SALA DE CASACIÓN CIVIL

                                                     

 

Exp. N°  2008-000309

 

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio por ejecución de hipoteca, intentado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  por la entidad financiera BANCO DEL ORINOCO N.V., antes denominada BANCO DEL ORINOCO BONAIRE N.V., representada judicialmente por el abogado Simón Araque Rivas, contra el ciudadano OMAR JOSÉ GAVIDES TORRES, en su carácter de prestatario o deudor de un préstamo con garantía hipotecaria, y la sociedad de comercio INVERSIONES NUEVE DELTA C.A., en su carácter de garante del prenombrado prestatario o deudor, ambos representados judicialmente por el abogado Omar J. Gavides Díaz; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 31 de marzo de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido por el a quo el  día 25 de febrero de 2008, mediante el cual negó el recurso de apelación ejercido contra el auto de fecha 15 de mayo de 2007, denegatorio, a su vez, del recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 26 de julio de 2007, mediante el cual decretó la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto de la hipoteca cuya ejecución solicita la demandante, y confirmó el auto recurrido.

 

El abogado Omar Gavides Díaz, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación contra la señalada decisión de alzada, el cual fue admitido por auto de fecha 12 de mayo de 2008 y oportunamente formalizado. Hubo contestación a la formalización y réplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos que siguen:

 

ÚNICO

 

En uso de la facultad que asiste a este Supremo Tribunal de ser él a quien corresponde en definitiva pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, no obstante lo que al respecto hubiese resuelto el tribunal de última instancia, cuando observare de oficio o a petición de parte que el mismo ha sido admitido con violación de las normas que regulan la materia, en el caso concreto observa lo siguiente:

 

El presente juicio versa sobre un procedimiento de ejecución de hipoteca, en el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, presentada la demanda con los recaudos exigidos para este tipo de juicios,  le corresponde al juez a quo revisar y verificar, lo siguiente: 1) Si el documento constitutivo de la hipoteca está registrado en la jurisdicción donde está el inmueble; 2) Si las obligaciones que ella garantiza  son líquidas, de plazo vencido y no ha transcurrido el lapso de la prescripción; y 3) Si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones o modalidades.

 

En caso de encontrar llenos tales extremos, el juzgador de primera instancia decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmueble hipotecado, notificándolo de seguida al Registrador respectivo a los efectos establecidos en el artículo 600 eiusdem, y acordará la intimación del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de tres días apercibidos de ejecución.

 

De lo antes expuesto se infiere, que en el auto de admisión de este tipo de demanda el juez decreta tanto la intimación del deudor hipotecario y la del tercero poseedor como la medida de prohibición de enajenar y gravar el inmueble hipotecado. Pues bien, en el caso concreto, el juez de primera instancia dictó dos autos el mismo día 26 de julio de 2006, uno contentivo del decreto intimatorio y, el otro,  del decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar que obligatoriamente debe dictar el juez cuando encuentra llenos los extremos previstos en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, señalados con anterioridad en el cuerpo de este fallo; siendo así, este último auto debe ser equiparado al decreto de intimación pues forma parte integrante del mismo, de conformidad con las reglas especiales que regulan lo concerniente a la medida preventiva en este tipo de procedimiento.

 

Cabe destacar, que aun cuando el juez a quo no se atuvo a lo estipulado en las normas que regulan este procedimiento especial en cuanto a las formas que deben observarse cuando se decreta la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, se cumplió la finalidad perseguida, pues no obstante que la decretó por auto separado en el cuaderno de medidas y no en el cuerpo del decreto de intimación, ofició al Registrador de la jurisdicción respectiva con el propósito de que no se protocolizara ningún documento en el que, de alguna manera, se pretendiera enajenar o gravar el inmueble objeto de la presente ejecución de hipoteca.

