SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

         En el juicio que por cumplimiento de contrato de  compra venta intentaron ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, los ciudadanos FRANCISCO DOMINGO BORTONE ECHEGARAY Y MARÍA DE JESÚS ANDRADE DE BORTONE, representados por los profesionales del derecho Betty Lugo de Fernández y Gladys Vivas, contra el ciudadano MIGUEL  OMAR CEVEDO MARÍN, actuando en su propio nombre y en representación de las ciudadanas MIRIAM MICAELA CEVEDO MARÍN DE GIL Y ROSA ELIZABETH CEVEDO MARÍN; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 11 de agosto de 1999, dictó sentencia por la cual declaró sin lugar la demanda, revocando la sentencia apelada, sin condenatoria en costas.

         Contra el preindicado fallo, los demandantes anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente  formalizado. No hubo impugnación.

         Concluida la sustanciación pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y lo hace en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTOS DE ACTIVIDAD

ÚNICO

         La Sala, considera con fundamento al principio de economía procesal para evitar un mayor desgaste innecesario de la jurisdicción que no responde al interés específico de la Administración de Justicia, contrario al principio de celeridad procesal que rige el proceso civil venezolano, y por vía de consecuencia, invierte el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por defectos de forma en el capítulo V, puntos: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto.

         Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º del artículo 243, el 12 y 509 eiusdem.

 

         La formalizante por via de fundamentación, alega:

“Del libelo de demanda que encabeza las actuaciones contentivas de este expediente, se evidencia que fueron acompañadas las siguientes pruebas documentales:

 

a)Documentos autenticados el día 28 de agosto de 1997, por ante la Notaría Pública Séptima  del Municipio Baruta del Estado Miranda, contentivo del contrato de opción de compra venta celebrado entre los demandados y la parte que represento en la persona de Francisco Domingo Bortone Echegaray, marcado con la letra ‘b’, recibo privado Nº 333 de fecha 12 de septiembre de 1997, por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 5.000.000,00), acompañado marcado con la letra ‘C’, documento de cesión de Carmen Luisa Cevedo Marin (sic) de Ciliberti a los demandados Miguel Cevedo Marin (sic), Miriam Cevedo Marin (sic) de Gil y Rosa Elizabeth Cevedo Marin (sic), otorgado el 23 de enero de 1998, bajo el Nº 28 Tomo 4 de los libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública Séptima del Municipio Autónomo Baruta del Estado Miranda, registrado posteriormente ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Baruta del Estado Miranda el día 20 de febrero de 1998, bajo el Nº 36, Tomo 4º, que se anexó marcado ‘C’; documento privado de fecha 24 de octubre de 1997, mediante el cual Miguel Omar Cevedo Marin, Miriam Micaela Cevedo Marin (sic) de Gil y Rosa Elizabeth Cevedo Marin (sic), reciben a su entera satisfación (sic) de parte de mis mandantes la suma de  DOCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 12.000.000,00), y además acuerdan extender  el lapso de duración para la protocolización del documento de compra venta por cincuenta (50) días más contados a partir de la citada fecha 24 de octubre de 1997, marcado ‘D’ recibo privado Nº 80070, anexo marcado ‘E’, mediante el cual Miguel Omar Cevedo Marin (sic), recibe adicionalmente la suma de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00),en concepto de abono a saldo de compra venta del apartamento 83, Residencias Canaima. El Cafetal; documento de compra  venta para ser otorgado en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro  del Municipio Baruta del Estado Miranda, donde además se constituye gravámen (sic) hipotecario de primer grado a favor de Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo, marcado ‘G’, telegrama con acuse de recibo de fecha 24 de marzo de 1998, ratificando necesidad de planilla de enajenación de inmuebles (SENIAT) para proceder a la protocolización, marcado ‘H’ telegrama enviado por mi representado Francisco Bortone con acuse de recibo a los demandados donde les ratifica que la firma del documento definitivo del apartamento 83 del Edificio Canaima se efectuaría el 16 de abril (sic) a las 11 de la mañana  en la Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo; marcado ‘J’ y ‘K’ y telegrama enviado por Miguel Cevedo Marin (sic) a Francisco Bortone.

