SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

        

         En la incidencia sobre rendición de cuentas, surgida en etapa de ejecución de la  sentencia dictada en fecha 25 de octubre de 1978, en el juicio que por cobro de bolívares siguió ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOMENTO, cuyo sucesor procesal (en virtud de la liquidación de que fue objeto dicha institución), es el FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA, representado judicialmente por la abogada en ejercicio de su profesión MARIOLGA QUINTERO TIRADO, contra los ciudadanos CARLOS GONZALEZ ORTIZ y NICOLAS FIGUEROA GONZALEZ, patrocinados por los profesionales del derecho CARLOS PARRA BELLOSO y ENRIQUE PARRA PARADISI; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción, en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999, declaró no tener materia sobre la cual decidir.

 

         Contra la proferida decisión, anunció recurso de casación la demandada, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

         Concluida la sustanciación del presente recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado  quien con tal carácter la suscribe, y lo que hace previas las siguientes consideraciones:

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

         El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,  instituye legalmente la facultad de este Tribunal Supremo de Justicia, para casar de oficio aquellas sentencias sometidas a su conocimiento en las cuales se advierta, aun cuando no sean denunciadas, violaciones de orden público o constitucionales. La norma señalada fue interpretada a través de doctrina sentada de esta Sala, en decisiones de fechas 23 de octubre de 1996 y 24 de abril de 1998, criterio este abandonado  mediante sentencia de fecha 24 de febrero de 2000, en el juicio de Fundaguárico contra José del Milagro Padilla, considerando, que en virtud del mandato contenido en el artículo 257 de la Constitución, consagratorio del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, la potestad otorgada a este Alto Órgano de Justicia, por la norma anteriormente señalada de la Ley Adjetiva Civil, no puede verse limitada por elementos de carácter formal, sentencia en la que se estableció lo siguiente:  

 

“...Ahora bien, en vigencia el nuevo texto constitucional que orienta en cuanto a las características que deben informar al proceso, la Sala cree oportuno revisar ese criterio sobre la casación de oficio, lo cual hace en los términos siguientes:

 

La Constitución de la República, especialmente, señala que ‘El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia...’ y esto no sería posible sin el adecuado ejercicio de las facultades otorgadas al sistema judicial por las leyes procesales. El artículo 320, cuarto aparte, del Código de Procedimiento Civil, establece que ‘Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público o constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado’.

 

Conforme con esta disposición legal, la Sala de Casación Civil tiene la prerrogativa para exceder su examen al fondo del litigio, sin formalismos, cuando, a motus proprio, detecte la infracción de una norma de orden público o constitucionales. Esta atribución puede ser ejercida por la Sala con objeto de materializar la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el articulo 23 del Código de Procedimiento Civil, señala que ‘Cuando la ley dice: ‘el juez o tribunal puede o podrá’, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad’. En este sentido, cuando la norma establece esta facultad para ser ejercida por cualquier juez de la República, no pude excluirse de su ámbito de aplicación a este Supremo Tribunal, ya que se crearía una excepción no prevista y menos aún, instituir limitaciones. (Sic) de carácter formal como las señaladas en la decisión de fecha 24 de abril de 1998. Desde luego que ello conduciría a convertirla en un sustantivo de la norma, toda vez que se traduce en una derogatoria o desaplicación de la facultad discrecional prevista en el párrafo citado del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, reduciendo las potestades, precisamente del Máximo Tribunal.

 

De acuerdo con este nuevo criterio, la Sala abandona la posición asumida en su decisión de fecha 24 de abril de 1998 y, en consecuencia, declara que, en lo sucesivo, podrá casar de oficio los fallos sometidos a su consideración, para lo cual sólo es necesario que se detecte en ellos infracción de orden público y constitucionales como lo señala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose siempre, claro está, a los postulados del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.”                 

 

         En este orden de ideas,  se estima conveniente en cumplimiento de la labor pedagógica que, entre otras, cumple el Máximo Tribunal, destacar, por una parte, la obligatoria preeminencia de aplicación de la cual gozan las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por otra el concepto de orden público que ha mantenido la Sala, expresado en sentencia de fecha 24 de febrero de 1983, según el cual “ representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuando se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público”

 

           Cabe destacar que tramitado y resuelto el juicio principal que por cobro de bolívares intentó la extinta Corporación Venezolana de Fomento contra los ciudadanos Carlos González Ortíz y Nicolás Figueroa González; lite cuyo interés principal, (según el escrito libelar), ascendió a la suma de ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro bolívares con ochenta y tres céntimos (Bs. 884.484,83), los demandados ejercieron en contra de la depositaria la acción autónoma de rendición de cuentas cuya cuantía según se evidencia de las actas supera con creces la establecida para acceder al recurso de casación, pues la misma fue estimada en un monto de Bs.13.000.000,oo con lo cual, no existiendo limitación para dicha acción de cuentas por el monto original del juicio, corresponde la revisión casacionista por esta Sala; en igual manera se considera pertinente, en el caso sub-judice, realizar un señalamiento cronológico de algunos de los sucesos procesales ocurridos en él, a fin de consignar la evidencia respecto a la violación del orden público o constitucional referidos y a tal efecto, se observa:

 

         1.- Por demanda interpuesta ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, la Corporación Venezolana de Fomento acciona contra los ciudadanos Carlos González Ortíz y Nicolás Figueroa González .

         2.- En fecha 11 de mayo de 1987, el Juzgado Segundo de Primera Instancia, a solicitud del apoderado de la Corporación Venezolana de Fomento, decreta la ejecución de la sentencia firme emanada en el juicio antes señalado, mediante la cual se declaró con lugar la demanda intentada por la Corporación nombrada.

         3.- Mediante auto de data 1 de junio de 1989, el  juzgado de la causa negó la solicitud formulada por los demandados, referente a la responsabilidad de la Corporación Venezolana de Fomento para hacer efectiva la devolución de los bienes embargados y no adjudicados en remate. De esta negativa apeló el demandado. Recurso declarado con lugar por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en decisión del 16 de enero de 1990, mediante la cual se declaró solidariamente responsable tanto a la Corporación como al depositario, ciudadano Rafael Sánchez Quintero. Notificada la Corporación Venezolana de Fomento de la sentencia, bajan los autos al tribunal de la causa, a fin de continuar con la ejecución, otorgándose, en consecuencia, los lapsos legales para dar cumplimiento voluntario, así como para la rendición de cuentas correspondiente. Fueron designados los peritos, a efectos de estimar el valor de los bienes a devolver, quienes presentaron su informe.

         4.-En fecha 13 de noviembre de 1990, a solicitud de la representación del Fondo de Inversiones de Venezuela, sucesor procesal de la extinta Corporación Venezolana de Fomento, el Tribunal  de la causa, Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, decidió declinar la competencia en la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.

         5.- En fecha 21 de noviembre de 1996, la Sala Político Administrativa , conociendo en virtud de la declinatoria de competencia planteada a su favor, emitió fallo en el cual reafirma que la competencia para conocer la incidencia planteada, corresponde a los tribunales de la jurisdicción ordinaria, ordenando, así mismo, remitir el expediente al Juzgado Octavo de igual instancia y jurisdicción, a efectos de continuar con el procedimiento de la misma.

         6.- Cursa al folio 44 del expediente, escrito que introdujera la abogada Mariolga Quintero, representante del Fondo de Inversiones de Venezuela, sucesor procesal de la Corporación Venezolana de Fomento, mediante el cual, en fecha 23 de marzo de 1998, señala al Juzgado Octavo de Primera Instancia, que el fallecimiento del ciudadano Rafael Sánchez Quintero, depositario designado para el juicio por la Corporación Venezolana de Fomento, ocurrió el día 2 de octubre de 1971, anexando diligencia y copia de acta de defunción.

         7.- El Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto de fecha 1 de abril de 1998, dando cumplimiento a lo ordenado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, establece, entre otros pronunciamientos, el siguiente:

“...Así mismo, la Dra. Mariolga Quintero Tirado, en su carácter de apoderada del Fondo de Inversiones de Venezuela, solicitó varios pedimentos, respecto a los cuales el Tribunal observa:

En lo que respecta a la solicitud de reposición, al estado de que se notifique al Procurador General de la República, este Tribunal ratifica lo expuesto en las lineas (Sic) anteriores, por lo que se niega dicho pedimento. Respecto a su solicitud de que el Tribunal se pronuncie sobre los pedimentos formulados en el escrito que presentara el 26 de junio de 1991, ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, se observa que por una parte dicha Sala, emitió pronunciamiento mediante decisión dictada el 21 de noviembre de 1996, declarándose incompetente para conocer de la incidencia de rendición de cuentas, con lo que se pronunció sobre uno de los pedimentos formulados por dicha abogada en el mencionado escrito. Ahora bien, respecto a los otros pedimento observa esta Juzgadora que los mismos están relacionados con la nulidad y reposición de la causa a los estados allí señalados, y en el caso de que éstos no prosperaran, se opuso, entre otros pedimentos, a la ejecución por las razones señaladas en su escrito y por no constar en los autos, prueba auténtica de que el co-demandado Nicolás Figueroa Gonzalez (Sic) dispusiera de los semovientes de cuya entrega se intimó y de cuya existencia se pidieron cuentas a la extinta Corporación Venezolana de Fomento.

 

Siendo así, observa esta Juzgadora que la situación procesal en que se encuentra el presente procedimiento es la de ejecución de la sentencia dictada en el juicio que por Cobro de Bolívares seguía la Corporación Venezolana de Fomento contra los ciudadanos Carlos González Ortiz y Nicolás Figueroa González, en el cual surgió una incidencia, en virtud de que dichos demandados solicitaron a ese Instituto, la rendición de cuentas sobre mil doscientas cincuenta (1250 semovientes) que habían sido embargados preventivamente en el curso del referido juicio, pero que no fueron rematadas, esta incidencia fu decidida por el anteriormente denominado Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, mediante sentencia dictada el 16 de enero de 1990, la cual quedó definitivamente firme, por lo que adquirió el carácter de cosa juzgada y en la que se declaró solidariamente responsable a la Corporación Venezolana de Fomento y al ciudadano Rafael Sánchez Quintero, por las resultas de la gestión realizada por este último en su carácter de depositario de los bienes embargados preventivamente, ordenándoles igualmente la devolución de los bienes que fueron embargados, más no rematados, en el acto de remate efectuado el 11 de mayo de 1970.

 

Conviene aquí explicar el significado y alcance de la cosa juzgada, y así tenemos que respecto su significado podemos decir, que la misma se puede definir como la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia y en lo que respecta a su alcance podemos señalar que el efecto mediato de la misma, es que siendo ésta una cualidad de la sentencia, asegura por una parte inmutabilidad de la misma y por otra la vigencia indefinida de los resultados que dicha sentencia pudiese acarrear. Su inmutabilidad se explica porque excluye nuevas impugnaciones que puedan renovar indefinidamente el proceso en instancias sucesivas y la vigencia indefinida de sus resultados, porque la cosa juzgada perpetúa el resultado final de proceso, haciéndolo inmodificable en todo proceso futuro que pueda plantearse sobre el mismo objeto.

 

En vista de lo anterior son improcedentes los pedimentos formulados pr (Sic) la Dra. Mariolga Quintero, en esta etapa del procedimiento, en la que ya se dictó sentencia definitiva tanto en la demanda principal, como en la incidencia surgida en la ejecución, las cuales quedaron definitivamente firmes, adquiriendo el carácter de cosa juzgada, y no pudiendo este Juzgado dictar ninguna providencia que modifique o altere lo decididos (Sic) en dichas decisiones, por lo que el Tribunal niega todos y cada uno de los pedimentos formulados por la prenombrada abogada en su escrito de fecha 26 de junio de 1991 y ratificados mediante escrito del 23 de marzo de 1998.

 

Por último solicito el Dr. Enrique Parra Paradisi, en su carácter de apoderado judicial del Dr. Carlos González Ortiz, que se acordara la actualización del precio asignado a los semovientes que deben ser devueltos a su mandante y en consecuencia se acordara la actualización del avalúo presentado el 09 de julio de 1990 por los peritos nombrados por este juzgado, sobre este pedimento observa el Tribunal que efectivamente desde el 16 de enero de 1990, el valor de los bienes cuya devolución se ordenó, han sufrido una variante, por lo que se hace indispensable la realización de nueva experticia en la que se actualice el valor de dichos bienes, y en tal sentido se fijan ls (Sic) once de la mañana (11:00 a.m. del tercer día de despacho siguiente al de hoy, a los fines de que tenga lugar el acto de nombramiento de expertos por las partes....”          

 

 

         8.- En fecha 6 de abril de 1998, comparece ante el Tribunal Octavo de Primera Instancia, antes mencionado, el abogado Johnny Vásquez Zerpa, quien pretendiendo representar, sin poder, a los herederos desconocidos del depositario judicial premuerto Rafael Sánchez Quintero, expresa ponerse a derecho.   

         9.- Luego de varias actuaciones, tanto de la representación del Fondo de Inversiones de Venezuela, como del presunto representante sin poder de los herederos desconocidos del fallecido depositario, ambos diligencian recusando a la Jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia.

         10.- Como consecuencia de la recusación anteriormente mencionada, pasan los autos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (27 de mayo de 1998).

         11.- Cursa a los folios 96 al 108 (ambos inclusive) la sentencia de fecha 20 de mayo de 1998 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, resolviendo sin lugar la recusación.

         12.- Auto fechado 1 de junio de 1998, emanado del Juzgado Tercero de Primera Instancia, señalado, mediante el cual, en base a pedimentos realizados por el abogado  Johnny Vásquez Zerpa, en su pretendido carácter de representante sin poder de los herederos desconocidos del ciudadano Rafael Sánchez Quintero, ordena reponer la causa al estado en que “se suscite el incidente nuevamente”.

         13.- De esta decisión apela el apoderado de los demandados. Recurso oído solamente en el efecto devolutivo, decisión contra la cual ejerce el interesado, recurso de hecho.

         14.-  Corre inserta a los folios 263 al 269, decisión de fecha 16 de julio de 1998, emanada del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suscrita por la Jueza Carmen Helena Figueroa de Gutiérrez, en la cual se declara con lugar el recurso de hecho propuesto y por vía de consecuencia, ordena oír la apelación en ambos efectos. Actuación recibida en el tribunal de la causa en fecha 6 de octubre de 1998, quien ordenó lo conducente por auto del 13 del mes y año señalados.

         15.- Cursa a los folios 322 al 334, decisión emanada del Juzgado Superior mencionado en el inciso anterior, suscrita por el abogado Simón Jiménez Salas, con data del 8 de diciembre de 1998, donde resolviendo la apelación oída en un solo efecto, la declara sin lugar.

         16.-  Consta a los folios 394 al 405, sentencia del 18 de marzo de 1999, suscrita por el abogado Simón Jiménez Salas, en su carácter de Juez Temporal del Tribunal  Superior supra mencionado, que al pronunciarse, el mismo sobre la apelación que se ordenara oír en ambos efectos, resolvió que, por haberse pronunciado ya sobre la oída solamente en el efecto devolutivo, así como otros pedimentos formulados, “...no existe materia sobre la cual decidir por cuanto se trata de un asunto analizado y decidido anteriormente por este Tribunal superior (sic), en fecha 8 de diciembre de 1998...” .

         17.- Contra la anterior sentencia, anuncia y le es admitido recurso de casación, el abogado Enrique Parra Paradissi, en representación del demandado.

         Para decidir, observa la Sala:

         En el desarrollo de la incidencia analizada, se evidencia de lo reseñado en los puntos numerados 2 y 3 que ordenada la ejecución del fallo declaratorio a favor de la Corporación Venezolana de Fomento, se cumplieron todos los actos procesales destinados a hacer efectiva dicha decisión, llegándose hasta la designación de peritos, con la entrega del correspondiente informe. La reclamación del apoderado del demandado, para que le sean  devueltos a éste, los bienes que durante el proceso fueron embargados mas no rematados, hace surgir la incidencia bajo análisis, en razón de la cual, después de numerosas actuaciones, entre éllas la declinatoria de competencia por parte del Juzgado de la causa a favor de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, la cual fue resuelta por la mencionada Sala, reafirmando la de la jurisdicción ordinaria y ordenando en consecuencia la continuación de la ejecución. Bajando los autos a la instancia –Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas- esta a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Político Administrativo del Alto Tribunal, decidió, a pedimento del demandado y a fin de actualizar el precio de los bienes a devolver, se practicara una nueva experticia, fijando, en consecuencia, la fecha y hora para el nombramiento de los expertos; desechando en esa misma decisión pedimentos de la representación del Fondo de Inversiones de Venezuela, lo que se evidencia en la transcripción parcial realizada precedentemente del auto en cuestión.

         Cabe observar, que en fecha 23 de marzo de 1998, la representación del Fondo antes mencionado, consigna en autos acta de defunción del ciudadano Rafael Sánchez Quintero, depositario, que en su momento y como una facultad otorgada  por el reglamento de la Ley que regía el funcionamiento de la Corporación Venezolana de Fomento, había sido designado por dicho ente como tal, muerte acaecida antes de la fecha de la sentencia que resolvió la incidencia y mediante la cual se le declaró solidariamente responsable de las resultas de la gestión realizada y de la devolución de los bienes embargados mas no adjudicados, que lo fue el 16 de enero de 1990.

         Recusada la Jueza Octava de Primera Instancia, continuo en el conocimiento de la causa el Tribunal Tercero de igual grado y circunscripción, quien luego de estampar auto el 28 de mayo de 1998, presunto día en que debía procederse al nombramiento de los expertos (acto declarado desierto), sin antes dictar el correspondiente a la fijación de oportunidad para efectuar tal nombramiento, emite el 1º de junio de 1998, una decisión que anula todo lo actuado y repone la causa, sin precisar, exactamente, a que estado élla, debía retrotraerse.

         Es importante puntualizar que para la fecha en que fue dictado el auto repositorio, ya había sido resuelta sin lugar la recusación intentada; hecho este del que tenía conocimiento el avocado Tercero de Primera Instancia y por el cual debió devolver los autos al Juzgado Octavo de Primera Instancia, para que continuara conociendo; todo de conformidad a lo establecido en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, lo que no se llevó a cabo.

         Apelada esta decisión por el demandado, la misma se oye en el solo efecto devolutivo, por lo que él interpone recurso de hecho, el cual va a conocimiento del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declarándose con lugar en fecha 16 de julio de 1998 y remitido al de inferior jerarquía con oficio Nº.98-248 del 10 de agosto de 1998, tribunal que mediante auto del 13 de octubre del año señalado, oye la apelación en ambos efectos y remite el expediente a conocimiento de la Instancia Superior con data 3 de diciembre del mismo año.

         Distribuido el expediente, correspondió su conocimiento al Juzgado Superior Cuarto, inhibiéndose su titular el 21 de diciembre de 1998, pasando los autos de nuevo al Juez Distribuidor, quien el 26 de enero de 1999, lo remite al Tribunal Superior Décimo, a cargo del Juez Temporal, abogado Simón Jiménez Salas; llama la atención el hecho de haber transcurrido  mas de un mes entre la fecha de la inhibición y la nueva distribución, obviando la preceptiva  establecida en el artículo 93 de la Ley Adjetiva Civil, cuando ordena que ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de igual jerarquía y competencia, para la   continuación  del proceso. 

         Ahora bien, el Juez (temporal) Superior Décimo abogado Simón Jiménez Salas, resuelve, en fecha 8 de diciembre de 1998, el recurso de apelación oído en un solo efecto, aun cuando habiendo el demandado, como se señaló precedentemente, ejercido  recurso de hecho contra el auto que asi lo ordenó, éste fue declarado con lugar,  y por vía de consecuencia, debía oírse la apelación en ambos efectos, suceso procesal cronológicamente anterior al pronunciamiento señalado. No obstante lo anotado, el mismo Juez Superior Temporal, decide sobre el asunto -la apelación en ambos efectos- y expresa en su sentencia que “no existe materia sobre la que decidir por cuanto se trata de un asunto analizado y decidido anteriormente por este Tribunal superior (sic), en fecha 8 de diciembre de 1998...” 

         De lo expuesto observa la Sala, varias circunstancias en extremo irregulares que han acaecido en el desarrollo de la incidencia planteada en el juicio que se analiza, encontrándose este en etapa de ejecución de sentencia, a saber: 1º-  El deber en que se encontraba el Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de devolver los autos al Octavo de la misma jerarquía y competencia, en razón de haber sido declarada sin lugar la recusación propuesta contra la titular de ese juzgado, y no actuar en contravención de lo previsto en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, y aun mas en franca rebeldía a lo establecido por la sentencia de este Máximo Tribunal, que ordenara continuar con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio principal, asi como de la proferida con motivo de la incidencia surgida y no, como se procedió, a dictar la decisión repositoria que dio lugar a toda esta serie de actuaciones por demás irritas y fuera de la observancia del debido proceso a que constriñen las normas de rango constitucional, tanto la derogada, pero vigente en la época en que sucedieron los hechos aquí analizados, como la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en sus artículos 49 y 257, garantiza a los justiciables la aplicación de aquel en la resolución de las controversias que, en defensa de sus derechos, deban ventilar ante los órganos administradores de justicia. 2º- Así mismo, es necesario resaltar la insólita conducta seguida por el Juez Temporal  Superior Décimo, abogado Simón Jiménez Salas, quien estando en conocimiento del recurso de hecho ejercido, no debió emitir pronunciamiento sobre la apelación oída en un solo efecto y mucho menos una vez proferido el mismo, sentenciar sobre la ordenada oir plenamente, ya que en ese caso su obligación era inhibirse de tal conocimiento, por haber él producido el supra señalado fallo.  

         Los hechos narrados, llevan a la Sala a la conclusión, de que en la incidencia sub-judice, se han violentado garantías fundamentales, tales como el derecho al debido proceso y a la defensa. Derechos estos de progenie Constitucional y sobre cuya observancia, debe este Tribunal Supremo de Justicia ejercer labor de celoso guardián, que lo constriñe a ordenar subsanar las violaciones que de ellas se perpetren, todo en resguardo de los derechos antes aludidos, protegiendo así a los ciudadanos de arbitrariedades cometidas en su contra; potestad esta que ejerce este Alto Órgano en aplicación de los artículos 49 y 257 de la Carta Fundamental y desarrolla con la institución de la casación de oficio, establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y puntualizada en la doctrina supra invocada.

         En fuerza de los razonamientos que preceden y ante la subversión del orden procedimental observada, que deviene en la violación de normas de orden público, por ser las de procedimiento de esta especie y consiente la Sala, que tales reglas con las cuales el legislador ha revestido la tramitación de los juicios son de obligatorio cumplimiento y no pueden los tribunales, aun con el acuerdo de las partes, inobservarlas sin que con ello se vulnere aquél, la Sala declara, de oficio y de manera expresa y positiva, la violación por parte del Juez Superior Temporal Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de los artículos 49 y 257 de la Constitución, asi como también del artículo 93 del Código Adjetivo Civil, en razón a que habiendo emitido pronunciamiento referente a la apelación oída en un solo efecto, lo hace también sobre la ordenada oír en forma plena y por parte del Juez Tercero de Primera Instancia de igual competencia y jurisdicción, la infracción del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, en virtud de haber incumplido su deber de devolver a esta los autos para la continuación de la ejecución, luego de declarada sin lugar la recusación de la Jueza Octava de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; es oportuno reiterar que igualmente se incumplió con el mandato establecido en el fallo de este Máximo Tribunal que ordenaba tal continuación bajo el amparo de la  jurisdicción ordinaria, específicamente al Tribunal Octavo de Primera Instancia ya mencionado, conducta que desaplica el contenido del artículo 321 del Código Procesal señalado, hechos que patentizan el flagrante  menoscabo del derecho a la defensa y la violación grosera del debido proceso. Asi se decide.

         Las infracciones de normas constitucionales y de orden público evidenciadas, conducen indefectiblemente a la Sala, a reponer el procedimiento referido a la incidencia, al estado de que se continúe con la ejecución de la sentencia dictada en fecha 16 de enero de1990 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda (hoy del Área Metropolitana de Caracas), estableciéndose, igualmente, que previo a la ejecución de marras y a fin de dejar cubiertos los derechos que pudiere afectar la decisión en comento, dar cumplimiento a la formalidad de publicación de los correspondientes edictos, prevista en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, dirigidos a poner en conocimiento de lo decidido, a los herederos desconocidos (si los hubiere) del premuerto depositario judicial, ciudadano Rafael Sánchez Quintero, previniendo de esta manera, incurrir en nuevas violaciones a los derechos constitucionales y normas de orden público, tantas veces mencionados. Actividad procesal que se ordena practicar en esta etapa de la incidencia, en virtud que al momento de constar en autos (23 de marzo de 1998) la muerte del ciudadano señalado, - acaecida en fecha 2 de octubre de 1971-, ya se había dictado, hacía ocho (8) años, la sentencia que decidió la incidencia, que lo fue el 16 de enero de 1990. Así se declara.

         Por las razones consignadas, la Sala se permite llamar la atención de los Jueces sentenciadores, para que en el futuro, no incurran en los mismos vicios, pues tales situaciones dañan el buen nombre del poder judicial, y atentan contra la credibilidad de los jueces, lo cual contraría el principio de economía procesal, de tiempo y de dinero, por cuanto hace interminables los juicios, ocasionando al mismo tiempo,  gastos inútiles a las partes intervinientes y al estado, y un mayor desgaste a la jurisdicción al ponerla en movimiento innecesariamente. Así se establece.

DECISIÓN

 

         En virtud de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1) CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de marzo de 1999. 2) REPONE la causa al estado en que el tribunal de primera instancia que resulte competente, ordene la publicación del correspondiente edicto destinado a convocar a los herederos desconocidos del depositario judicial fallecido y  continúe con la ejecución de la sentencia que resolvió la incidencia, en cumplimiento a lo decidido el 16 de enero de 1990, por sentencia emanada del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, (hoy del Área Metropolitana de Caracas) y del fallo de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. QUEDANDO ANULADO todo lo actuado a partir de la decisión del Juzgado Octavo de Primera Instancia de igual competencia y jurisdicción a la antes citada, o sea a partir del 1 de abril de 1998 (fecha exclusive).

 

         Dada la naturaleza de la presente decisión, en la cual no se entra a considerar las denuncias propuestas por el formalizante en el recurso de casación por el interpuesto, no hay pronunciamiento especial referente a las costas procesales.

 

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al tribunal distribuidor de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que se de cumplimiento a lo establecido. Particípese esta remisión con copia de la presente decisión, al Juzgado Superior de origen ya mencionado; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  veintidós  (22) días del mes de  mayo de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

_________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ                         

 

 

Magistrado,

 

 

 

__________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

_____________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. 99-412

AA20-C-1999-000073

 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL.

Caracas,  01   de   JUNIO  de 2001. Años: 191º y 142º.

 

         Por cuanto en la anterior sentencia de fecha 22 de mayo de 2001, en el juicio por cobro de bolívares, seguido por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOMENTO contra los ciudadanos CARLOS GONZALEZ ORTIZ y NICOLAS FIGUEROA GONZALEZ, se incurrió en el error material en la página Nº 25 donde dice: “...remítase el expediente directamente al tribunal distribuidor de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”. Siendo lo correcto: “...remítase el expediente directamente al tribunal distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”. Mediante el presente auto queda subsanado el error en referencia a los fines consiguientes.

 

El Vicepresidente de la

Sala en ejercicio de la Presidencia,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

                                                                           Magistrado,

 

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                                                                  TULIO ALVAREZ LEDO

 

La Secretaria,

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

Exp. N° 99-412

COV/meg.