SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

                   En el juicio de hecho ilícito mercantil intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, por la sociedad mercantil italiana PEDROLLO, S.p.A., representada judicialmente por los abogados Luis Manuel Spaziani Peñalver, Mary Grace Marinelli Devlin, Andrés Manuel González Crespo y Lilian Eskenazi, y la sociedad mercantil REPRESENTACIONES HYDROSOL, C.A., representada judicialmente por los abogados Luis Manuel Spaziani Peñalver, Mary Grace Marinelli Devlin, Marina Bentata, Denkys Fritz Payares y Lilian Eskenazi, contra la sociedad mercantil MAQUINARIAS DOMO, S.A. (DOMOSA), representada judicialmente por los abogados Néstor Aure Espinoza, Nelson Villafañe Bermúdez y José Manuel Carrascosa De Mena; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia el 24 de septiembre de 2001, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del a quo y, repuso la causa al estado de que se comenzara a computar el lapso de emplazamiento para la contestación a la demanda desde el 26 de abril de 1999, fecha en que la tuvo lugar la citación de la empresa demandada, de conformidad con lo pautado en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil.

 

Los abogados Néstor Aure Espinoza y Luis Manuel Spaziani Peñalver, apoderados judiciales de las partes demandadas y actora, respectivamente, anunciaron recurso de casación contra la decisión de alzada, siendo admitidos y formalizados. La parte demandada no impugnó la formalización efectuada por la parte actora.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos que siguen:

 

PUNTO PREVIO

 

Consta del auto de admisión del recurso de casación que anunciaran ambas partes del juicio contra la sentencia proferida en segunda instancia el 24 de septiembre de 2001, que el día 9 de octubre del mismo año venció el lapso de diez (10) días concedidos para su anuncio, contemplados en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, al día siguiente, es decir, el 10 de octubre de 2001 comenzó a correr el lapso de 40 días previsto en el artículo 317 eiusdem, para que las partes presentaran sus respectivos escritos de formalización, el cual venció el sábado 24 de noviembre del mismo año, por lo que se tomará como fecha de vencimiento de dicho lapso el día laborable siguiente, o sea,  el lunes 26 del mismo mes y año, todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 200 ibídem.

 

Ahora bien, en el presente caso se observa que la representación judicial de la parte demandada compareció ante la Secretaría de esta Sala en fecha 29 de noviembre de 2001 a presentar su escrito de formalización, lo que hace evidente su extemporaneidad por tardío, razón que dará lugar a que dicho recurso de casación sea declarado perecido en el dispositivo del presente fallo, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

Resuelto lo anterior, procede la Sala a analizar el recurso de casación formalizado oportunamente por la parte demandante, en los siguientes términos:

 

INFRACCIÓN DE LEY

 

ÚNICA

 

 

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 138, 216 único aparte eiusdem, 1.098 del Código de Comercio, todos por errónea interpretación, y, 14, 362 y 274 del Código de Procedimiento Civil, todos por falta de aplicación, con los siguientes argumentos:

 

“...I.I. La recurrida incurrió en las infracciones delatadas al interpretar equivocadamente los tres artículos denunciados en primer lugar, puesto que desconoció la citación presunta consumada en el proceso con la presencia del Gerente José Eduardo Chávez el 28 de enero de 1999, en la sede de la Compañía demandada, cuando se practicó la medida de secuestro y también por imponerle a mi patrocinada la obligación de citar conjuntamente a los dos (2) Gerentes (sic) de la demandada, sin reparar que las normas denunciadas por errónea interpretación dispensaban de esa obligación, ya que bastaba que con la citación presunta de cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva.

 

De modo que al constar en autos la presencia del Gerente Chávez en un acto del proceso, la demandada, irremediablemente, quedó citada e impuesta de la existencia del juicio que le había sido propuesto, lo que significaba que ella quedó a derecho en el presente juicio desde el 28 de enero de 1999, sin ninguna otra formalidad o requisito.

 

La citación presunta según los datos aportados por la recurrida, quedó consumada con la presencia del Gerente Chávez en un acto del proceso, al dejar establecido la sentenciadora de alzada lo que se copia de inmediato:

 

En fecha 28 de enero de 1999, se trasladó y constituyó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en compañía del co-apoderado actor Luis Manuel Spaziani Peñalver, en la sede física donde opera la empresa demandada, a los fines de practicar la cautelar de secuestro decretada. El Tribunal notificó de su misión al ciudadano José Eduardo Chávez Do Ganeiro, (...), quien manifestó ser Director Gerente de la empresa demandada, quien fue notificado judicialmente del contenido del decreto cautelar dictado el 22-12-98, en los numerales 1 y 2, imponiendo a la demandada por su intermedio de las prohibiciones acordadas” (Cfr. Folio 494).