 

La recurrida estableció en su fallo que ‘por el solo hecho de existir en los autos un contrato inexistente acompañado al libelo como documento fundamental para sustentar la pretensión, pues consideraba que ese era el elemento de prueba que desvirtuaba la confesión del aquí demandado, cuyo documento aportado por el propio demandante es un contrato que no surte los efectos juridicos (sic), por que nunca existió y como consecuencia de ello, la presente demanda no tiene ningún asidero juridico (sic): ‘por lo que considera este Sentenciador, que estas son razones suficientes para declarar improcedente la demanda propuesta por cumplimiento de contrato, y consecuencialmente la confesión ficta declara en la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 09 de diciembre de 1998. Asi se decide’. (sic)

 

De la transcripción parcial que se ha efectuado precedente, el único elemento de prueba que analizó la recurrida de manera parcial, lo fue el docuemtno (sic) contentivo del contrato de opción de compra celebrado en fecha 28 de agosto de 1997, celebrado entre los demandados y Francisco Bortone Echegaray, cursante  a los folios diez (10) y doce (12) de este expediente, que ese documento era el elemento de prueba que desvirtuaba la confesión, que no surtía efectos juridicos (sic) porque nunca existió, efectuando como señaláramos en la denuncia precedente una apreciación incompleta, parcial e imprecisa de la señalada prueba instrumental, sin apreciar y (sic) examinar las pruebas en su integridad y en relación con las demás pruebas que obren (sic) en el juicio, puesto que la falta de exámen (sic) de las pruebas que obren (sic)  en el juicio o el exámen (sic) fragmentario de unas pruebas en particular no constituye método racional que pueda contribuir al establecimiento de la verdad procesal, que conforme  lo ha establecido esta Sala, deja sin cabal fundamentación el fallo en uno de sus aspectos esenciales como es la muy importante labor critica de valoración total de los elementos de convicción que obran en los autos.

 

La recurrida ni siquiera tangencialmente hace mención alguna de las demás pruebas que fueron aportadas al proceso por mi representada, y siendo ello asi (sic) menos aún expresó el juicio que le merecian (sic),obligada como estaba a hacerlo conforme al mandato que le impone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo de esta manera en el vicio de silencio de pruebas, toda vez que la citada norma le impone la obligación de juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto a éllas, y en el caso que nos ocupa solo (sic) se refirió la recurrida al documento de opción de compra y decimos que solo (sic) se refirió, ya que simplemente se limitó a manifestar ‘OBSEVANDOSE AL PIE DEL FOLIO DOCE (12) LA FIRMA DE LOS MENCIONADOS CUATRO (04) CONTRATANTES, LO QUE TAMBIEN HACE EVIDENTE QUE A ESE ACTO NO COMPARECIO LA CIUDADANA CARMEN LUISA MARIN CEVEDO DE CILIBERTI, CONTRATO ESTE DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 1997, VALE DECIR QUE EN AMBOS CONTRATOS ESTA AUSENTE UNO DE LOS OTORGANTES....’

 

Como dijéramos supra, la referencia de la recurrida es en relación de la firma que aparece al pie del documento, pero sin estudiar el documento en su contexto, caso en el cual habría constatado que el documento producido por mi representada, acompañado con el libelo de la demanda, entre otros elementos probatorios, cursante al folio diez (10) y doce (12), los opcionantes, hoy demandados, manifestaron que la propiedad del inmueble les correspondia (sic) por berencia (sic)  de sus legitimos (sic) padres, por contrato celebrado con el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y SEGUN CESION OTORGADA POR CARMEN LUISA CEVEDO MARIN, DE CILIBERTI, CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD AUTENTICADO EN FECHA 28 DE AGOSTO DE 1997, bajo el Nº 67,del Tomo 57 de los libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública Séptima  del Municipio Autónomo Baruta del Estado  Miranda, razón por la cual Carmen Luisa Cevedo Marin (sic) de Ciliberti, no fue otorgante de ese documento, precisamente por haberle cedido a los demandados sus derechos de propiedad sobre el inmueble que fue objeto de opción de compra venta; y de haber analizado el documento que trajo a los autos el ficto confeso Miguel Omar Cevedo Marin (sic), habria (sic) constatado que éste era anterior en dos dias al producido por nuestro representado, ya que aquél fue otorgado el 26 de agosto de 1997 en la misma Notaria y donde ciertamente no aparece la firma de la señora Carmen Luisa Cevedo Marin (sic), y aún en la hipótesis de que no hubiese firmado tal documento no por ello implica falta de consentimiento de los otorgantes ni puede tener el efecto que le da la recurrida de contrato inexistente, puesto que en primer lugar, Carmen Luisa Cevedo Marin (sic) de Ciliberti no es demandada en este proceso, y en segundo lugar, consta que en el documento de fecha 28 de agosto de 1997, los demandados invocaron la cesión de derechos litigiosos que ésta les habia (sic) hecho, y en tercer lugar, aparece de autos, CUYA PRUEBA FUE TOTALMENTE SILENCIADA POR LA RECURRIDA, que la CESION DE DERECHOS QUE HICIRA CARMEN LUISA CEVEDO MARIN DE CILIBERTI a los demandados fue registrada posteriormente en la oficina Subalterna de Registro del municipio Baruta del Estado Miranda, el día 20 de febrero de 1998, bajo el Nº 36, tomo 4, cuyo documento público fue acompañado al libelo de la demanda marcado con la letra ‘C’, documento este que no fue tachado ni desconocido en forma alguna y que la recurrida estaba en el deber de analizar, y darle valor de plena prueba, como también (sic) de analizar todas la demás probanzas de autos, lo cual no hizo, incurriendo en el vicio  de silencio de pruebas.

