SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2013-000366

 

AVOCAMIENTO

 

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Mediante escrito presentado en fecha 30 de mayo de 2013, los abogados  León Henrique Cottin, Beatriz Abraham, Alfredo Abou Hassan y Álvaro Prada Alviarez, apoderados judiciales de la ciudadana CARMEN LEONOR SANTAELLA DE VARGAS, solicitan a esta Sala de Casación Civil se avoque al conocimiento de la demanda de divorcio signada con el N° 2012-009659 cursante ante el Juzgado Vigésimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, y posteriormente en fecha 14 de junio de 2013, señalan que el mismo fue remitido al Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, signado bajo el N° AP71-R-2013-000603, en ocasión al recurso de apelación ejercido en contra de la sentencia dictada por el mencionado tribunal de municipio.

 

En fecha 11 de junio de 2013, se dio cuenta ante la Sala del expediente, asignándose la ponencia a la Magistrada que con tal carácter la suscribe, y siendo la oportunidad procesal correspondiente, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del avocamiento solicitado, en los términos siguientes:

 

-I-

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

Antes de entrar a resolver respecto a la primera fase del avocamiento, esta Sala de Casación Civil pasa a pronunciarse sobre su competencia a los fines de determinar si le corresponde o no el conocimiento de este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 numeral 1° y 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente desde su publicación en Gaceta Oficial N° 39.522 del 1 de octubre de 2010, que rigen la materia.

 

En este sentido, el referido artículo 31 en su numeral 1º, establece que:

“…Es de la competencia común de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley…”.

 

En concordancia con la norma antes transcrita, el artículo 106 eiusdem establece:

“…Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal…”.

 

Las normas señaladas ut supra, regulan la facultad de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia para avocarse, bien de oficio o a instancia de parte, a las causas que cursen ante otros tribunales de la República en las materias de su competencia y a su especialidad.

 

Sin embargo, cabe advertir que esa atribución debe ser ejercida con suma prudencia y solamente en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del poder judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido. (Avoc. de fecha 10-04-12, caso: MUEBLERÍA EL METRO S.R.L.).

 

Conforme a lo antes expuesto, la Sala observa que el solicitante fundamenta su petición de avocamiento así, “…en el indicado procedimiento se desaplica el artículo 185-A del Código Civil, y es que con ese proceder se instaura un procedimiento no previsto en la Ley (sic) para obtener la disolución del vinculo (sic), no solo para este caso, sino en general para cualquier otro, con lo que se trata de un caso en el que se rebasa el interés privado involucrado, causando confusión y desasosiego en la colectividad, capaz de afectar la paz social, la seguridad jurídica, o afectar de manera directa y ostensible el orden público y el interés público y social…”.

 

Por consiguiente, en atención al contenido y alcance de los artículos 31 numeral 1 y 106 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, esta Sala de Casación Civil es competente para conocer y resolver la presente solicitud de avocamiento. Así se establece.

 

 

 

-II-

ALEGATOS DE LA SOLICITANTE DEL AVOCAMIENTO

 

En el caso bajo examen, los hechos que según la solicitante justifican el avocamiento, en resumen son los siguientes:

“…DE QUE SE TRATA EL ASUNTO EN EL CUAL SE SOLICITA EL AVOCAMIENTO POR ESTA SALA CIVIL

“…El caso versa sobre un procedimiento de divorcio iniciado mediante solicitud presentada en fecha 17 de octubre de 2012, por el conyugue (sic) de nuestra patrocinada Señor VÍCTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.949.297, Presidente de los Bancos Occidental de Descuento (BOD) y Corpbanca, mediante la cual procedió a solicitar con fundamento en lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil, disolver el vínculo matrimonial que los une desde 1976. Dicho asunto le correspondió conocerlo al Tribunal Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del que es titular la Juez (sic) ANNA ALEJANDRA MORALES.

(…Omissis…)

Tramitado el referido asunto, y una vez emplazada nuestra representada de acuerdo a lo preceptuado en el propio artículo 185-A del Código Civil, invocado por el solicitante, el jueves 08 de noviembre de 2012 la Señora CARMEN LEONOR SANTAELLA DE VARGAS, compareció personalmente ante ese Tribunal (sic) y procedió a negar los hechos invocados, y expresamente pidió que se diera por terminada la referida solicitud.

 

 

(…Omissis...)

Posteriormente a ello, y en contravención a lo preceptuado en nuestro Código Civil vigente, en fecha 23 de noviembre de 2012 el Tribunal Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez (sic) ANNA ALEJANDRA MORALES, acordó abrir una articulación probatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, como si dicho asunto fuera contencioso. A partir de ese momento se procedió a hacer evacuar una serie de pruebas testimoniales y documentales en el juicio.

Ante tal abrupto proceder, esta representación recusó a la ciudadana Juez (sic) del Tribunal Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez (sic) ANNA ALEJANDRA MORALES, y por efecto de la recusación planteada el asunto pasó a ser conocido y tramitado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien procedió a admitir y evacuar las pruebas promovidas por la representación de la parte solicitante, Señor (sic) VÍCTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN.

Recibido el expediente por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, nuestra representada procedió a introducir un escrito indicando que sin convalidar el ilegal e inconstitucional trámite dado al asunto, habiéndose dado el curso a ese proceso de un procedimiento contencioso pese a ser una solicitud de jurisdicción voluntaria, como lo es el proceso a que se refiere el artículo 185-A del Código Civil, en todo caso y por efecto del dislate inexcusable cometido por la Juez (sic) Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ANNA ALEJANDRA MORALES, el proceso debía ser conocido entonces por los Juzgados de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito (como lo explicaremos luego), advirtiendo expresamente al Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que con vista a esa situación, las pruebas debían, en todo caso, ser evacuadas por esos Tribunales (sic) y no por él. Esta petición fue absolutamente desatendida.

Ahora bien, una vez evacuadas todas las pruebas promovidas por el solicitante, el indicado Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, planteó el conflicto de competencia -propuesto por nosotros-, pues en su criterio el asunto debía ser decidido por los Juzgados (sic) de Primera (sic) Instancia (sic) Civil (sic), Mercantil (sic) y del Tránsito (sic) de esta Circunscripción Judicial, ordenando la remisión del expediente a dichos Juzgados (sic), claro está con el expediente totalmente sustanciado desde el punto de vista de la instrucción (ilegal e inconstitucionalmente dada), y en estado de decisión. El Tribunal Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, refiere al declinar la competencia el día 17 de diciembre de 2012 que:

(…Omissis…)

Recibido el expediente por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el mismo fue recusado por esta representación, pasando los autos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que se inhibe, siendo remitidos los autos al Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial.

Dicho Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, ordena nuevamente la notificación del Ministerio Público y de nuestra representada, en fecha 14 de enero de 2013. Posteriormente, y estando aún en el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, la representación Fiscal consignó su opinión en fecha 22 de febrero de 2013, en la cual objetó la solicitud de divorcio presentada por el Señor VÍCTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN, dejando bien claro cuál era la posición del Ministerio Público en la materia, haciendo gala de la doctrina secularmente mantenida en este tipo de asunto por esa institución, así como la interpretación del artículo 185-A del Código Civil, solicitando expresamente el cierre y archivo del expediente, habida cuenta de que habiéndose negado los hechos por la cónyuge, constituiría una violación al debido proceso dar el trámite contencioso que se le estaba dando a este asunto. Indica el Ministerio Público en su opinión que:

(…Omissis…)

En fecha 28 de enero de 2013, es decidida la recusación planteada contra el Juez (sic) Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en virtud de lo cual el expediente que estaba siendo tramitado ante el Juzgado Octavo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, se remite nuevamente al Séptimo de Primera Instancia. Recibido el expediente el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el mismo en su decisión de fecha 26 de febrero de 2013, manifestó que el conocimiento del asunto no le correspondía a los Juzgado (sic) de Primera (sic) Instancia (sic), sino a los Juzgados (sic) de Municipio (sic) por tratarse en este caso de una solicitud no contenciosa, y por tanto, de Jurisdicción (sic) Voluntaria (sic), como era lo correcto, declarando su incompetencia y en consecuencia planteando un conflicto negativo de competencia, que hace llegar la causa al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Refiere la indicada decisión que:

(…Omissis…)

Ulteriormente y conociendo del conflicto de competencia planteado, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, procedió en fecha 10 de abril de 2013, a resolver el asunto, indicando que el mismo es un procedimiento de Jurisdicción (sic) Voluntaria (sic), y por tanto, no