SALA DE CASACIÓN CIVIL

Caracas,   11  de   OCTUBRE    de  2001.   Años:    191º   y    142º.

 

 

En el  juicio de cobro de bolívares iniciado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incoado por la sociedad mercantil ALMACENADORA EQUILUS C.A.,  representada judicialmente por el abogado Jorge Tahan Bittar, contra la sociedad mercantil INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC), representada judicialmente por los abogados Juan Carlos Vega y Manuel Egaña; el Juzgado Superior  Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 17 de noviembre de 2000, en la que declaró: 1º) Con lugar la apelación ejercida por la parte actora contra el auto dictado por el a quo el 12 de julio de 1999, mediante el cual acordó diferir su pronunciamiento respecto a la confesión ficta alegada; 2º) Revocó el referido auto de fecha 12 de julio de 1999; 3º) Declaró la nulidad del auto de fecha 22 de junio del mismo año; mediante el cual se ordenó la comparecencia de un tercero a la causa y, 4º) Ordenó al Juzgado de Primera Instancia que resulte competente decidir la causa conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. No hubo condenatoria en costas procesales.

 

Contra la mencionada decisión de alzada, el abogado Juan Carlos Vega, apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 5 de diciembre de 2000. Contra dicho auto denegatorio, propuso recurso de hecho en virtud del cual fueron remitidas las presentes actuaciones a esta Sala de Casación Civil.

 

Recibido el expediente, se dio cuenta del mismo en fecha 16 de enero de 2001, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala procede a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

 I

 

A los fines de comprender lo ocurrido en el presente caso, la Sala considera necesario hacer un recuento de alguna de las actas procesales que se han verificado durante el juicio, a saber:

 

            1.- El 8 de abril de 1999, en el momento en que se practicaba la medida preventiva de embargo decretada en el presente juicio, hizo acto de presencia el abogado Manuel Ricardo Egaña, actuando como consultor jurídico de la empresa demandada, y entregó un cheque por la cantidad de cincuenta y cuatro millones trescientos dos mil ochenta y cuatro bolívares (Bs.- 54.302.084,oo), con la finalidad de dar la caución requerida para suspender la referida medida cautelar.

 

2.- El 12 de mayo de 1999, la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda en el que solicita se incorpore al juicio como tercera a la empresa Almacenadora Financiera Provincial S.A.

 

            3.- A solicitud de la parte actora, el 4 de junio de 1999 el Tribunal de la causa realizó un cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 8 de abril de 1999 (exclusive), fecha en la que tuvo lugar la actuación del consultor jurídico de la demandada durante la práctica de la medida cautelar decretada en el juicio, hasta el 12 de mayo de 1999 (inclusive), oportunidad en la que se consignó el escrito de contestación a la demanda, arrojando como resultado que habían transcurrido 22 días de despacho, a saber: 9,12,13,14,15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 1999; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de mayo del mismo año.

 

4.- La parte actora, mediante escrito de fecha 14 de junio de 1999, solicitó al tribunal de la causa efectuar un cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 10 de mayo de 1999 (exclusive), correspondiente al último de los 20 días de despacho previstos en la ley para dar contestación a la demanda, hasta el 14 de junio de 1999 (inclusive), con el fin de determinar si habían transcurridos los 15 días de despacho correspondientes al lapso procesal de promoción de pruebas; dicho cómputo arrojó como resultado que, dentro de las fechas indicadas, habían transcurrido 22 días de despacho, a saber: 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de mayo de 1999; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de junio del mismo año. Además alegó, que del primer cómputo efectuado por el a quo se deduce que la contestación de la demanda fue presentada extemporáneamente por tardía, razón por la que no debía admitirse la intervención del tercero traído forzosamente a juicio, puesto que eso sólo puede solicitarse en la oportunidad de la contestación; y que, en caso de haber transcurrido el lapso procesal para promover pruebas, se procediera a dictar sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, por haberse verificado la confesión ficta de la demandada sin que ésta haya promovido prueba alguna que la favorezca y que desvirtúe los hechos y el derecho invocado en el libelo de la demanda.  

 

5.- Por auto del 22 de junio de 1999, el juzgado de primera instancia admitió la cita del tercero y ordenó su citación para que diera contestación a la demanda. La parte actora interpuso recurso de apelación contra dicho auto, el cual fue oído en un solo efecto en fecha 12 de julio de 1999. Contra dicho auto se propuso recurso de hecho.

