SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

 

Nº AA20-C-2012-000290

 

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

         En incidencia de recusación en el juicio de desalojo, seguido ante el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia por la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil POLIGONO INDUSTRIAL, C.A., sin representación judicial acreditado contra la sociedad mercantil  ECONOMAX PHARMACIAS ZONA INDUSTRIAL, C.A., patrocinado por el abogado en ejercicio de su profesión Francisco Matute Navarro; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil,  Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial y sede, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 21 de marzo de 2012, mediante la cual declaró sin lugar la recusación planteada por el demandante contra la Jueza abogada María del Rosario Montilla quien ejercía la rectoría del juzgado municipal a-quo, y le fue impuesta al recusante la multa prevista en el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil.

Contra el precitado fallo, el abogado Francisco Matute Navarro, con el carácter ya citado, interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal de la jurisdicción bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:

PUNTO PREVIO

Ante cualquier otra consideración, la Sala estima conveniente decidir preliminarmente acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto, pues en definitiva al Tribunal Supremo de Justicia es a quien corresponde decidirlo, no obstante, haberlo admitido la instancia, facultad que ejerce bien de oficio o a instancia de parte, cuando observare que la admisión se hizo violando los preceptos legales que regulan la materia. Por cuanto, de resultar el auto de admisión, contrario a derecho, podrá revocarlo y por vía de consecuencia, deberá declararlo inadmisible; por tanto, no será necesario juzgar el problema sometido a consideración de esta Sala de Casación Civil.

En el caso in comento, la Sala estima conveniente señalar brevemente los hechos que rodean la presente causa, a los fines de determinar la naturaleza de la sentencia recurrida, los cuales son los siguientes:

1.- Mediante diligencia de fecha 15 de febrero de 2012, la demandada, recusó a la abogada  María del Rosario Montilla Palomo, en su carácter de jueza temporal del ya precitado Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia, de conformidad con lo establecido en el ordinal 18°), artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

2.- En fecha 16 de febrero de 2012, la  recusada produce su informe de recusación en  el cual se puede leer lo siguiente:

“…Quien suscribe, Abogada MARIA DEL ROSARIO MONTILLA PALOMO,  (…), actuando en mi carácter de Juez Temporal  del Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, de conformidad con el último aparte del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, procedo formalmente a rendir informe respecto a la recusación planteada por el ciudadano (…) actuando en su carácter de presidente de la empresa demandada (…) asistido por el abogado (…) en el juicio intentado por la sociedad mercantil (…) por desalojo arrendaticio…” (Resaltado de la Sala).

 

3.- El mencionado Juzgado mediante auto de fecha 16 de febrero de 2012, ordenó remitir al Juzgado Distribuidor Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño, Niña y Adolescente, copia de la recusación planteada y  del informe suscrito por la recusada todas pertenecientes al expediente signado con la nomenclatura N°2552,  el cual dice textualmente:

“…Se ordena remitir copias fotostáticas certificadas del escrito de la Recusación y del informe levantado por la Juez Temporal, todas del expediente  signado con el Nro. 2552, contentivo del juicio que por DESALOJO ARRENDATICIO, ha intentado la sociedad de comercio POLIGONO INDUSTRIAL C.A., contra la sociedad de comercio ECONOMAX PHARMACIAS ZONA INDRUSTRIAL C.A.,  al Juzgado Distribuidor Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo…” (Mayúsculas negrillas del texto y resaltado de la Sala).

 

De las consideraciones anteriores, se colige que el caso bajo estudio se trata de un juicio de desalojo entre dos (2) personas jurídicas, el cual tiene por objeto un local comercial, y que lo concerniente a la materia de desalojo de inmuebles que no estén destinados a vivienda, se encuentra regulado en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, específicamente en su artículo 36, el cual indica respecto a la admisibilidad del recurso de casación contra este tipo de decisiones, lo siguiente:

“...La decisión de Segunda Instancia en los procesos de desalojo fundamentados en las causales del artículo 34 de esta Ley, no tendrá recurso alguno...” (Resaltado de la Sala).

 

Esta norma debe ser interpretada literalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Código Civil, en el sentido de que el recurso de casación es inadmisible contra las decisiones dictadas en segunda instancia en los procesos de desalojo.

En ese sentido, la Sala se pronunció, en sentencia N° 116 de fecha 28 de febrero de 2012, caso: INVERSIONES IRNE contra C.A. MUEBLERÍA EL METRO, S.R.L, expediente: Nº AA20-C-2011-000734, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, expresando lo siguiente:

“…Conforme a lo anterior, es pertinente señalar que lo concerniente a la materia de desalojo de inmuebles que no estén destinados a vivienda, se encuentra regulado en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, específicamente en su artículo 36, el cual indica respecto a la admisibilidad del recurso de casación contra este tipo de decisiones, lo siguiente:

‘...La decisión de Segunda Instancia en los procesos de desalojo fundamentados en las causales del artículo 34 de esta Ley, no tendrá recurso alguno...’ (Resaltado y negritas de la Sala).

Esta norma debe ser interpretada literalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Código Civil, en el sentido de que el recurso de casación es inadmisible contra las decisiones dictadas en segunda instancia en los procesos de desalojo…” (Resaltado es del texto transcrito)

 

Por consiguiente aplicando la jurisprudencia transcrita, al caso de estudio, esta Sala establece,  que por ser la recurrida una sentencia incidental de un juicio de desalojo de un local comercial, donde están involucrados dos personas jurídicas, el recurso de casación admitido y formalizado por la demanda es inadmisible, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

Por lo demás, la Sala considera oportuno señalar que de la lectura exhaustiva de las actas que conforman el expediente, no consta el escrito de libelo de  demanda, ni copia certificada de éste, o escrito de contestación de la demanda, lo cual, hace imposible determinar el interés principal en el presente juicio, requisito de impretermitible cumplimiento para la admisibilidad del recurso de casación.

Sobre el particular, esta Sala ha expresado en reiteradas oportunidades que cuando no conste en el expediente el libelo de demanda, ni copia certificada de éste, o en su defecto, el escrito de contestación de la demanda, de los cuales pueda desprenderse de modo cierto y definitivo el interés principal del juicio, debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía y, por ese motivo, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible, “…sin que valgan consideraciones relativas a la duda que pudiera surgir en cuanto a la probable cuantía del juicio, dado que los términos de la mencionada ley no permiten otra solución que no sea la que obliga a demostrar con toda certeza, que el valor del juicio sobrepasa el límite por aquélla establecido a los fines de la admisión del recurso…”. (Vid Sent. de 6 de marzo de 1999, caso: Giarmi Cordone Palandrini contra Corporación Revi, C.A. y otra, reiterada en Sentencia de 15 de julio de 1999, caso: José Vicente Marín).

Esto es lo ocurrido en el sub iudice, pues no consta el libelo de la demanda, y por  lo tanto, no es posible verificar cuál es el interés principal del juicio. En consecuencia, la Sala considera que el recurso de casación admitido por el Ad Quem y formalizado ante esta Sala es inadmisible. Así se establece.

A mayor abundamiento de las observaciones precedentes considera necesario esta Sala, hacer mención al criterio establecido por este Máximo Tribunal en sentencia N° 352 de fecha 2 de noviembre de 2000, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente en la cual se expresó:

“…tendrán valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía de la demanda, como requisito para la admisión del recurso casacionista, todos aquellos documentos autorizados con las solemnidades del caso por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones pueda haber dejado claramente determinado dicha cuantía…”.

 

Ahora bien, es importante resaltar que, en el caso in comento, tampoco consta en autos ningún tipo de documento autorizado que evidencie la cuantía del presente asunto. Así se establece.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandada contra la sentencia dictada el 21 de marzo de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia. En consecuencia, se REVOCA el auto de admisión del recurso de casación, dictado en fecha 12 de abril de 2012, por el referido Juzgado Superior.

No hay especial condena en costas, dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de cognición, Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia. Particípese de dicha remisión al Juzgado de origen ya identificado, como lo prevé el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del  Tribunal Supremo  de  Justicia, en Caracas,  a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil doce. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado-Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

 

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CARLOS WILFREDO FUENTES

 

Exp.: N° AA20-C-2012-000290

 

Nota: Publicado en su fechas a las

 

Secretario,