Sala de Casación Civil

Magistrado ponente Dr. FRANKLIN R. ARRIECHE G.

 

                   En el curso del juicio por intimación que sigue el ciudadano RAFAEL JOSÉ PINTO, mediante su apoderado Gilmer Viloria Hernández, contra la sociedad mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES Y PARCELAMIENTOS (SACONPA), representada judicialmente por la defensora ad-litem Matilde Gutiérrez, y ante este Supremo Tribunal por los abogados Juan Vicente Ardila y David José Rosario Krasner, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, dictó sentencia en fecha 17 de febrero de 1998, declarando nula la sentencia de primera instancia y condenó a la empresa demandada a la entrega de 500 acciones de la empresa Trujillana de Radiodifusión C.A. que le fueron vendidas a la parte intimante.

 

                   Contra la sentencia de la alzada, en fecha 18 de marzo de 1998, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte demandada, el cual fue admitido en fecha 13 de abril de 1998. En fecha 25 de mayo de 1998, los abogados Juan Vicente Ardila y David Rosario Krasner, presentaron escrito de formalización al recurso de casación. No hubo impugnación.

 

                   Cumplidos los trámites de ley se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir se pasa a hacerlo bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, en los términos siguientes:

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

                   En uso de la facultad que asiste a la Sala de hacer pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se observa:

 

                   La recurrida presenta los siguientes antecedentes:

 

                   El proceso se inicia por demanda, vía procedimiento por intimación, propuesta por el ciudadano Rafael José Pinto, contra la sociedad mercantil Sociedad Anónima de Construcciones y Parcelamientos (Saconpa) para que esta última le  traspase al primero, la cantidad de 500 acciones de Trujillana de Radiodifusión C.A. que afirmó, le fueron vendidas a la parte actora, y a la vez, solicita al demandado que convenga, o a ello sea obligado por el Tribunal, al traspaso de las acciones en el libro de accionistas de la empresa Trujillana de Radiodifusión, C.A.

 

                   En fecha 3 de agosto de 1994, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del  Estado Trujillo, decretó la intimación a la demandada para que procediera al traspaso de las acciones, considerando “que del estudio de los documentos presentados de los recaudos anexos a la solicitud de demanda, infiere que la misma se trata de los documentos establecidos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 640 eiusdem...” El tribunal de la causa, ordenó en su decreto de intimación a la demandada, “consigne ante este Tribunal las quinientas (500) acciones e igualmente realice la transferencia de la propiedad en el libro de accionistas.”

 

                   La pretensión procesal de la parte actora, está dirigida a la entrega por parte de la demandada de las 500 acciones de Trujillana de Radiodifusión C.A., y al traspaso de la titularidad de esas acciones, del demandado a la actora, en el libro de accionistas de esa empresa. La recurrida, condenó a la parte demandada a efectuar exactamente lo pretendido en el libelo; esta situación, conduce a la Sala a revisar el criterio adoptado por la sentencia impugnada, en cuanto a  la admisión de una demanda vía intimación, con la pretensión procesal antes señalada.

                  

El artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:

 

Art. 640: “Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entrega la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en le República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo.”

 

 

La doctrina patria, ha definido al procedimiento por intimación o monitorio, como “aquel de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede ésta dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el Juez, inaudita altera parte (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces, o el deudor hace oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario, o el deudor no hace oposición dentro del término, y entonces el decreto pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. (Corsi, Luis, Apuntamiento sobre el Procedimiento por Intimación. Caracas, 1.986).

 

 La admisión de la demanda tramitada por el procedimiento por intimación, contempla la exigencia previa de una serie de requisitos establecidos en el mencionado artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se justifican plenamente, por cuanto el decreto de intimación posterior, contendrá una orden efectiva de pago o entrega de la cosa, que en caso de no mediar oposición, adquirirá el carácter de un título ejecutivo derivado de una sentencia definitiva.

                  

                   El procedimiento por intimación, está diseñado para el cobro o satisfacción de una obligación de hacer, a través de modalidades taxativas contempladas en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

 

                   a.- El pago de una suma líquida y exigible de dinero;

b.- La entrega de cantidad cierta de cosas fungibles; y,

c.- La entrega de una cosa mueble determinada.

 

                   En el caso bajo estudio, obviamente no se trata del cobro de cantidad de dinero alguna, por cuanto la pretensión se dirige a la entrega de acciones de una sociedad anónima y el correspondiente traspaso en el libro de accionistas. En realidad, la parte actora pretende el cumplimiento de un contrato de venta o cesión de acciones, a través del procedimiento por intimación. Esta pretensión procesal, de ninguna manera puede asimilarse al cobro de un crédito líquido y exigible. La venta de acciones, es un contrato bilateral o sinalagmático, que comporta el cumplimiento de prestaciones recíprocas por cada una de las partes contratantes.

