Exp. 2004-001003

AVOCAMIENTO

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

Por escrito de fecha 29 de noviembre de 2004, la ciudadana CARMEN JOSEFINA PERDOMO TOVAR, asistida por el abogado en el ejercicio de su profesión Jesús R. Roxburaght, solicita de la Sala el avocamiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el juicio que por reivindicación de bien inmueble que incoara en contra de su representada, la ciudadana JOSEFINA TERESA ANGRISANO LÓPEZ, el cual se encuentra –según su dicho- en el “...Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en El Tigre...”.

Tramitada la solicitud de avocamiento, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual se hace en los siguientes términos:

I

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto planteado, esta Sala de Casación Civil pasará a pronunciarse sobre su competencia a los fines de determinar si es a ella a quien corresponde el conocimiento del presente asunto, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 20 de mayo de 2004 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 37.942.

Efectivamente, establece su artículo 5, numeral 48 y subsiguiente primer párrafo, lo siguiente:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(...Omissis...)

48. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente.

(...Omissis...)

En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida...”.

 

Del transcrito se entiende que la Ley previó que la competencia en materia de avocamiento es para todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, regulando dicha atribución competencial en base a la materia debatida en el juicio que se pretenda el avocamiento.

En aplicación de lo expuesto, para determinar la competencia en este caso de la Sala, del escrito de avocamiento se constata que el juicio a avocarse trata de una reivindicación de bien inmueble incoada por la ciudadana JOSEFINA TERESA AGRISANO LÓPEZ en contra de la hoy solicitante, la cual se encuentra en fase de ejecución ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario. del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en El Tigre; por lo que siendo el juicio principal una reivindicación, hace evidente su naturaleza civil, la cual es afín con la materia propia de esta Sala.

Por lo expuesto, la Sala se declara competente para conocer de la presente solicitud de avocamiento. Así se decide.

II

ALEGATOS DEL SOLICITANTE DEL AVOCAMIENTO

En el escrito de avocamiento presentado por el abogado Jesús R. Roxburaght, se señala lo siguiente:

“...Por cuanto del contexto de todo lo preindicado, entre otras cosas se infiere, que el ciudadano Juez Superior en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, al dictar sentencia con data 14-05-04 y declarar con lugar la acción reivindicatoria incoada por la ciudadana JOSEFINA ANGRISANO contra mi persona CARMEN JOSEFINA PERDOMO incurrió en el vicio de indeterminación objetiva (imprecisión de la extensión de los linderos del inmueble), el cual se constituye en un vicio de orden público, que afecta directamente la finalidad del mismo, vale decir, hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procésales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio, es por lo que con el debido acatamiento y muy respetuosamente ocurro por ante su competente autoridad, de conformidad con la conexidad de los artículos 5 numeral 48 y 18 Apartes Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y respetando la discrecionalidad judicial que el legislador patrio le otorgó a ese honorable Alto Tribunal, a solicitar, se avoque el conocimiento del expediente BH 11-V-2000-000003 (numero antiguo 19.135), que actualmente y en función del proceso reposa en el Juzgado Primero de la Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del tránsito (Sic) y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui (El Tigre)...” (Mayúsculas, subrayado y negritas de la solicitante).

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En relación a la solicitud de avocamiento, la Sala en sentencia Nº AVOC.00771 de fecha 29 de julio de 2004, caso Teodulo Domingo Díaz Guevara, expediente Nº 2004-000394, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:

“...La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 806 de fecha 24 de abril de 2002, caso SINTRACEMENTO, expediente 00-3049, delimitó el objeto del avocamiento en los siguientes términos:

‘...El objeto del avocamiento es, en palabras de los proyectistas de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, traer al más Alto Tribunal de la Repúblicacualquier asunto que por su gravedad y por las consecuencias que pudiera producir un fallo desatinado, amerite un tratamiento de excepción con el fin de prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra carta fundamental’ (cita recogida en el Acuerdo de la Sala Político Administrativa del 10.08.82, con ponencia del Magistrado Domingo A. Coronil)...’

De lo trasladado es deducible que, el avocamiento debe tenerse como una figura de interpretación y utilidad restrictiva, toda vez que su tramitación representa una ruptura del principio de la instancia natural. Bajo estos precedentes, las diferentes Salas del Tribunal han venido delineando los requisitos de procedibilidad de los avocamientos.

