SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

 

Exp. N° 2012-000633

 

PONENCIA DE LA MAGISTRADA: AURIDES MERCEDES MORA

 

                   En el juicio por cobro de bolívares en vía de intimación, incoado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, por la ciudadana LOURDES TERESA FERRER VILLA, representada judicialmente por los abogados Eylin Reyes y José Valdez, contra la sociedad civil INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JOSÉ LEONARDO CHIRINOS, representada judicialmente por los abogados María Eugenia Cuba, Roger José Saavedra, Pedro Luís Naveda Sánchez, Gabriel Ylarreta Miranda, Francisco Limonchy, Carmen Lugo Lugo y Juluimar Duno Sánchez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario  de la Circunscripció n Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, dictó sentencia en fecha 29 de junio de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, confirmando la sentencia del a quo que declaró con lugar la demanda incoada y condenando a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de doscientos cincuenta y seis mil ciento dos bolívares exactos. Hubo condenatoria en costas procesales a la parte demandada, conforme al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

 

Contra dicha decisión, el ciudadano José García Carvajal en su carácter de Director General de la sociedad civil demandada, asistido judicialmente por el abogado Pedro Luís Naveda Sánchez, anunció recurso extraordinario de casación en fecha 24 de septiembre de 2012, el cual fue admitido por el Tribunal de alzada en fecha 2 de octubre de 2012, y consignado el respectivo escrito de formalización ante la Secretaría de ese Juzgado Superior en fecha 3 de octubre de 2012, por el abogado Pedro Luís Naveda Sánchez, aún estando el expediente en el archivo del ad quem.

 

Con motivo del vencimiento del período constitucional de los Magistrados Antonio Ramírez Jiménez y Carlos Oberto Vélez, se convocó respectivamente a los Magistrados Suplentes designados por la Asamblea Nacional, Aurides Mercedes Mora e Yraima de Jesús Zapata Lara, quedando reconstituida la Sala de Casación Civil de la siguiente forma: Magistrada Yris Peña Espinoza, Presidenta; Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, Vicepresidenta; Magistrado Luís Ortíz Hernández, Magistrada Aurides Mercedes Mora y Magistrada Yraima de Jesús Zapata Lara.

 

En fecha 23 de enero de 2013, la Presidenta de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, reasignó la ponencia de la presenta causa a la Magistrada Dra. Aurides Mercedes Mora, en virtud de la falta absoluta producto de la culminación del periodo constitucional de doce (12) años del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, y con tal carácter suscribe el presente fallo, en los siguientes términos.

PUNTO PREVIO

           

En fecha 3 de octubre de 2012, el abogado Pedro Luís Naveda Sánchez, consignó ante la Secretaría del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario  de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, el escrito de formalización del recurso de casación anunciado y admitido, aún estando el expediente respectivo en el archivo de ese juzgado superior.

 

Ahora bien, al folio 164 del expediente consta auto de fecha 31 de enero de 2013, emanado del Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Civil, en el cual se ordena lo siguiente:

“...Vencidos como se encuentran los lapsos previstos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, se declara concluida la sustanciación del presente recurso y se ordena certificar por Secretaría si el profesional del derecho PEDRO LUÍS NAVEDA SÁNCHEZ, está habilitado para actuar ante esta Suprema Jurisdicción de conformidad con el contenido y alcance del artículo 324 ejusdem, y de acuerdo a las comunicaciones realizadas por los respectivos Colegios de Abogados que han servido para formar la lista correspondiente...”.

 

 

En respuesta de lo anterior, mediante auto de la misma fecha, la Secretaría de la Sala de Casación Civil (folio 165) señaló lo siguiente:

“...                           CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, Dr. Carlos Wilfredo Fuentes, Secretario de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de los ordenado por auto de esta misma fecha, CERTIFICA: Que el abogado PEDRO LUÍS NAVEDA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.524.912, no aparece habilitado para ejercer ante esta Sala, según la lista elaborada de acuerdo al contenido y alcance del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

En este sentido, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“...Para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado deberá ser venezolano, mayor de treinta (30) años y tener el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de 5 años continuos. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las condiciones expresadas, y el Colegio le expedirá la constancia correspondiente y lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia, la cual formará  una lista de abogados habilitados para actuar en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos en este artículo, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación. Se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso la Corte declarará perecido el recurso inmediatamente...”. (Resaltado de la Sala).

