.

 

            Distribuido el expediente correspondió al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas Sala de Juicio Juez  Unipersonal V, quien, por auto de fecha 16 de abril de 2001, se declaró incompetente por la materia para conocer del sub iudice, porque “... se evidencia que no aparecen niños, niñas ni adolescentes involucrados...”, y solicitó la regulación de la competencia ante la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil; dicha Sala, declaró que corresponde a la de Casación Civil conocer del presente conflicto negativo de competencia.

 

            Recibido el expediente, se dio cuenta del mismo en fecha 11 de octubre de 2001, designándose ponente al Magistrado que con tal carácter la suscribe y quien lo hace previa  a las siguientes consideraciones:

 

                                       ÚNICO

 

            Esta Sala observa, que el presente conflicto negativo de competencia surge con ocasión de una demanda por liquidación y partición de comunidad conyugal, intentada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien se declaró incompetente por la materia en razón a que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente,  la competencia para conocer de los asuntos donde estén presentes menores de edad, le corresponde a las Salas de Juicio de Protección al Niño y del Adolescente, y como a su decir, en el caso de marras existe una menor de edad, con el carácter de heredera de la parte demandada, quien falleció en el inter procesal, conforme se indicó, declinó la competencia en el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esa misma Circunscripción Judicial, siendo recibida las actuaciones por la Sala de Juicio, Juez Unipersonal V, el cual se declaró incompetente, con base en que no están involucrados ni menores ni adolescentes y solicitó la regulación de la competencia para ante este Alto Tribunal.

 

Al respecto, la Sala observa:          

 

            De la lectura íntegra de los autos que cursan en el expediente, puede evidenciarse que al folio 1266 de los que integra este expediente, corre inserto acta de defunción de la demandada, de la cual puede constatarse que lo de cujus deja como heredera a una hija menor de edad, quien al tener la calidad de heredera, pasa a sustituir la porción subjetiva de la demandada en la relación procesal.

 

            De lo anteriormente expuesto, se desprende con claridad que en el sub iudice se encuentran involucrados los derechos de la menor, MARÍA FERNANDA VELÁSQUEZ, por ser causahabiente de la demandada en un asunto de contenido patrimonial. Por tanto, dicha causa, entra en el campo especial regulado por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual en su artículo 177, confiere en primer grado, competencia a los Jueces de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, cuando el asunto objeto del juicio sea patrimonial y se demande a algún niño o adolescente.

 

           Al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 196 de fecha 31 de julio de 2001 caso Jorge Enrique Contreras Pabón contra Aura Estela Contreras de Romero y Otros , Exp. 01-172, estableció, lo siguiente:

“...En este sentido, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece en tres de sus normas, lo siguiente:

 

 “Art. 173 Jurisdicción. Corresponde a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en este título, las Leyes de organización judicial y la reglamentación interna”.

 

“Art. 177 Competencia de la Sala de Juicio. El juez designado por el presidente de la Sala de juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias:

(...)

Parágrafo Segundo: Asuntos patrimoniales y del trabajo:

a) Administración de los bienes y representación de los hijos;

b) Conflictos laborales;

c) Demandas contra niños y adolescentes;

d) Cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente.”

 

 “Art. 490 Recurso de Casación. El recurso de casación puede proponerse contra las sentencias que la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente dicte en materia de estado civil de las personas, y en asuntos patrimoniales y laborales en aquellos casos en los cuales dicho recurso proceda, conforme a la Ley respectiva”.

 

De las normas transcritas se desprende que aquéllos casos en los cuales sean demandados niños o adolescentes conocerá de la causa el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente en Sala de Juicio. También conocerán éstos tribunales, los asuntos en los cuales se afecten los intereses de los niños y adolescentes, según competencia que le atribuye la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente...” (Subrayado de la Sala).

 

            De conformidad con la jurisprudencia precedentemente transcrita, aplicable al caso de autos, esta Sala considera que el presente juicio de liquidación y partición de comunidad conyugal,  corresponde conocerlo a un Tribunal de Protección al Niño y al Adolescente, porque están involucrados los intereses patrimoniales de una menor de edad, al ser causahabiente de la parte demandada. En consecuencia,  el Tribunal competente para conocer de la presente causa, lo es el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio, Juez Unipersonal V. Así se decide.

                     

                                     DECISIÓN

 

            Por los fundamentos expuestos y en mérito de los razonamientos consignados en la motiva de este fallo, este Tribunal supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide que el  TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SALA DE JUICIO, JUEZ UNIPERSONAL V, es el competente para conocer del presente asunto.

 

            Publíquese, regístrese y remítase este expediente al Juzgado de Protección del Niño y Adolescente mencionado. Particípese de esta decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El Presidente de la Sala y Ponente,