 

Aclarado lo anterior, la Sala considera pertinente traer a colación lo establecido en sentencia N° RC-00545 de fecha 6 de julio de 2004, caso: Promotora Colina de Oro, C.A. contra  José Ambrosio Pérez Palacio y otra, exp. N° 04-072,  respecto a las distintas fases de este tipo de procedimientos, a saber:

 

“...El procedimiento de ejecución de hipoteca se encuentra previsto en el Capítulo IV del Título II del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Dicho procedimiento contempla dos fases bien definidas, a) la ejecución propiamente dicha, la cual se inicia si al cuarto día de despacho siguiente a la intimación, el demandado no acredita el pago (art. 662 c.p.c.) y b) la de oposición, que se inicia con la presentación del correspondiente escrito dentro de los ocho días de despacho siguientes a dicha intimación, más el término de la distancia si a él hubiere lugar (art. 663 c.p.c.).

 

En la primera etapa, si no consta la acreditación del pago, se procederá al embargo del inmueble gravado hasta que deba sacarse a remate el inmueble y sólo se suspenderá esta siempre y cuando haya formulado la oposición a la cual se contrae el artículo 663 de la Ley Adjetiva Civil, pues, en caso contrario (el intimado no formula oposición tempestivamente), deberá procederse al remate del inmueble.

 

Para que se abra la segunda etapa, el intimado deberá hacer oposición dentro de los ocho días siguientes a su intimación y sólo bajo los motivos expresamente señalados en el citado artículo 663. Interpuesta la oposición, el juez deberá verificar que dicha actuación llene los extremos exigidos en dicha norma y, de estimar que se cumplen, declarará el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continuará por el juicio ordinario.

 

En esta oportunidad le está vedado al juez emitir un pronunciamiento al fondo respecto a la procedencia de la oposición, pues ello sólo es posible luego de sustanciado el procedimiento conforme al juicio ordinario. Sólo podría, y bajo los límites previstos en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, desechar el escrito de oposición en caso de no estar llenos los extremos de ese artículo.

 

Por otra parte, respecto al auto de admisión de la demanda, el cual contiene el decreto intimatorio, que se dicta en este tipo de procedimiento especial, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión N° 318 de 8 de julio de 1987, juicio Bantrab Cuatro (4), C.A. contra Siso Shaw Asociados Arquitectos, C.A., ratificado en fallo N° 577 de 15 de diciembre de 1994, juicio Banco La Guaira, S.A.C.A-C.A. contra María Josefina Pallares de Alvarado y otros, expediente N° 94-558, estableció lo siguiente:

 

“...Para dar curso a este juicio especial el Juez debe examinar cuidadosamente el título fundamental de la petición o solicitud y solo si lo encontrase exteriormente, aparentemente, ajustado a los requisitos exigidos en la Ley, puede expedir la orden de intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución y decretar la prohibición de enajenar o gravar del inmueble objeto del proceso. Esta actividad del Juez de examinar el instrumento hipotecario y, bajo la premisa de que cumple con las formalidades y requisitos previstos en la Ley, da curso al proceso especial, disponiendo la monición (Sic) del supuesto deudor y decretando medida cautelar sobre el inmueble, conlleva, evidentemente, un acto decisorio, y como tal no susceptible de revocatoria o modificación por el órgano que lo pronunció, siendo, subsecuentemente, apelable por la parte intimada”. (Resaltado de la Sala).

 

 

 

Es preciso tener claro, que el recurso de apelación a que se refiere la sentencia antes transcrita, vale decir, el que se interpone contra el decreto de intimación que, a su vez, contiene el decreto de la medida cautelar prevista por el legislador para este tipo de juicios, es oído en un solo efecto, salvo que el Juez excluya de la ejecución determinadas partidas o no acuerde algunas de ellas, caso en el que se oirá dicho recurso en ambos efectos, por disposición expresa de la ley.

 

Por aplicación de lo hasta ahora expresado a la situación que se analiza, resulta evidente que el recurso de apelación interpuesto en la presente causa por la parte demandada contra el auto del 26 de julio de 2006, mediante el cual el juez a quo decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar por mandato de la misma ley, equiparable –como antes se indicó-  al decreto de intimación por tratarse de un juicio por ejecución de hipoteca, debió ser oído en el único efecto devolutivo, lo que determina que dicho auto no es susceptible de revisión ante esta sede de casación.