 

Después de reconocer la presencia del Gerente José Eduardo Chávez en la práctica del secuestro el 28 de enero de 1999, la recurrida equivocadamente resolvió lo siguiente:

“Para esta juzgadora ciertamente como lo decidió el juez “a quo”, la aparición de la persona de uno de los gerentes de la Compañía demandada en el lugar donde se constituyó el Tribunal para la práctica de la medida preventiva decretada, no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil que la parte demandada haya realizado una diligencia en el proceso o que haya estado presente en un acto del mismo, toda vez que el ciudadano José Eduardo Chávez en su condición de gerente por si sólo (sic) no representa a la sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO, S.A.” “DOMOSA” como se deduce de la cláusula novena del estatuto social, según la cual, quien ostenta la representación judicial de la compañía de manera individual y excluyente es el Director Presidente de la Compañía, que es el ciudadano LIVIANO DOGANIERO y por el contrario los Gerentes EDUARDO MONCADA Y JOSE (sic) CHAVEZ (sic) no tienen atribuída (sic) esta facultad de representación judicial y en todo caso en el ejercicio de las facultades que sí le (sic) están conferidas, los mismos deben actuar conjuntamente con el Director Presidente de la compañía. En este sentido no puede no (sic) concluirse que por haber estado físicamente en el lugar donde se practicaba la medida y aparecer mencionado en el acta, sin haber firmado la misma, en una clara expresión de involuntariedad, la compañía demandada puede considerarse citada de manera presunta, ASI (sic) SE DECLARA” (Cfr. Folios 506 renglones 25 al 26 y 507 renglones del 1 al 13).

 

Con el anterior pronunciamiento la recurrida desatendió groseramente la segunda hipótesis del primer aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, el cual preceptúa con toda claridad y precisión que “siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad”.

Salta a la vista la equivocación de la recurrida, al punto que ella (sic) admitió de (sic) que el Gerente José Eduardo Chávez estuvo presente en la práctica de (sic) secuestro del 28 de enero de 1999 y en lugar de considerar esa presencia en un acto del proceso como una citación presunta como correspondía, se refugió en la cuestionable y equivocada interpretación de la norma denunciada acerca de que la presencia del Gerente Chávez “no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil”, para luego rematar con otro despropósito cuando resolvió que al haber estado físicamente Chávez en el lugar donde se practicó el secuestro y aparecer en el acta respectiva sin firmarla, “es una clara expresión de involuntariedad” y que “la demandada no puede considerarse citada de manera presunta“ (Cfr. folio 506, renglones 28 al 33 y folio 507, renglones 8 al 13).

 

...omissis...

 

Si el gerente Chávez estuvo presente en el acto de secuestro es incontrovertible que la demandada quedó citada, mas lo que rebasa lo admisible es que la recurrida reconoció que efectivamente él estaba presente, pero que su presencia fue involuntaria y entonces la demandada no quedó citada. Esa es una idea opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres de la que se valió la recurrida para zafarse del compromiso sobre la presencia del gerente Chávez en el acto de secuestro, con la salvedad que ese hecho fue admitido recurrida (sic) con el mañoso y censurable razonamiento de “la presencia involuntaria”, agravado con el imaginado argumento que la validez de la citación presunta estaba condicionada a que “la presencia de la parte en el acto de que se trate, sea esencial a dicho acto por ordenarlo así la Ley” (Cfr. Folio 507, renglones 21 y 22), cuyo argumento debe rechazarse por absurdo, puesto que el único aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil nada dice acerca de que la presencia de la parte o de su apoderado en un acto del proceso “sea esencial a dicho acto”, sino que sólo alude a la presencia del demandado en un acto del proceso, lo que justifica el referido alegato sobre la invención de la recurrida. Ese razonamiento de la sentenciadora de alzada para lo único que sirvió fue para hacer más protuberante su interés de perjudicar a todo trance a mi patrocinada.

 

En resumen, la equivocada interpretación del precepto denunciado es obvia, puesto que el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, nada refiere acerca de que la presencia del demandado en un acto del proceso debe ser “voluntaria o involuntaria” o “esencial a dicho acto”, sino que la ley con mucha precisión y conveniencia procesal únicamente reclama que para que se opere la citación presunta basta que conste en el expediente que la parte demandada o su apoderado hayan estado presentes en un acto del proceso, que fue lo que ocurrió en el caso particular...”

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante denuncia que el sentenciador de alzada interpretó erróneamente el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que en el caso concreto no operó la citación presunta de la empresa demandada por cuanto la presencia del ciudadano José Eduardo Chávez, director gerente de la misma, en el momento de la práctica de la medida de secuestro, “no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil”.

 

Sobre el particular, en sentencia Nº RC-0055, de fecha 5 de abril de 2001, en el juicio del Condominio de la Primera Etapa del Centro Ciudad Comercial Tamanaco contra Inversiones Bayahibe, C.A., expediente N° 00-093, la Sala expresó lo que de seguida se transcribe:

 

“...Según la Exposición de Motivos, el artículo 216 recoge “la práctica admitida en nuestro derecho, de que el demandado pueda darse por citado personalmente, mediante diligencia suscrita ante el Secretario. Se introduce una presunción de citación, cuando resulta de los autos que la parte o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso, antes de su citación, o han estado presentes en algún acto del mismo. Se estima que en tales hipótesis, es contrario a la economía del  proceso y a la celeridad del juicio, realizar todos los trámites de una citación ordinaria, cuando la parte ya está enterada de la demanda, por haber actuado en el proceso, o estado presente en algún acto del mismo y consta de autos dicha circunstancia”. (Exposición de Motivos y Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Ediciones del Congreso de la república. Caracas, 1982. págs. 33 y ss.). Por tanto, si en el caso concreto uno (1) de los directores de la empresa mercantil demandada, tal como consta en la propia narrativa de la sentencia, diligenció en el expediente oponiéndose a una medida ejecutiva de embargo, obra en los autos una presunción de citación de la empresa mercantil demandada, y así lo ha debido considerar la recurrida para acatar “la intención y el propósito del legislador”. (Negrillas de la Sala).