 

Reiteramos, Ciudadanos Magistrados, solo (sic)  constató la recurrida que al pie no estaba la firma de la ciudadana Carmen Luisa Cevedo Marin (sic) de Ciliberti, pero no analizó el contexto del documento, en cuya cláusula Segunda se estableció que el precio de venta del inmueble era la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs 40.000.000,00), de los cuales fueron cancelados CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 5.000.000,00) en el momento de la firma de ese documento y CINCO MILLONES DE BOLIVARES (bs.(sic) 5.000.000,(sic)) a los quince días continuos después de la firma y el saldo de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs 30.000.000,00), cuarenta y cinco dias después de haberse efectuado el segundo, fecha en cual se procedería a la protocolización, y la cláusula séptima donde los vendedores declararon solemnemente qu (sic) el inmueble objeto de ese contrato les pertenecia (sic) por haberlo heredado de sus legitimos (sic) padres Aura Rosa Marin (sic) de Cevedo y Miguel Antonio Cevedo Alfonzo.

 

Tampoco analizó y valoró la recurrida el documento privado de fecha 24 de octubre de 1997, suscrito entre MIGUEL OMAR CEVEDO MARIN, MIRYAM CEVEDO MARIN DE GIL Y ROSA ELIZABETH CEVEDO MARIN Y FRANCISCO DOMINGO BORTONE ECHEGARAY, invocando CONTRATO DE OPCION DE COMPRA DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 1.997 (sic) POR ANTE (sic) LA NOTARIA PUBLICA SEPTIMA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA EL CUAL QUEDO ASENTADO BAJO EL Nº 57 DE LOS LIBROS DE AUTENTICACIONES LLEVADOS POR ESA NOTARIA , calificaron que el precio de venta del inmueble era la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs 40.000.000,00)de los cuales el comprador habia (sic) cancelado DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs 10.000.000,00) en las oportunidades que habian (sic) sido señaladas en la derogada cláusula segunda anterior; la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs 12.000.000,00), a la firma de ese documento privado, y el saldo, es decir, DIECIOCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs 18.000.000,00) cincuenta dias continuos a partir del 24 de octubre de 1997, fecha en cual se procederá a la protocolización de la venta objeto del contrato y correspondiente tradición. Dicho documento privado no fue desconocido forma (sic) alguna, por lo que tiene fuerza y valor probatorio y ciertamente prueba la existencia del contrato, la manifestación de voluntad de los vendedores, hoy demandados, de prorrogar la duración del contrato por cincuenta dias, a partir del 24 de octubre de 1997, y haber recibido de manos del comprador la suma de VEINTIDOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs 22.000.000,00). Este documento privado acompañado marcado ‘D’ fue silenciado por la recurrida, esto es, no lo valoró en forma alguna incurriendo en el vicio de silencio de pruebas aqui denunciado.

 

También fue acompañado al libelo de la demanda marcado con la letra ‘E’ documento privado de fecha 24 de octubre de 1997(sic)  suscrito por el abogado MIGUEL CEVEDO MARIN, donde éste hace constar que recibe  de FRANCISCO BORTONE la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,00) ABONO A SALDO DE COMPRA VENTA DEL APTO 83, RESIDENCIAS CANAIMA EL CAFETAL (SALDO FINAL, 17 MILLONES DE Bs.)’(sic)

 

En relación a ese documento privado, que no fue tachado en cuanto a su contenido ni desconocido en cuanto a su firma (sic)   quedando el mismo reconocido, se hace la misma observación, la recurrida no lo mencionó y consecuencialmente no lo valoró obligada como estaba por el expreso mandato que le discierne el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que le ordena analizar todas las pruebas (sic)  hayan producidas aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algun (sic) elemento de convicción, expresándose siempre cual fuere el criterio del Juez respectos de éllas.