 

6.- Respecto a los pedimentos de la parte actora, relativos a la confesión ficta de la demandada y a la admisión de la cita del tercero,  el día 12 de julio de 1999 el a quo dictó un auto difiriendo su pronunciamiento, como punto previo en la sentencia definitiva, por considerar que los mismos tocan el fondo de lo controvertido. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión el cual fue oído en un solo efecto por auto de fecha 21 de julio de 1999. Contra este último auto, propuso recurso de hecho.

 

7.- El Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo de los recursos de hecho propuestos por la parte actora, dictó sentencia interlocutoria el 9 de mayo de 2000, mediante la cual declaró: 1º) Sin lugar el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 12 de julio de 1999, que oyó en un solo efecto la apelación interpuesta contra la decisión del a quo de admitir la cita del tercero; y , 2º) Con lugar el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 21 de julio de 1999, que oyó en un solo efecto la apelación ejercida contra la decisión del a quo de diferir, para resolver como punto previo en la sentencia definitiva, lo relativo a la confesión ficta y la no promoción de pruebas de la demandada, por lo que ordenó oír en ambos efectos dicha apelación.  

                                                      

            8.- En acatamiento de lo ordenado por la alzada, el juzgado de primera instancia oyó, en ambos efectos, la referida apelación y remitió el presente expediente al Juzgado Superior Distribuidor, resultando competente para resolver el asunto el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien en fecha 17 de noviembre del 2000, dicta la sentencia contra la cual se anunció recurso de casación y, por su negativa, se ejerció el de hecho que hoy se decide. .

 

II

 

Aprecia la Sala que el auto denegatorio del recurso de casación anunciado, de fecha 5 de diciembre de 2000, proferido por el mencionado Juzgado Superior Noveno expresa lo que sigue:

“...Vista la diligencia de fecha 30 de noviembre del presente año, suscrita por el abogado JUAN CARLOS VEGA, en su carácter de autos, a través del cual anuncia Recurso de Casación contra la sentencia proferida por esta Alzada el 17 de noviembre de este mismo año, se declara INADMISIBLE toda vez que se trata de una sentencia interlocutoria que no pone fin al juicio ni impide su continuación...”.

 

 

Corresponde a la Sala verificar si, como lo sostiene el sentenciador de alzada, el recurso de casación se anunció contra una sentencia interlocutoria,  que no pone fin al juicio.

 

Observa la Sala, que la sentencia dictada por el juzgador superior resuelve una incidencia de apelación surgida con ocasión de un auto dictado por el a quo en el que éste difirió, para resolverlo como punto previo en la decisión definitiva, su pronunciamiento sobre los alegatos de la parte actora relativos a la confesión ficta y la no promoción de pruebas por parte de la demandada, y a la admisión de la intervención del tercero traído forzosamente a juicio, no obstante a que el escrito de contestación a la demanda fue presentado extemporáneamente,  por tardío.

 

            Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº  189, de fecha 8 de junio de 2000, respecto a la admisión del recurso de casación contra este tipo de decisiones, expresó:

“...En relación con la admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias que no ponen fin al juicio, sino, que simplemente, pueden producir un eventual gravamen que podrá o no ser reparado por la sentencia de  última instancia, existe en la Sala jurisprudencia pacífica y consolidada, en el sentido de que el recurso de casación que se interponga contra ellas no es admisible de inmediato, sino que debe ser comprendido en el anuncio contra la decisión definitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

 

El penúltimo aparte del referido precepto, estatuye que en la misma oportunidad que se concede para ejercer el recurso de casación contra la sentencia definitiva,  se utiliza para los fallos interlocutorios productores de gravámenes que no hayan sido reparados en la sentencia definitiva.

 

Al respecto, la Sala en sentencia de fecha 5 de noviembre de 1985, ratificada en numerosos fallos como el de fecha 30 de abril de 1997, caso: Antonio Ramón Parra y otros c/ Colgate- Palmolive, C.A., expresa:

 

 ‘Bajo la vigencia del Código derogado, esta clase de sentencias interlocutorias no tenían casación de inmediato, sino que dicho recurso estaba reservado para la misma oportunidad procesal prevista para hacer el anuncio contra la sentencia definitiva, siempre y cuando esta última decisión no le hubiere reparado al recurrente el agravio causado por la interlocutoria. La particularidad de ese sistema obedecía a la circunstancia de haber hecho recepción nuestro legislador del principio llamado  de la concentración procesal, conforme al cual las impugnaciones del recurrente contra las interlocutorias y la definitiva debían resolverse en la sola y única oportunidad de esta última sentencia, pues si ella le reparaba el agravio jurídico causado al interesado por la interlocutoria, desaparecía el interés legítimo en recurrir’.

