SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2010-000427

 

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

        

         En el juicio por reivindicación intentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por la sociedad mercantil INMOBILIARIA LA CENTRAL C.A. (INCENCA), representada judicialmente por los abogados Astolfo Berrueta Ortega y Zoraida Lía Berrueta Ortega, contra el ciudadano GUZMÁN FINOL RODRÍGUEZ, representado judicialmente por los profesionales del derecho Jesús Alberto Rincón, Carlos Ignacio Aguirre y César Orlando Dávila; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 17 de mayo de 2010, en la cual declaró con lugar la apelación de la parte demandada, sin lugar la apelación de la parte demandante, ambas apelaciones interpuestas por la representación judicial de la partes contra la sentencia dictada por el a quo en fecha 31 de enero de 2008, que había declarado parcialmente con lugar la demanda, en consecuencia, revocó la sentencia del a quo y declaró sin lugar la demanda de reivindicación, no hubo condenatoria al pago de las costas.

 

Contra la referida decisión de la alzada, el apoderado judicial de la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

         Concluida la sustanciación y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

I y II

 

De la lectura del escrito del recurso de formalización, observa la Sala que tanto en la primera como en la segunda denuncia, el formalizante con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, delata la infracción del artículo 548 Código Civil, por errónea interpretación, con base en que el juez de alzada incurrió en un error al establecer que el demandante no había demostrado el requisito de la identidad de la cosa reivindicada a la cual se halla condicionada la acción reivindicatoria.

         Ahora bien, no obstante que en la segunda denuncia el recurrente además de acusar la infracción del artículo 548 del Código Civil, por errónea interpretación, también delata la violación de los artículos 12, 507 y 472 del Código de Procedimiento Civil; 1.360, 1.422, 1.428 y 1.430 del Código Civil, con fundamento en que el juez de alzada no aplicó la sana crítica en la valoración de la prueba de experticia, lo cual evidencia que el formalizante estaría mezclando una denuncia pura y simple de infracción de ley, con una delación de casación sobre los hechos, lo cual sería motivo suficiente para desechar la segunda denuncia. Dada la vinculación de ambas denuncias y en aplicación a la flexibilización jurisprudencial devenida de la aplicación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantizan el acceso a todos los ciudadanos a una justicia imparcial, transparente, idónea, sin dilaciones indebidas y sin sacrificarla por formalidades no esenciales y, a los fines de atender los requerimientos del justiciable, la Sala las agrupa a los fines de resolverlas conjuntamente.

En cuanto a la primera denuncia, el recurrente expone lo siguiente:

“…En el presente juicio, nuestra representada, Inmobiliaria La Central, C.A. (INCENCA), interpuso acción reinvindicatoria contra el ciudadano Guzmán Finol, al resultar infructuosas las gestiones amigables ante él efectuadas para que le retribuyera un lote de terreno propiedad de dicha sociedad, sobre el cual el demandado había tomado posesión indebidamente, levantando una cerca de bloques que partió o dividió en dos partes el terreno perteneciente a INCENCA, privándola así de parte importante de dicha propiedad.

Al proponer dicha acción, no perdió de vista nuestra representada, que en nuestro Foro y en la diuturna doctrina de este Alto Tribunal, está aceptado y definido desde vieja data, que en el artículo 548 del Código Civil no puede verse sólo la expresión normativa de la acción reinvindicatoria en los precisos términos que dicho artículo recoge, pues en la hipótesis normativa y ante la ausencia de toda disposición del legislador al respecto, han de considerarse incorporados aquellos elementos que condicionan la procedencia de dicha acción, constituidos por la demostración por parte del accionante, de los extremos siguientes:

a.    El derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante).

b.    El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa que pretende reivindicarse.

c.    Que se trate de una cosa singular reivindicable.

d.   Que exista una identidad entre el bien cuyo dominio se pretende y que detenta el demandado (Vid. Sentencia (sic) N° 00341 de la Sala de Casación Civil, de fecha 27 de abril de 2004 y Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 01558, de fecha 20 de junio de 2006, N° 01325 del 26 de julio de 2007, entre otras)(sic).

En este respecto, es de importancia destacar que nuestra representada hizo evacuar antes del juicio y produjo con el libelo de la demanda, inspección judicial, precisamente para que los hechos que debía indicar en la acción reivindicatoria a proponer, encuentran sustento y respaldo en la fuerza propia de los señalamientos del Juez (sic) que practicara dicha inspección y no quedaran los mismos al solo (sic) arbitrio de las afirmaciones de nuestra mandante. Así, puede constatarse que en dicha inspección, el Juez (sic) expuso lo siguiente:

“El Tribunal (sic) deja constancia, con el asesoramiento del práctico designado, que el inmueble donde se encuentra constituido, está dividido por una cerca de materiales de ciento seis metros con cincuenta centímetros (106,50 mtrs (sic)) de largo, en dos porciones de terreno ubicadas a ambos márgenes norte y sur de la cerca, teniendo la ubicada al sur de la cerca una superficie cuadrada de doce mil trescientos dieciocho metros con sesenta y seis decímetros (12.318,66 mtrs2), la cual carece en su totalidad de construcciones, salvo dos montones de restos de materiales de construcción que allí se encuentra y siete árboles; mientras que la porción de terreno ubicada al norte de la cerca tiene una superficie cuadrada de un mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts) (sic), encontrándose actualmente parcialmente enmontonada, existiendo dentro de la misma ocho árboles, una valla metálica pintada de color blanco, fijada con tubos metálicos con brocales de concreto a la tierra, de 2,45 metros, de largo por 1,25 metros de ancho por 2,50 metros de altura, con unas inscripciones pintadas de color negro, en la cual se lee: “PROPIEDAD DE: GUSMAN (sic) FINOL.- AREA (sic) APROXIMADA 4328 M2.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL”. (OMISSIS).

Fue sobre esa base que nuestra representada sostuvo en la demanda que la posesión ejercida por el ciudadano Guzmán Finol se extendía en esa área indicada por la inspección, es decir, sobre un mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho centímetros cuadrados (1.693,38 mtrs 2), materializada por la construcción de esa cerca a la que igualmente alude la inspección, levantada en los terrenos pertenecientes a nuestra mandante. Al proceder de tal manera, acompañando tal inspección con el libelo no perdía de vista la accionante INCENCA que en reciente sentencia, esa Honorable Sala había reiterado la siguiente doctrina:

“Conforme al criterio, y a la doctrina trascritos; una inspección judicial, por ser efectuada por un juez, quien en su condición de funcionario público autorizado por la ley para ello, hace fe de los hechos que declara haber efectuado y aquellos que declara haber visto u oído, indudablemente, tiene carácter de documento público (Sen SCC 213 de 16-06-10).

Ahora bien, promovió nuestra mandante con el libelo mismo de la demanda, las documentales que acreditaban de manera cierta e indubitable su derecho de propiedad sobre el terreno a reivindicar, con un tracto sucesivo que se remota hasta el año de 1953, incluyendo copia del plano de mensura del inmueble, levantando por el extinto Consejo Municipal del Distrito Perijá del Estado (sic) Zulia, con fecha 18 de abril de 1.978, ulteriormente agregado al Cuaderno de Comprobantes de la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Perijá del Estado (sic) Zulia, con fecha 31 de mayo de 1980, bajo el N° 186, folio 300. Con relación a este extremo relativo a la titularidad, la recurrida estableció lo siguiente:

“Analizados los documentos públicos anteriormente descritos, constata esta Sentenciadora que en efecto la parte actora probó mediante los mismos, que tiene un derecho de propiedad sobre una parcela de terreno cuya superficie es de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2) anteriormente descrita, cumpliendo de esta manera con la acreditación del primero de los requisitos exigidos en la presente acción. Así se establece.- (subrayado nuestro).

Con la finalidad de demostrar otro de los transcendentes requisitos aludidos, que condicionan la procedencia de la acción reivindicatoria, como es la identidad entre el inmueble propiedad del actor y aquél que es indebidamente poseído por el demandado, promovió nuestra mandante INCENCA las siguientes pruebas: experticia sobre los terrenos de su propiedad, en los cuales, con levantamiento de planos, detalles y elementos técnicos resulta probada esa identidad de inmueble propiedad de la Actora (sic), con aquél que estaba en indebida posesión del demandado y que realmente se encontraba inserto o formando parte de los terrenos de la actora, expresada en esa cerca de bloques cuya construcción había el demandado reconocido haber construido. Esta prueba fue regular y legalmente evacuada resultando de ella un claro informe de expertos, con respecto al cual expone la recurrida lo siguiente:

“De la experticia promovida por la parte actora, la cual corre inserta en actas al folio doscientos cinco (205), anteriormente valorada, se evidencia, que los expertos tomaron como base para la realización de la misma, el documento protocolizado en fecha 31 de mayo de 1980, mediante el cual el Consejo Municipal del distrito Perijá del estado Zulia le vendió al ciudadano Astolfo Berrueta Ortega una parcela de terreno ejido ubicada en el ángulo Nor-Oeste, de la calle sin nombre y carretera La Villa Maracaibo, con forma de polígono irregular y una superficie de catorce mil doce metros cuadrados con cuatro decímetros (14.012,04 m2), así como también el documento registrado de fecha 16 de noviembre de 1983, mediante el cual el ciudadano Asdolfo Berrueta Ortega, le vendió el terreno antes mencionado a la parte actora, Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central C.A. (INCENCA), el cual es el documento fundamental de la presente acción, ambos anteriormente descritos y valorados, de igual forma tomaron en cuenta la constancia emanada de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, donde se señala la Cédula Catastral que le corresponde al inmueble, la cual es: Entidad F Municipio Parroquia Ámbito Sector Manzana Lote 23,16, 01, U01, 016, 015, 019. De la referida experticia se evidencia que el trabajo de campo realizado por los expertos arrojó los siguientes resultados: “a) El inmueble en estudio posee la forma de un Polígono irregular, de topografía relativamente plana, situado en esquina sin cercas que delimiten su perímetro (…)

Como se puede observar el área obtenida en el levantamiento topográfico ordenado (sic) realizar por la Comisión de Expertos coincide totalmente con el área establecida en el plano emanado de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, Cédula Catastral23-16-01-U01-016-015-019, igualmente existe similitud entre las coordenadas de los vértices que definen las respectivas Poligonales en ambos planos, con lo cual podemos concluir que existe identidad de Ubicación y Cabida entre el lote de terreno estudiado y el Plano del levantamiento topográfico que reposa en la Dirección de Catastro 23-16-01-U01-016-015-019.