 

 

De la transcripción del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, la Sala observa que para la realización de alguna actuación ante esta Suprema Jurisdicción Civil, el abogado debe estar debidamente habilitado ante esta Sala de Casación Civil y de no estarlo, se tendrá como no realizada dicha actuación.

 

En sintonía con ello, la Sala se pronunció en sentencia N° RC-693, de fecha 11 de noviembre de 2003, caso de Nelson Couri contra Josefina Henríquez de Couri, expediente N° 02-695, en la cual se indicó lo siguiente:

“...Al respecto, la Sala señaló en sentencia de fecha 29 de julio de 1998, (caso: Juan Bautista Barreto y Eustoquia del Carmen Barreto de Barreto c/ Antonio Zambrano y Calixto Zambrano Morillo) lo siguiente:

 

“...El artículo 324 del Código de Procedimiento Civil dispone que para formalizar, contestar el recurso de casación, o intervenir en los actos de réplica o contrarréplica, el abogado debe ser venezolano, mayor de treinta (30) años y tener el título de doctor en alguna rama del derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la Judicatura, o de la docencia universitaria, en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos.

 

Asimismo, esta norma prevé que el abogado debe acreditar el cumplimiento de estas condiciones ante el respectivo Colegio de Abogados, el cual debe expedir la constancia correspondiente y ordenar su comunicación a esta Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que forme una lista de abogados habilitados para actuar en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente.

 

En interpretación de esta disposición expresa de la ley, la Sala estableció, entre otras, en sentencia de fecha 21 de abril de 1993, dictada en el juicio seguido por Rafael Angel Padilla contra Preciplom Ferretti, S.R.L., lo siguiente:

 

...El artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, consagra los requisitos que debe llenar el profesional del derecho, que desee actuar ante el Máximo Tribunal.

 

...A los efectos del referido precepto, el abogado acreditará ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las condiciones expresadas y el Colegio le expedirá la constancia correspondiente y la comunicará a la Corte Suprema de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar en ella.

 

Según la doctrina reiterada de la Sala, esta especial capacidad de postulación debe ser acreditada previa o simultáneamente con la actuación en casación, sin que sea admisible demostrarla posteriormente, ya que la finalidad perseguida por la Ley, es que para el momento en que el abogado vaya a actuar en casación, ya debe tener demostrada su habilitación para ejercer en esa última etapa del proceso...

 

...en el caso concreto... se tiene como no presentado el escrito de formalización que consignó el abogado... ante la Secretaría de la Sala de Casación Civil, el 10 de diciembre de 1992, por cuanto el referido profesional del derecho no acreditó en, o con anterioridad, a esa fecha que estaba habilitado para actuar ante la Corte....

 

En este caso, la Sala interpretó de forma restrictiva la citada norma, pues dejó sentado que la constancia a que se refiere el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, debe ser consignada con anterioridad o simultáneamente con la actuación de casación, debido a que la intención perseguida por el legislador es que para esa oportunidad esté demostrada la habilitación para actuar ante la Corte...

 

...OMISSIS...

 

Estas dos limitaciones obedecen a las siguientes razones:

 

1º) El artículo 324 del Código de Procedimiento Civil establece que sólo está capacitado para actuar en la Corte Suprema de Justicia, aquel abogado que reúna las condiciones que esa norma determina, e impone a éste la carga de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos ante el Colegio de Abogados respectivo. Esta norma tiene justificación en la importancia y complejidad de los asuntos que se someten a la consideración del Máximo Tribunal de la República, a quien corresponde velar por la integridad de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia.

 

La anterior consideración permite concluir, por argumento en contrario, que si el abogado no acredita el cumplimiento de los requisitos legales y la constancia no es expedida por el respectivo Colegio de Abogados, éste no tiene capacidad de postulación para actuar en la Corte y, por consiguiente, sus actos deben ser reputados ineficaces, pues ello constituye un presupuesto de validez de sus actuaciones procesales.