 

Esta figura del nuevo Código, que es llamada indistintamente en el uso forense “citación presunta” o “citación tácita”, denominada en el Código colombiano, quizá con más contenido semántico “citación por conducta concluyente”, se produce cuando el mismo demandado o su apoderado han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo, según certificación que conste en el acta respectiva. De ello, se infiere que la ley da por citado al reo, tanto si interviene activamente en el proceso, como si está inactivo, pero presente, por sí o por medio de apoderado, en cualquier acto del proceso, como ocurrió en el caso de autos, en que concurrió uno de los directores de la empresa mercantil demandada a oponerse a una medida cautelar ejecutiva. Por consiguiente, el lapso para la contestación de la demanda, de veinte (20) o menos de veinte (20) días, según la clase de juicio de que se trate, corre a raíz y a partir de la fecha de la citación presunta, como si se tratare de la citación in faciem que regula el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en el que la ley no exige ninguna formalidad posterior cuando el citado firma la constancia de recibo de la compulsa. De allí que, al omitir la recurrida aplicar el contenido y alcance del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en el caso concreto, lo violó por falta de aplicación;...”. (Negrillas y subrayado de la Sala)

 

Ahora bien, en el caso bajo estudio, en contraposición con la jurisprudencia transcrita precedentemente, la recurrida expresa:

 

“...Para esta juzgadora ciertamente como lo decidió el juez “a quo”, la aparición de la persona de uno de los gerentes de la compañía demandada en el lugar donde se constituyó el Tribunal para la práctica de la medida preventiva decretada, no obedece a una actuación voluntaria de la parte demandada ni puede considerarse conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil que la parte demandada haya realizado una diligencia en el proceso o que haya estado presente en un acto del mismo, toda vez que el ciudadano José Eduardo Chávez en su condición de Gerente por si sólo (sic) no representa a la sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO, S.A.” “DOMOSA” como se deduce de la cláusula novena del estatuto social, según la cual, quien ostenta la representación judicial de la compañía de manera individual y excluyente es el Director Presidente de la compañía, que es el ciudadano LIVIANO DOGANIERO y por el contrario los gerentes EDUARDO MONCADA Y JOSE (sic) CHAVEZ (sic) no tienen atribuida esta facultad de representación judicial y en todo caso en el ejercicio de las facultades que sí le (sic) están conferidas, los mismos deben actuar conjuntamente con el director presidente de la compañía. En este sentido no puede concluirse que por haber estado físicamente en el lugar donde se practicaba la medida y aparecer mencionado en el acta, sin haber firmado la misma, en una clara expresión de involuntariedad, la compañía demandada puede considerarse citada de manera presunta, ASI (sic) SE DECLARA” (Negrillas de la Sala).

 

Debe distinguirse el alcance de las expresiones “han realizado alguna diligencia en el proceso” y “han estado presentes en algún acto del mismo” contenidas en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil a la luz del instituto de la citación presunta como actuaciones realizadas por una representación legitimada de la parte, en principio, y por otra parte, como actuación realizada por esa parte de manera voluntaria o cuando la presencia de la parte en el acto de que se trate, sea esencial a dicho acto por ordenarlo así la Ley.

 

En el caso bajo estudio, es evidente que el ciudadano JOSE (sic) CHAVEZ (sic) en su condición de gerente, no está legitimado para comparecer voluntariamente en un acto judicial y representar validamente (sic) en el (sic) a la compañía sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A. DOMOSA”, razón por la cual esta juzgadora considera al igual que la sentenciadora de la primera instancia, que ciertamente la demandada Sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A. DOMOSA”, no se encuentra citada en el presente juicio mediante la citación presunta y por ello la causa debe ser repuesta en protección al derecho de defensa de la accionada al estado en que se comience a computar el lapso de emplazamiento para la contestación de la demanda en virtud de que para los efectos de la citación en este caso si debe entenderse como citación presunta la comparecencia en este juicio del apoderado judicial abogado Néstor Aure, según escrito de fecha 26 de abril de 1.999 cursante a los folios 158 al 173 del expediente. ASÍ SE DECIDE...”.

 

 

De lo antes expuesto, resulta obvio que, tal y como lo delata el recurrente, el juez superior infringió, por errónea interpretación, el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, pues, contrariamente a lo que sostiene en su decisión, la sola presencia de uno de los directores de la empresa demandada en el momento en que se practicó la medida de secuestro decretada en el presente juicio, es suficiente para entender citada a la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin que se requiera ninguna otra formalidad. Así se decide.

 

Por consiguiente, la Sala declara procedente la denuncia de infracción, por errónea interpretación, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

En el numeral I.II de la misma denuncia, prosigue la formalizante expresando, en cuanto a la violación de las otras normas denunciadas como infringidas, lo siguiente:

“...En lo que atañe a la infracción de los artículos 14, 138 del Código de Procedimiento Civil y 1098 del Código de Comercio, el primero por falta de aplicación y los últimos por errónea interpretación, la recurrida examinó la Cláusula Novena del Documento Constitutivo y Estatutario de la demandada... (Negrillas y subrayado  de la Sala)

 

...omissis...

 

Importa a este asunto precisar que es verdad que los Estatutos Sociales de la demandada imponen la firma conjunta de los dos (2) gerentes “para obrar y representar a la Compañía” (...), más también es cierto que la doctrina patria coincide que el orden público que inspira el proceso empece para que los Estatutos de las personas jurídicas establezcan, a veces con intenciones fraudulentas, que la citación de ella deba practicarse de consuno en dos o más miembros de la Junta Directiva, en atención a la relevante circunstancia que lo que verdaderamente interesa a la Compañía (sic) es que sea citado uno sólo (sic) de los funcionarios investidos de su representación en juicio, de tal suerte que la Compañía (sic) esté en conocimiento de la proposición de la demanda y pueda preparar y llevar a cabo su defensa en el proceso, pues de lo contrario significaría una traba intolerable que la voluntad social expresada en los Estatutos Sociales de la Compañía (sic) pueda burlar preceptos de orden público con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, los cuales no pueden ser subvertidos por los tribunales, aun cuando las partes expresen su acuerdo y mucho menos por la voluntad de los socios al constituir la Compañía (sic).

 

...omissis...

 

De manera que cuando la recurrida resolvió que “los gerentes EDUARDO MONCADA y JOSE (sic) CHAVEZ (sic), no tienen atribuida esta facultad de representación judicial” (...), la sentenciadora de alzada violó el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, al desconocer que “Las personas jurídicas están en juicio por medio de sus representantes según la ley, sus estatutos, sus contratos”, con la particularidad que “Si fueran varias las personas investidas de su representación en juicio, la citación se podría hacer en cualquiera de ellas”, que fue lo que ocurrió en el caso de autos.

 

También quebrantó la recurrida el artículo 1.098 del Código de Comercio, que preceptúa que la citación de la Compañía (sic) puede practicarse en cualesquiera de los funcionarios investidos de su representación en juicio y, por vía de consecuencia, quebrantó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, al desconocer la función pública del proceso y la potestad que tiene el Juez de dirigir el proceso e impulsarlo de oficio hasta su conclusión...”.

 

De lo antes transcrito se infiere que la formalizante delata  la infracción de los artículos 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, ambos por errónea interpretación, con apoyo en que el sentenciador superior consideró que la sola presencia de uno de los directores de la empresa demandada en el momento en que se practicó la medida de secuestro decretada en el presente juicio no era suficiente para entenderla como citada, para que, en el lapso procesal correspondiente, diera contestación a la demanda.

 

Sobre la correcta interpretación de las normas denunciadas como infringidas, artículos 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, en el mismo fallo de fecha 5 de abril de 2001, Nº RC-055, la Sala puntualizó lo que sigue:

 

“...Desde antaño, el Tribunal Supremo ha hecho recepción de la Teoría de la Representación Orgánica de Enrico Redenti, acerca de la actuación en juicio de las personas jurídicas colectivas (Sent. De 4-5-60, G.F. Nº 28.2E.Pág. 131). De este supuesto trata el denunciado artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, que estatuye: si fueren varias las personas investidas de “representación” de la empresa, la citación podrá hacerse en la persona de cualquiera de ellas. Esta disposición es acertada porque la función pública del proceso, estipulada en el nuevo artículo 14 ibídem, no puede ser entrabada por las disposiciones estatutarias de los particulares. No se le puede imponer al órgano jurisdiccional, en perjuicio de la economía y celeridad procesal, la carga de tener que citar a dos (2) o más personas para ponerlas a derecho en juicio. Basta , a estos efectos, citar a uno cualquiera de los personeros o administradores, lo cual es ya garantía de conocimiento de la litis para la empresa, que es el objetivo final de la citación. La misma idea subyace en el contenido del artículo 1.098 del Código de Comercio, también denunciado, según el cual la citación de la compañía se hará en la persona de cualquiera de sus funcionarios investidos de su representación...”. (Negrillas de la Sala).

 

En el caso que se examina, de la propia recurrida se evidencia que uno de los directores gerentes de la empresa demandada, ciudadano José Eduardo Chávez, estuvo presente en el momento en que se practicó la medida de secuestro decretada en este juicio, de modo que, de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, a partir de esa fecha (28 de enero de 1999) la empresa Maquinarias Domo, S.A. (DOMOSA) tuvo conocimiento de la demanda interpuesta en su contra, razón por la que, al haberse alcanzado el fin que se persigue con la citación, mediante su citación tácita o presunta, al día siguiente, o sea, el 29 de enero de 1999, comenzó a correr el lapso procesal de veinte (20) días para que se diera contestación a la demanda.

 

Por consiguiente, lo sostenido por el juez superior respecto a que la presencia de uno de los directores gerentes en el acto en que se practicó la medida cautelar decretada en el presente juicio no es suficiente para considerar citada a la empresa demandada patentiza la infracción, por errónea interpretación, de los artículos 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, por lo que la presente denuncia se declara procedente.

 

En el numeral I.III del cuerpo de la denuncia bajo estudio, la abogada recurrente prosigue en los términos que siguen:

 

“...En lo que concierne a la violación del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, interesa a este asunto recordar que al haber quedado válidamente practicada la citación de la demandada el 28 de enero de 1999 y habiendo transcurrido el lapso de veinte (20) días para la contestación de la demanda, sin que la demandada hubiese dado contestación a la misma, con cuya conducta admitió provisionalmente los hechos, según el atildado lenguaje del procesalista italiano Carlos Furno y en vista que también transcurrió el lapso de promoción de pruebas, sin que la demandada hubiese promovido alguna prueba que le favoreciera, igualmente admitió definitivamente los (sic) todos los hechos narrados en el libelo de la demanda, de modo que el juzgador quedó constreñido a sentenciar la causa, sin mayor dilación, dentro de los ocho (8) días siguientes, ateniéndose a la confesión de la demandada...”.

 

La formalizante acusa la infracción, por falta de aplicación, del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, con apoyo en que, aun cuando en el presente caso operó la citación presunta de la empresa demandada, el sentenciador de alzada no declaró la confesión ficta prevista en dicha norma.

 

Ahora bien, para poder analizar la denuncia formulada, se requiere que la Sala descienda a las actas que conforman el presente expediente para de su revisión poder constatar si el lapso procesal de veinte días previstos en la ley para dar contestación a la demanda transcurrió sin que la parte demandada hubiere procedido a ello, facultad que sólo puede ejercer si se hubiera invocado el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en un recurso de casación sobre los hechos.

 

En consecuencia, la falta de técnica advertida impide a la Sala entrar al análisis correspondiente. Así se declara.

 

En el numeral I.IV de la denuncia que se revisa, la formalizante expresa lo siguiente:

 

“...En lo que atañe a la infracción del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, el razonamiento es idéntico porque la recurrida ha debido reputar confeso (sic) a la demandada y sentenciar la causa ateniéndose a lo alegado en la demanda, sin mayor dilación, y declarar con lugar la demanda y condenar en costas a la demandada por haber resultado totalmente vencida, pero la recurrida, se repite, optó por el camino de declarar la reposición de la causa, con lo cual patentizó la infracción del artículo 274 de (sic) Código de Procedimiento Civil, también por falta de aplicación...”.

 

Los fundamentos expuestos en el análisis de la denuncia de infracción del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, relativos a que la Sala no puede a través de una denuncia por infracción de ley hurgar las actas del expediente para verificar si la parte demandada dio o no contestación a la demanda, impiden a la Sala pronunciarse sobre la pertinencia de la presente denuncia. Así se declara.

CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS

I

Bajo el amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 12, 216 y 138 ibídem, y 1.098 del Código de Comercio, todos por “errónea aplicación”; y, 1.359 y 1.360 del Código Civil, con los siguientes argumentos:

“...los siguientes artículos: 12 eiusdem, por no haberse atenido a lo alegado y probado en autos; 216 y 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, todos por errónea aplicación, por haber ignorado la recurrida la citación presunta de la demandada, la cual se podía practicar en cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva, que es el órgano social investido de la representación en juicio; 1.359 y 1.360 del Código Civil, que contienen las reglas para valorar el mérito probatorio de instrumentos públicos, denuncia que permitirá a esa Sala leer y examinar las actas procesales, específicamente, la Cláusula Novena del Documento Constitutivo y Estatutario de la demandada, porque la recurrida incurrió en el primer caso de falsa suposición al atribuir a dicha Cláusula Novena menciones que ella no contiene, en la modalidad conocida por la doctrina de casación como “falsa suposición intelectual o desviación ideológica”.

 

Los hechos falsos, positivos e inexactos que no encuentran respaldo en la verdad objetiva del expediente, están consignados en el trozo de la recurrida que se transcribe a continuación:

 

“...toda vez que el ciudadano JOSE (sic) EDUARDO Chávez (sic) en su condición de Gerente por si sólo (sic) no representa a la sociedad mercantil “MAQUINARIAS DOMO S.A.” “DOMOSA” como se deduce de la cláusula novena del estatuto social, según la cual, quien ostenta la representación individual y excluyente es el Director Presidente de la Compañía que en este caso es el ciudadano LIVIANO DOGANIERO y por el contrario los gerentes EDUARDO MONCADA y JOSÉ CHÁVEZ no tienen atribuida esta facultad de representación judicial...” (Cfr. Folio 506 y S.)