Por lo anterior expuesto, podemos afirmar que las Cercas (sic) de bloques observadas en la inspección y Trabajo (sic) de Campo (sic), se encuentran levantadas dentro de los linderos del inmueble propiedad de Astolfo Berrueta, ya que las mismas no coinciden ni con el Lindero “Norte” ni con el lindero “Este” definidos en el Plano del Levantamiento topográfico que reposa en la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, Cédula Catastral 23-16-01-U01-016-015-019.

(…)

CONCLUSIÓN:

De acuerdo al estudio realizado, esta Comisión (sic) de Expertos (sic) Dictamina (sic) que:

1.- El área afectada por la construcción de la cerca de bloques dentro de la parcela de terreno propiedad de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central, C.A., es la cantidad de Un mil seiscientos tres metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (1.603,58 m2). (Ver planos anexos)

(…) 3.- Los linderos particulares del área afectada es como sigue: (Ver planos anexos)

Norte. Terrenos ocupados o dicen ser de Guzmán Finol.

Sur: Terrenos propiedad de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central,

Este: Av. 18 (Corredor Vial Balmore Sandoval ó Carretera Maracaibo-La Villa)

Oeste: Terreno Propiedad de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central, C.A., ocupada por la ciudadana Karina Montiel.” (Negrillas nuestras).

Como puede advertirse, los expertos establecieron como área poseída despojada a INCENCA, una superficie de 1.603,58 mts 2, es decir, un área de 80,89 mts 2 menos que la indicada como tal en la demanda, de acuerdo, según arriba se indicó, a lo señalado por la inspección judicial extra litem. Ahora bien, esta determinación de los expertos, que es objetiva y numérica, vale decir, que es en ese ámbito irrefutable, comportó una diversa visión en los juzgados de los dos grados de jurisdicción a quienes correspondió decidir en este juicio.

En efecto, el Juez (sic) de la Primera (sic) Instancia (sic) o Juez (sic) de la causa, consideró que ante esa circunstancia debía declarar parcialmente con lugar la demanda y ordenó al demandado restituir a nuestra representada el área de 1.603,58 mts que los expertos indicaron ser el área que había sido despojada o separada de la propiedad de mi mandante, por más que la misma no coincidiera y fuera menor de la señalada como tal en la demanda. Tuvo en mientes para ello el juzgador, no sólo razones de buen sentido y razonamiento jurídico, sino también la circunstancia de que esa misma área había sido indicada, como se expuso, por la inspección judicial extra litem acompañada con la demanda. Sin embargo, la juez de Alzada, contrariamente a tal perspectiva de la Primera Instancia, indicó que al existir esa diferencia en la superficie, no podía ser acogida la demanda, procediendo a declararla sin lugar, determinando al respecto lo siguiente:

“…las pruebas promovidas con el objeto de demostrar la ubicación, medidas, linderos e identidad del lote de terreno de mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts), con respecto al terreno poseído por la parte demandada, no son concluyentes ni uniformes de tal manera que exista certeza sobre dichos aspectos.

Razón por la cual, para quien decide, mal puede existir una parcialidad en la declaratoria de la acción de reivindicación, tal como fue decidido por el Juzgador (sic) a quo, pues la misma se encuentra acondicionada a la demostración de manera concurrente, en manos del actor, de los requisitos establecidos para que prospere o no en derecho tal acción.”

Es sobre esa base que la recurrida revoca el fallo apelado y declara sin  lugar la demanda, dando así al artículo 548 del Código Civil una interpretación cerrada y estricta, que rompe los más claros criterios de justicia que debían inspirar su decisión, e infringe al hacerlo la norma de dicho artículo por errónea interpretación.

En efecto, respetuosamente sostenemos que al entenderse incorporado en el citado artículo 548 del Código Civil, el precepto conforme al cual el actor en reivindicación debe demostrar que existe una identidad entre el bien cuyo dominio tiene el actor y el que detenta el demandado, se está aludiendo esencialmente a una identidad de la situación y la ubicación general del inmueble, y no a una identidad precisa y total en todo respecto, incluso numérico en cuanto al área, como lo entendió la recurrida.

Principios básicos de exégesis y hermenéutica, así como los más elevados aún de justicia y equidad, deben llevar a rechazar una interpretación como la dada por la recurrida a dicha norma, pues en casos asimilables nunca tuvo el legislador en mientes llevar a tal extremo los requerimientos para la reivindicación con ese efecto terminante para las legítimas pretensiones del actor.

Así, los criterios de justicia que inspiran principios como “el que puede lo más puede lo menos”, el necesario equilibrio en la causa de los contratos, o la sistemática dispuesta por el legislador sobre la llamada garantía de la cabida en el contrato de compraventa, rechazan una conclusión como la de la recurrida, según la cual, el hecho de que ese extremo en la acción de reivindicación, como es el de la identidad, haya sido elevado a la categoría de enunciado general normativo de orden probatorio, impondría estimar, como hace la recurrida en este caso, que aún estando probada esa identidad por la ubicación, linderos y situación de los inmuebles, basta que exista una pequeña diferencia de superficie o cabida en la determinación de lo detentado por el accionado, para que deba rechazarse en un todo la pretensión y declararse sin lugar la demanda. Esta posición no toma en cuenta para nada la identidad del resto del inmueble que bien pudo ser probada y da al traste con todo el esfuerzo y el acervo probatorio utilizado para ello.

Bajo el criterio de la recurrida, ha de procederse como si nada se hubiera probado y, por lo tanto, debe declararse sin lugar la demanda, sin otra consideración, entronizándose y legitimándose, ipso facto, una situación de enriquecimiento sin causa totalmente injusta, que hiere y trastoca los principios a que aludimos e, incluso, garantías constitucionales…”.

 

         En lo que concierne a la segunda denuncia, el formalizante alega lo siguiente:

“…A objeto de demostrar uno de los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria intentada, como es la identidad entre el inmueble propiedad del actor y el indebidamente poseído por el demandado, promovió nuestra mandante INCENCA las siguientes pruebas: experticia sobre los terrenos de su propiedad, en los cuales, con levantamiento de planos por parte de los expertos e indicación de vértices y coordenadas identificatorias, resultara probada la posesión indebida del demandado, por aparecer precisamente en los terrenos de la actora, manifestada materialmente en esa cerca de bloques que, en su contestación a la demanda, el demandado reconoció haber construido, si bien en el entendido de que, supuestamente lo habría hecho en terrenos de su propiedad. Esa aludida prueba de experticia resultaba, como es sabido, de singular trascendencia para probar tal identidad.

Acompañó además al libelo de la demanda la inspección judicial preconstituida que hizo evacuar para apoyar los hechos de la demanda y promovió también prueba de inspección judicial a ser evacuada en el juicio, como medios probatorios que de manera señalada concurren, de acuerdo a cada caso, para demostrar la identidad entre el inmueble propiedad del actor y el bien inmueble que se afirma poseído por la parte demandada, como requisito para la procedencia de la acción de reivindicación.

Sostenemos, ciudadanos Magistrados, que la recurrida incurrió en infracción de ley al analizar estas probanzas y no aplicó la sana crítica que debió guiar su proceder dadas las circunstancias de especie.

En efecto, obsérvese que en su primera aproximación al análisis de la prueba de experticia citada en primer término, la recurrida señala lo siguiente:

“Respecto de la experticia promovida con el objeto de determinar el área total, las dimensiones y los linderos particulares del lote de terreno despojado a mi poderdante, tomando como referencia el acta de mensura de la parcela de terreno vendida por el extinto CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO PERIJA DEL ESTADO ZULIA al ciudadano ASTOLFO BERRUETA ORTEGA, marcados con las letras “C” y “F”, es valorada de conformidad con lo establecido en el artículo 451 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, por cuanto consta en actas, específicamente en el folio doscientos cuatro (204) de la pieza principal número uno (01) del presente expediente, que en fecha 11 de septiembre de 2003, los ingenieros, Rafael A. Ocando y Ninoska Vera, y el TSU Alberto garcía (sic) B., consignaron en doce (12) folios útiles, anexos y dos (02) (sic) planos, el dictamen de experticia, a través del  cual determinaron al área total del inmueble objeto del presente litigio, las dimensiones y linderos, razón por la cual es apreciado por esta Sentenciadora (sic), por cuanto del mismo se evidencia como resultado que el área obtenida en el levantamiento topográfico ordenado realizar por la Comisión (sic) de expertos coincide totalmente con el área establecida en el plano emanado de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, es decir, que la conclusión a la cual llegaron los expertos con el estudio realizado es que existe identidad de Ubicación (sic) y Cabida (sic) entre el lote de terreno estudiado y el Plano del levantamiento topográfico que reposa en la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, cuya Cédula Catastral es 23-16-01-U01-016-015-019.”

Como puede observarse, en esa valoración inicial que la sentenciadora hace sobre la experticia, soslaya el punto más trascendente de la misma, pues el informe de los expertos no sólo da cuenta de que existe esa “…identidad de Ubicación y Cabida entre el lote de terreno estudiado y el plano del levantamiento topográfico que reposa en la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, Cedula (sic) Catastral 23-16-01-U01-016-015-019”, sino también, y con más trascendencia para lo que la prueba estaba destinada a demostrar, que la cerca estaba precisamente en los terrenos de nuestra mandante. Así dice e (sic) informe de experticia:

“Por lo anterior expuesto, podemos afirmar que las Cercas (sic) de bloques observadas en la inspección y trabajo de Campo (sic), se encuentran levantadas dentro de los linderos del inmueble propiedad de Astolfo Berrueta, ya que las mismas no coinciden ni con el Lindero (sic) “Norte” ni con el lindero “Este” definidos en el Plano (sic) del Levantamiento (sic) topográfico que reposa en la Dirección de Catastro de la Alcaldía dl Municipio de Perijá, Cédula (sic) Catastral (sic) 23-16-01-U01-016-015-019.” (destacado nuestro)

Esa omisión, sin embargo no es el objeto propio o específico de esta denuncia, y sólo nos permitimos destacarla para poner de bulto que no parece la recurrida atribuirle la importancia que merece a tan importante prueba, cuando deja de mencionarla en esa valoración inicial en el fallo. Bien es cierto que en la parte motiva de la decisión, la juzgadoratranscribe esa parte de la experticia que copiamos, pero el no mencionarla en esa valoración inicial es expresión de una inapropiada aproximación de la jurisdiscente a la valoración de dicha prueba, en su relación con otras de autos, según deseamos exponer para esta denuncia.

En efecto para continuar con el fundamento de la presente denuncia, llamamos la atención de los distinguidos Magistrados de la Sala, en relación con la particular cuanto inadecuada posición que asume la recurrida para valorar ese trascendente punto de la identidad del bien reivindicado en la acción reivindicatoria.

Es ese sentido, reiteramos aquí lo precedentemente expuesto en este escrito, en el sentido de que en el artículo 548 del Código Civil han de considerarse incorporados como formando parte para su supuesto normativo, los extremos de orden probatorio a las cuales queda sujeta la procedencia en juicio de la acción reivindicatoria, entre los cuales se encuentra la prueba de la identidad entre el bien cuyo dominio se pretende y aquel que detenta el demandado. Bien observado, ha de concluirse que dicha norma constituye una norma legal para el establecimiento de los hechos, en su particular sistematización de la prueba, relacionada de manera exclusiva con los extremos de la acción reivindicatoria, como respetuosamente pedimos a la Sala considerarlo.

Ahora bien, aún cuando la juzgadora señala, de manera ajustada a derecho que “…el actor deberá probar en el juicio respectivo…c) Que el bien cuyo dominio pretende es el mismo que posee o detenta el demandado (identidad)”, inexplicablemente indica a continuación, lo siguiente:

“…es necesario para esta Sentenciadora determinar en primer lugar la identidad entre el lote de terreno objeto de la presente acción y las parcelas de terreno de las cuales el demandado alega ser propietario…”

Obsérvese con detenimiento: la juzgadora indica que debe haber identidad entre el terreno que el accionante indica como suyo y aquél que el demandado indica ser de su propiedad,lo cual no es correcto, ni representa uno de los extremos que deben ser probados en la acción reivindicatoria de acuerdo con la doctrina de esa Sala, pues sería muy difícil, sino imposible, la procedencia de las acciones reivindicatorias si debieran ser idénticos el inmueble del actor y el accionado: lo natural y lógico es que sean diferentes. Pero la recurrida, ciudadanos Magistrados, insiste en esa perspectiva o posición repetidamente, y así, puede constatarse que más adelante, ya al final de la parte motiva, señala:

“…se evidencia la desigualdad existente entre ambos terrenos, estos son, el inmueble sobre el cual el demando (sic) alega ser propietario y el inmueble a reivindicar, cuya propiedad es alegada por la parte actora, en lo que concierne a sus medidas, superficie y linderos.”

Y en ese mismo sentido, más adelante agrega:

“(sic) …corresponde a la parte actora probar los alegatos contenidos en su demanda, tal como lo son la propiedad del inmueble a reivindicar, la posesión del demandado dentro del inmueble de su propiedad, para lo cual debe demostrar que en efecto se trata del mismo inmueble…”

Es claramente apreciable por ello la infración (sic) por parte de la recurrida del artículo 548 del Código Civil, por errónea interpretación, y así lo denunciamos, pues no podía cambiar el sentido y alcance de la norma en la forma señalada, sin quebrantar su precepto.

Esta infracción tiene gran incidencia en lo definitivo del fallo, al generar una indebida aproximación de la juzgadora en el análisis de las pruebas a que vinimos aludiendo, pues es evidente que no se hacía lugar ni se imponía el establecer identidad alguna entre el inmueble de nuestra representa y aquel que el demandado afirmaba pertenecerle, sino el inmueble de nuestra representada y aquel que apareciera aprobado en autos como poseído por el demandado, lo cual es bien diferente, tal como ha sido repetidamente sostenido por nuestra doctrina y jurisprudencia.

Es precisamente esa irregular perspectiva de la juzgadora en el particular, lo que lleva lo lleva (sic) hacer una confrontación o comparación improcedente entre las claras conclusiones del informe de experticia sobre la posesión y linderos de lo detentado por el demandado, con las documentales e inspecciones judiciales promovida por las partes, particularmente en cuanto atañe a los títulos invocados por el demandado. Según aquel informe de experticia, corroborado por las inspecciones judiciales, la cerca de bloques está ubicada en terrenos de nuestra mandante y queda así probada de manera indubitable con ello y a través de medios técnicos incontrastables de la identidad de lo poseído por el demandado en el inmueble de INCENCA, y mal podía la recurrida proceder a comparar esas afirmaciones de los expertos y los linderos por ellos señalados, con los linderos indicados en los documentos presentados por el demandado como títulos de la propiedad que afirma tener, pues es manifiesto que con tal proceder, la sentenciadora infringe las reglas legales expresas que con tal proceder, la sentenciadora infringe las reglas legales expresas que regulan la valoración de las pruebas y, sobretodo, desconoció los principios de la sana crítica, conceptuada como de la lógica con la experiencia (Couture).

De acuerdo a estos últimos, debió entender la recurrida que frente a la (sic) dificultades propias de la identidad entre inmuebles, las conclusiones de la experticia, obtenidas mediante medios técnicos, con participación de expertos nombrados por las partes y emisión de planos indicativos, debían prevalecer frente a la simple indicación de unos linderos expuestos en documentos destinados prístina y preponderadamente a hacer constar un negocio jurídico, o en unas inspecciones judiciales que, ciertamente podrían ser de un valor relativo en ese propósito de identificar inmuebles por sus linderos. Al hacer, no obstante, tal comparación, ineludiblemente y por razones de mera lógica, se habría de propiciar la duda sobre la identidad, pues era imposible pretender que fuesen iguales los linderos de las dos propiedades como propugnaba la recurrida, distorsionándose en tal manera lo que de suyo estaba ya claro en la causa con la experticia, predisponiéndose así de modo injusto la declaratoria sin lugar de la demanda por tal motivo.

En este respecto, es de observar que el Tribunal Supremo de Justicias (sic), reiterando decisiones precedentes, en Sala Político Administrativa, ha llegado a exponer la siguiente doctrina:

“Con relación al cuarto requisito, es menester señalar que esta sala ha establecido que “para demostrar las circunstancias relativas a la identidad de un inmueble, se requiere de la prueba de experticia con el objeto de establecer con certeza, que el bien supuestamente ocupado por el demandado es el mismo que se pretende reivindicar, en función de su extensión, ubicación y linderos”; (entre otras sentencias N° 01201 del 06 (sic) de agosto de 2009) (Sentencia de la Sala Político Administrativa Número 573 de 16 de junio de 2010).

 Si bien no puede negarse que el Juez (sic) está obligado a analizar todas las pruebas de autos, como tampoco que, en veces, tanto la prueba documental como las inspecciones judiciales mantienen un relativo valor en los juicios de reivindicación, de acuerdo al caso y, señaladamente, cuando no se ha evacuado una experticia o ha sido irregular o mal desarrollada, no es menos cierto que el Juez (sic) está también obligado a decidir de acuerdo al específico caso que ha de decidir, con sus particularidades y con base en la sana crítica.

En el presente caso se pone de bulto que mal podía la juzgadora confrontar la experticia, insistimos, con las menciones de los documentos presentados por el demandado o con los mencionados en la inspección judicial que éste promoviera, para concluir sobre esa base que no aparecía definida ni demostrada por nuestra mandante la identidad que exige la acción reivindicatoria, siendo que con tal experticia tal identidad quedaba fuera de duda.

Ya se ha dicho que en la generalidad de los casos, no pueden tomarse en cuenta los títulos del demandado a efectos de fijar la identidad con lo poseído, pues, los mismos tenderán a favorecer injustamente al demandado en cuanto impedirán en la generalidad de los casos establecer esa identidad, y así debió entenderlo el juzgador particularmente en casos como el presente en que la recurrida dejó establecido que el actor había demostrado eficaz y plenamente su titularidad sobre el terreno, superando en este respecto los títulos del demandado que son recientes y no acreditan propiedad pues se reconocen como ejidos en su casi totalidad.

Confirmará la Sala, por lo demás, que ni los linderos en los documentos del demandado, ni los señalamientos de la inspección judicial que éste promovió y que la recurrida confronta con las indicaciones de la experticia, ofrecen elementos objetivos ni de referencia siquiera, que permitan arribar a conclusión válida alguna en torno a ubicación, linderos o cabida de los inmuebles, motivo por el cual la sentenciadora debió atenerse a lo que indicada la expertica y no concluir como lo hizo, indicando lo siguiente:

En consecuencia, al no existir certeza dentro del presente juicio sobre la identidad de la cosa a reivindicar, pues no se constata de manera plena y suficiente a través de las pruebas aportadas por la parte actora, que el inmueble a reivindicar sea el mismo que se encuentra en posesión de la parte demandada, y la falta de derecho a poseer del demandado, pues él mismo presentó los títulos bajo los cuales fundamenta su derecho, de los cuales se evidencian las diferencias entre ambos inmuebles, estos son las parcelas de terreno sobre las cuales el demando alega tener plena propiedad, y el lote de terreno sobre el cual la parte actora afirma que es propietaria …”

Por las razones expuestas, afirmamos que la recurrida infringe, por falsa aplicación, la norma del articulo 1.360 del Código Civil, pues debió entender que los documentos públicos de propiedad que invocó el demandado no resultaban pertinentes, en un juicio como el presente, para demostrar la posesión por parte del demandado sobre el inmueble del actor.

Debió considerar para ello que en casos como el de especie la documental no esta (sic) sujeta a la norma legal expresa de valoración de prueba que el indicado artículo recoge de manera general u ordinaria, haciéndose entonces lugar la aplicación de la sana critica para la valoración o atención de la prueba, permitiéndose incluso desatender la documental cuando es manifiesta su ineptitud en el caso concreto Así, ha dicho la Sala de casación (sic) civil (sic) que:

“Una cosa es rechazar la fuerza que da la Ley a los documentos públicos o privados, y otra establecer que, en determinadas circunstancias o caos concretos, tales instrumentos son suficientes o ineptos para constituir determinada evidencia (sic). (Sentencia de fecha 28 de mayo de 1991, Exp. 90 534)

Por ello debió la recurrida hacer prevalecer la fuerza y aplicación de los principios de la sana crítica, sobre el valor tarifario de los documentos acompañados por el demandado, dando entrada preponderante al valor probatorio de la prueba de experticia y a su conclusión sobre la identidad que ella contiene, absteniéndose de declarar no probada la identidad del inmueble de mi representada con el poseído por el demandado.

Similar criterio debió la recurrida seguir en relación con la prueba de inspección judicial, con la diferencia de que no existe en su respecto una tarifa legal, sino la necesidad lógica y de mejor razón propia de la sana crítica, por las cuales el juzgador debió hacer prevalecer también la experticia frente a las inspecciones judiciales, absteniéndose de concluir como lo hizo. Infringió por ello, por falsa aplicación, los artículos 1.428 del Código Civil y 472 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1.430 del Código Civil, por falta de aplicación.

Infringió el artículo 1.422 del Código Civil, por falta de aplicación, en punto a atribuir a la prueba de experticia en la especie, ese valor preponderante que debió darle al amparo de una sana crítica en la valoración de las pruebas. Es manifiesto que infringió, por falta de aplicación respecto a todas las pruebas y por las razones ya expuestas, el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12, eiusdem.

Estas violaciones fueron determinantes de lo dispositivo del fallo, pues ese errado modo de juzgar la recurrida, trayendo a colación en el ámbito probatorio las menciones de unos documentos de propiedad, que no se hacía lugar, y el dejar de aplicar la sana crítica para tomar en cuenta la experticia, según hemos expuesto, determinaron la declaración sin lugar de la demanda por parte de la recurrida.

Concluimos señalando que para decidir debió la sentenciadora aplicar en todo su efecto la experticia, de acuerdo y en atención a la sana crítica que desconoció de modo absoluto en el caso sub especie. Pedimos que las precedentes denuncias sean acogidas y declaradas con lugar con los pronunciamientos correspondientes…”. (Cursivas en negritas y subrayado de la Sala).

 

         Para decidir, la Sala observa:

 

         A los fines de resolver las denuncias agrupadas en este capítulo, la Sala en primer lugar examinará la infracción del artículo 548 del Código Civil, por error de interpretación acusada por el formalizante y posteriormente analizará la violación de los artículos 12, 507 y 472 del Código de Procedimiento Civil; 1.360, 1.422, 1.428 y 1.430 del Código Civil, realizada por le recurrente con fundamento en que el juez de alzada no aplicó la sana crítica en la valoración de la prueba de experticia.

         En relación a la infracción del artículo 548 del Código Civil, por error de interpretación delatada por el formalizante, observa la Sala que en la primera denuncia ut supra transcrita, alega el recurrente que la demandante interpuso la acción reivindicatoria en contra del ciudadano Guzmán Finol, para que se le retribuyera un lote de terreno de su propiedad y sobre el cual el demandado había tomado posesión indebidamente al levantar una cerca de bloques que dividió en dos partes el terreno perteneciente a la demandante.

         Señala que antes del juicio hizo evacuar y produjo con el libelo de demanda una inspección judicial, que le permitió afirmar que la posesión ejercida por el demandado se extendía sobre un área de un mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho “centímetros” cuadrados (1.693,38 mts2), cuya área -según su decir- es la misma que se indica en la inspección.

         Indica, que también promovió con el libelo de demanda, las documentales que acreditan la propiedad sobre el terreno a reivindicar, y que con relación a la titularidad de la propiedad, la recurrida estableció lo siguiente: “…Analizados los documentos públicos anteriormente descritos, constata esta Sentenciadora (sic) que en efecto la parte actora probó mediante los mismos, que tiene un derecho de propiedad sobre una parcela de terreno cuya superficie es de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2) anteriormente descrita, cumpliendo de esta manera con la acreditación del primero de los requisitos exigidos en la presente acción. Así se establece…”. (Subrayado del transcrito).

         Asimismo, señala que con la finalidad de demostrar otros de los requisitos que condicionan la procedencia de la acción reivindicatoria, como es “…la identidad entre el inmueble propiedad del actor y aquél que es indebidamente poseído por el demandado…”, promovió la prueba de experticia sobre los terrenos de su propiedad, con lo cual, -según sus dichos- “…resulta probada esa identidad de inmueble propiedad de la Actora (sic), con aquél que estaba en indebida posesión del demandado y que realmente se encontraba inserto o formando parte de los terrenos de la actora, expresada en esa cerca de bloques cuya construcción había el demandado reconocido haber construido…”.

         Arguye, que en el informe los expertos establecieron como área poseída despojada a la demandante una superficie de 1.603,58 mts2, es decir, -según sus dichos- un área de 80,89 mts2 menos que la indicada en la demanda y lo señalado por la inspección judicial extralitem.

         Ahora bien, esta determinación de los expertos, -según sus decir- comportó una visión distinta en los juzgados de instancia, pues, el a quo consideró que ante esa circunstancia debía declarar parcialmente con lugar la demanda y ordenar al demandado restituir a la demandante el área de 1.603,58 mts2 que los expertos determinaron es el área que había sido despojada o separada de la propiedad de la demandante.

         Sin embargo, agrega el recurrente que la juez de alzada, contrario a la perspectiva del a quo indicó que al existir esa diferencia en la superficie, no podía ser acogida la demanda, procediendo a declararla sin lugar.

         Por tanto, alega que la recurrida al revocar el fallo apelado y declarar sin lugar la demanda, realiza una interpretación cerrada y estricta del artículo 548 del Código Civil, lo cual -según sus dichos- rompe los más claros criterios de justicia que debían inspirar su decisión e infringe dicha norma por errónea interpretación.

         Pues, sostiene que al entenderse incorporado en el artículo 548 eiusdem, el precepto conforme al cual el actor en reivindicación debe demostrar que existe una identidad entre el bien cuyo dominio tiene el actor y el que detenta el demandado, se está “…aludiendo esencialmente a una identidad de la situación y la ubicación general del inmueble, y no a una identidad precisa y total en todo respecto, incluso numérico en cuanto al área, como lo entendió la recurrida…”.

         Argumenta, que principios básicos de exégesis y hermenéutica, así como los de justicia y equidad, deben llevar a rechazar una interpretación como la dada por la recurrida a dicha norma, pues, -según sus dichos- “…en casos asimilables (sic) nunca tuvo el legislador en mientes (sic) llevar a tal extremo los requerimientos para la reivindicación con ese efecto terminante para las legítimas pretensiones del actor…”.

         Asimismo, señala que los criterios de justicia que inspiran principios como “el que puede lo más puede lo menos” rechazan una conclusión como la de la recurrida, pues, alega que por el hecho que ese extremo -como es el de la identidad- en la acción de reivindicación, haya sido elevado a la categoría de enunciado general normativo de orden probatorio, impondría estimar, como lo hace la recurrida que “…aún estando probada esa identidad por la ubicación, linderos y situación de los inmuebles, basta que exista una pequeña diferencia de superficie o cabida en la determinación de lo detentado por el accionado, para que deba rechazarse en un todo la pretensión y declararse sin lugar la demanda…”.

         Agrega, que esta posición de la recurrida no toma en cuenta la identidad del resto del inmueble que bien pudo ser probada y, da al traste con todo el esfuerzo y acervo probatorio utilizado para ello.

         Sostiene, que bajo el criterio de la recurrida, ha de procederse como si nada se hubiera probado y, por lo tanto, debe declararse sin lugar la demanda, sin otra consideración, lo cual legítima, -según su decir- una situación de enriquecimiento sin causa totalmente injusta.

         Razón por la cual, afirma que la sentencia recurrida incurrió en violación del artículo 548 del Código Civil, por errónea interpretación, lo cual la llevó a declarar sin lugar la demanda siendo que –según sus dichos- en los autos existía una clara prueba de los extremos de ley, en cuanto atañe al área que los peritos en la experticia fijaron como detentado por el demandado.

         Por tanto, arguye que la recurrida debió aplicar para decidir el artículo 548 eiusdem, pero, correctamente interpretado, en cuyo caso -según su decir- habría declarado parcialmente con lugar la demanda.

         Asimismo, en lo que respecta a la infracción del artículo 548 del Código Civil, en la segunda denuncia ut supra transcrita, sostiene el formalizante que aún cuando la juez de alzada señala que el actor deberá probar en el juicio, que “…el bien cuyo dominio pretende es el mismo que posee o detenta el demandado (identidad)...”, sin embargo, cuando indica que  “…debe haber identidad entre el terreno que el accionante indica como suyo y aquél que el demandado indica ser de su propiedad...”, considera el recurrente que ello no es correcto, ni representa uno de los extremos que deben ser probados en la acción reivindicatoria.

         Pues, alega que sería muy difícil, sino imposible, la procedencia de las acciones reivindicatorias si debieran ser idénticos el inmueble del actor y el accionado, pues, estima que lo natural y lógico es que sean diferentes.

         Por lo tanto, considera que el juez de alzada infringe el artículo 548 del Código Civil, por errónea interpretación, ya que según sus dichos ello cambiaría el sentido y alcance de la referida norma.

         Cuya infracción, -según su decir- incide en el fallo definitivo, pues, sostiene que es evidente que no se imponía establecer identidad alguna entre el inmueble de la demandante y aquel que el demandado afirmaba pertenecerle, sino entre el inmueble de la demandante y aquél que apareciera aprobado en autos como poseído por el demandado, lo cual considera que es muy diferente, cuya irregular perspectiva de la juez de alzada –según sus dichos- la lleva hacer una confrontación o comparación improcedente entre las claras conclusiones del informe de experticia sobre la posesión y linderos de lo detentado por el demandado, con las documentales e inspecciones judiciales promovida por las partes, en cuanto atañe a los títulos invocados por el demandado.

         Ahora bien, a los fines de determinar sí efectivamente el juez de alzada erró en la interpretación del artículo 548 del Código Civil, estima la Sala necesario realizar las siguientes consideraciones.

         En relación a la interpretación que debe hacerse del artículo 548 del Código Civil, esta Sala en Sentencia N° 341, de fecha 27/04/2004, caso: Euro Ángel Martínez Fuenmayor y Otros contra Oscar Alberto González Ferrer, Exp. N° 00-822, estableció lo siguiente:

“…Según Puig Brutau, la acción reivindicatoria, es “...la acción que puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar título jurídico, como fundamento de su posesión...” (Tratado Elemental de Derecho Civil Belga. Tomo VI pág. 105, citado por el Autor Venezolano Gert Kummerow, Comprendió de Bienes y Derechos Reales. Derecho Civil II. Ediciones Magon, tercera edición, Caracas 1980, pág. 338).

La acción reivindicatoria es una acción real, petitoria, de naturaleza esencialmente civil y se ejerce ERGA OMNES, es decir, contra cualquiera que sea el detentador y contra todo poseedor actual que carezca de título de propiedad.

La acción reivindicatoria supone tanto la prueba del derecho de propiedad por parte del demandante como la privación o detentación posesoria de la cosa, por quien no es el propietario y no es susceptible de prescripción extintiva.

La acción reivindicatoria, se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante); b) Encontrarse el demandado en posesión de la cosa que se trata de reivindicar; c) La falta del derecho a poseer del demandado; d) Identidad de la cosa, es decir que sea la misma reclamada y sobre la cual el actor reclama derechos como propietario.

La acción reivindicatoria corresponde exclusivamente al propietario contra el poseedor que no es propietario. En consecuencia, la carga de la prueba la tiene el demandante.

(…Omissis...)

En consecuencia, el demandante está obligado a probar por lo menos dos requisitos: a) Que el demandante es realmente legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar y b) Que la cosa de que se dice propietario es la misma cuya detentación ilegal le atribuye a la demandada. La falta de uno o cualquiera de estos dos requisitos, es suficiente para que se declare sin lugar la acción…”.

 

Asimismo, esta Sala en sentencia N° RC-00140, de fecha 24 de marzo de 2008, caso: Olga Martín Medina contra Edgar Ramón Telles y Nancy Josefina Guillén de Telles, exp. N° 03-653, (Ratificada entre otras, en sentencia N° 257, de fecha 8/05/2009, caso: Marisela del Carmen Reyes del Moral contra Lya Mercedes Villalobos de González, expediente 08-642.) estableció el siguiente criterio jurisprudencial, a saber:

“...De la norma transcrita se evidencia, que el propietario de una cosa tiene derecho a reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

El maestro Gert Kummerow citando a Puig Brutau describe la acción de reivindicación como aquella que “...puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión…”. Asimismo, cita a De Page quien estima que la reivindicación es “…la acción por la cual una persona reclama contra un tercero detentador la restitución de una cosa de la cual se pretende propietario…”, e indica que ambos conceptos fundan la reivindicación en la existencia de un derecho (la propiedad) y en la ausencia de la posesión del bien en legitimado activo. Suponen, a la vez, desde el ángulo del legitimado pasivo, la detentación o posesión de la cosa sin el correlativo derecho.

La acción reivindicatoria se halla (sic) dirigida, por tanto, a la recuperación de la posesión sobre la cosa y a la declaración del derecho de propiedad discutido por el autor del derecho lesivo. En esta hipótesis, la restitución del bien aparecería como una resultante del derecho de propiedad, reconocido por el pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente. (Bienes y Derechos Reales, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana, Caracas 2002, p.348).

Continua expresando el maestro Kummerow en la obra comentada (p.353), que la acción de reivindicación se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario.

Asimismo, indica (pág. 353) que la legitimación activa “...corresponde exclusivamente al propietario contra el poseedor que no es propietario. En consecuencia, recae sobre el actor la carga de la prueba de su derecho de propiedad y, de la posesión que el demandado ejerce sobre el bien reivindicado. Con ello, la determinación de la cosa, viene a ser una consecuencia lógica en la demostración de la identidad. Faltando la demostración del derecho de propiedad, el actor sucumbirá en el juicio aunque el demandado no pruebe, de manera clara e indubitable, su derecho en apoyo de la situación en que se encuentra... La falta de título de dominio, impide que la acción prospere, aun (sic) cuando el demandado asuma una actitud puramente pasiva en el curso del proceso...”.

El criterio de la Sala, va dirigido en esta misma corriente. En efecto, en decisión del 3 de abril de 2003, caso: Marcella del Valle Sotillo y Pedro Fajardo Sotillo contra Irlanda Luz Mago Orozco, la Sala dejó sentado que “...la propiedad del bien inmueble demostrada con justo título, [constituye] uno de los elementos de mayor peso, si no el más trascendental, a los fines de producir una decisión apegada a derecho... en atención al derecho del propietario de una cosa de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador...”.

Asimismo, la Sala en sentencia N° 947 del 24 de agosto de 2004, en el juicio de Rafael José Marcano Gómez contra Rosaura del Valle Hernández Torres, la Sala estableció que “...en el caso de la reivindicación, es necesario que: 1) El demandante alegue ser propietario de la cosa; 2) Que demuestre tener título justo que le permita el ejercicio de ese derecho; 3) Que la acción vaya dirigida contra el detentador o poseedor de la cosa y que éste a su vez no tenga derecho sobre el bien; y, 4) Que solicite la devolución de dicha cosa...”. Asimismo, señaló que en el caso de la acción reivindicatoria el actor debe solicitar al tribunal “...la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble no es el propietario del bien...”.

La Sala reitera los criterios jurisprudenciales precedentes, y deja sentado que dada las características de la acción reivindicatoria, ésta sólo puede ser propuesta única y exclusivamente por quien es efectivamente titular del derecho de propiedad para el momento de presentada la demanda, sobre el cual recae la carga de demostrar tal cualidad frente al demandado, quien sólo es detentador del inmueble.

En similar sentido, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el particular. Así, en decisión del 26 de abril de 2007, caso: de Gonzalo Palencia Veloza, estableció respecto de la acción reivindicatoria que:

“...el propietario demandante que pretende se le reivindique en sus derechos, debe presentar como instrumento fundamental de la demanda el título o documento donde acredite su propiedad verificándose de autos que el demandante acredite la propiedad del inmueble cuya reivindicación solicita como parte de mayor extensión del inmueble que adquirió conforme a documento registrado por ante de Registro Público del Municipio Alberto Adriani del estado Mérida, cuyos linderos y demás datos han sido lo suficientemente especificados, a excepción del documento donde consta su aclaratoria sobre la ubicación real, que riela a los folios 9 y 10 como instrumento fundamental de la demanda, parte alta de la Blanca sector La Montañita al finalizar de la carretera asfaltada al lado derecho jurisdicción de la Parroquia Rafael Pulido Méndez, Municipio Alberto Adriani del estado Mérida...”.

La Sala reitera el criterio anteriormente transcrito, y deja sentado que el propietario demandante que pretende se le reivindique en sus derechos, debe presentar como instrumento fundamental de la demanda, el título o documento que acredite su propiedad, con el fin de demostrar la propiedad del inmueble cuya reivindicación solicita.

Dicho con otras palabras, para reivindicar un bien, quien demanda tiene que alegar y demostrar ser titular del derecho de propiedad del bien objeto del juicio, es decir, los elementos fácticos de la propiedad deben constar en autos inequívocamente, para que el juez de la causa declare cumplidos los presupuestos de la acción.

Quiere decir, que la demanda debe ser declarada con lugar si siendo ella ajustada a derecho, la demandante prueba ser titular del derecho de propiedad del inmueble con el título o documento que lo acredite y quien ocupa el inmueble es un simple detentador o poseedor de la cosa, por lo que en casi todos los casos, como quedó establecido precedentemente, la carga de la prueba corresponde al demandante...”. (Negritas de la Sala).

 

De los criterios jurisprudenciales antes transcrito se evidencia, que en los juicios de reivindicación como el de autos, la acción de reivindicación se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario.

Asimismo, de acuerdo a los referidos criterios, en los juicios de reivindicación es necesario: 1) Que el demandante alegue ser propietario de la cosa; 2) Que demuestre tener título justo que le permita el ejercicio de ese derecho; 3) Que la acción vaya dirigida contra el detentador o poseedor de la cosa y que éste a su vez no tenga derecho sobre el bien; y, 4) Que solicite la devolución de dicha cosa.

También, indica el criterio de esta Sala, que el actor al ejercer la acción reivindicatoria debe solicitar al tribunal la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble sin ser el propietario del bien.

Por lo tanto, considera la Sala que en los juicios de reivindicación los jueces tienen la obligación de determinar sí se cumplen o no los presupuestos concurrentes a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación para poder declarar la procedencia o improcedencia de la acción de reivindicación.

Asimismo, estima la Sala que si el juez de alzada  al verificar los presupuestos concurrentes a los cuales se encuentra condicionada la acción de reivindicación considera que se han demostrado: El derecho de propiedad del reivindicante; la posesión del demandado de la cosa reivindicada y la identidad de la cosa reivindicada, debería declarar con lugar la acción de reivindicación si el demandado no logra demostrar el derecho de posesión del bien que se demanda en reivindicación al asumir una conducta activa y  alega ser el propietario del bien, pues, su posesión seria ilegal, ya que posee, usa y disfruta el inmueble sin ser el propietario del bien.

No obstante, si el demandado consigue demostrar su derecho a poseer el bien que ocupa, debería el juez de alzada declarar sin lugar la acción de reivindicación, ya que el demandado puede alegar y comprobar que su posesión es legal, pues, es factible que entre el demandante y el demandado exista una relación contractual sobre el bien objeto del litigio, como sería un arrendamiento, comodato o un depósito, así como también puede demostrar mediante instrumento público que posee o detenta el bien de manera legal y legítima, caso en el cual, pese a demostrar el demandante que es el propietario del bien que pretende reivindicar, sin embargo, faltaría uno de los presupuestos concurrentes como sería el hecho de la falta de poseer del demandado.

En este mismo orden de ideas, considera la Sala que si el juez de alzada no da por demostrado el derecho de propiedad del demandante sobre el bien que se demanda en reivindicación, debe declarar sin lugar la acción de reivindicación, pues, faltaría uno de los presupuestos concurrentes para declarar con lugar la demandada.

Por tanto, al no demostrarse el derecho de propiedad del bien objeto del litigio, el actor sucumbirá en el juicio aunque el demandado no pruebe, de manera clara e indubitable, su derecho en apoyo de la situación en que se encuentra, es decir, que el demandado no logre demostrar su derecho a poseer el bien que ocupa, pues, la falta de título de propiedad del bien, impide que la acción de reivindicación prospere, aún cuando el demandado asuma una actitud pasiva en el curso del proceso.

Ahora bien, en razón que en el sub iudice el juez de la recurrida consideró no cubierto el requisito de la identidad, esta Sala considera pertinente realizar varias observaciones en relación a tal requisito.

La identidad de la cosa reivindicada, es uno de los presupuestos o requisitos a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación, por tanto es necesario precisar: 1.- ¿Qué debe hacer el demandante para cumplir con éste requisito? y, 2.- ¿Cuál es la actividad que deben desplegar los jueces de instancia para considerar que se ha verificado dicho requisito?.

Al respecto, ha dicho la Sala que la acción reivindicatoria, se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos o presupuestos: “… identidad de la cosa, es decir, que sea la misma reclamada y sobre la cual el actor reclama derechos como propietario…”. (Vid. sentencias N° 341, del 27/04/2004 y N° 140, del 24/03/08, ut supra transcritas).

 Asimismo, en ponencia conjunta de esta Sala se ha expresado que la reivindicación, es una acción mediante la cual el propietario de un bien inmueble, solicita por ante el tribunal la recuperación de la posesión del mismo, para lo cual es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: “…que exista identidad entre el bien a recuperar y el señalado como poseído por la tercera persona demandada….” (Vid sentencia N° 400, de fecha 17/07/2009, caso: Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda contra Haydee Santana Hernández y Otros. Exp. N° 08-308).

         Es decir, que de acuerdo a los criterios de esta Sala ut supra transcritos la identidad de la cosa que se pretende reivindicar se refiere a que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario y que él señala como poseída por la persona demandada.

Es decir, que por ejemplo si el demandante reclama que se le restituya un lote de terreno de 1.000 m2, ese lote que él alega es de su propiedad, debe ser el mismo que esté en posesión de la persona demandada.

Así pues, el autor Gert Kumerow en su libro Bienes y Derechos Reales, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana, Caracas 2002, pág. 352, expresa que:

“… La procedencia de la acción reivindicatoria se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

(…Omissis…)

d) La identidad de la cosa reivindicada: esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el actor alega derechos como propietario…”.

 

En este mismo orden, la doctrina patria en palabras del Dr. Román José Duque Corredor, ha señalado que “…Se exige como requisito de la procedencia de la acción la identidad entre la cosa de la cual se dice propietario el demandante y la que detenta el demandado. Y, en el caso de bienes muebles, la acción reivindicatoria procede si se prueba la mala fe del poseedor, si la cosa ha sido sustituida o si se trata de una cosa perdida, en atención al artículo 794, del Código Civil…”. (Procesos Sobre La Propiedad y La Posesión, Segunda Edición revisada, corregida y actualizada. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas 2009, página 299). (Negritas de la Sala).

Por su parte, el Dr. Manuel Simón Egaña, en relación a la identificación de la cosa que se pretende reivindicar ha dicho que “…El objeto cuya reivindicación se pretende debe ser perfectamente identificado por el actor, a cuyo fin tiene la carga de una doble prueba: la identificación exacta de la cosa sobre la cual recae su propiedad, y la demostración de que esa misma cosa es la que indebidamente posee la persona contra quien se dirige la acción. La jurisprudencia señala “es obvio que el que pretende ejercer alguna reivindicación debe comprobar como fundamento insustituible la coexistencia de dos requisitos: primero, que el demandante es realmente legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar, segundo, que la cosa de que se dice propietario es la misma cuya detentación ilegal imputa a la parte demanda…”. (Bienes y Derechos Reales, Ediciones Liber, 2004, Página 278). (Resaltado de la Sala).

En relación a este mismo tema el Dr. Luís Eduardo Aveledo Marasso, opina que “…Es obligatorio indicar que el éxito de la acción reivindicatoria también exige la prueba de la identidad de la cosa, confirmando que el predio reclamado es precisamente el mismo al que se refieren los documentos, títulos, y demás pruebas en que el actor apoya su pretensión…”. (Resaltado de la Sala). (Las Cosas y el Derecho Real de las Cosas. Derecho civil II. Ediciones Paredes, Caracas-Venezuela 2006 página 224).

Igualmente, respecto a la identidad de la cosa reivindicada el Dr. José Luís Aguilar Gorrondona, ha expresado que:

“…Tradicionalmente se afirma que para la procedencia de la reivindicación se requiere que concurran tres grupos de condiciones o requisitos, unos relativos al actor, otros al demandado y otros a la cosa.

(…Omissis…)

3° Condiciones relativas a la cosa. En esta materia cabe señalar que:

A) Se requiere la identidad entre la cosa cuya propiedad invoca el actor y la que posee o detenta el demandado…”. (Cosas Bienes y Derechos Reales”, Universidad Católica Andrés Bello, 2007, páginas 371 y 372). (Negritas de la Sala).

 

En la doctrina foránea, el autor  José Puig Brutau, señala que:

“…La acción reivindicatoria.-Ésta es la acción que puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión. Damos a la palabra posesión un sentido amplio, en consonancia con el criterio de nuestro Código civil (sic) de considerar poseedor a todo tenedor de la cosa (art. 430). La acción reivindicatoria, como es natural, se impone a los medios defensivos del poseedor en su cualidad de tal. Frente a la actitud del poseedor que se oponga a la restitución de la cosa al propietario, éste deberá seguir el camino que indica el art. 44 del Código civil (sic), esto es, deberá ejercitar la correspondiente acción recuperatoria ante la autoridad judicial. Si esta acción prospera, el poseedor perderá la posesión de la cosa sin haber sufrido la inquietación a que se refiere el art. 446 como base para el ejercicio de los interdictos. Es decir, habrá sido vencido en el juicio que esté fundado en los siguientes elementos: el derecho de propiedad o dominio de actor, la falta de derecho a poseer del demandado, el hecho de estar el mismo en la posesión de la cosa reivindicada y la identidad de ésta. Estos son los requisitos que nuestra jurisprudencia exige para que pueda prosperar la acción reivindicatoria. Vamos a examinarlos ligeramente por separado.

a) El derecho de propiedad o dominio del actor que reivindica es el primero y más elemental de, los requisitos de la acción reivindicatoria. Recordemos las palabras del art. 348 de nuestro Código civil (sic):

“el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”. La acción reivindicatoria aparece, pues, como una emanación del dominio, por lo que éste ha de existir para que aquella prospere.

b) La falta de derecho a poseer del demandado a pesar de estar el mismo en posesión de la cosa, es otro requisito imprescindible para que pueda prosperar la acción reivindicatoria. En este caso vemos el mismo fenómeno del valor relativo del dominio por la otra vertiente, esto es, por el lado poseedor contra quien se invoca un mejor derecho a poseer. Si, en definitiva, la eficacia del dominio frente a la posesión de la cosa deriva de que dicho dominio implica un mejor derecho a poseer, no hay motivo para que deje de proceder y de triunfar la misma acción reivindicatoria (que será, en el fondo, la antigua acción publiciana) cuando dicho mejor derecho del actor frente al demandado quede probado con independencia de que se haya acreditado plenamente la existencia del derecho de dominio. Por otra parte, la circunstancia de ser verdaderamente el actor titular del derecho de propiedad no supone que la demanda entablada deba prosperar forzosamente. En primer lugar, como resulta del art. 432 del Código civil (sic), es compatible con el dominio la existencia de un mejor derecho a poseer de carácter limitado, sea por el tiempo de su duración o por su contenido. El “tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos perteneciendo el dominio a otra persona” de que habla dicho artículo, posee la cosa con preferencia al derecho a la posesión del mismo propietario en la medida en que ambos derechos sean incompatibles.

(…Omissis….)

c) Finalmente, es requisito indispensable para que prospere la acción reivindicatoria que sea plenamente identificada la cosa cuya posesión el actor trata de obtener o recuperar. No se olvide que se trata, en definitiva, del ejercicio de una acción in rem, en el sentido romano, es decir, precisamente en el sentido de que la posesión de una cosa determinada funda la legitimación pasiva del demandado. A diferencia de las acciones in personam, el demandado no estaba obligado en Roma a aceptar el iudicium si abandonaba la cosa. En realidad, sólo cuando el demandado en una acción reivindicatoria se opone a la acción y alega por su parte un derecho a poseer, se dará lugar a una sentencia que participará, en nuestro sistema procesal, de las características de las acciones declarativas y de condena. En cuanto la ejecución de la sentencia ha de conferir al actor la posesión de una cosa determinada, la acción habrá tenido una virtualidad estrictamente real o reipersecutoria y se fundará en la estricta identificación de un objeto corporal; pero en cuanto la sentencia declare un mejor derecho a poseer, la acción habrá tenido un aspecto declarativo y la naturaleza de una acción personal, pues sólo a frente determinado sujeto cabe declarar un mejor derecho a poseer.

Nuestra jurisprudencia exige también este tercer requisito con cierto rigor, por ello resulta que, propiamente, la acción reivindicatoria sólo procederá cuando se trate de recuperar la posesión de una cosa corporal, concreta y determinada...”. (Resaltado de la Sala) (Fundamentos de Derecho Civil, Derecho de Cosas, Tomo III, Editorial Bosch, Barcelona 1953).

 

Asimismo, el autor colombiano Simón Carrejo, en su obra Derecho Civil, V Curso (bienes-Derechos Reales), Volumen II. Editorial Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá 1962, expresa lo siguiente: “…Elementos de la acción reivindicatoria. (…) d) que entre el bien demandado en reivindicación y el bien objeto de posesión por el demandado haya identidad jurídica y material…”.

De acuerdo al criterio de los autores antes indicados se observa que los mismos concuerdan en señalar que se exige como requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria la identidad entre la cosa cuya propiedad invoca el actor y la que detenta o posee el demandado.

Por lo que, tanto la Sala como la doctrina coinciden en que la identidad del bien o cosa reivindicada, es uno de los presupuestos, requisitos o elementos que se exige para que pueda prosperar la acción reivindicatoria, el cual se refiere a que la cosa o el bien que el demandante reclama se le restituya en la posesión por considerarse propietario, es la misma (cosa o bien) que él indica en su libelo de demanda como poseída o detentada por el demandado.

Ahora bien, en relación a la identidad de la cosa o el bien objeto de la reivindicación como un requisito que debe contener la demanda de reivindicación, el actor cumple con esta obligación al indicar en el libelo de demanda la ubicación, denominación, medidas, linderos y otras circunstancias que permitan individualizar la cosa o el bien que se demanda en reivindicación, lo que permite distinguirla de las otras cosas o bienes de la misma especie.

Mientras que para cumplir con el requisito de la identidad del bien o la cosa reivindicada que se exige para la procedencia de la acción reivindicatoria, es necesario que el demandante en reivindicación demuestre que la cosa o el bien que reclama se le restituya en su posesión sea la misma sobre la cual alega derechos como propietario y la que él señala como poseída o detentada ilegalmente por la demandada.

Ahora bien, como antes se ha dicho el criterio jurisprudencial de esta Sala considera como un requisito o presupuesto concurrente a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación la identidad de la cosa reivindicada y se refiere a ella como que “…la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario y la que él señala como poseída por la persona demandada.”.

Ahora bien, hechas estas consideraciones, observa la Sala que en el caso particular, el ad quem al revocar la decisión del a quo y declarar sin lugar la demanda de reivindicación, estableció lo siguiente:

“…Ahora bien, corresponde a este Tribunal (sic) Superior (sic) analizar si en el presente caso se encuentran de manera concurrente los requisitos de la acción de reivindicación, anteriormente transcritos, y si los mismos fueron debidamente demostrados por el actor, dentro de los cuales en primer lugar se encuentra el derecho de propiedad que alega el actor reivindicante, para lo cual promovió original de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Perijá del estado Zulia, de la ciudad de Machiques, el día 16 de noviembre de 1983, a través del cual el ciudadano Astolfo Ángel Berrueta Ortega, vendió a la empresa Inmobiliaria La Central, Compañía Anónima (INCENCA), todos los derechos y acciones que le corresponden sobre 26 parcelas de terrenos ubicadas en el Barrio de Villa del Rosario, jurisdicción del municipio Rosario, Distrito Perijá del Estado Zulia, anteriormente valorado, así como también acompañó a su escrito libelar, el plano topográfico elaborado por el Concejo Municipal del Distrito Perijá, de igual forma anteriormente valorado, a través del cual se señala la ubicación del terreno, las medidas, forma, la cual es de un polígono irregular, y su superficie la cual es de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2).

El anterior documento constituye el documento fundamental de la presente demanda, empero en el presente juicio de reivindicación donde el bien tutelado es la propiedad, es menester presentar la cadena documental de adquisición del inmueble, a los fines de comprobar, tal como lo exige la doctrina y jurisprudencia, el origen del título de propiedad, observando esta Sentenciadora (sic) que en efecto la parte actora cumplió con tal carga, al producir en copia certificada el documento protocolizado en fecha 31 de Marzo (sic) de 1980, mediante el cual el Concejo Municipal del Distrito Perijá del estado Zulia, al ciudadano Astolfo Berrueta Ortega, la parcela de terreno ejido objeto antes descrita, cuya superficie es de catorce mil doce metros cuadrados con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), ubicada en el ángulo nor-oeste de la calle B-D4 y la prolongación de la avenida 18 de la ciudad de Villa del Rosario, jurisdicción del municipio Rosario, Distrito Perijá del estado Zulia, así como también consignó en copia certificada el acta de mensura de la parcela de terreno ejido antes mencionada, los cuales fueron anteriormente valorados y apreciados por este Tribunal (sic) Superior (sic).

Produjo en copia certificada documento protocolizado en fecha 26 de septiembre de 1975, a través del cual la ciudadana Maria Altamira Echeto González, le vendió al ciudadano Astolfo Berrueta Ortega, una casa de habitación ubicada sobre una faja de extensión de terreno ejido, con una superficie de una hectárea aproximadamente, situada en las inmediaciones del kilómetro 84, en jurisdicción del extinto Municipio Rosario, Distrito Perijá del estado Zulia.

Copia certificada de documento protocolizado en la misma fecha anterior, 26 de Septiembre (sic) de 1975, marcada con la letra “I”, inserta al folio ciento diecisiete (117) de la pieza principal número uno (01) (sic) de las actas procesales del presente expediente, a través del cual el ciudadano Amable Segundo Echeto González, le vendió a la ciudadana Maria Altamira Echeto González, un inmueble construido sobre una faja de terreno ejido, que mide aproximadamente una hectárea, es decir, el inmueble antes mencionado; de igual forma promovió la copia certificada del documento protocolizado en la misma fecha anterior, 26 de septiembre de 1975, marcado con la letra “J”, inserto al folio ciento veintidós (122) de la pieza principal número uno (01) (sic) del presente expediente, mediante el cual el ciudadano Héctor Hernán Martínez Martínez le vendió al ciudadano Amable Segundo Echeto González, el mencionado inmueble.

Promovió copia certificada marcada con la letra “K”, inserta al folio ciento veintiséis (126) de la pieza principal número uno (01) (sic) de las actas procesales del presente expediente, del documento protocolizado en fecha 09 (sic) de octubre de 1954, por medio del cual el ciudadano Demetrio Ángel Chourio Gutiérrez le vendió al ciudadano Héctor Hernán Martínez Martínez, la casa antes mencionada, y de igual forma promovió la copia certificada del documento protocolizado en fecha 09 de diciembre de 1953, por medio del cual el ciudadano Juan José Contreras le vendió al ciudadano Demetrio Ángel Chourio Gutiérrez, el inmueble constituido por una casa, con una superficie de una hectárea aproximadamente, ubicada en jurisdicción del extinto municipio Rosario del Distrito Rosario de Perijá del estado Zulia, la cual corre inserta al folio ciento treinta (130) de las actas procesales del presente expediente, marcada con la letra “L”.

Respecto de la cadena documental promovida por la representación judicial de la parte actora, es decir, de los documentos públicos consignados en copias certificadas anteriormente valorados, se evidencia la adquisición del inmueble constituido por una casa ubicada sobre una faja de terreno ejido, ubicada en jurisdicción del extinto municipio Rosario del Distrito Rosario de Perijá del estado Zulia, empero, son los documentos protocolizados en fechas 31 de marzo de 1980 y 16 de noviembre de 1983, de los cuales se constata la totalidad de la propiedad alegada por la parte actora la cual es de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), dentro de los cuales señala que se encuentran comprendidos los mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 Mts) (sic), que pretende reivindicar a través de la presente demanda.

Evidenciándose del documento de propiedad de la actora, anteriormente descrito, específicamente del folio dieciocho (18) de la pieza principal número uno (01) (sic), la propiedad de los catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), alegada en el escrito libelar, de la siguiente manera: “25) un inmueble de mi única y exclusiva propiedad, situado geográficamente en el ángulo Nor-Oeste formado por la intersección de los ejes de la carretera vía Perijá, tramo Villa del Rosario – Maracaibo, y una calle sin nombre de la población de Villa del Rosario, jurisdicción del Municipio Rosario, Distrito Perijá del Estado Zulia, formado por una parcela de terreno propio, que afecta la forma de un polígono irregular, que tiene una superficie cuadrada de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), y por una casa-vivienda edificada sobre dicha parcela de terreno, que tiene una superficie construida de setenta y dos metros cuadrados (72 mts2), (…), todo comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: Norte, en una línea recta que mide ciento cincuenta metros (150 mts) lineales, linda con terreno ejido poseído por varios ocupantes; Sur, en una línea quebrada que mide ciento ochenta metros (180 metros) lineales, linda en parte con la calle sin nombre y en parte con parcela de terreno que es o fue propiedad de Alfredo Gutiérrez; Este, en una línea recta que mide noventa y dos metros (92 mts) lineales, linda con la referida carretera vía Perijá y parcela de terreno que es o fue propiedad de Alfredo Gutiérrez; y Oeste, en una línea recta que mide ochenta y un metros (81 mts) lineales, linda con terreno ejido ocupado por mi compradora.”

Analizados los documentos públicos anteriormente descritos, constata esta Sentenciadora (sic) que en efecto la parte actora probó mediante los mismos, que tiene un derecho de propiedad sobre una parcela de terreno cuya superficie es de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), anteriormente descrita, cumpliendo de esta manera con la acreditación del primero de los requisitos exigidos en la presente acción. Así se establece.-

Respecto del Segundo requisito como lo es la posesión del demandado sobre el inmueble a reivindicar, señala el demandado en su escrito libelar, haber sido despojado de un lote de terreno de mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (1.693,38 m2), ubicado en jurisdicción del municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, a través de la construcción de una cerca de bloques y pilares de concreto a través del inmueble de su propiedad, realizada por la parte demandada, ciudadano Guzmán Finol Rodríguez, mientras que el demandando en su escrito de contestación a la demanda manifiesta ser propietario de dos (02) (sic) parcelas de terreno contiguas, ubicado en jurisdicción de la Parroquia Rosario del municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, para lo cual presentó los respectivos documentos de adquisición debidamente protocolizados los cuales fueron anteriormente valorados.

Dentro del presente juicio, se discute el derecho de propiedad de un lote de terreno, específicamente de mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts), que según la parte actora se encuentran comprendidos dentro de los catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), de su propiedad, razón por la cual, es fundamental precisar su ubicación medidas y linderos, en virtud de lo cual, es necesario para esta Sentenciadora determinar en primer lugar la identidad entre el lote de terreno objeto de la presente acción y las parcelas de terreno de las cuales el demandado alega ser propietario, y posteriormente verificar si en efecto el demandado se encuentra en posesión del inmueble propiedad del actor.

El actor en su escrito libelar, alegar (sic) ser propietario de un inmueble situado en el ángulo nor-oeste de la prolongación de la avenida 18 de la ciudad de Villa del Rosario, jurisdicción de Villa del Rosario, Distrito Perijá del estado Zulia, cuya forma es de polígono irregular, y su superficie la cual es de catorce mil doce metros con cuatro decímetros (14.012,04 mts2), y de una casa edificada sobre dicho terreno, la cual tiene una superficie de Setenta y Dos Metros Cuadrados (72 mts2), la cual se encuentra actualmente convertida en ruinas producto de haber sido desmantelada.

Ahora bien, alega el actor, haber sido despojado mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (1.693,38 m2), del lote de terreno de su propiedad, que según el libelo, específicamente en el folio dos (02) (sic), el mismo se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos:

“Norte, con ciento doce metros (112 mts.), linda con casa-vivienda que es o fue propiedad de Graciela Suárez, vía pública y parcela de terreno propiedad de Guzmán Finol Rodríguez; Sur, con ciento seis metros con cincuenta centímetros (106,50 mts), linda con el resto del referido inmueble propiedad de mi representada; Este, con dieciocho metros con cincuenta centímetros (18,50 mts), linda con la referida prolongación de la avenida 18 (antes carretera vía perijá, tramo villa del Rosario-Maracaibo, denominada Calle Derecha; y, Oeste, con doce metros con cincuenta centímetros (12,50 mts), linda con casa-vivienda que es o fue propiedad de Ismael González.”

De la experticia promovida por la parte actora, la cual corre inserta en actas al folio doscientos cinco (205), anteriormente valorada, se evidencia, que los expertos tomaron como base para la realización de la misma, el documento protocolizado en fecha 31 de mayo de 1980, mediante el cual el Concejo Municipal del distrito Perijá del estado Zulia le vendió al ciudadano Astolfo Berrueta Ortega, una parcela de terreno ejido ubicada en el ángulo Nor-Oeste, de la calle sin nombre y carretera La Villa Maracaibo, con forma de polígono irregular y una superficie de catorce mil doce metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (14.012,04 m2), así como también el documento registrado en fecha 16 de noviembre de 1983, mediante el cual el ciudadano Astolfo Berrueta Ortega, le vendió el terreno antes mencionado a la parte actora, Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central C.A. (INCENCA), el cual es el documento fundamental de la presente acción, ambos anteriormente descritos y valorados, de igual forma tomaron en cuenta la constancia emanada de la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, donde se señala la Cédula Catastral que le corresponde al inmueble, la cual es:

Entidad F Municipio Parroquia Ámbito Sector Manzana Lote

23 16 01 U01 016 015 019

De la referida experticia se evidencia que el trabajo de campo realizado por los expertos arrojó los siguientes resultados:

“a) El inmueble en estudio posee la forma de un Polígono irregular, de topografía relativamente plana, situado en esquina sin cercas que delimiten su perímetro.

(…)

Como se puede observar el área obtenida en el levantamiento topográfico ordenado realizar por la Comisión de Expertos coincide totalmente con el área establecida en el plano emanado de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, Cedula Catastral 23-16-01-U01-016-015-019, igualmente existe similitud entre las coordenadas de los vértices que definen las respectivas Poligonales en ambos planos, con lo cual podemos concluir que existe identidad de Ubicación y Cabida entre el lote de terreno estudiado y el Plano del levantamiento topográfico que reposa en la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, Cedula Catastral 23-16-01-U01-016-015-019.

Por lo anterior expuesto, podemos afirmar que las Cercas de bloques observadas en la inspección y Trabajo (sic) de Campo (sic) , se encuentran levantadas dentro de los linderos del inmueble propiedad de Astolfo Berrueta, ya que las mismas no coinciden ni con el Lindero “Norte” ni con el lindero “Este” definidos en el Plano (sic) del Levantamiento (sic) topográfico que reposa en la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Rosario de Perijá, Cedula (sic) Catastral 23-16-01-U01-016-015-019.

(…)

CONCLUSIÓN:

De acuerdo al estudio realizado, esta Comisión de Expertos Dictamina que:

1.- El área afectada por la construcción de la cerca de bloques dentro de la parcela de terreno propiedad de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central, C.A., es la cantidad de Un mil seiscientos tres metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (1.603,58 m2). (Ver planos anexos).

(…)

3.- Los linderos particulares de área afectada es como sigue: (Ver planos anexos)

Norte: Terrenos ocupados o dicen ser de Guzmán Finol.

Sur: Terrenos propiedad de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central, C.A.

Este: Av. 18 (Corredor Vial Balmore Sandoval ó Carretera Maracaibo-La Villa)

Oeste: Terreno propiedad de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria La Central, C.A., ocupada por la ciudadana Karina Montiel.”

En el presente caso, la parte actora promovió inspección judicial practicada extra litem, así como también inspección realizada por el Tribunal (sic) de la causa, en fecha 05 (sic) de septiembre de 2003, la cual corre inserta al folio ciento setenta y seis (176) de la pieza principal número uno (01) (sic) de las actas procesales del presente expediente, a través de la cual, el Tribunal (sic) de la causa dejó constancia de lo siguiente:

“En cuanto al segundo particular el nombre de la avenida que delimita con el inmueble donde se encuentra constituido el Tribunal (sic) avenida 18 Balmore Sandoval antiguamente conocida como carretera la Villa maracaibo (sic. En relación al particular tercero se deja constancia que el inmueble donde esta constituido el Tribunal (sic) a partir de su intersección de la calle sin nombre (actualmente calle B-D4) hasta el punto que delimita con el inmueble contiguo (lindero norte) mide ciento nueve punto cincuenta (109,50 mts) metros.

En relación al particular cuarto el Tribunal (sic) deja constancia de lo siguiente – Deja constancia de que el inmueble en el cual se constituyo por el lindero norte a partir de su intersección con el lindero este colindante con la carretera vía Perijá actualmente prolongación de la avenida 18 calle derecha mide Ciento (sic) Cincuenta (sic) y Un (sic) metros (151 mts) hasta el punto donde se inicia una cerca de alambre de pua (sic) donde se inicia o se desvía hacia el oeste veinte punto ochenta metros (20.80 mts) y después se desvía en el sentido norte dos metros (2 mts). Siguiendo la dirección de la línea del lindero norte mide treinta y ocho metros (38 mts) (…)”.

Ahora bien, por su parte el demandado de autos, en su escrito de contestación a la demanda señaló que en el ejercicio de la posesión legítima que ejerce no sólo cercó perimetralmente con bahareque de bloques y columnas de concreto el inmueble de su propiedad sino que también construyó dentro de este un local de oficinas para su actividad empresarial, consignando el documento protocolizado en fecha 27 de febrero de 1997, el cual corre inserto al folio sesenta y nueve (69) marcado con la letra “A”, anteriormente descrito y valorado, del cual se evidencia que el ciudadano Ciro Segundo Mestre González, le vendió al ciudadano Guzmán Finol Rodríguez, una casa de habitación de cuarenta y cuatro metros cuadrados (44 mts2), construida sobre un terreno ejido que tiene una superficie de tres mil novecientos veintiocho metros cuadrados con cincuenta y seis centímetros (3.928,56 mts2), situada en la autopista la Villa de Maracaibo, del municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos:

“Norte, Con propiedad que es o fue de Ismael González, Sur: con Autopista (sic) La Villa-Maracaibo Este: por una parte propiedad que es o fue de Graciela Suárez, por otra parte con Calle sin Nombre, por otra parte con propiedad que es o fue de Eustaquio González y por otra parte propiedad que es o fue de Guzmán Finol y Oeste: Con propiedad que es o fue Astolfo Berrueta.”

Promovió documento protocolizado en fecha 18 de junio de 1997, inserto al folio setenta y tres (73), marcado con la letra “B”, anteriormente descrito y valorado, a través del cual se evidencia que el ciudadano Ireneo Finol Rodríguez, le vendió al ciudadano Guzmán Finol Rodríguez, una parcela de terreno propio situada en el alineamiento Oeste de la carretera que conduce a Maracaibo, entre dos calles sin trazar y sin nombre de la población de la Villa del Rosario, en jurisdicción del municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, el cual tiene una superficie de cuatrocientos metros cuadrados, y se encuentra totalmente cercado, comprendido dentro de los siguientes linderos:

“Norte: anteriormente terreno ejido, actualmente de la propiedad de Eustaquio González, Sur: anteriormente terreno ejido, hoy de la propiedad de Astolfo Berrueta, Este: Carretera que va de Machiques a Maracaibo y Oeste: Terreno propiedad de Carmen Teodora Rosendo.”

De la inspección judicial realizada por el Tribunal (sic) de causa en fecha 05 (sic) de septiembre de 2003, la cual corre inserta al folio ciento noventa y tres (193) de la pieza principal número uno (01) (sic) de las actas procesales del presente expediente, que fuere promovida por la parte demandada, se observa:

“El inmueble en el cual esta constituido tiene las siguientes medidas por el norte ciento diecisiete punto cincuenta metros (117.50 mts) por el Sur noventa metros con cerca perimetral de bloques y columnas de cemento con una medida de noventa metros de largo (90 mts) y siete punto metros (7 mts) de cerca metalica (sic) que se desvía hacia el noreste con una medida de cuatro punto quince metros (4.15 mts) por el Este; mide treinta y dos metros (32 mts) cercado con cerca metalica (sic) y por el Oeste mide treinta metros (30 mts) con cerca perimetral de bloques de cemento y columna de cemento.”

Así las cosas, luego del análisis que este Tribunal (sic) Superior (sic) ha efectuado de los alegatos de ambas partes y de las pruebas que respaldan los mismos, es evidente la disparidad existente en las medidas y linderos del inmueble objeto de la presente acción, el cual constituye una parcela de terreno, que según la parte actora mide mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts), hecho éste que tal como se evidencia de actas, no fue constatado dentro del presente proceso, ya que si bien promovió las inspecciones y la experticia, las cuales fueron debidamente valoradas y analizadas, de los resultaron (sic) que arrojaron las mismas no se demostró que en efecto la parte actora haya sido despojada de mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts), ya que si bien los linderos analizados por los expertos logran aproximarse a los linderos descritos por la parte actora en el libelo de la demanda, no ocurrió lo mismo respecto a las medidas y superficie del inmueble estudiado y el inmueble a reivindicar a través del presente juicio.

En el presente caso fueron analizadas las pruebas promovidas por la parte demandada, como los documentos públicos a través de los cuales pretende acreditar su derecho de propiedad, así como la inspección judicial realizada por el Tribunal (sic) de la causa, de los cuales se evidencia la desigualdad existente entre ambos terrenos, estos son, el inmueble sobre el cual el demando (sic) alega ser propietario y el inmueble a reivindicar, cuya propiedad es alegada por la parte actora, en lo que concierne a sus medidas, superficie y linderos.

En todo caso, dentro del presente juicio de Reivindicación (sic) corresponde a la parte actora probar los alegatos contenidos en su demanda, tal como lo son la propiedad del inmueble a reivindicar, la posesión del demandado dentro del inmueble de su propiedad, para lo cual debe demostrar que en efecto se trata del mismo inmueble, que si bien, acreditó la propiedad de un terreno cuya superficie es de catorce mil doce metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (14.012,04 Mts2) (sic), plenamente descrito en el mismo, las pruebas promovidas con el objeto de demostrar la ubicación, medidas, linderos e identidad del lote de terreno de mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts), con respecto al terreno poseído por la parte demandada, no son concluyentes ni uniformes de tal manera que exista certeza sobre dichos aspectos.

Razón por la cual, para quien decide, mal puede existir una parcialidad en la declaratoria de la acción de reivindicación, tal como fue decidido por el Juzgador (sic) a quo, pues la misma se encuentra condicionada a la demostración de manera concurrente, en manos del actor, de los requisitos establecidos para que prospere o no en derecho tal acción.

A mayor abundamiento considera pertinente este Tribunal (sic) Superior (sic) realizar un análisis jurisprudencial sobre los requisitos que deben ser demostrados por el actor dentro de los juicios de reivindicación.

El autor Nerio Perera Planas en su obra Código Civil Venezolano, caracas (sic) 1984, págs. 294 y 295, transcribe jurisprudencia de la extinta Corte sobre el artículo 548 del Código Civil, a través de la cual estableció:

(…Omissis…)

En jurisprudencia más reciente, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, a través de sentencia dictada en fecha 27 de abril de 2004, señaló lo siguiente: