SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

En el interdicto por despojo, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, por la ciudadana LUISA SOBAI CABRERA DE SILVA, representada judicialmente por el profesional del derecho Juan Pernía Campos, contra la ciudadana MARÍA FIDELINA CABRERA PARRA, representada judicialmente por el abogado en ejercicio de su profesión Marcos Antonio Castillo; el ut supra mencionado juzgado, por sentencia de fecha 31 de octubre de 2000, declaró sin lugar la acción intentada.

 

            Contra esta decisión, la querellante ejerció recurso de apelación, el cual fue oído en ambos efectos.

 

El Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial  del estado Apure, a quien correspondió el conocimiento del presente asunto, se declaró incompetente en razón de la materia para conocer de la mencionada apelación, y declinó la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial  del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, el cual se declaró igualmente incompetente en razón de la materia, y planteó conflicto de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, por lo que ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Recibido el expediente en esta Sala, se dio cuenta del mismo en fecha 20 de marzo de 2003, designándose ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe esta máxima decisión procesal.

 

Siendo la oportunidad para ello, pasa la Sala a resolver el señalado conflicto de competencia, en los siguientes términos:

 

ÚNICO

 

Del análisis de las actas que conforman este expediente, la Sala constata que el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial  del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, se declaró incompetente por la materia, con fundamento en lo siguiente:

 

“...De la propia sentencia de la cual apeló la querellante resulta a las claras que el fin del interdicto de despojo propuesto tenía como objeto la restitución de una casa situada en el Vecindario “El Negro”, Jurisdicción del Municipio Biruaca del Estado Apure, Carretera Vía San Juan de Payara.

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios da competencia a los Juzgados (sic) de Primera (sic) Instancia (sic) Agraria (sic) para que conozcan de las pretensiones que se promuevan con ocasión de los siguientes asuntos. “b) Acciones petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria”.

En consecuencia y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 ejusdem ha de entenderse que no siendo el fundo del interdictante rústico o rural, y siendo, por otra parte de uso urbano, este Tribunal (sic) Superior (sic) no puede conocer de la apelación interpuesta por la parte querellada; y así se declara ...”.

 

 

Luego de recibido el expediente por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, se declaró igualmente incompetente, argumentando:

           

 “...1º) Que según Resolución Nº 2536 de fecha 10 de febrero de 1.994 (sic), emanada del Consejo de la Judicatura al referido Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo, Agrario se le atribuyó el conocimiento de la materia Civil-Bienes; 2º) que según Acta Convenio celebrada en fecha 09 de febrero de 1.995, entre ambos tribunales se practica sorteo de distribución de los expedientes de la materia Civil (Bienes) por tener los dos el conocimiento sobre la mencionada materia; 3º) Que el Dr. PEDRO MUJICA SÁNCHEZ a cargo del Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario, declina la competencia en las causas que por sorteo de distribución le corresponden a ese Tribunal; es por lo que este Juzgado Superior Civil  Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de ésta Circunscripción Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, plantea Conflicto (sic) de Competencia (sic)...”.

 

En el caso bajo estudio, la acción interdictal intentada está referida al despojo de un inmueble, del cual, según afirma la querellante, fue despojada por la querellada.

           

            Ahora bien, esta Sala considera oportuno destacar lo establecido por la Sala Especial Agraria en sentencia N° 442, de fecha 11 de julio de 2002, expediente 02-310, (caso: Ana María Ramírez Cerrada contra José Crispín Ramírez Cerrada y otros), en relación con los requisitos necesarios para determinar la naturaleza agraria de las causas que deben ser conocidas por dicha jurisdicción, indicando lo siguiente:

 

“...Así pues, para resolver el presente conflicto de competencia sustancial, se tendrá como norte la naturaleza del mismo, en función de la actividad agraria realizada, de manera que debe cumplirse con dos requisitos que determinan la competencia genérica de los Juzgados (sic) Agrarios (sic), que son: A) Que se trate de un inmueble (predio rústico o rural) susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) Que ese inmueble no haya sido calificado como urbano, o de uso urbano, por lo tanto ambos requisitos legales deben cumplirse en forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal (sic} Agrario (sic}...”.

 

 

            Aplicando la jurisprudencia transcrita al caso de especie, se observa que la naturaleza del presente conflicto no versa sobre materia agraria sino sobre materia civil, pues no se evidencia de las actas procesales que el lote de terreno objeto del presente juicio de reivindicación sea susceptible de explotación agropecuaria, así como tampoco que fuera calificado como predio rústico o rural.

 

En consecuencia, esta Sala considera que siendo la naturaleza del presente caso eminentemente civil, el tribunal competente para conocer de la apelación interpuesta en el presente asunto, lo es el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial  del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, declara competente al JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA REGIÓN SUR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, con sede en San Fernando de Apure, para que resuelva sobre la apelación interpuesta en la presente causa.

 

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al juzgado antes mencionado. Particípese esta decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure.

 

            Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  treinta  (30) días del mes de   mayo  de dos mil tres. Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Vicepresidente en ejercicio de la

Presidencia y Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

El Magistrado-Suplente,

 

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

Magistrado,

                       

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ           

    

La Secretaria,

 

 

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ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. Nº: 2003-000242