 

De la transcripción anterior se colige que la recurrida incurrió en la falsa suposición intelectual denunciada al afirmar categóricamente el hecho falso e inexacto que el Director Presidente de la Compañía ostenta la representación de la demandada de manera individual y excluyente, sin que pueda argumentarse con éxito que esa fue una conclusión jurídica de la recurrida y, por lo tanto, irrevisable sede (sic) de casación, ya que se trata de un hecho previo, que es el antecedente a la equivocación jurídica, al punto que el Juez fijó falsamente el hecho de que la representación la ejercía de manera individual y excluyente el Presidente de la Compañía, cuya falsa y previa afirmación llevó a la recurrida a la consecuente y equivocada conclusión jurídica que la demandada “no se encuentra citada en el presente juicio mediante la citación presunta...” (Cfr. Folio 507, renglones 30 y 31).

 

La perpetración de la falsa suposición intelectual delatada se comprueba con la confrontación de lo decidido por la recurrida con el texto de la Cláusula Novena del Documento Constitutivo de la demandada, que dada la índole de la denuncia la Sala está autorizada para realizar...

 

La falsa suposición intelectual cometida por la recurrida consistió en haber desvirtuado la mención que sí contiene la Cláusula Novena del Documento Constitutivo y Estatutario acerca de la atribución conferida a la Junta Directiva sobre de (sic) “la administración y representación a la sociedad”, así como la atribución conferida a los Gerentes para representar a la sociedad “en la forma mas absoluta” y haber sustituido esos claros conceptos que emanan de la Cláusula en cuestión por el concepto falso e inexacto concepto (sic) que la representación judicial de la Compañía la ejercía de manera “individual y excluyente” el Director Presidente de la Compañía, con lo cual desnaturalizó la mención que si contiene y la hizo “producir efectos distintos de los en ella previstos”.

 

De modo que la recurrida cometió la falsa suposición delatada cuando tergiversó las menciones que sí contiene la Cláusula Novena del Documento Constitutivo y Estatutario de la demandada y falsamente supuso que la representación de la Compañía correspondía de manera “individual y excluyente” al Director Presidente, con lo cual trastocó la mención expresa de dicha Cláusula acerca de que los gerentes actuando conjuntamente también podían obrar y “representar a la Compañía en la forma más absoluta”, lo que quiere decir que ellos igualmente estaban investidos de la representación de la Compañía.

 

En verdad ese hecho falso e inexacto que es antecedente de la equivocada conclusión a la cual llegó la recurrida debe ser censurado por esa Sala, al punto que si la recurrida no hubiese fijado ese hecho falso e inexacto acerca de que la citación de la demandada tenía que practicarse de manera “individual y excluyente” en el Director Presidente de la demandada, la sentenciadora de alzada jamás hubiese llegado a la inexacta conclusión sobre la ineficacia de citación presunta del gerente Luis (sic) Eduardo Chávez y que la demandada “no se encuentra citada en el presente juicio...”.

 

...omissis...

 

...las normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó o interpretó equivocadamente para resolver la controversia son los siguientes: 12 eiusdem, por no atenerse a lo alegado y probado en autos; 216 y 138 del mismo Código Procesal y 1098 (sic) del Código de Comercio, por errónea interpretación, porque la recurrida desconoció la citación presunta de la demandada y también ignoró que la citación presunta se podía operar con la presencia en un acto del proceso de cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva de la demandada, que es el órgano investido de la representación en juicio e igualmente desconoció que los gerentes tenían la representación en juicio, para atribuirle esa representación de manera individual y excluyente al Presidente de la demandada; 1359 (sic) y 1360 (sic) del Código Civil, que contienen las normas para valorar el mérito probatorio de los instrumentos públicos, que permitirá a la Sala hurgar las actas del expediente y comprobar la perpetración de la falsa suposición delatada...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En la presente denuncia se observa que el formalizante delata la infracción de los artículos 12, 216 y 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, todos por “errónea aplicación”; y, en cuanto a la violación de os artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, no señala si los mismos fueron infringidos por falta de aplicación, errónea interpretación o falsa aplicación. Asimismo, indica que las normas que debió aplicar el juez superior y no aplicó son las mismas que, a su decir, fueron violadas por “errónea aplicación”.

 

 Ahora bien, la Sala advierte que el formalizante en el planteamiento de esta denuncia no cumple con los requisitos que se exigen para este tipo de delación ya que, por una parte, delata la errónea aplicación o falsa aplicación de los artículos 12, 216 y 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio; y, por la otra, señala a esas mismas normas como aquellas que el juez debió aplicar y no aplicó, lo que evidencia la contradicción de lo afirmado, pues, o las aplicó falsamente o las dejó de aplicar.

 

Si bien es cierto que la falta de técnica observada impide la revisión de la presente delación, es de advertir que la Sala declaró procedente la infracción de los artículos 138 y 216 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, por errónea interpretación,  con base en las razones expuestas en el análisis que se hizo de la única denuncia de infracción de ley planteada por el formalizante. Así se establece.