 

Precisamente por ser un "presupuesto de validez", debe estar cumplido para la oportunidad de realización del acto, lo que significa que la constancia del respectivo Colegio de Abogados, que constituye la prueba de que el profesional del derecho tiene capacidad de postulación para actuar en la Corte, debe estar expedida con anterioridad o en la misma fecha en que el abogado practique cualquier acto de sustanciación del recurso de casación (formalización, impugnación, réplica y contrarréplica).

 

2º) Sin embargo, podría ocurrir que para el momento de la actuación en casación, la constancia esté expedida, pero la Corte Suprema de Justicia no tenga conocimiento de la misma. En esta hipótesis, el presupuesto de validez está cumplido, porque la constancia fue expedida con anterioridad o en la misma fecha del acto, pero la Corte no tiene conocimiento de dicha constancia. ¿Cuál es la consecuencia jurídica?: cumplida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procederá a verificar si el escrito de formalización fue válidamente presentado, y en caso negativo declarará perecido el recurso de casación por disposición del artículo 325 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, si los plazos de sustanciación del recurso de casación han transcurrido y no ha sido comunicada a la Corte la constancia a que se refiere el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe reputar ineficaz el escrito de formalización, porque el abogado no demostró su capacidad para actuar en la Corte y, por ende, sus actos deben reputarse ineficaces, lo que determinará la declaratoria de perecimiento del recurso de casación.

 

Por este motivo, la Sala estima que el abogado tiene la carga de demostrar a la Corte que está habilitado para actuar en ella, antes del vencimiento de los lapsos previstos en la ley para la sustanciación del recurso de casación.” (Negrillas del Tribunal).

 

Ahora bien, observa la Sala que si bien es cierto en el presente caso el escrito de formalización que fue presentado en fecha 8 de octubre de 2002, aparece que fue supuestamente suscrito por los abogados Gastón Miguel Saldivia Dáger, Germán Ramírez Pérez, Frederick Rene Couri Mendoza, y el propio recurrente no es menos cierto que pese a ello, según constancia dejada por la secretaría inscrita en el folio 325, dicho escrito fue presentado únicamente por el último de los nombrados el cual, según certificación de la Secretaría de la Sala, no aparece inscrito en el Registro que a tal efecto se lleva, ni acredita de manera alguna tener la capacidad de postulación prevista en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, para actuar ante este Alto Tribunal, circunstancia que conduce a considerar el escrito de formalización como no presentado, todo ello en aplicación de la doctrina supra transcrita. En consecuencia, debe declararse perecido el presente recurso de casación, de conformidad con el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece...” (Cursivas y resaltado del texto).

 

 

 

El anterior criterio jurisprudencial es aplicable a la situación surgida en la presente causa, pues, del auto de certificación emanado de la Secretaría de esta Sala de Casación Civil, se desprende que el abogado en ejercicio Pedro Luís Naveda Sánchez, en representación judicial de la sociedad civil demandada, no se encuentra habilitado para actuar ante esta Suprema Jurisdicción Civil, motivo por el cual el escrito de formalización consignado ante el Juzgado Superior en fecha 3 de octubre de 2012, debe tenerse como no presentado a tenor de lo previsto en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia de ello, se declarará perecido el recurso de casación anunciado, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PERECIDO el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada en fecha 29 de junio de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro.

 

Se condena a la parte recurrente al pago de las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 eiusdem. Particípese de esta decisión al Tribunal Superior ya mencionado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de  Casación  Civil  del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil trece. Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

___________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

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ISBELIA PÉREZ VÉLASQUEZ

 

Magistrado,

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Magistrada Ponente,

 

________________________

AURIDES MERCEDES MORA

Magistrada,

_____________________________

YRAIMA DE JESÚS ZAPATA LARA

 

 

Secretario,

__________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. AA20-C-2012-000633

NOTA: Publicada en su fecha, a las

 

Secretario,