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SALA
DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO
VÉLEZ.
En
el juicio por nulidad de venta, intentado ante el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del estado Carabobo, con sede en Valencia, por el abogado DOMINGO ALBERTO
MARCANO ROJAS, actuando en su propio nombre y en defensa de sus
derechos e intereses, contra las sociedades de comercio que se distinguen con
la denominación mercantil MAPRICA C.A. y HETAMI INVERSIONES C.A., patrocinadas
por los profesionales del derecho Pablo Bujanda Agudo, Reinaldo Rondón Haaz y
Betsy Salazar Moreno; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial,
conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en
fecha 31 de octubre de 2002, mediante la cual declaró con lugar la oposición
formulada por las co-demandadas a la medida de prohibición de enajenar y gravar
decretada por el tribunal a quo el 7 de febrero de 2000. De esta manera
revocó el fallo apelado. No hubo condenatoria al pago de las costas procesales.
Contra
el referido fallo, el demandante anunció recurso de casación, el cual fue
negado por auto de fecha 21 de enero de 2003, con fundamento en que se trata de
una sentencia interlocutoria que no resuelve el mérito de la controversia, y
que no encuadra dentro de los supuestos señalados en el artículo 312 del Código
de Procedimiento Civil.
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la
negativa de admitir el de casación, la Sala recibió el expediente del cual se
dio cuenta en fecha 10 de marzo de 2003, designándose ponente de la máxima
decisión procesal al Magistrado que con tal carácter la suscribe, quien lo hace
previa las siguientes consideraciones:
De la detenida y exhaustiva revisión de
las actas del expediente la Sala observa que no consta en forma alguna el
libelo de la demanda, por lo cual no puede determinar con certeza el
cumplimiento del requisito de la cuantía. La doctrina de esta Sala ha
establecido que el valor de la causa debe determinarse con base en los
elementos de cálculo contenidos en el libelo de demanda y no de documentos
anexos, o de cualquier otra acta del expediente. (Vid. Fallo de fecha 15 de
marzo de 1995, caso: Vicenta Golindano Padrón y otros, contra José Ramón
Golindano Padrón, Exp. Nº 94-160, Sent. Nº 48). En caso contrario, el Tribunal Supremo no podrá verificar
el cumplimiento del requisito de la cuantía.
Sobre este particular, la Sala ha
expresado que de no constar de modo cierto y definitivo en el expediente el
interés principal del juicio, porque no fue consignada la copia certificada del
libelo de demanda, debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la
cuantía y, por ese motivo, el recurso de hecho debe ser declarado inadmisible,
“…sin que valgan consideraciones relativas a la duda que pudiera surgir en
cuanto a la probable cuantía del juicio, dado que los términos de la mencionada
ley no permiten otra solución que no sea la que obliga a demostrar con toda
certeza, que el valor del juicio sobrepasa el límite por aquélla establecido a
los fines de la admisión del recurso…”. (Vid Fallo de fecha 15 de julio de
1999, caso: José Vicente Marín c/ decisión del Juzgado Primero de primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, Exp. Nº
98-804, Sent. Nº 434).
Esto es lo ocurrido en el caso concreto,
pues no consta el libelo de la demanda, y por tanto, no es posible verificar cuál es el interés principal del
juicio.
A mayor abundamiento de las
observaciones precedentes considera necesario esta Sala de Casación Civil hacer
referencia al criterio establecido por este Máximo Tribunal en sentencia de
fecha 2 de noviembre de 2000, (caso: Freddy Mezerhane Gosen c/ Seguros La
Federación C.A.) Exp. Nº 99-743, Sent. Nº 352, con ponencia del
Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, mediante
el cual estableció que “...tendrán
valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía de la demanda, como
requisito para la admisión del recurso casacionista, todos aquellos documentos
autorizados con las solemnidades del caso por un juez u otro funcionario o
empleado público que tenga facultad para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones
pueda haber dejado claramente determinado dicha cuantía...”. No obstante a
este criterio, tampoco consta en autos ningún tipo de documento autorizado que
evidencie la cuantía del presente asunto.
De lo
anteriormente expuesto, se concluye que el recurso de casación anunciado es
inadmisible, por consiguiente se determina la improcedencia del de hecho, el
cual debe declararse sin lugar tal como se hará de manera expresa, positiva y
precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra la decisión de fecha 21 de enero de 2003, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia, denegatorio, a su vez, del recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por ese tribunal en fecha 31 de octubre del mismo año.
Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Dada la reiterada doctrina de esta Sala,
acerca del expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso
de casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos
contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento
Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se
impone una multa, por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,00) a cuyo
efecto se ordena al tribunal de la causa, expedir la correspondiente planilla
de liquidación para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y siguientes de la Ley de Abogados, 4, ordinales 1 y 4, del Código de Ética del Abogado Venezolano y 170 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de la determinación de interposiciones maliciosas del recurso de casación por parte de los abogados recurrentes, se ordena a Secretaría llevar el registro y control respectivo para que, en caso de reincidencia en más de tres (3) oportunidades, informe a esta Sala con el propósito de que ésta ordene oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados respectivo, con el fin de que resuelva sobre la procedencia o no de la eventual medida disciplinaria contra los referidos profesionales del derecho.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia. Particípese esta remisión al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de Julio del dos mil tres. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
_________________________
FRANKLIN
ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
_________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
_____________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. N°. C-2003-000174