 

Así  lo ha determinado esta Sala, entre otras, en sentencia N° 104 del 6 de noviembre de 2002, Caso: Gilda Pizzoferrato contra Jesús M. Centeno Fajardo y otra, exp. N° 02-0487, en la que dejó sentado lo siguiente:

 

“…Ahora bien, con relación a la apelación del auto de admisión de la demanda en los procedimientos o juicios especiales, la Corte Suprema de Justicia, en decisión de fecha 8 de julio de 1987, ratificada en fallo de 15 de diciembre de 1994, (juicio: Banco La Guaira, S.A.C.A-C.A., contra María Josefina Pallares de Alvarado y otros), expediente N° 94-558, sentencia N° 577, estableció el criterio de la posibilidad de apelar del auto de admisión en el procedimiento de solicitud de ejecución de hipoteca, al señalar lo siguiente:

 

“...Para dar curso a este juicio especial el Juez debe examinar cuidadosamente el título fundamental de la petición o solicitud y sólo si lo encontrase exteriormente, aparentemente, ajustado a los requisitos exigidos en la Ley, puede expedir la orden de intimación de pago bajo apercibimiento de ejecución y decretar la prohibición de enajenar o gravar del inmueble objeto del proceso. Esta actividad del Juez de examinar el instrumento hipotecario y, bajo la premisa de que cumple con las formalidades y requisitos previstos en la Ley, dar curso al proceso especial, disponiendo la monición (Sic) del supuesto deudor y decretando medida cautelar sobre el inmueble, conlleva, evidentemente, un acto decisorio, y como tal no susceptible de revocatoria o modificación por el órgano que lo pronunció, siendo, subsecuentemente, apelable por la parte intimada”. (Negrillas de la Sala).

De acuerdo con la doctrina parcialmente transcrita resulta indiscutible que contra la admisión de la demanda en los juicios ejecución de hipoteca, pueda ser ejercido el recurso procesal de apelación, por cuanto tal pronunciamiento implica un acto decisorio. Ahora bien, tal decisión es de naturaleza interlocutoria por cuanto no pone fin al juicio ni impide su continuación, por el contrario, ordena su apertura y en el caso que se estuviere causando algún gravamen este podría se reparado en la oportunidad de dictar sentencia definitiva...”.

 

 

Por consiguiente; si a la parte demandada apelante se le causó un gravamen con la denegación del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia interlocutoria contentiva del decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, efectuada por el a quo mediante auto de fecha 15 de mayo de 2007, el mismo sólo podrá ser reparado en la oportunidad en que se anuncie recurso de casación contra la sentencia definitiva que resuelva lo relativo a la oposición que hagan los codemandados de autos a la ejecución que pretende la parte demandante, en la oportunidad procesal correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil.

 

En consecuencia, sobre la base de los razonamientos anteriores, lo procedente es que la Sala declare en el dispositivo del presente fallo, de manera expresa, positiva y precisa, la inadmisibilidad del recurso de casación anunciado por la parte demandada contra el fallo de fecha 31 de marzo de 2008, proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

D E C I S I Ó N

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2008, proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se REVOCA el auto de admisión de fecha 12 de  mayo de 2008 proferido por el pre-citado Juzgado Superior.

 

                   Dada la índole de la decisión, no procede la condenatoria en costas.

                  

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la Sala de Casación  Civil  del Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,  a  los  veintisiete (27) días  del mes de febrero de dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.  

                     

Presidenta de la Sala,

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

  

Vicepresidenta,        

              

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ           

                                                                                                                                    

Magistrado Ponente,

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ                     

Magistrado,

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario de la Sala,

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

                  

 

Exp. R.C. Nº AA20-C-2008-000309

NOTA: Publicada en su fecha, a las

 

 

Secretario,