SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado ponente TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

     En el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva) seguido por BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A., representada por los abogados Max Bustillos Berrizbeitia, Stanislavo Ricardo Konopnicki y Luis Bustillos Sanabria y ante este Alto Tribunal por Álvaro Yturriza, Carlos Zurita de Rada y Joaquín Díaz-Cañabate, contra REPRESENTACIONES NEGORAR C.A., HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ CHARLITA, FERNANDO ANTONIO MONTUENGA y ANA SFEIR DE MONTUENGA, los dos primeros representados por el defensor ad-litem José Argenis Rivas y los restantes por los abogados Francia Graziani Fernández y Francris Pérez Graziani y ante este Alto Tribunal por Tomás Enrique Guardia Chacón; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, dictó sentencia el día 22 de enero de 2002 mediante la cual declaró sin lugar la demanda, con lugar la apelación interpuesta por los co-demandados Fernando Antonio Montuenga y Ana Sfeir de Montuenga y sin lugar la pretensión intentada “...por haber prescrito la acción de cobro de bolívares intentada...”. De esta manera, revocó el fallo dictado en fecha 28 de marzo de 2000 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y  Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas.

 

Contra la referida decisión de la alzada la actora  anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 3 de abril de 2002, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

 

 

Casación de oficio

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala casa de oficio el fallo recurrido por haber encontrado infracciones de orden público no denunciadas en el escrito de formalización.

 

En fecha 3 de junio de 1996 la representación judicial del Banco de Venezuela S.A.C.A. interpuso demanda por cobro de bolívares contra Representaciones Negorar C.A., Humberto José Álvarez Charlita, Fernando Antonio Montuenga y Ana Sfeir de Montuenga, los dos primeros como deudores principales y los restantes como fiadores solidarios y principales pagadores de dos pagarés identificados con los Nos. CBO161 de fecha 22-12-93 y CBO193 de fecha 7-2-94, respectivamente.

 

El 11 de julio de 1996 el tribunal de la causa admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda y ordenó en el mismo acto la citación de todos los demandados. Designado defensor ad-litem a los demandados, en fecha 2 de abril de 1997 el abogado Francris Pérez Graziani consignó poder que lo acredita como apoderado judicial de Fernando Antonio Montuenga y Ana Sfeir de Montuenga.

 

Opuesta y tramitada la cuestión previa contenida en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y declarada sin lugar por el tribunal de la causa, consta de las actas que en la oportunidad de dar contestación a la demanda los referidos co-demandados lo hicieron de la siguiente manera:

 

Negaron, rechazaron y contradijeron la demanda intentada, y además solicitaron y alegaron lo siguiente: a) La reposición de la causa al estado que la demanda sea admitida nuevamente por el procedimiento ordinario; b) La falta de cualidad de Ana Sfeir de Montuenga para ser demandada en la presente causa por cuanto ella no es fiadora solidaria y principal pagadora de los pagarés identificados en el libelo, sino que tan sólo dio su consentimiento para que su esposo se constituyera en fiador de la actora; c) La falta de validez de los instrumentos que la actora llama “pagarés”, ya que a los mismos no se les puede denominar como tal porque le falta la fecha en que fueron expedidos; d) La prescripción de la acción sustentado en que el demandante pretende el cumplimiento de las obligaciones contraídas en instrumentos que denomina “pagaré” los cuales se encuentran prescritos por lo siguiente: La fecha agregada al primer pagaré corresponde al 22 de diciembre de  1993, por tanto, su vencimiento ocurrió el 21 de enero de 1994 y la prescripción operó de conformidad con el artículo 479 del Código de Comercio el día 21 de enero de 1997; la fecha agregada al segundo pagaré corresponde al 7 de febrero de 1994, por consiguiente, su vencimiento ocurrió el 9 de marzo de 1994 y la prescripción operó de conformidad con la misma norma el día 9 de marzo de 1997 sin que en ambas ésta fuera interrumpida.

 

Asimismo, en la referida contestación los co-demandados tacharon de falso los instrumentos fundamentales de la demanda y propusieron reconvención por daño moral contra el Banco de Venezuela S.A.C.A., la cual fue declarada inadmisible por el tribunal de la causa.

 

Por su parte, el defensor ad-litem de Representaciones Negorar C.A. y Humberto José Álvarez Charlita, al contestar la demanda el día 3 de julio de 1997, expresó:

“...no obstante la dificultad a que he hecho mención, y siendo obligación del defensor ad-litem realizar las actuaciones necesarias a favor de su defendido, actividad que se puede llevar a efecto en todo estado y grado de la causa, manteniendo vigente los recursos de carácter procesal a que haya lugar, es por lo que procedo en este acto a rechazar y contradecir la presente demanda, tanto en los hechos, como en sus alegatos de derecho, siendo que los elementos de cumplimiento total o parcial de la obligación por parte del supuesto deudor o cualquier otro que obre en su descargo, podrán ser objeto de demostración en la fase probatoria respectiva, que al efecto habrá de llevarse a efecto en el presente proceso ejecutivo...”. (Subrayado de la Sala).

 

 

Como se observa, los co-demandados Fernando Antonio Montuenga y Ana Sfeir de Montuenga opusieron la prescripción de la acción intentada, mientras que el defensor ad-litem se limitó a rechazar y contradecir la demanda tanto en los hechos como en el derecho.

 

El a quo dictó decisión sobre el mérito de la causa el 28 de marzo de 2000, mediante la cual declaró que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o libertarse de una obligación con el solo transcurrir del tiempo previsto en la ley, y de conformidad con el artículo 487 del Código de Comercio en el caso del pagaré, el lapso es de tres años contados a partir de la fecha de su vencimiento. Asimismo, señaló que con respecto a los instrumentos probatorios consignados en el proceso, éstos demuestran que la actora hizo abonos a la deuda contraída con la entidad bancaria; en consecuencia, según la costumbre mercantil se puede afirmar que operó una prórroga tácita de la vigencia de los instrumentos, por lo que según el juez de primera instancia la acción no está prescrita.

 

Por su parte, la alzada en su sentencia estableció que, sólo los fiadores solidarios apelaron contra la referida sentencia de primera instancia, la cual fue declarada bajo los siguientes fundamentos:

 

“...Debe el Tribunal analizar la situación planteada respecto a la prescripción alegada por los fiadores apelantes, y al respecto hace las siguientes consideraciones:

 

En el presente caso el ciudadano FERNANDO ANTONIO MONTUENGA se constituyó en fiador solidario y principal pagador de las obligaciones asumidas por el deudor REPRESENTACIONES NEGORAR C.A., en favor del BANCO DE VENEZUELA S.A.I.C.A. Asimismo consta de dicho instrumento que la ciudadana ANA SFEIR DE MONTUENGA dio su consentimiento para comprometer los bienes de la comunidad conyugal de conformidad con lo previsto en el artículo 168 del Código Civil.

 

Argumentan los apelantes que no hubo, respecto de ellos, actos interrruptivos de la prescripción y en este sentido el Tribunal hace las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo previsto en el artículo 487 del Código de Comercio, son aplicables a los pagarés las disposiciones acerca de las letras de cambio, entre otras, sobre el aval y la prescripción.

 

De acuerdo con los preceptos antes referidos, es necesario verificar si puede prosperar o no en el caso de autos, el alegato de prescripción formulado por los apelantes y al efecto se señala:

 

El pagaré a la orden en esencia es un título-valor que contiene la promesa incondicionada del suscriptor de pagar una suma de dinero a determinada persona o a su orden al vencimiento, es decir, tiene semejanza con la letra de cambio, pero no se identifica con la misma debido a sus particularidades, entre las cuales se destaca la fecha de vencimiento pues en éste es posible su prórroga, siempre y cuando la misma esté revestida de las formalidades que caracterizan la propia emisión del instrumento cambiario para que de ese modo pueda comprometer a todos los obligados y ser oponible a terceros, es decir, la prórroga del vencimiento del pagaré no puede derivarse de la voluntad unilateral de los obligados y debe constar en el propio instrumento sin que sea suficiente el que por medio de una constancia de abono recibida del deudor por parte del acreedor a los efectos de los demás obligados, como lo son los fiadores o avalistas del pagaré, para considerar válidamente prorrogado el lapso de vencimiento (...).

 

Al carecer el instrumento cambiario de la cláusula o convenio de prórroga de vencimiento, válidamente estampado en el cuerpo del pagaré, es indudable que a partir de la fecha de su vencimiento es cuando comenzó a correr el lapso de prescripción de las acciones cambiarias que de él de derivan, es decir el de tres (3) años a que se refiere el artículo 479 del Código de Comercio. Y así se establece.

 

Así mismo, no consta en autos ningún acto interruptivo de prescripción que pueda ser válidamente oponible a los co-demandados excepcionantes (sic), de conformidad con lo previsto en el artículo 1.961 del Código Civil, que establece los medios de interrupción de la prescripción (...).

 

Ahora bien, la demanda fue introducida el día 3 de junio de 1996, fue admitida en fecha 11 de julio de 1996 y la citación del defensor judicial de los co-demandados se practicó el 24 de marzo de 1997, tal como aparece al folio cien (100) de este expediente. No aparece, aparte de este acto interruptivo de la prescripción, ningún otro acto interruptivo de la prescripción que les pueda ser oponible, siendo por tanto que respecto del pagaré Nº CBO161 cuyo vencimiento se consuma en fecha 21 de enero de 1994; así como con respecto del pagaré Nº CBO193, cuyo vencimiento se materializó el día 9 de marzo de 1994; transcurrió el lapso de tres (3) años establecido para la prescripción de las acciones derivadas de la letra de cambio aplicables por efecto de remisión a los dichos instrumentos cambiarios. Y así se decide.

 

Habiendo prosperado la defensa de la prescripción opuesta por los apelantes de la sentencia objeto de revisión, esta alzada declara que no tiene materia sobre la cual decidir respecto a los demás alegatos opuestos en la secuela del proceso, por lo que forzoso es declarar con lugar la apelación interpuesta por la abogada FRANCIA GRAZIANI FERNÁNDEZ, en su carácter de apoderada judicial de los co-demandados FERNANDO ANTONIO MONTUENGA y ANA SFEIR DE MONTUENGA y por consiguiente, sin lugar, por haber prescrito la acción de Cobro de Bolívares intentada por el BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. contra la empresa mercantil REPRESENTACIONES NEGORAR C.A. y los ciudadanos HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ CHARLITA, FERNANDO ANTONIO MONTUENGA y ANA SFEIR DE MONTUENGA...”.

 

 

Como se desprende de la anterior transcripción, la alzada estableció que el Banco de Venezuela S.A.C.A. no demostró haber realizado acto alguno tendiente a interrumpir la prescripción de la acción cambiaria.

 

Asimismo, expresó que conforme a lo alegado por los co-demandados Fernando Antonio Montuenga y Ana Sfeir de Montuenga en el escrito de contestación de la demanda, si la acción fue admitida el 3 de junio de 1996, la citación del defensor ad litem ocurrió el 24 de marzo de 1997 y ambos instrumentos cambiarios vencieron los días 21 de enero de 1994 y 9 de marzo de 1994, respectivamente, la acción intentada prescribió, pues transcurrió con creces el lapso de tres años al que se refiere el artículo 479 del Código de Comercio.

 

El sentenciador ad quem, al decidir la materia objeto de apelación, vale decir, al analizar si prosperaba la excepción de fondo alegada por los únicos apelantes, declaró con lugar la prescripción de la acción y sin lugar la acción intentada contra todos los co-demandados, aun cuando sólo dos de ellos (Fernando Antonio Montuenga y Ana Sfeir de Montuenga) opusieron la prescripción de la acción en la contestación de la demanda, como antes se indicó.

Es evidente que la recurrida, al decidir que la prescripción de la acción también operó a favor del resto de los co-demandados, es decir, de Representaciones Negorar C.A. y Humberto José Álvarez Charlita, sin que éstos la hubieran opuesto en la contestación de la demanda, se excedió en los límites de lo sometido a su consideración, por lo que quedó inficionada del vicio de incongruencia positiva (ultrapetita) al extender su decisión a los referidos co-demandados.

 

La jurisprudencia y la doctrina patria han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que la congruencia supone que el fallo no contenga más de lo pedido por las partes (ultrapetita), menos de lo pedido por las partes (citrapetita), ni algo distinto de lo pedido por las partes (extrapetita).  (Vid. Sent. 15 de julio de 2004 en el juicio de Manuel R. Cadenas c/ Francisco José González García).

 

En este caso, debió el juez superior analizar la excepción de la prescripción sólo en relación con los fiadores solidarios y principales pagadores de la obligación, y no declarar “...sin lugar, por haber prescrito la acción de Cobro de Bolívares intentada por el BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. contra la empresa mercantil REPRESENTACIONES NEGORAR C.A. y los ciudadanos HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ CHARLITA, FERNANDO ANTONIO MONTUENGA y ANA SFEIR DE MONTUENGA...”, por cuanto cada uno de los deudores solidarios responde solamente de su propio hecho en la ejecución de determinada obligación, y la prescripción de la acción o la interrupción de ésta por parte de uno de los deudores solidarios no surte efecto respecto de los otros.

 

En efecto, según se deduce del cuerpo de la sentencia la presente acción es de naturaleza mercantil, por lo cual se presume la solidaridad en la obligación demandada de acuerdo al artículo 107 del Código de Comercio.

 

En cuanto a este particular, el Código de Comercio en el artículo 455 no solamente establece de modo expreso la solidaridad entre los signatarios del instrumento cambiario, sino que recalca el derecho que tiene el portador del título de demandar a todos o a cualquiera de los obligados (principales o avalistas) sin necesidad de seguir un orden para ello; tan clara disposición permite inferir entonces la autonomía de las obligaciones mercantiles asumidas por cada uno de los signatarios, y la consecuencia de esta situación es la posibilidad legal de seguirse el juicio con solo uno de los diversos co-obligados.

 

En virtud de tal solidaridad, “...el deudor demandado no podrá hacer valer defensas o excepciones atinentes, en forma exclusiva, a los otros, tal como lo establece el artículo 1.224 del Código Civil, aplicable por tratarse, como antes se dijo, de una obligación solidaria entre deudores, a más de que cada obligación reviste autonomía e independencia, en cuyo caso es obvio, pues que el juicio instaurado, válidamente ha de seguir con uno solo de los demandados, quien no puede invocar ni aprovecharse de las excepciones personales de los restantes obligados...”. (Lazo, Oscar: Código de Comercio de Venezuela. Ediciones Legis S.A., Caracas 1963, p. 456).

 

Por está razón, al declarar prescrita la obligación también de los deudores principales, el juez superior se excedió en los límites de lo sometido a su consideración, cometiendo el vicio de incongruencia positiva que vicia la sentencia de nulidad por mandato del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

 

 En consecuencia, la Sala declara procedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, en fecha 22 de enero de 2002. En consecuencia, CASA la sentencia recurrida y ORDENA al estado de que el juez superior que resulte competente dicte nueva sentencia, sin cometer el defecto de actividad declarado por la Sala.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

   

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil cuatro. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. N° AA20-C-2002-000321