 

En cuanto a la infracción de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, se observa que el formalizante tampoco indica a la Sala de qué manera fueron violadas, impidiendo de esa forma el análisis que se pretende. En consecuencia, la Sala desecha la presente denuncia por no haberse cumplido en su planteamiento con las exigencias previstas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

II

 

Bajo el amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 12, 138 y 216 ibídem, por errónea interpretación; 1.098 del Código de Comercio, también por errónea interpretación; y, 1.359 y 1.360 del Código Civil, sin especificar de qué manera fueron quebrantados.

 

Es evidente que, en esta oportunidad, el formalizante  delata la infracción de las mismas normas acusadas como violadas en la primera denuncia de casación sobre los hechos, razón por la que resulta innecesario transcribir los argumentos que la sustentan, pues,  como antes se señaló, en este mismo fallo la Sala declaró procedente la infracción, por errónea interpretación, de los artículos 138 y 216 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, al resolver la única denuncia por infracción de ley contenida en el escrito de formalización. Así se decide.  

 

 

 

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, este Supremo Tribunal de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1º) PERECIDO el recurso de casación anunciado por la parte demandada contra la referida sentencia del juzgado superior; y, 2º) CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte actora demandante contra la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2001, proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena la Alzada dicte nueva sentencia, atendiendo a la doctrina señalada en esta decisión.

 

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de Despacho de la Sala de  Casación  Civil  de este Supremo Tribunal  de  Justicia, en Caracas, a los  treinta (30) días del mes de   septiembre  de dos mil tres Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Vicepresidente de la Sala en,

ejercicio de la Presidencia,

 

________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado Suplente,

 

 ___________________

 TULIO ALVAREZ LEDO                                                                

                                                                 Magistrado Ponente,

 

          __________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ 

           

La Secretaria, 

 

__________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

R. C Nº 01-776

 

 

El Magistrado Suplente que suscribe Tulio Álvarez Ledo, lamenta disentir de sus colegas, Magistrados Antonio Ramírez Jiménez y Carlos Oberto Vélez en el fallo que antecede, el cual declaró con lugar el recurso de casación formalizado por la parte actora; decisión que respeto pero que no comparto, por las razones que expreso a continuación:

 

                   El fallo del cual disiento, al resolver la primera denuncia por infracción de ley, declaró que la recurrida infringió por errónea interpretación los artículos 138 y 216 del Código de Procedimiento Civil, y 1.098 del Código de Comercio, al decidir que la presencia de uno de los gerentes de la compañía Domosa en el lugar donde se practicó la medida preventiva de secuestro, no podía considerarse como una citación presunta de la demandada, por cuanto no obedeció a una actuación voluntaria, ni ello supone que haya diligenciado en el proceso o estado presente en un acto del mismo.

 

                   La mayoría sentenciadora consideró que “…la sola presencia de uno de los directores de la empresa demandada en el momento en que se practicó la medida de secuestro decretada en el presente juicio, es suficiente para entender citada a la parte desde entonces para la contestación de la demanda, sin que se requiera ninguna otra formalidad”.

 

                   Estimo que la decisión de la Sala parte de una premisa equivocada, como es la de considerar que la ejecución de una medida preventiva constituye un acto del proceso y, por ende, la presencia de algún representante de la empresa es suficiente para considerar validamente citada a la demandada desde ese momento para la contestación, conforme a lo dispuesto en los artículos 138 y 216 del Código de Procedimiento Civil.

                  

                   El mencionado artículo 216 en su segundo párrafo prevé dos supuestos para que se considere citada a la demandada, a saber: a) Que antes de la citación la parte o su apoderado haya realizado alguna diligencia del proceso; y, b) Que haya estado presente en algún acto del proceso.

 

                   Por lo que respecta al primer supuesto de la norma, la realización de una diligencia supone una actuación voluntaria y no provocada en su contra.

 

                   En opinión de quien se aparta del criterio de la mayoría, la práctica de una medida cautelar no garantiza a la parte demandada un conocimiento efectivo de la pretensión incoada en su contra y el plazo preciso del cual dispone para ejercer su defensa en el juicio.

 

                   En este sentido, es conveniente señalar que en fallo de 29 de junio de 1999 (Omar Alberto Corredor y otra; exp. 454), la antigua Corte Suprema de Justicia en Pleno estableció un criterio interpretativo en relación con la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, asentando lo siguiente:

 

...Este Alto Tribunal, según lo que sucesivamente expondrá, entiende que la “puesta a derecho” del demandado con exención de toda otra formalidad –“sin más formalidad” – prevista en el aparte único del artículo 216 del vigente Código de Procedimiento Civil, cuyo supuesto de hecho condicionante estriba en la sola circunstancia de que “resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación (...) han estado presentes en un acto del proceso” -“citación tácita por intervención pasiva del reo o demandado”- si no es rectamente interpretada sí vendría a resultar incompatible con el anteriormente explicitado “contenido esencial” del “derecho subjetivo fundamental” en que estriba “la garantía constitucional de la defensa procesal” del único aparte del artículo 68 de la Constitución.