En este sentido, se cita la sentencia N° 1201, dictada por la Sala Político Administrativa en fecha 25 de mayo de 2000, caso Blanca Romero de Castillo, expediente 12319, mediante la cual se estableció las fases del avocamiento, en los siguientes términos:

‘En dos recientes decisiones esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a las denominadas ‘Fases del Avocamiento’, para precisar las dos etapas procesales que conforman esta institución, la primera: que se inicia con la solicitud de avocamiento, y previo examen de los requisitos de procedencia (que se enunciaron en el punto 2 del capítulo anterior), se ordena la remisión de los expedientes que cursen ante otros tribunales; implica la orden de paralizar cualquier actuación en el tribunal en el cual reposa el o los expedientes ya que deben remitirse a este Supremo Tribunal impidiendo, tanto al juez como a las partes, cualquier tipo de actuación.

Y una segunda etapa, que es la de avocarse propiamente al conocimiento del asunto, cuando lo juzgue pertinente. Asimismo esta Sala señaló en las referidas sentencias que la última decisión puede tener implícita la nulidad de algún o todos los actos procesales, cuando se hubiere dejado de llenar un requisito esencial a su validez, y, como consecuencia natural, la reposición de la causa al estado que la misma sentencia de avocamiento señale, e incluso pasar esta Sala al conocimiento material del asunto’.

La precedente sentencia de la Sala Político Administrativa, fue recientemente ratificada por la Sala Accidental de Casación Civil, en su fallo N° AVOC.00311, de fecha 15 de abril de 2004, con presencia del Magistrado que con tal carácter suscribe este fallo, en el caso de avocamiento solicitado por Petrolago, C.A., expediente 2003-000907, que estableció:

‘En este sentido, se precisa que el procedimiento del avocamiento se desarrolla en dos etapas o fases: la primera, consiste en la solicitud de remisión de los expedientes que cursen ante otros tribunales, lo cual implica la orden de paralizar cualquier actuación en el tribunal en el cual reposa el o los expedientes, impidiendo tanto al juez como a las partes cualquier tipo de actuación, previo análisis de los requisitos de procedencia, dado la naturaleza excepcional de la figura jurídica del avocamiento; y la segunda fase, que es la de avocarse al conocimiento del asunto al fondo, con la verificación de la ocurrencia o no de las circunstancias de hecho y derecho irregulares alegados en la solicitud. La decisión en esta segunda y última fase puede tener implícita la nulidad de algún acto procesal, cuando se hubiere dejado de llenar un requisito esencial a su validez y como consecuencia natural, la reposición de la causa al estado que la misma sentencia de avocamiento señale o la extinción del juicio, si los vicios se configuran antes de la formación de la pretensión’ (Resaltado del texto).

También es pertinente citar la sentencia N° 58 de la Sala de Casación Social, dictada en fecha 13 de febrero de 2003, caso Defensoría del Pueblo contra Canal Metropolitano de Caracas (CMT) y otros, expediente 2003-000045, la cual en base a sentencias de las Salas Constitucional y Político Administrativa, estructuró la tesis referente a cuáles son los requisitos y en qué consiste cada uno de ellos para que pueda iniciarse la primera etapa de la tramitación del avocamiento, que es la fase correspondiente al presente asunto. La sentencia de la Sala de Casación Social citada, estableció:

‘el avocamiento es una facultad excepcional que permite a un superior atraer para sí el examen y decisión de una causa cuyo conocimiento, conforme a las reglas ordinarias de competencia corresponde a un inferior. En nuestro sistema tal facultad corresponde –como ya se indicó- al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de competencia afín con los derechos involucrados.

En relación con los requisitos de procedencia de la figura del avocamiento, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, en sentencia de 13 de abril de 2000, (caso: Fondo de Inversiones de Venezuela), señaló que para que pudiese dicha Sala avocarse al conocimiento de alguna causa –criterio que acoge esta Sala- debían concurrir los siguientes elementos:

‘1) Que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente, por el legislador, al conocimiento de los tribunales, aun cuando no sea strictu sensu materia contencioso administrativa.

2) Que un asunto judicial curse ante algún otro Tribunal de la República;

3) Debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia.

4) Que en el juicio cuya avocación se ha solicitado exista un desorden procesal de tal magnitud que exija su intervención, si se advierte que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones’.

Previo a cualquier otro señalamiento es importante precisar, que para que la Sala estime procedente hacer uso de la facultad excepcional de avocamiento, es necesario que se den por lo menos tres requisitos. Los dos primeros requisitos deben concurrir siempre, bien con uno de los supuestos alternativos contenidos en el tercer requisito, o bien con el cuarto requisito.

El primero de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente, al conocimiento de los Tribunales, aun cuando no sea strictu sensu materia contencioso administrativa.

(...Omissis...)

El segundo de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que el asunto cuyo avocamiento se solicita, curse ante algún otro Tribunal de la República.

Este requisito está directamente relacionado con la interpretación que se la ha dado a la expresión “...que curse ante otro Tribunal...”, contenida en el artículo 42, ordinal 29 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y sobre el particular la jurisprudencia ha sostenido (Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa de 3 de noviembre de 1994 y 13 de marzo de 1997) que se debe tratar de juicios no terminados, antes de que la sentencia definitiva quede firme.

(...Omissis...)

Por otra parte no es suficiente que el proceso esté en curso, sino que además debe estar en otro Tribunal de la República, esto es, ante un Tribunal distinto e inferior desde el punto de vista jerárquico (Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa de 10 de agosto de 1989 y 15 de junio de 1993), pues estima esta Sala que no es procedente avocarse al conocimiento de un asunto si se encuentra en la misma Sala o en otra Sala del Tribunal Supremo.

(...Omissis...)

El tercero de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que el asunto cuyo avocamiento se solicita, debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia.

El tercer requisito de procedencia del avocamiento contiene varios supuestos alternativos y basta que se verifique la existencia de uno de ellos para que la Sala pueda considerar satisfecho el mismo.

Sobre el particular la Sala debe insistir –de nuevo- que cualquiera que sea el supuesto invocado por el solicitante o examinado de oficio por la propia Sala, es menester tener siempre como guía que el avocamiento es una facultad discrecional y excepcional y que por tanto debe administrarse la misma con criterios de extrema prudencia, con suma ponderación y cautela, examinando exhaustivamente caso por caso (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 30 de julio de 1992, entre otros fallos).

Ahora bien cuando la jurisprudencia indica que para que proceda el avocamiento de un asunto debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia, se trata de un supuesto en el cual el Tribunal adopta una decisión que sin duda alguna es contraria a la ley, aunque también puede evidenciarse cuando el Tribunal incurre en denegación de justicia, al omitir la decisión debida en un tiempo razonable (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa de 14 de agosto de 1996).

Por otra parte cuando se establece que deben existir razones de interés público o social que justifiquen la medida, se refiere a que el asunto objeto del avocamiento debe rebasar el interés privado involucrado, lo que es bueno aclarar, no necesariamente está relacionado con la cuantía del asunto. Se refiere más bien a los casos que pueden crear confusión y desasosiego en la colectividad, afectar la paz social, la seguridad jurídica, trabar el normal desempeño de la actividad pública, o afectar de manera directa y ostensible el orden público y el interés público y social (Vid. Sentencias de la Sala Político-Administrativa de 27 de agosto de 1993,14 de diciembre de 1994, y 13 de marzo de 1997, entre otros numerosos fallos).

Así mismo cuando se señala que procede el avocamiento, siempre que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, se debe entender, en primer lugar, que es posible el avocamiento si estamos en presencia de irregularidades o trastornos procesales graves; se trata de casos anómalos extraordinarios, en los cuales incluso pueden llegar a verse afectados en forma flagrante, los derechos procesales constitucionales de las partes, tales como: los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso, a la defensa, a ser oído, al juez natural, a no ser juzgado dos veces por lo mismo, entre otros; y, en segundo lugar, que el caso sea realmente trascendente e importante, pues no basta que exista un trastorno procesal grave es necesario que el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones que deban ser dictadas, influyen sobre un considerable número de personas o afectan lo más altos intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.

Así si el asunto objeto del avocamiento se trata de un caso de manifiesta injusticia, en los términos indicados o, cuando en criterio de la Sala, existan razones de interés público que justifiquen la medida o, cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia, estaría satisfecho el tercer requisito para poder avocarse al conocimiento y decisión del mismo.

(...Omissis...)

El cuarto de los requisitos establecido por la jurisprudencia exige que en el asunto cuyo avocamiento se solicita, exista un desorden procesal de tal magnitud que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones, requisito este que guarda estrecha relación con el último supuesto alternativo contenido en el tercer requisito ya explicado.

Ahora bien, cuando la jurisprudencia indica que para que proceda el avocamiento de un asunto debe tratarse de un caso en el que exista un desorden procesal de tal magnitud que no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones, se trata de un supuesto en el cual hay irregularidades procesales graves, en los cuales incluso pueden llegar a verse afectados en forma evidente, los derechos procesales constitucionales de las partes. Pero se diferencia del último supuesto alternativo contenido en el tercer requisito, antes explicado, en que el caso no tiene por qué ser particularmente trascendente o importante, pues en este supuesto el avocamiento se justificaría al garantizar los derechos y equilibrio procesales de las partes...” (Resaltados de la Sala).

A los cuatro requisitos de procedencias citados, explicados y exigidos por la jurisprudencia transcrita, debe agregarse uno más, el cual fue referenciado por la Sala de Casación Penal en su fallo N° 406 del 13/11/03, exp. 03-0405, citando otra de la Sala Político-Administrativa de fecha 7 de marzo de 2002, cual es Que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en determinados procesos

Los precedentes jurisprudenciales de manera clara establecen la especialidad de la figura jurídica excepcional del avocamiento, vista con criterios de extrema prudencia, tomando en consideración y de manera fundamental la necesidad de evitar flagrantes injusticias que trasciendan las esferas particulares, que lesionen al colectivo, afectar la paz social, la seguridad jurídica o entraben el normal desempeño de la actividad pública...” (Resaltados del texto)

 

En aplicación de la jurisprudencia transcrita, la Sala pasa a verificar si en el caso se cumplen los requisitos de procedencia señalados para la primera fase del avocamiento.

En este sentido, de las alegaciones que fundan el escrito de avocamiento y que fueron ut supra transcritas, se observa que los fundamentos de dicha solicitud están dirigidos a delatar un supuesto vicio de indeterminación objetiva en el que incurrió el ad quem, al no precisar los linderos del inmueble que se pretende reivindicar, sin embargo, declaró con lugar la acción reivindicatoria intentada, lo cual -según la solicitante- es una violación al orden público.

Efectivamente, según el contenido de la precitada solicitud de avocamiento, la supuesta irregularidad está circunscrita al hecho de que el Juez Superior aún sin precisar la extensión de los linderos del inmueble a reivindicar, declaró con lugar la acción reivindicatoria y revocó el fallo de la primera instancia.

Ahora bien, para el momento en que se presentó la solicitud de avocamiento, se consignó un legajo de copias de varias actuaciones, entre las cuales se observa:

A los folios 28 al 35 de las actas que integran el expediente, corre inserta decisión de 15 de septiembre de 2003, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, de la cual se lee en su dispositivo:

“...Por los anteriores razonamientos de hecho y de derecho, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley declara “SIN LUGAR” la ACCIÓN REIVINDICATORIA propuesto (Sic) por la Ciudadana JOSEFINA TERESA ANGRISANO LÓPEZ, contra la Ciudadana CARMEN JOSEFINA PERDOMO TOVAR, ambas partes plenamente identificadas en autos, por Falta de Cualidad de la demandante y así se decide.

Se CONDENA en Costas a la parte demandante.

Notifíquese a las partes...” (Mayúsculas del texto).

 

A los folios 62 al 82 de las actas que integran el expediente, corre inserta sentencia de 14 de mayo de 2004, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, de la cual se lee en su dispositivo:

“...Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente procedimiento, y por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial Extensión El Tigre, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela u por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial Extensión El Tigre, de fecha 15 de septiembre del año 2003, que declaró sin lugar la demanda que por reivindicación del inmueble identificado en el instrumento de fecha 7 de abril del año 1998 que corre al folio 8 siguientes (Sic) de este expediente, intenta la ciudadana JOSEFINA TERESA ANGRISANO LÓPEZ, mediante apoderado judicial Abg. (Sic) TEODORO GOMEZ (Sic) RIVAS, en contra de la ciudadana CARMEN JOSEFINA PERDOMO TOVAR identificados en autos, revocándose en todas y cada una de sus partes la sentencia referida. En consecuencia:

PRIMERO: Téngase a la ciudadana JOSEFINA TERESA ANGRISANO LÓPEZ, quien es venezolana, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad Nº 9.457.249, hábil en derecho y con domicilio en la ciudad de Lecherías, Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, como legítima propietaria del inmueble objeto de la presente acción, constituido por la parcela de terreno denominada Lote “A”, y las bienhechurías sobre ella construidas, consistentes en una casa de habitación, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan suficientemente en el instrumento registrado en fecha 7 de abril del año 1998, que quedó protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Simón Rodríguez de este Estado bajo el Nº 46, Folio 267 al 270, Tomo Primero, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 1998.

SEGUNDO: Se ordena la entrega del bien objeto de la presente demanda a la actora, ciudadana JOSEFINA TERESA ANGRISANO LÓPEZ, anteriormente identificada, totalmente desocupado de bienes y personas, en los términos legales consiguientes, y con estricta sujeción a las previsiones establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, de ser el caso.

Se condena en costas a la parte demandada perdidosa...” (Mayúsculas, subrayado y negritas del texto).

 

 

Al folio 83 de las actas que integran el expediente, riela auto de 1º de junio de 2004, emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con sede en El Tigre, en el cual textualmente se lee:

“...Vencido como se encuentra el lapso establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, sin que las partes hayan hecho uso del Recurso correspondiente, este Tribunal Superior ordena de conformidad con el artículo 316 ejusdem (Sic), la remisión del presente expediente, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Extensión El Tigre. Líbrese oficio...”.

 

De las precedentes transcripciones, la Sala observa que el a quo declaró sin lugar la acción reivindicatoria; apelada esta decisión, el Superior la revocó y declaró con lugar la demanda; mas, la demandada presuntamente se conformó con dicha resolución, dado que, según el auto del Superior, traída por el propio solicitante de avocamiento, no interpuso el respectivo recurso de casación, tal como lo señaló el ad quem en su auto de fecha 1º de junio de 2004, recurso este que de haberse anunciado hubiese permitido a esta Suprema Jurisdicción determinar la existencia o no del supuesto vicio de indeterminación objetiva que hoy alega la solicitante como una violación al orden público.

Con la presente solicitud avocatoria, entonces,  se pretende sustituir el recurso de casación por el de avocamiento, pues su fundamento va dirigido a atacar el fallo de alzada por la supuesta infracción del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil (vicio de indeterminación objetiva).

En este orden de ideas, considera esta Sala que la situación planteada por la solicitante del avocamiento no transciende ni afecta gravemente el interés general o público, ni perturba la paz social o genera un estado de zozobra o conmoción en un grupo social determinado directamente interesado en la solución del conflicto, únicos supuestos que podrían activar la excepcionalidad de la figura del avocamiento y permitir a la Sala suspender el proceso, pedir el expediente e indagar el fondo para establecer, si fuere el caso, medidas correctivas; motivo por el cual la presente solicitud de avocamiento deberá declararse improcedente, pues su interposición, como se dijo, va más bien dirigida a sustituir el medio extraordinario de impugnación, el recurso de casación por el de avocamiento, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

Debe la Sala insistir una vez más, en que la figura excepcional del avocamiento no constituye un recurso o medio procesal al que puedan recurrir las partes para hacer valer su desacuerdo con los criterios jurídicos contenidos en decisiones o actuaciones judiciales, sino que, antes bien, como instrumento excepcional que implica un trastorno de competencias legalmente atribuidas, se debe obedecer en su formulación a estrictos parámetros que justifiquen suficientemente su procedencia, conforme a los criterios señalados en la doctrina de la Sala ut supra transcrita. Así se establece.

DECISIÓN

En mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO presentada por la ciudadana CARMEN JOSEFINA PERDOMO TOVAR, asistida por el profesional del derecho Jesús R. Roxburaght.

Publíquese, regístrese y archívese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de junio de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

Presidente de la Sala-Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta,

 

 

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YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

 

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada,

 

 

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ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

 

 

 

Magistrado,

 

 

 

 

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LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

 

 

 

 Secretario,

 

 

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. AA20-C-2004-001003