Exp. AA20-C-2010-000012

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

En el juicio por daño moral, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por la ciudadana NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA, representada por los profesionales del derecho Pedro Castillo Rojas y Rainer Rollans Rodríguez Parra, contra el ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS, representados judicialmente por los abogados Juan Lorenzo Echeverria y Abelardo Ramírez; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 9 de octubre de 2009, dictó sentencia definitiva declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, anuló la decisión apelada, declaró sin lugar la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

 

Contra la preindicada sentencia la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

PRIMERA DENUNCIA

 

 

Señala el formalizante:

 

“…Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, denuncio la infracción del artículo 509 ibidem, por falta de aplicación, norma jurídica expresa que regula el establecimiento de los hechos, toda vez que al decidir la controversia, la recurrida incurrió en el vicio de silencio de pruebas respecto al examen valorativo de todos y cada uno de los elementos probatorios obrantes en autos, demostrativos del hecho ilícito generador del daño moral reclamado.

…Omissis…

En el caso sub judice se observa que la recurrida omitió el análisis valorativo de los únicos elementos probatorios obrantes en autos, sustanciales para la resolución de la controversia, omisión que indubitablemente influyó en el dispositivo del fallo. Tales probanzas son las siguientes:

 

1)                 Copia certificada del expediente penal N° 3J-114-2000 (folios 20 al 262)

2)                 Ejemplares del periódico Diario La Nación de fechas 12 y 16 de abril de 2000 (folios 316-317 y 326-327); y

3)                 Prueba de Informes (f.328).

 

…Omissis…

Como se evidencia del texto recién transcrito, la Juzgadora de la recurrida declaró con lugar la apelación de la demanda y consecuencialmente sin lugar la demanda, como resultado de la mera confrontación de los alegatos explanados en el libelo de demanda con la ya citada sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 1° de diciembre de 2003, sin que se hubiera cumplido el deber de analizar y juzgar todas cuantas pruebas se produjeron en el expediente, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción.

 

Obsérvese que si bien la recurrida reseña la frase “…medios impresos periodísticos)” y la oración “…concluyó con sentencia definitivamente firme proferida por la Corte de Apelaciones del Circuito Penal de esta Circunscripción Judicial de fecha 22 de octubre de 2003, y que confirmó la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 3 del Circuito Judicial Penal de esta misma Circunscripción Judicial de fecha 21 de julio de 2003, que decretó el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CARDENAS, al operar de pleno derecho la prescripción extraordinaria de la acción penal de los delitos de difamación e injuria”, sin embargo reprodujo tales afirmaciones por así constar en el libelo de demanda a título de alegatos, sin que su decisión hubiera estado apoyada o hubiera sido resultado del análisis valorativo de los elementos probatorios de autos, los cuales son: Copia certificada del expediente penal…

 

Como ha quedado expuesto, la más elemental lectura de la recurrida demuestra que apenas se limitó a mencionar que cada parte procesal había promovido pruebas, sin señalar cuáles pruebas promovió cada litigante y, con mayor gravedad, sin realizar la debida y obligada valoración de las pruebas promovidas. Dicho en otras palabras, la recurrida incurrió en manifiesto y total vicio de silencio de pruebas, toda vez que en su texto ni siquiera mencionó, y mucho menos analizó valorativamente, alguna de las pruebas efectivamente promovidas, antes reseñadas.

 

Las pruebas silenciadas por la recurrida son las siguientes:

 

Del folio 20 al 262 riela copia certificada de las actuaciones del expediente penal número 3J-114-2000, las cuales constituyen documentos públicos que, al no haber sido impugnadas ni desconocidas, adquirieron pleno valor probatorio erga omnes de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil; y sirven para demostrar que las notificaciones publicadas en fecha 12 y 16 de abril de 2000 en el Diario La Nación por el ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS contra mi poderdante NELLY AUDEY GARCIA GARCIA constituyeron la base del juicio penal por difamación e injuria, donde el prenombrado ciudadano fue encausado como “IMPUTADO”, y que culminó con el sobreseimiento del “imputado” por haber operado la prescripción “extraordinaria” de la acción penal.

 

A los folios 316-317 y a los folios 326-327 corren ejemplares del Diario La nación de fechas 12 y 16 de abril de 2000, los cuales no fueron desconocidos ni impugnados, adquiriendo pleno valor, y sirven para demostrar la existencia física de las notificaciones publicadas por el demandado MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS en contra de la aquí accionante NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA.

 

Al folio 328 obra informe suministrado por el Diario La Nación, de fecha 09  de agosto de 2005, la cual fue acordada por el Tribunal de la causa sin que hubiera sido impugnada o desconocida por la contraparte, y sirve para demostrar la efectiva publicación de las notificaciones contra mi mandante en el periódico Diario La Nación de fecha 12 y 16 de abril de 2000.

 

Indudablemente, como se infiere del somero análisis de los elementos probatorios silenciados, la infracción aquí denunciada tiene una influencia determinante en el dispositivo de la recurrida, ya que si la Juzgadora de Alzada efectivamente hubiera cumplido con el deber de apreciar y valorar concatenadamente los elementos de pruebas constitutivos y demostrativos del hecho ilícito generador del daño moral reclamado, producidos y promovidos por la parte demandante, y también por la parte demandada, no sólo habría declarado sin lugar la apelación interpuesta por la accionada contra la sentencia de la primera instancia, sino que, además y por consecuencia necesaria, habría declarado con lugar la demanda, con los pronunciamientos legales de rigor. Tal es la grave y determinante influencia de la infracción en el dispositivo del fallo…”.

 

            La Sala para decidir observa:

El formalizante denuncia el vicio de silencio de pruebas, argumentando que la alzada omitió hacer el análisis y la valoración de las pruebas indicadas precedentemente, limitándose sólo a señalar que fueron promovidas por las partes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe analizar  todas cuantas pruebas se hayan producido en el proceso, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea su valor respecto de ellas, so pena de incurrir en referido vicio de silencio de pruebas.

Sobre el mencionado vicio, esta Sala en reciente decisión N° 493 de fecha 9 de noviembre de 2010, expediente 2010-242, señaló lo siguiente:

…esta Sala de Casación Civil en fecha 21 de junio de 2000, cambió su criterio en cuanto a la técnica requerida para denunciar el vicio de silencio de prueba ante esta sede jurisdiccional, adaptando el nuevo criterio a los postulados constitucionales previstos en los artículos 257 y 26 de la Carta Fundamental que consagran al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, en el que debe privar la simplificación y eficacia de los trámites, donde no haya dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles.

Es por ello que se previó un nuevo sistema que permitiese establecer si las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el juzgador, tienen el sentido y alcance que en realidad le corresponden para la fijación del hecho controvertido y su importancia o trascendencia en la suerte de la controversia.

Para lograrlo, se exigió que en lo sucesivo las denuncias por silencio de prueba se formularan por infracción de ley, de conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los términos y condiciones previstos en la ley, a fin de precisar la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de allí dependerá la calificación jurídica de la utilidad o no de la casación. (Vid. Fallo de la Sala de Casación Civil, N° 204 del 21 de junio de 2000, caso: Farvenca Acarigua C.A. c/ Farmacia Claery C.A.)

En tal sentido, ha establecido la Sala que para que el recurrente denuncie con éxito la referida infracción debe  alegar la violación de la norma legal expresa que regula el establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 de la ley civil adjetiva por falta de aplicación, siempre y cuando la falta de examen de la misma o su análisis parcial haya sido decisiva en el dispositivo del fallo; extremo éste que ha de considerarse cumplido cuando la prueba es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia. (Vid. fallo N° 62 del 5 de abril de 2001, caso: Eudocia Rojas c/ Pacca Cumanacoa, expediente 99-889)

De allí que no basta con que la denuncia se encuadre dentro del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sino que adicionalmente se le ha impuesto al formalizante la carga de determinar cuáles son las pruebas silenciadas por el juez y especificar cómo y de qué manera los hechos que debieron haber quedado establecidos con el análisis probatorio presuntamente omitido, son determinantes en la suerte del juicio.

Asimismo, es necesario señalar que si bien es deber del juez analizar toda cuanta prueba se traiga a los autos del expediente, el silenciamiento de alguna de ellas no necesariamente acarrea la nulidad de la sentencia, a menos que el recurrente en casación demuestre la importancia del instrumento probatorio y lo determinante que hubiese sido su análisis en la suerte de la controversia, siendo justamente éste el fundamento para que este tipo de denuncias se plantee actualmente a través de una denuncia por infracción de ley, es decir, para evitar reposiciones que serían inútiles al buscar un pronunciamiento del juez sobre pruebas que no tiene ninguna influencia en el dispositivo del fallo.

 

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se desprende que para declarar la procedencia del vicio de silencio de prueba, es obligación para el denunciante, precisar la importancia que para la suerte del proceso tenía el medio probatorio silenciado, pues carece de sentido declarar la procedencia del vicio trayendo consigo una reposición, cuando el sentenciador pudo haber llegado a la misma conclusión mediante el análisis y valoración de otras pruebas.

De manera que no basta con que la denuncia se encuadre dentro del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sino que adicionalmente se le ha impuesto al formalizante la carga de determinar cuáles son las pruebas silenciadas por el juez y especificar cómo y de qué manera los hechos que debieron haber quedado establecidos con el análisis probatorio presuntamente omitido, son determinantes en la suerte del juicio.

A los fines de verificar lo delatado, la Sala estima necesario transcribir parte pertinente de la sentencia recurrida:

“…ESTA ALZADA PARA DECIDIR OBSERVA:

En el caso bajo estudio estamos en presencia de una acción civil de reclamación por daño moral.

El artículo 1.185 del Código Civil Venezolano preceptúa el fundamento legal del hecho ilícito en los siguientes términos:

Artículo 1.185 (…)

Así las cosas, el hecho ilícito ha lugar a lo que la doctrina ha denominado la responsabilidad civil extracontractual, precisamente porque el daño causado por el agente del daño a la víctima, se originó sin que existiera entre ellos algún vínculo contractual. En cuanto a su procedencia, deben ser demostrados tres elementos, a saber, el daño, la culpa y la relación de causalidad.

Y el artículo 1.196 ejusdem prevé: (…)

Eloy Maduro Luyando en su obra “Derecho Ci