 

‘Bajo la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil, el legislador reitera y reafirma dicho principio de la concentración procesal, pues conforme al penúltimo párrafo del artículo 312 ejusdem, al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren agotado oportunamente todos los recursos ordinarios. Según la exposición de motivos, el nuevo código elimina el anuncio ad latere, de las interlocutorias que producen gravamen irreparable y se incluye el recurso contra dichas sentencias, por vía refleja, en el anuncio del recurso contra la sentencia definitiva. Por lo tanto, en la sola y única oportunidad de la decisión del recurso de casación contra la sentencia definitiva deben ser decididas las impugnaciones contra ésta última y contra las interlocutorias, pues si la definitiva repara el gravamen causado por aquellas, habrá  desaparecido en el recurrente el interés procesal de recurrir.’

 

Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al caso de autos, se observa que se ha recurrido contra una decisión interlocutoria confirmada por el Tribunal Superior que declara inadmisible la solicitud de reposición por vicios en la citación, formulada por la parte demandada, la cual por causar un gravamen que podrá o no ser reparado en la definitiva, será revisable por este Supremo Tribunal, exclusivamente en la misma oportunidad en la cual se anuncie y formalice el recurso de casación contra la sentencia que ponga fin al juicio, formalización que debe abarcar los fallos interlocutorios no reparados en la definitiva, de manera que la Sala se pronuncie en primer término sobre su procedencia o improcedencia, y luego, dependiendo de su decisión, resuelva el recurso propuesto contra la definitiva.

 

Además, el procesalista Borjas afirma que son indispensables tres condiciones para que las interlocutorias que producen  gravamen irreparable puedan ser accionables en casación: 1.) Que versen sobre un punto que haya influido en la sentencia definitiva; 2.) Que hayan causado un daño no reparable en dicho fallo, porque de otro modo hubieran sido inapelables; y 3.) Que se hallen en algunos de los casos que dan lugar al recurso por infracción de trámites esenciales del procedimiento. No obstante, este último requisito debe entenderse en el sentido de que el juez que dictó la interlocutoria haya cometido errores de actividad o de juicio al decidir sobre cuestiones procedimentales o de forma, de carácter esencial...”.

 

 

Por aplicación de la doctrina precedente al caso que nos ocupa,  la Sala reitera que la decisión recurrida es una interlocutoria que resuelve un recurso ordinario de apelación que en lugar de poner fin al juicio ordena su continuación al estado de que se dicte sentencia tomando en cuenta la confesión ficta verificada en el proceso; que fue dictada incidentalmente, en oportunidad distinta a la de la sentencia definitiva; que no es una sentencia de reposición con el efecto de anular la sentencia de fondo que se hubiere dictado en primera instancia, razón por la cual no puede ser calificada como una sentencia definitiva formal. Se trata entonces de una interlocutoria que no llena los requisitos para el acceso inmediato al examen de casación, conforme a las previsiones del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, quedando relegada esa posibilidad, en caso de producir gravamen irreparable no subsanado por la definitiva, al momento en que se ejerza el recurso de casación contra esta última.

 

En consecuencia, al no ser admisible de inmediato el recurso de casación anunciado por la parte demandada, como acertadamente lo estableció el juzgador de alzada en su auto denegatorio, el presente recurso de hecho debe ser declarado sin lugar en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

            En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 5 de diciembre de 2000, emanado del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la decisión dictada por dicho Tribunal el día 17 de noviembre de 2000.

 

            Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en la Ley.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal  de  la  causa,  o  sea,  al  Juzgado  Quinto  de  Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.  

El Presidente de la Sala,

__________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

El Vicepresidente,

___________________________

 CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                               Magistrado y Ponente,

 

                                                        ____________________________

                                                     ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

La Secretaria,

 

______________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. Nº :  2000-001043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                       Presidente de la Sala,

                                                              ______________________

                                                             FRANKLIN ARRIECHE G.

El-

Vicepresidente,

 ____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                                   Magistrado-Ponente,

 

                                                        ____________________________

                                                     ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. Nº 2001-000260

 

Nota:  Publicado en la fecha a las

 

                                                

La Secretaria

 

________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO