SALA  DE CASACIÓN CIVIL

Caracas,   11  de   OCTUBRE  de  2001.  Años  191º y  142º.

 

         En la querella interdictal de amparo por perturbación incoada por el ciudadano ABEL DE JESÚS RODRÍGUEZ AROCHA, representado judicialmente por los abogados Julio Hung Delgado, Manuel Tovar Acosta y Freddy Sevilla Peralta, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALENCIA, representada  judicialmente por los abogados Angel Alirio Moreno Bastidas, Rosa Josefina Bastidas Paredes, Marinelly Moreno Macias, Elizabeth Acosta de Hospédales, Francisco Amoni Velásquez y Francisco José Ardiles, en el que interviene como tercero interesado EL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ESTADO CARABOBO (SUMEP), representado legalmente por Nilson Villanueva y Juan Vicente Benítez, quienes son asistidos judicialmente por la abogada Marianela Millán Rodríguez; el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, dictó decisión en fecha 7 de febrero de 2001 en la cual se declaró incompetente y declinó la competencia de conocer del precitado juicio en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte. Éste, en decisión de fecha 8 de mayo de 2001, se declaró igualmente incompetente, motivo por el cual ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que dirimiera el conflicto negativo de competencia surgido entre ambos tribunales.

              

         Recibido el expediente, la Sala dio cuenta del mismo en fecha 11 de junio de 2001, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo.

 

Siendo la oportunidad para decidir, este Alto Tribunal procede a resolver el señalado conflicto negativo de competencia, en los términos siguientes:

 

 

 

 

Ú N I C O

 

Esta Sala se permite pasar a narrar los hechos procesales que constan de autos, para la mayor comprensión de lo ocurrido en el sub-iudice.

 

En efecto, el presente proceso se inició mediante querella interdictal de amparo por perturbación incoada por el ciudadano Abel de Jesús Rodríguez Arocha contra la Alcaldía del Municipio Valencia, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, el cual, en decisión de fecha 25 de junio de 1998, declaró con lugar la demanda y ratificó el decreto interdictal de amparo de fecha 12 de febrero de 1998, practicado por él mismo el 6 de marzo de 1998.

 

Esta decisión fue apelada por las representaciones judiciales de la parte demandada y el Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos del Estado Carabobo, por lo que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, conociendo en apelación, dictó decisión en fecha 28 de enero de 1999, en la cual declaró la inadmisibilidad de la acción propuesta y con lugar las apelaciones interpuestas. De esta manera, revocó en todas sus partes la decisión de fecha 25 de junio de 1998, dictada por el a quo.

 

Contra esta decisión de Alzada, en fecha 10 de julio de 2000, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte actora, el cual, admitido por el Superior y remitido el expediente a esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 31 de octubre de 2000, se declaró perecido el referido recurso extraordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse consignado el correspondiente escrito de formalización; remitiéndose el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Tercero de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia.

 

En fecha 5 de diciembre de 2000, la representación judicial de la parte actora, mediante diligencia, solicitó al tribunal de la causa remitiera el expediente al Superior que conoció en alzada, ya que, a su decir, ese Superior en su fallo de fecha 28 de enero de 1999 mediante el cual declaró inadmisible la acción, también estableció que aquel de Primera Instancia era incompetente para decidir el asunto. Remisión que solicitó a los fines de obtener un pronunciamiento sobre una falta de jurisdicción planteada y sin resolver.

 

Recibido el expediente, el referido Juzgado Superior, en fecha 21 de diciembre de 2000, remitió nuevamente el expediente al Tribunal de la causa, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto al haber sido declarado perecido el recurso de casación interpuesto contra la decisión definitiva proferida por él, el juicio había concluido y la competencia para la ejecución le corresponde al de cognición.

 

Recibido nuevamente el expediente por el a quo, en fecha 7 de febrero de 2001, ordenó otra vez la remisión al Juzgado Superior por haberse declarado competente para conocer de la presente causa, en su sentencia de fecha 28 de enero de 1999.

        

         Subidas las actuaciones, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, en decisión de fecha 8 de mayo de 2001, se declaró incompetente para resolver el asunto planteado, motivo por el cual ordenó remitir el expediente a esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, para que dirimiera el conflicto negativo de competencia surgido entre ambos tribunales.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En el caso de autos se han producido dos sentencias definitivas en el juicio, la primera dictada en fecha 25 de junio de 1998 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, actuando como tribunal del primer grado de la jurisdicción, mediante la cual declaró con lugar la demanda; y, la segunda, dictada el 28 de enero de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, actuando en el segundo grado de la jurisdicción, mediante la cual declaró inadmisible la acción propuesta. Contra esta última decisión se anunció y admitió recurso de casación, el cual esta Sala de Casación Civil declaró perecido y remitió el expediente al Tribunal de la causa, quedando entonces, definitivamente firme la decisión del ad quem, que puso fin al procedimiento.

 

Ahora bien, remitido el expediente al tribunal de cognición, por ser éste el competente para conocer de la ejecución de la sentencia o cualquier acto que tenga fuerza de tal, de conformidad con el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora solicitó un pronunciamiento sobre la jurisdicción del Tribunal ad quem para conocer del asunto, toda vez que, a su decir, éste se declaró competente en su fallo definitivo de fecha 28 de enero de 1999, y declaró la incompetencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para resolver en primera instancia.

 

Puede observar esta Sala, que dicha solicitud es la que ha generado el presente conflicto negativo de competencia, al haber sido rechazada la competencia de ambos Tribunales (el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo), para resolverla.

 

 

Asimismo, determina esta Sala, que el procedimiento para el momento que se interpuso la mencionada solicitud, había concluido y se encontraba en fase de ejecución; por tanto, siendo el competente para decidir cualquier asunto que se presente en la etapa de ejecución de una sentencia el tribunal que conoció del procedimiento en primer grado, conforme al artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, antes citado, en el sub iudice, el competente para resolver la solicitud presentada por la actora en la etapa de ejecución de sentencia, lo es el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por ser éste el que conoció del asunto como Tribunal de primer grado.

 

Es necesario advertir a la actora, que no es cierto que el ad quem haya declarado la incompetencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia antes mencionado, para conocer en primer grado, en su fallo definitivo de fecha 28 de enero de 1999. En esa oportunidad, el ad quem expresó, lo siguiente:

 

“...Ahora bien, lo primero que debe determinar esta superioridad es sí de acuerdo a las disposiciones legales vigente es competente para conocer y decidir sobre la legalidad o no de un acto de efectos particulares emanado de un ente público autónomo como lo es el Municipio Valencia del Estado Carabobo y este análisis deberá entrar a discernir si ha habido exceso en el ejercicio del imperium, poder intrínseco que tienen todos los entes del (sic) de la naturaleza que nos ocupa, o por el contrario determinar sí la Administración cuestionada ha incurrido en lesión posesoria en su actividad iuris gestionis; y tal análisis debe hacerse para poder determinar razonadamente la procedencia de la acción.

 

En esta materia es significativo observar la Doctrina de la Corte Suprema de Justicia sentada en sentencia de fecha 26-2-87, en Sala Civil, estableciendo que desde el punto de vista orgánico la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en sus artículos 181 y 182 atribuyó la competencia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo para conocer de los actos dictados por autoridades estatales o municipales en su jurisdicción, así como el conocimiento de las apelaciones contra las decisiones que dictan otros Tribunales de su jurisdicción en los juicios intentados ante ellos contra un Estado o Municipio a partir de la entrada en vigencia de dicha ley y el Decreto 2.057 del 8 de marzo de 1997.

 

Ahora bien, conforme al mencionado decreto resulta evidente que este tribunal es el competente para conocer de la presente causa dado que se trata de una acción interpuesta por un particular contra un municipio. Así se declara.

 

...Omissis...

 

En el presente caso, el tribunal a quo admitió y tramitó hasta dictar sentencia definitiva una Querella Interdictal de Restitución por despojo interpuesta por un particular en contra del Municipio Valencia, inobservando o haciendo caso omiso del mandato de las leyes citadas, donde efectivamente se trata de una acción interdictal sobre un bien de origen ejidal como bien lo reconoce el accionante en su escrito de demanda y además de uso público, por estar ubicado el inmueble propiedad del Municipio Valencia, en las adyacencias de la Plaza Monumental de Valencia, quien a su vez forma parte del Parque Recreacional Sur que es un bien público de uso público, para uso y disfrute de la colectividad y no de uso exclusivo de un interés particular que no beneficia en nada al conglomerado valenciano, como es, la pretensión del accionante: la explotación de la RIÑA DE GALLOS; por lo que independientemente de la existencia de la normativa referida o no, tal interés particularisimo del querellante, no podría en sana lógica primar sobre intereses del colectivo local. Así se declara.

 

...Omisiss...

 

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción propuesta, y en consecuencia, CON LUGAR las apelaciones interpuestas por las abogadas ELIZABETH ACOSTA DE HOSPÉDALES, y NILSON VILLANUEVA y JUAN VICENTE BENITES asistidos de Abogada en sus caracteres de representantes judiciales del Municipio Valencia y Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo respectivamente, en sus condiciones de parte demandada y tercero interesado en la presente causa, en contra de la sentencia de fecha veinticinco de junio de 1998, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la que se declaró con lugar la acción INTERDICTAL de AMPARO POR PERTURBACIÓN, interpuesta por el ciudadano ABEL DE JESÚS RODRÍGUEZ AROCHA representado por los abogados JULIO E. HUNG DELGADO, FREDDY E. SEVILLA PERALTA Y MANUEL A. TOVAR ACOSTA. En consecuencia se REVOCA en todas y cada una de sus partes la sentencia apelada...”

 

            Como se evidencia, el Superior precisó su competencia para conocer del asunto, ya que de conformidad con las normas y el decreto citado en la transcripción, él es el competente para conocer en alzada de las apelaciones que se interpongan contra las decisiones de otros Tribunales cuando un municipio es demandado. En ningún momento desconoció la competencia al referido Juzgado Tercero de primera Instancia para actuar en primer grado, en la querella interdictal presentada.

 

            En aplicación de las precedentes consideraciones, entonces, se declara competente para resolver sobre el asunto surgido en la etapa de ejecución de sentencia, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se decide.

D E C I S I Ó N.

         En fuerza de las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara competente al JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, con sede en Valencia, para resolver de la solicitud de fecha 5 de diciembre de 2000, presentada por la actora.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia antes mencionado.  Particípese esta remisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte.

El Presidente de la Sala,

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente,

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                         

                                             Magistrado y Ponente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

La Secretaria,

 

 

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ADRIANA PADILLA ALFONSO

Exp. Nº: 2001-000443

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