 

En efecto, este segundo supuesto de hecho de “citación tácita” (“intervención pasiva del reo en el proceso”), dada la enorme amplitud con la cual está concebido y por lógica oposición al primer supuesto de hecho anteriormente enjuiciado (“citación tácita por intervención activa del reo en el proceso”), podría dar lugar a interpretaciones mediante las cuales se le considere comprensivo o incluyente de aquellos casos en que el demandado en forma involuntaria –provocada- y –de ordinario- no deliberada, intempestiva e incluso en ocasiones sin la debida “asistencia de letrado”, ha resultado pasible de una actuación procesal –v. gr. la ejecución de una providencia cautelar-.

 

Lo expresado en el párrafo inmediatamente anterior queda corroborado en el comentario de la doctrina venezolana referida antes, cuando, en torno a este segundo supuesto de hecho, expresa:

 

“...La ley da por citado al reo (...) si está inactivo, pero presente, por sí o por medio de apoderado, en cualquier acto del proceso, como ocurre por lo común, en la práctica de una medida cautelar”. (Henriquez La Roche, Ricardo; ob. Cit. Pág. 151).

 

Sin embargo, es a todas luces manifiesto que con una interpretación como la delineada en último lugar, no se le garantiza al demandado, sin cumplir con la formalidad de hacerle entrega de la compulsa y de la orden de comparecencia respectiva, la posibilidad de alcanzar un conocimiento suficiente, y, por ende, efectivo, de la pretensión deducida en su contra y de la específica oportunidad en la cual, so pena de preclusión, le corresponde aducir su correlativa resistencia.

(Omissis)

 

Resultaría flagrantemente inconstitucional, por lesión al “contenido esencial” del derecho subjetivo fundamental que para el justiciable representa la garantía constitucional de la defensa procesal (único aparte del artículo 68 de la Constitución), una interpretación que sostuviera como incluidos en su ámbito de aplicación aquellos singulares casos en que el demandado en forma involuntaria –provocada- y –de ordinario- no deliberada, intempestiva e incluso en ocasiones sin la debida “asistencia de letrado” ha resultado pasible de una actuación procesal – v. gr. la ejecución de una providencia cautelar”. (Negritas del disidente).

 

 

                   En cuanto al segundo supuesto de hecho que prevé el segundo párrafo del mencionado artículo 216, es decir, que la parte se encuentre presente en un acto del proceso, tal presencia, en opinión de quien disiente, además de la voluntariedad, amerita que se trate de un “acto del proceso”, es decir, una de aquellas instituciones necesarias para la validez o existencia de éste, como sería por ejemplo, la contestación de la demanda.

 

                   En efecto, la ejecución de una medida preventiva no puede considerarse como un acto sin el cual el proceso no valga o no exista, desde luego que su decreto o no, de ninguna manera puede ser entendido como un presupuesto procesal, al punto de que infinidad de causas llegan a su definitiva conclusión sin que se haya decretado o practicado alguna medida, las cuales, por otra parte, deben ser la excepción y no la regla, ya que constituyen una limitación al derecho de propiedad.

 

                   Además, en caso de decretarse alguna medida cautelar es posible que ésta se lleve a cabo sin la presencia de la parte contra la cual se dirige.

 

                   En resumen, acto procesal es aquél al cual las partes tienen la carga de asistir.

 

Por otra parte, con todo el respeto que se merece, considero que la mayoría sentenciadora interpretó erróneamente el contenido de los artículos 138 del Código de Procedimiento Civil y 1.098 del Código de Comercio, al considerar citada a la demandada Domosa con la presencia de uno solo de sus gerentes, siendo que según su contrato social, era menester la actuación conjunta de dos de sus administradores.

 

                   Es cierto que según las referidas normas, la citación puede hacerse en cualquiera de los funcionarios investidos de su representación en juicio, pero no lo es menos que tales normas prevén como supuesto de hecho, que dos o más funcionarios, individual y aisladamente considerados gocen de esa representación y no cuando tal facultad amerite su actuación conjunta para que sea válida.

 

                   En efecto, en mi criterio resulta un contrasentido que, en caso de representación conjunta, la citación pueda hacerse en la persona de uno de los administradores, pero si uno solo de ellos contesta la demanda tal acto procesal no se considere válido, por carecer aisladamente de la representación en juicio de la demandada.

 

                   En la sentencia dictada por esta Sala con ponencia de quien disiente, la cual aparece citada en las páginas 9 y 10 del fallo, se consideró citada a una empresa a raíz de la actuación de uno de sus administradores al momento de practicarse un embargo, pero el caso era diferente, pues quien estuvo en el embargo tenía individualmente otorgada la representación de la demandada.

 

                   Además, se le consideró citada porque voluntariamente se hizo presente en la medida para oponerse a su ejecución.

 

                   Ergo, no fue porque se le notificara de la medida ni por considerar su ejecución como un presupuesto procesal, sino porque voluntariamente el representante legal de la demandada realizó una actuación en el proceso, al hacerse presente en el embargo y hacer oposición contra tal medida.

 

                   De esa manera, se cumplió el primer supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Por lo expuesto, considero que la primera denuncia de fondo debió ser resuelta de forma contraria a lo decidido por la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.

 

El Vicepresidente de la Sala

en ejercicio de la Presidencia,

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado Suplente,

 

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 TULIO ALVAREZ LEDO

 

 

              Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

 

 

Exp. N°  01-776