 

En este sentido, el artículo 643, ordinales 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:

 

Art. 643: “EL Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:

 

  Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.

 

(Omissis).

 

3º) Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.” (Subrayado de la Sala).

 

 

 

 

En el caso del contrato de venta de acciones, es indudable la existencia de una contraprestación por parte del comprador, que no es otra que el pago del precio de esas acciones. La parte actora, acompañó como instrumento fundamental de su demanda copia fotostática del referido documento de venta, cuya nota de certificación carece de firma por parte del funcionario que presuntamente la redactó. Sin descender la Sala a un análisis valorativo del referido instrumento, sino a la revisión de los aspectos formales de admisión de la demanda por el procedimiento monitorio, es obvio que los ordinales 1º y  3º del artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, impiden tal admisión, para concederle a la actora, lo que simplemente es una pretensión de cumplimiento de un contrato de venta.

 

Ciertamente, como indica el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, la vía monitoria está diseñada para el cobro de un crédito, el cual deber ser líquido y exigible. Una prestación de hacer como la planteada, atinente al traspaso o cesión de acciones, que deberá cumplir el demandado en el libro de accionistas de la empresa, no tiene las características antes enunciadas, ni se adecua a los requerimientos exigidos por el mencionado artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. En otras palabras, la prestación reclamada por la parte actora en el presente juicio, no podía ser tramitada a través del procedimiento por intimación.

 

Siguiendo este análisis, los artículos 44 y 45 del Reglamento sobre la  Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora, señalan lo siguiente:

 

Art. 44: “Se prohibe ceder o transferir en cualquier forma, total o parcialmente el título administrativo, los derechos del mismo, o la explotación exclusiva y directa del Servicio, sin la previa autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.”

 

Art. 45: “La venta, donación o traspaso de las acciones de la persona jurídica titular del Servicio deberá ser autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuando ello comporte un cambio en la propiedad de la mayoría absoluta de las acciones o en el control administrativo, conforme a los estatutos de dicha persona. En los demás casos, el titular del Servicio deberá participar al Ministerio las modificaciones realizadas, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la negociación.”

 

 

 

Los derechos discutidos en el presente juicio, presentan características especiales, donde la transferencia de las acciones se encuentra condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, como la autorización por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de esa cesión. Sin descender la Sala a opinar en cuanto al cumplimiento o no de dichos trámites administrativos, simplemente se expresa, que una obligación sometida a semejante condición legal no podía reclamarse por el procedimiento por intimación, a menos que se acompañare el medio de prueba que haga presumir la autorización previa a la aprobación posterior de la venta por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación a que aluden las normas dichas.

 

Como ya fue señalado, el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, ordena al Juez que niegue la admisión de la demanda por auto razonado, si, entre otras causales, faltare alguno del los requisitos exigidos en el artículo 640 eiusdem. Es obvio que en el caso bajo estudio, al intentarse una reclamación que en forma efectiva pretende el cumplimiento de un contrato de venta de acciones, que encierra, como todo contrato de venta, prestaciones recíprocas por parte de los contratantes, así como una particular obligación de hacer por el demandado referida al traspaso de las acciones en el libro de accionistas, y el cumplimiento de una obligación sujeta a una condición establecida en la Ley, no se verificaron los requisitos mínimos de admisión de la demanda, que en el caso particular del procedimiento por intimación, son presupuestos procesales de indiscutible cumplimiento.

 

Todas estas razones, conducen a la Sala a casar de oficio sin reenvío el fallo recurrido ya que se hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, y en consecuencia declara la inadmisibilidad de la demanda incoada por la parte actora, ciudadano Rafael José Pinto, contra la “Sociedad Anónima de Construcciones y Parcelamientos (Sancopa)” por infracción directa de los artículos 640 y 641 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, anulándose en consecuencia, el mencionado auto de admisión de fecha 3 de agosto de 1994 proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, así como todas las actuaciones posteriores al mismo. Este pronunciamiento no elimina la posibilidad de que dicha demanda pueda ser intentada por la vía ordinaria adecuada,  por cumplimiento de contrato. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   En virtud de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO y sin reenvío la sentencia de fecha 17 de febrero de 1998, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en consecuencia, se declara inadmisible la demanda, se anulan las actuaciones procesales incluyendo el auto de admisión de la demanda, vía intimación, dictado en fecha 3 de agosto de 1994, proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, así como todas las actuaciones posteriores a dicho auto. Se condena en costas al recurrente de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo,  Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a  los  veintidos  ( 22  ) días del mes de    marzo     de dos mil. Años: 189° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala-Pone

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

                                                                                                                 

 

 El Vicepresidente,

 

 

 

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 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ                     

                                     

                                                             Magistrado,

 

 

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  CARLOS OBERTO VELEZ

 

La Secretaria,

 

 

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      DILCIA QUEVEDO

 

Exp. 98-288