Exp. Nro. 2006-000296

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada: ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

 

 

                En la incidencia de medidas cautelares surgida en el juicio que por retracto legal arrendaticio sigue la sociedad mercantil CORPORACIÓN ALONDANA, C.A., representada judicialmente por los abogados Nelly Josefina Dania Galavís y Roberto Gómez González, contra las sociedades mercantiles CORPORACIÓN MIGABOSS, C.A., e INVERSIONES INTERAMNIA, C.A., la primera de ellas representada judicialmente por los abogados Antonio Rosich Sacan, Gonzalo A Himiob Santote, Milena Liani Rigall y Juan Sebastián León; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en alzada, en virtud del recurso ordinario de apelación formulado por la empresa accionante contra la sentencia del a-quo de fecha 9 de agosto de 2005, que negó las medidas cautelares solicitadas en el libelo de la demanda; dictó sentencia en fecha 22 de febrero de 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso ordinario de apelación formulado por la accionante, revocó el fallo apelado y ordenó al Juzgado a-quo decretar las medidas cautelares solicitadas.

                  

 

                Contra la referida sentencia de la alzada, la representación judicial de la empresa CORPORACIÓN MIGABOSS, C.A., parte co-demandada, anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

                  

 

                Concluidos los trámites de sustanciación del recurso, esta Sala de Casación Civil procede a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones:

 

 

RECURSO DE FORMA

III

 

 

                   Por razones metodológicas, la Sala altera el orden del examen de las denuncias y pasa a conocer la tercera, contenida en el capítulo primero del escrito de formalización.

                   De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4° del mismo Código, por inmotivación.

 

 

                   Denuncia el formalizante que el fallo recurrido carece absolutamente de motivación, pues a su decir, éste se limita a señalar que no comparte la opinión del a-quo, en el sentido de que no están llenos los extremos para decretar las medidas cautelares solicitadas, sin indicar las razones, del porqué considera que si se cumplen los requisitos de procedencia de las citadas medidas cautelares.

 

                   En este sentido el recurrente expresa en su escrito de formalización lo siguiente:

 

 

“...Ahora bien, el caso es que esa decisión, de fecha 22 de febrero de 2006, que ordena al juzgado aquo decretar las medidas, no contiene los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, tal como lo exige el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

La recurrida comienza señalando que le corresponde conocer del expediente en virtud de una apelación formulada por la apoderada actora en contra del auto de fecha 9 de agosto de 2005, y procede a transcribirlo parcialmente.

Posteriormente, transcribe el artículo 585 y el primer parágrafo del artículo 588, ambos del Código de Procedimiento Civil, señalando que al analizarse una solicitud cautelar debe verificarse el FUMUS BONI IURIS, el PERICULUM IN MORA y el “especial extremo” de que exista un fundado temor de que se causen lesiones graves o de difícil reparación, citando además al autor ORTIZ-ORTIZ, Rafael.

Finalmente, la recurrida hace la siguiente declaración:

…Omisiss…

Como bien puede evidenciar esta Honorable Sala de Casación Civil, no se encuentra en el anterior párrafo más que declaraciones vagas e inocuas, que bien pueden servir para cualquier caso en cualquier contexto, no así al caso concreto que se está analizando.

Se establece en un primer aparte que hay un “abundante material probatorio” que evidencia la presunción grave del derecho que se reclama, obviando la recurrida señalar cuál material probatorio y de que manera logra evidenciar esa presunción.

Luego, establece que el peligro en la demora lo constituye la intención de que la parte demandada procure “seguir burlando los derechos de la actora conforme consta en autos”. Nos preguntamos cuáles autos demuestran que hay una intención de seguir burlando los derechos, y cuáles derechos están siendo burlados.

A las preguntas efectuadas en los anteriores párrafos encuentran respuestas en el fallo recurrido, por la sencilla razón que carece absolutamente de motivación.

Y siguiendo con el segundo párrafo transcrito, en el cual se hace aún más patente la falta de motivación, observamos que la recurrida se limita a señalar que ese “abundante material probatorio”, al cual llama ahora “recaudos fundamentales de su acción”, fue considerado insuficiente para el decreto de las medidas por Tribunal aquo, criterio el cual no comparte la recurrida, pues sí se encuentran llenos los extremos de Ley.

Como puede concluirse de lo anterior, la recurrida se limita a decir que no comparte la opinión del aquo de que no se encuentran llenos los extremos de procedencia de las medidas, pues ella sí los considera llenos, pero en ningún momento indica algún motivo de por qué, no comparte el criterio de la recurrida, salvo el propio hecho de que sí están llenos, o bien de porque estima que sí están llenos los extremos de ley para su procedencia.

Encontramos que esa falta absoluta de motivos de la recurrida, la hace incurrir en una clara petición de principio, pues fundamenta su desacuerdo con el juez de instancia de que no se encuentran cumplidos los extremos de ley, del hecho del hecho de que sí se encuentran cumplidos.

Resulta entonces evidente que el juez de la recurrida no motiva su desacuerdo con el juez de instancia, ni motiva su propia opinión sobre la procedencia de las medidas, quebrantando en consecuencia el artículo 243 en su ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, que le obliga a exponer sus fundamentos de hecho y de derecho, lo cual indudablemente impide a esta representación el control de la legalidad del fallo.

…Omissis…

Como se desprende de la sentencia recurrida, esta es de tal modo vago y genérico que no contiene ningún argumento que permita el control de la legalidad de su pronunciamiento, lo cual indudablemente configura el vicio de inmotivación del fallo.

Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, la recurrida está viciada de nulidad por inmotivación, y así solicitamos expresamente sea declarado por esta Honorable Sala, declarando CON LUGAR la presente denuncia…”.

 

 

 

                   Para decidir la Sala observa:

 

               

                         El formalizante alega el vicio de inmotivación, por no haber expresado el juez de alzada los motivos de hecho y de derecho, por los cuales concluyó que estaban cumplidos presupuestos necesarios y concurrentes para acordar las medidas cautelares solicitadas, exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de  Procedimiento Civil.

 

 

                   En este sentido, el juez de alzada concluyó que en el caso concreto existe la presunción grave del derecho que se reclama y el peligro de mora, requisitos necesarios para decretar las medidas cautelares solicitadas y evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.

 

 

                   A tal efecto, la Sala observa que la sentencia recurrida decidió en alzada, la apelación formulada por la empresa accionante contra la decisión del juzgado a-quo que negó las de medidas cautelares nominadas e innominadas solicitadas por ésta en el presente juicio; en sustento de lo cual hizo referencia a los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, los cuales consideró cumplidos para declarar con lugar dicha apelación y en consecuencia, ordenó el decreto de las citadas medidas. En tal sentido la sentencia recurrida, textualmente expresa lo siguiente:

 

 

“…Así pues, evidencia esta Alzada que la presunción grave del derecho que se reclama consta con el abundante material probatorio que se produce anexo al presente expediente, y el peligro en la demora, lo constituye la intención de que los demandados procuren seguir burlando los derechos de la parte actora, conforme consta en autos.

De acuerdo con lo antes transcrito, evidencia quien aquí decide que, la parte actora al solicitar las Medidas Cautelares, consignó los recaudos fundamentales de su acción, recaudos éstos que consideró el a quo insuficientes para decretar tales medidas, opinión que no comparte quien aquí suscribe ya que, en el caso bajo estudio se considera que se encuentran llenos los extremos de Ley para dictar las Medidas Cautelares solicitadas y por ello, con fundamento en la normativa legal que lo faculta para proveerlas, este Juzgado, (ya que esa es una facultad discrecional del Juez a los fines de garantizar los perjuicios que pueden causarle a la otra parte), es del criterio que en el presente caso se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia exigidos por la norma contenida en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil concatenados con lo establecido en el artículo 588 eiusdem.

Como consecuencia de lo anterior, forzosamente debe este sentenciador declarar Con Lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora y Revocar el fallo apelado, ordenando al A Quo decretar las Medidas solicitadas, y así se decide…”. (Negrillas de la Sala).  

 

  

       

                   Del fragmento de la recurrida antes transcrito, así como de la revisión de todo el contenido del fallo recurrido, esta Sala constata que efectivamente, tal y como fue denunciado, el juzgador de alzada luego de señalar someramente que se cumplen los requisitos del fumus boni iuris y el periculum in mora, cuando expresa (“la presunción grave del derecho que se reclama consta con el abundante material probatorio”) y (“el peligro en la demora, lo constituye la intención de que los demandados procuren seguir burlando los derechos de la parte actora”), no expresó los hechos concretos y las razones que justifican la decisión, con el consecuente riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo periculum in damni; ello en cumplimiento de su deber de motivar las circunstancias de hecho que comprueban la verificación de los supuestos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.

                    

                   Así, al no haber aportado el jurisdicente de alzada, las razones fácticas por las cuales consideró cumplidos estos requisitos, la Sala no puede realizar el control de la legalidad del fallo dentro de los límites de la casación, en este sentido tal y como lo afirma el conspicuo procesalista patrio Doctor Humberto Cuenca en su obra “Casación Civil”, U.C.V. 1963. Tomo I, página 127, “Es indispensable que cada sentencia lleve en sí misma la prueba de su legalidad”.

 

 

                   En toda sentencia el juez realiza una operación lógica de vinculación de la norma general (artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) con el caso concreto; esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que el juez tiene que explanar en la sentencia, y al hacerlo cumple con su deber de explicación y justificación de la decisión del problema jurídico que le ha sido planteado. Es decir, el deber de motivar la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto, dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos. Por lo demás, la explicación y justificación debe ser clara para que pueda ser comprensible tanto para las partes involucradas como para la comunidad.

 

 

                   Sobre este particular, es oportuno reiterar el criterio sentado por esta Sala de Casación Civil, entre otras, en la decisión N° 224, de fecha 19 de mayo de 2003, en el caso (La Notte, C.A. contra Hoteles Cumberland de Oriente, C.A. y Otras), expediente N° 02-024, en la cual dejó sentado:

 

 

“…En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; y, en caso de tratarse de la llamada por un sector de la doctrina: medida preventiva innominada, la sentencia del tribunal ha de referirse también al periculum in damni (Art. 588 Parágrafo Primero, eiusdem)…

…Omissis…

Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso que justifique los dispositivos que ella contiene, y que obliga al Juez a dar una explicación del porqué del rechazo o admisión de un hecho y su apreciación.

…Omissis…

“De la aplicación de ambas disposiciones legales, se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 585, a saber”.

“1º) La existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”;

“2º) Presunción grave del derecho que se reclama -fumus boni iuris-“.

“3º) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria  la  ejecución del fallo -periculum in mora-“. 

“Estos son los tres aspectos que debe examinar el juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado ‘medida innominada’, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar”. 

Si el juez de alzada omite el examen de alguno de esos extremos de procedencia, no puede la Sala realizar el control de legalidad dentro de los límites de la casación, pues tendría que examinar las actas procesales, para determinar si es aplicable al caso concreto la disposición sobre medidas innominadas”.

 “En efecto, al no poderse determinar del propio fallo si la regla legal rige o no el caso concreto, no es posible el control de legalidad. El propósito central del requisito de motivación del fallo es permitir al juez de alzada, o en el caso a la Sala de Casación Civil, dicho control, por lo cual es necesario concluir en que una decisión que no examina uno de los extremos de procedencia de la aplicación de la norma, carece, en ese aspecto de la controversia, de expresión de los motivos que la sustentan…. (Negritas de la Sala).

 

 

 

                   Asimismo, la Sala ha establecido respecto de la capacidad de decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas, entre otras, en sentencia de 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colona C.A., c/ José Lino De Andrade y otra, lo siguiente:

 

“...El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, señala lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En relación con el periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: ...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. ...II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo. Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo del peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir. a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo, antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese, por ejemplo, en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Cód. (sic) de Proc. (sic) Civ., (sic) cuando, según nos enseña la jurisprudencia dominante, se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario; o también en el secuestro conservativo, en los casos en que el interesado, en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso, prefiera, y no está prohibido, pedirlo mediante citación. Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades, por lo que se refiere a la existencia del derecho, pero en cuanto a la existencia del peligro, y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad... b) Otras veces, la declaración de la certeza del peligro se realiza, dentro del procedimiento cautelar, en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo, ordinario en el segundo... c) Finalmente, hay casos en los que, aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria, no va seguida de una fase ulterior, en la que, antes e independientemente de la emanación de la providencia principal, se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar...”. (Providencia Cautelares, Buenos Aires, 1984, págs. 78-81). (Negritas de). De igual forma, el autor Rafael Ortiz -Ortiz expresa: “...Doctrinariamente, tal vez, esto es a los efectos de la comunidad científica, podemos definir este requisito de la siguiente manera: Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico. Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio...”. (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002, págs. 283 y 284). Por su parte, el autor Ricardo Henríquez señala: “…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia... El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300). La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad. (Omissis) En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba…”. (Resaltado de la Sala).

 

 

 

 

                   Con fundamento en las anteriores consideraciones y en aplicación de los precedentes jurisprudenciales esta Sala de Casación Civil deja sentado que la decisión recurrida carece de expresión de los motivos de hecho y derecho que la sustentan, lo que hace la sentencia inmotivada y determina el quebrantamiento del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

                   Por cuanto ha prosperado una denuncia por defecto de actividad por falta de cumplimiento de uno de los requisitos intrínsecos de la sentencia, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

 

                   Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación formalizado por el abogado Antonio Rosich Sacan contra la sentencia de fecha 22 de febrero de 2006, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ANULA la sentencia recurrida, se  ORDENA al juez superior que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el defecto de forma que originó la nulidad del fallo. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

 

Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas del recurso.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, anteriormente mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

Vicepresidenta,

 

 

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YRIS PEÑA ESPINOZA

                                                                        Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada-ponente,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

                                                  Magistrado,

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. Nro. AA20-C-2006-000296