SALA DE CASACIÓN CIVIL

Caracas,   11  de   OCTUBRE    de  2001.   Años:    191º   y    142º.

 

 

En el  juicio de cobro de bolívares iniciado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incoado por la sociedad mercantil ALMACENADORA EQUILUS C.A.,  representada judicialmente por el abogado Jorge Tahan Bittar, contra la sociedad mercantil INDUSTRIA LÁCTEA VENEZOLANA, C.A. (INDULAC), representada judicialmente por los abogados Juan Carlos Vega y Manuel Egaña; el Juzgado Superior  Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 17 de noviembre de 2000, en la que declaró: 1º) Con lugar la apelación ejercida por la parte actora contra el auto dictado por el a quo el 12 de julio de 1999, mediante el cual acordó diferir su pronunciamiento respecto a la confesión ficta alegada; 2º) Revocó el referido auto de fecha 12 de julio de 1999; 3º) Declaró la nulidad del auto de fecha 22 de junio del mismo año; mediante el cual se ordenó la comparecencia de un tercero a la causa y, 4º) Ordenó al Juzgado de Primera Instancia que resulte competente decidir la causa conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. No hubo condenatoria en costas procesales.

 

Contra la mencionada decisión de alzada, el abogado Juan Carlos Vega, apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 5 de diciembre de 2000. Contra dicho auto denegatorio, propuso recurso de hecho en virtud del cual fueron remitidas las presentes actuaciones a esta Sala de Casación Civil.

 

Recibido el expediente, se dio cuenta del mismo en fecha 16 de enero de 2001, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala procede a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

 I

 

A los fines de comprender lo ocurrido en el presente caso, la Sala considera necesario hacer un recuento de alguna de las actas procesales que se han verificado durante el juicio, a saber:

 

            1.- El 8 de abril de 1999, en el momento en que se practicaba la medida preventiva de embargo decretada en el presente juicio, hizo acto de presencia el abogado Manuel Ricardo Egaña, actuando como consultor jurídico de la empresa demandada, y entregó un cheque por la cantidad de cincuenta y cuatro millones trescientos dos mil ochenta y cuatro bolívares (Bs.- 54.302.084,oo), con la finalidad de dar la caución requerida para suspender la referida medida cautelar.

 

2.- El 12 de mayo de 1999, la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda en el que solicita se incorpore al juicio como tercera a la empresa Almacenadora Financiera Provincial S.A.

 

            3.- A solicitud de la parte actora, el 4 de junio de 1999 el Tribunal de la causa realizó un cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 8 de abril de 1999 (exclusive), fecha en la que tuvo lugar la actuación del consultor jurídico de la demandada durante la práctica de la medida cautelar decretada en el juicio, hasta el 12 de mayo de 1999 (inclusive), oportunidad en la que se consignó el escrito de contestación a la demanda, arrojando como resultado que habían transcurrido 22 días de despacho, a saber: 9,12,13,14,15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 1999; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de mayo del mismo año.

 

4.- La parte actora, mediante escrito de fecha 14 de junio de 1999, solicitó al tribunal de la causa efectuar un cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 10 de mayo de 1999 (exclusive), correspondiente al último de los 20 días de despacho previstos en la ley para dar contestación a la demanda, hasta el 14 de junio de 1999 (inclusive), con el fin de determinar si habían transcurridos los 15 días de despacho correspondientes al lapso procesal de promoción de pruebas; dicho cómputo arrojó como resultado que, dentro de las fechas indicadas, habían transcurrido 22 días de despacho, a saber: 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de mayo de 1999; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de junio del mismo año. Además alegó, que del primer cómputo efectuado por el a quo se deduce que la contestación de la demanda fue presentada extemporáneamente por tardía, razón por la que no debía admitirse la intervención del tercero traído forzosamente a juicio, puesto que eso sólo puede solicitarse en la oportunidad de la contestación; y que, en caso de haber transcurrido el lapso procesal para promover pruebas, se procediera a dictar sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, por haberse verificado la confesión ficta de la demandada sin que ésta haya promovido prueba alguna que la favorezca y que desvirtúe los hechos y el derecho invocado en el libelo de la demanda.  

 

5.- Por auto del 22 de junio de 1999, el juzgado de primera instancia admitió la cita del tercero y ordenó su citación para que diera contestación a la demanda. La parte actora interpuso recurso de apelación contra dicho auto, el cual fue oído en un solo efecto en fecha 12 de julio de 1999. Contra dicho auto se propuso recurso de hecho.

 

6.- Respecto a los pedimentos de la parte actora, relativos a la confesión ficta de la demandada y a la admisión de la cita del tercero,  el día 12 de julio de 1999 el a quo dictó un auto difiriendo su pronunciamiento, como punto previo en la sentencia definitiva, por considerar que los mismos tocan el fondo de lo controvertido. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión el cual fue oído en un solo efecto por auto de fecha 21 de julio de 1999. Contra este último auto, propuso recurso de hecho.

 

7.- El Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo de los recursos de hecho propuestos por la parte actora, dictó sentencia interlocutoria el 9 de mayo de 2000, mediante la cual declaró: 1º) Sin lugar el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 12 de julio de 1999, que oyó en un solo efecto la apelación interpuesta contra la decisión del a quo de admitir la cita del tercero; y , 2º) Con lugar el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 21 de julio de 1999, que oyó en un solo efecto la apelación ejercida contra la decisión del a quo de diferir, para resolver como punto previo en la sentencia definitiva, lo relativo a la confesión ficta y la no promoción de pruebas de la demandada, por lo que ordenó oír en ambos efectos dicha apelación.  

                                                      

            8.- En acatamiento de lo ordenado por la alzada, el juzgado de primera instancia oyó, en ambos efectos, la referida apelación y remitió el presente expediente al Juzgado Superior Distribuidor, resultando competente para resolver el asunto el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien en fecha 17 de noviembre del 2000, dicta la sentencia contra la cual se anunció recurso de casación y, por su negativa, se ejerció el de hecho que hoy se decide. .

 

II

 

Aprecia la Sala que el auto denegatorio del recurso de casación anunciado, de fecha 5 de diciembre de 2000, proferido por el mencionado Juzgado Superior Noveno expresa lo que sigue:

“...Vista la diligencia de fecha 30 de noviembre del presente año, suscrita por el abogado JUAN CARLOS VEGA, en su carácter de autos, a través del cual anuncia Recurso de Casación contra la sentencia proferida por esta Alzada el 17 de noviembre de este mismo año, se declara INADMISIBLE toda vez que se trata de una sentencia interlocutoria que no pone fin al juicio ni impide su continuación...”.