 

De haber analizado y valorado todas las pruebas que fueron producidas en autos por mis representados, habria (sic) llegado a una conclusión distinta a la que produjo, esto es, habría confirmado el fallo de la primera instancia, habida cuenta de que el contrato tiene plena validez y efectos juridicos (sic) y la pretensión ejercida se encuentra amparada en las normas legales invocadas como fundamento de derecho al ser ejercida la pretensión, vale decir, la acción ejercida no era ni es contraria al órden (sic) público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.

 

La recurrida se refirió de una manera parcial a una sola de las pruebas, y concluyó que el contrato era inexistente por faltar al pie la firma de una persona que no era demandada en este proceso, que por lo demás habia  (sic) cedido  sus  derechos  a los hoy demandados, lo que no puede considerarse análisis del contrato de compra venta, descansando su dispositivo en la única consideración errónea y contraria a derecho e ignoró no solamente el contexto de la prueba en cuestión, puesto que el contrato de opción de compra cumple los requisitos de validez de todo contrato, consentimiento de las partes, objeto y causa licita, y silenció e ignoró todas las pruebas traídas al proceso por mi representada, las cuales no fueron desconocidas ni impugnadas en forma alguna, sino que por el contrario hubo tácita admisión de las mismas, incurriendo asi en el vicio de prueba.

 

La Sala en sentencia del 19 de marzo de 1996, ponencia del Magistrado Dr (sic) Anibal Rueda en el juicio de Alexis Ramon (sic)  Diaz (sic)  Sanabria contra Compañía Venezolana de Cerámicas C.A. (Venceramica), Sentencia Nº 625, se pronunció así:

 

‘Es jurisprudencia constante de esta Corte, que para que los fundamentos de una sentencia sean, como es debido, demostración de lo dispositivo, no pueden limitarse a cimples (sic) afirmaciones sobre puntos de hecho, sin que la preceda la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas constantes de autos. Es decir, que no existe prueba sin importancia, pues todas ante el Juzgado merecen ser tenidas en cuenta para su exámen (sic) y solo (sic) en virtud de su exámen (sic), ser acogidas o desechadas.

 

Ahora bien, en cuanto a la especifica naturaleza juridica (sic) de efecto de actividad de inmotivación, denunciable por conducto de los motivos de casación de forma que le corresponde al vicio de silencio de prueba, la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, con pleno acierto, ha expresado:

 

‘...en los fallos de instancia deben ser apreciadas todas las pruebas aportadas en los autos sin que los jueces puedan descansar su dispositivo en una se (sic) ignorando otros, porque ello equivale  a falta de inquisición de la verdad procesal, a que se desconozca a la parte proponente de la prueba silenciada el derecho de su apreciación, y en fin, a que el dispositivo no aparezca cabalmente razonado’ (Sentencia extraidas (sic) de Marquez (sic) Añez, Leopoldo Ob.cit.p.73’

 

En aplicación a la doctrina antes transcrita esta Sala debe declarar con lugar la denuncia a que se refiere el presente acápite de la formalización, a la vez la recurrida ha silenciado en su totalidad la valoración de las probanzas del proceso’(sic) (Pierre Tapia, Nº 3, marzo 1996 paginas (sic) 312, 313).

 

En sentencia del 25 de marzo de 1998, ponencia del Magistrado Hector Grisanti Luciani, Sentencia  Nº 104, la Sala estableció:

 

‘Cuando un Juez silencia una prueba, mas que errores de juicio incurre en falta de motivación de la decisión como modalidad propia de efecto de actividad en la formación del fallo y, en consecuencia tal silencio de prueba, como defecto de actividad solo es denunciable con base en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, con alegato de violación del ordinal 4º del artículo 243 ejusdem, que puede colorearse con la denuncia de los artículos 509 y 12 del citado código' (ratificación de la doctrina citada en fallo del 3-5-95). (Pierre Tapia, Tomo 3, Año 1998, Sentencia 104. Rosa Elena Hidalgo de Manzanilla, contra Francisco Manzanilla, pag (sic) 438.)

 

Ratifica sentencia del 25 de junio de 1998, ponencia del Magistrado José Luis Bonnemaison W. Adolfo Mora Llaca contra Arthur Augustus Sarjent Cabrera y otra, sentencia Nº 468, Pierre Tapia, Nº 6 año 98).

 

En sentencia del 18 de abril de 1998, ponencia del Magistrado Dr (sic) Rafael Alfonso Guzman (sic), reiterada en sentencia del 1º de octubre de 1998, ponencia del Magistrado  José Luis Bonnemaison, la Sala se pronunció así:

 

‘Ha sido constante la jurisprudencia de esta Sala en censurar al sentenciador de instancia, cuando se exime de analizar alguna prueba y emitir el criterio que le merezca, apreciándola o desechándola, el juez de la alzada no puede limitarse a examinar algunas pruebas para fundamentar su decisión, silenciando las otras, cuando la índole de su función lo obliga a examinar todos los elementos probatorios producidos por las parte, indicando el motivo por el cual se abstuvo de hacer el análisis de todas o algunas de las pruebas de autos con lo cual dejaría de incurrir en el vicio en referencia.’ 

 

‘Se incurre, pues, de acuerdo con el criterio expuesto por esta Sala en silencio de prueba y consiguiente en violación de los artículos denunciados (ordinal) 4º, artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, no solamente cuando el sentenciador omite toda referencia y apreciación de la prueba, sino cuando aún mencionándolo en su simple ocurrencia, se abstiene de analizarla para atribuirle el mérito que pueda tener de acuerdo a la ley porque la labor de parte del Juez es fundamental y su omisión es determinante de este vicio de forma’. (Pierre Tapia, Nº 10, año 98, página  340 y 341, Angela Camola Matos de Vargas y otros contra Bertha de la Trinidad Michel de Pérez. Sentencia Nº 765).

 

En sentencia del 13 de noviembre de 1997 (Caso: Geminis (sic) 653, C.A. contra Promotora  las Focas, C.A., la Sala señaló:

 

‘...Se incurre en el vicio de silencio de pruebas en dos casos especificos (sic):

 

a)Cuando el juzgador omite en forma absoluta toda consideración sobre un elemento probatorio existente en los autos, cuando lo silencia totalmente y

 

b) cuando no obstante que la prueba es señalada, es decir, cuando la analiza contrariando la doctrina de que el exámen (sic) se impone asi sea la prueba inocua, ilegal o impertinente, puesto que precisamente a esa calificación no puede llegarse si la prueba no es considerada’ (Sentencia del 18 de noviembre de 1998, ponencia del Magistrado Anibal Rueda, en el juicio de Antonia Rosa Pérez de Suarez (sic)  y otro  contra Teódula Dominga Díaz Guevara, sentencia Nº 892, Pierre Tapia, Nº 11, página 411 y 412)(sic).

 

De las jurisprudencias citadas y parcialmente transcritas, se evidencia que es doctrina pacifica (sic) de la Sala, que el vicio de inmotivación por el silencio de pruebas, se produce cuando el Juez contrariando a lo dispuesto por el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, omite en forma alguna toda consideración sobre un elemento probatorio, es decir, cuando silencia la prueba en su totalidad; que el exámen (sic)  de la prueba se impone asi sea ésta inocua, ilegal o impertinente, pues justamente a esa calificación no puede llegar el juez si previamente no emite de juicio de valoración, criterio este que además reitera en la sentencia del 25 de junio de 1998, ponencia del Magistrado José Luis Bonnemaison  y que la denuncia debe ser encuadrada dentro de las previsiones del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, debiendo el formalizante delatar como violado el ordinal 4º del artículo 243 ejusdem, coloreado con el artículo 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, pues el silencio de pruebas constituye inmotivación del fallo.

 

Aplicando el criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal a la situación juridica (sic) delatada  mediante el presente recurso de casación por defecto de actividad, y en conjunción a lo precedente expuesto, resulta por demás evidente y así se infiere de las actas procesales que conforman este expediente, y del fallo dictado por la recurrida, que ésta no analizó ni valoró las diferentes probanzas que fueron traídas a los autos por la parte que represento, limitándose a efectuar una observación en cuanto a que al pie del folio 12 del documento de opción de compra no aparecía la firma de una ciudadana de nombre Carmen Luisa Cevedo Marin (sic) de Ciliberti, persona que no es demandada en este proceso,  prescindiendo de todo análisis del contrato en cuestión, e hizo deescanzar (sic) su dispositivo en esa única consideración errónea por violatoria de la propia forma legal que citó, puesto que el contrato de opción de compra venta cumple los requisitos de validez a saber:

consentimiento de las partes, objeto y causa licita, amén de que ignoró, soslayó, omitió, silencio todo análisis y valoración de todas las pruebas traídas a este proceso por mi representada, contenidas en documentos públicos, auténticos y privados que por falta de desconocimiento quedaron reconocidos, sin pronunciarse en relación a los mismos, por lo que resulta procedente el vicio de inmotivación denunciado por silencio de prueba, razón por la cul (sic) pido que esta denuncia sea declarada Con Lugar”. 

      

Para decidir, la Sala observa:

         La Sala antes de decidir, deja constancia que la denuncia fue formulada antes del cambio de doctrina.

         El vicio que se le atribuye a la sentencia recurrida es el de haber incurrido en silencio de pruebas.

         Ahora bien, el silencio de pruebas en concepto de la doctrina de la Sala ocurre en dos casos:

“a) cuando el juzgador omite en forma absoluta toda consideración sobre  un elemento probatorio existente en los autos, cuando lo silencia totalmente, y

 

b) cuando no obstante que la prueba es señalada, es decir, cuando el juzgador deja constancia de que está en el expediente, no la analiza, contrariando la doctrina de que el examen se impone así sea la prueba ‘inocua, ilegal o impertinente’ puesto que, precisamente, a esa calificación no puede llegarse si la prueba no es considerada”

 

“La falta de examen de la prueba, para que, no obstante haber sido señalada por el juez de instancia, constituya el vicio de ‘silencio de prueba’, debe ser absoluta; en caso contrario, si la prueba es considerada en forma deficiente o errada, la sentencia podrá ser atacada por otros vicios y mediante la denuncia de otras  normas, pero no por el de silencio de prueba”. (Sentencia de 28-3-84.)(Pierre Tapia Oscar R. Repertorio Mensual de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo III, año 1984 pág. 126).-  

 

 

         En el presente caso, en la formalización se alega que en la recurrida no se cumple con el mandato del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, de examinar el juez todas las pruebas aportadas a los autos, asi  sean estas inocuas impertinentes y no le den apoyo alguno al fallo, pues no hay pruebas sin importancia; que todas deben ser examinadas y debidamente valoradas.

         En la formalización se señalan cuales fueron esas pruebas silenciadas, que la Sala en honor a la brevedad no las transcribe.-

Examinado el fallo recurrido, se puede constatar que no contiene la enunciación de las pruebas aportadas por las partes, especialmente la actora que presentó varios elementos probatorios.- Solamente en el fallo contra el cual se recurre se hace referencia a un documento que no se analiza, sino que se rechaza porque según la recurrida le faltaba la firma de un otorgante.

Tal conducta del sentenciador de la recurrida, lo hace incurrir en la infracción denunciada, pues, conforme a la doctrina constante y pacífica de la Sala, el sentenciador infringe el mandato previsto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al no expresar en la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, desconociendo igualmente la regla del artículo 509 eiusdem que obliga al Juez a pronunciarse sobre todas las pruebas aportadas por las partes, asi sean éstas  impertinentes ó inocuas, que no le aporten apoyo al proceso, pues, sin su examen y apreciación o rechazo, el Juez no puede llegar a ninguna conclusión.- También se infringe el artículo 12 eiusdem pues no se decide conforme a lo alegado y probado en autos.

En consecuencia, considera la Sala que la denuncia de silencio de prueba que se deja analizada es procedente. Asi se decide.-

Por haber prosperado la denuncia de forma examinada, la Sala se abstiene de decidir las restantes contenidas en el escrito de formalización, conforme a lo prescrito en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Asi se decide.-

DECISIÓN

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR el presente recurso de casación. En consecuencia, se declara la NULIDAD del fallo recurrido y se REPONE la causa al estado de que el Juez que resulte competente, dicte nueva sentencia, sin incurrir en el vicio que dio lugar a la nulidad del fallo.

Queda de esta manera CASADA, la sentencia impugnada.

Publíquese, regístrese y remítase al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil,   del  Tribunal  Supremo  de Justicia,   en Caracas, a  los   trece   ( 13 ) días del mes de  julio de dos mil. Años: 190º  de la Independencia y 141º de la Federación.-

 

 

El Presidente de la Sala,

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 El  Vicepresidente,

 

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 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

                                                                                             

Magistrado – Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                                               

                                                                                    

La Secretaria,

 

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DILCIA QUEVEDO

 

 

Exp. Nº 99-963