SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. N° 2013-000144

 

Magistrada Ponente: AURIDES MERCEDES MORA 

 

En el juicio por partición y liquidación de comunidad hereditaria, interpuesto ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto, por los ciudadanos MARÍA ENRIQUETA TOVAR MEDINA, LEONCIA TOVAR DE SUÁREZ, SILVESTRE RIVERO, LUCÍA RIVERO DE LINÁREZ, MARÍA MÉRIDA RIVERO TOVAR, HILARIO ANTONIO RIVERO TOVAR, MANUEL SILVESTRE RIVERO TOVAR, EDGAR DOMINGO RIVERO TOVAR, MERCEDES ANER RIVERO TOVAR, HUMBERTO ADÁN RIVERO TOVAR, LEIDA JOSEFINA RIVERO TOVAR y ADELMO SILVESTRE RIVERO TOVAR, representados judicialmente por las abogadas Pastora Seiva Aguilar y Ludy Pérez, contra los ciudadanos WENSCESLAA TOVAR MEDINA, GABRIEL TOVAR MEDINA, MARINA DEL VALLE RIVERO TOVAR, representados judicialmente por los abogados Magaly del Carmen Rodríguez Sifontes, María Elena Suárez y Winder Francisco Montes, y la ciudadana MARÍA ESTELA TOVAR MEDINA, sin representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2012, en la cual declaró:

 

“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación intentada formulada por la abogado LUDY PÉREZ, Apoderada Judicial de la parte actora, realizada el 18 de mayo de 2011, contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 10 de mayo de 2011, donde el tribunal negó la solicitud de partidor con respecto a las acciones de la empresa “Supermercado Saduy C.A.”, en el presente expediente que se encuentra acumulado al juicio principal que también cursa en este Tribunal.

SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación intentada por los Abogados MARÍA ELENA SUÁREZ Y WINDER FRANCISCO MONTES, Apoderados Judiciales de los co- demandados Wensceslaa Tovar Medina, Gabriel Tovar Medina y Marina del Valle Rivero Tovar, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 07 de junio de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Tránsito de la Circunscripción judicial del Estado Lara.

TERCERO: CON LUGAR la pretensión de PARTICIÓN DE HERENCIA (…) En consecuencia, se advierte a las partes que al DÉCIMO (10mo.) día de despacho siguiente, contado a partir de que quede definitivamente firme la presente decisión, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.) tendrá lugar el acto para el nombramiento de Partidor, a quien se le advierte que a los ciudadanos MARÍA ESTELA TOVAR MEDINA, LEONCIA TOVAR DE SUÁREZ, WENSCESLAA TOVAR MEDINA, MARÍA ENRIQUETA TOVAR MEDINA, GABRIEL TOVAR MEDINA Y ROMELIA TOVAR DE RIVERO, les corresponde a cada uno el DIECISÉIS COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (16,66%) de los bienes que más adelante se señalan, que el ciudadano SILVESTRE RIVERO, en su condición de cónyuge de ROMELIA TOVAR DE RIVERO, en tanto que a los ciudadanos LUCÍA DE LINÁREZ, MARINA DEL VALLE RIVERO TOVAR, MARÍA MÉRIDA RIVERO TOVAR, HILARIO ANTONIO RIVERO TOVAR, MANUEL SILVESTRE RIVERO TOVAR, EDGAR DOMINGO RIVERO TOVAR, MERCEDES ANER RIVERO TOVAR, HUMBERTO ADÁN RIVERO TOVAR, LEIDA JOSEFINA RIVERO TOVAR Y ADELMO SILVESTRE RIVERO TOVAR, en su condición de descendientes de la también causahabiente ROMELIA TOVAR DE RIVERO les corresponde a cada uno el UNO COMA CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (1,51%).
CUARTO: La verificación de la partición deberá recaer sobre:
a. El inmueble constituido por unas bienhechurías con un área aproximada de doscientos noventa y cuatro metros con cincuenta centímetros cuadrados (294,50 m2), constituidas por un inmueble de 2 plantas que en su parte de abajo se construyó un local comercial con 2 baños y puerta santa maría y en la parte de arriba, el inmueble consta de 4 habitaciones, 3 salas de recibo, 3 baños, techo machihembrado, piso de cerámica, paredes de bloque, edificadas sobre un terreno ejido, ubicadas (…), y;

b. Sobre las 3.000 acciones de la sociedad de comercio “Supermercado Saduy, C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 24 de febrero de 1999, bajo el Nº 46, Tomo 8-A…”.

 

Contra el referido fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de los demandados, el cual fue admitido por el superior en auto de fecha 20 de febrero de 2013, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta en Sala en fecha 12 de marzo de 2013, correspondiendo la ponencia a la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

II

 

Esta Sala, con base en el principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes irrecuperables en la función jurisdiccional, considera necesario invertir el orden en que fueron explanadas las denuncias por defecto de actividad, pasando a decidir en primer lugar, lo planteado en la segunda del escrito de formalización, fundamentada en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se acusa la infracción por la recurrida de los artículos 15, 208, 212 y 402 eiusdem, por quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa.

 

La formalizante fundamentó su denuncia en lo siguiente:
 

“...El juzgador de alzada, al momento de decidir el recurso de apelación, incurrió en un quebrantamiento de formas que vulneran el derecho a la defensa de mis patrocinados al no reponer la causa al estado en que el Juez a quo cumpliera con la obligación de admitir y evacuar la prueba testimonial y de posiciones juradas. La recurrida declara sin lugar la apelación formulada por la parte demandada, ratificando la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y del Tránsito del Estado Lara, y establece en el dispositivo del fallo que la accionada no logró probar la propiedad de la segunda planta del inmueble al ser desechado en el acto de valoración de las pruebas el Título Supletorio del 18 de diciembre del año 1990, promovido por la demandada.

Al respecto el Juzgador de alzada arguyó:

“El anterior título supletorio para quien juzga, aplicando la doctrina anterior no se aprecia como prueba de propiedad a favor de Marina del Valle Rivero Tovar de la parte alta del inmueble objeto de controversia, por cuanto los testigos que le dieron contenido al título no ratificaron su declaración, lo que equivale a no promoverse prueba alguna testimonial, ya que la fe pública de los expresados títulos dimana y se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial dictado por un tribunal para asegurar algún derecho del solicitante...” (Subrayado propio)

Ciudadanos Magistrados, en la contestación de la demanda, como hechos constitutivos se alegó, que mi representada Marina del Valle Rivero Tovar es la propietaria de la casa construida en la segunda planta de las bienhechurías y que la posee desde hace veintiocho años, se invoca que la casa le pertenece por haberla construido a sus propias expensas, tal como se evidencia del Título Supletorio expedido a su favor en el año 1990, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara.

Para probar la propiedad de las bienhechurías se promovió, entre otras pruebas, posiciones juradas, prueba testimonial -los mismos testigos que dieron certeza en el título supletorio- con la que se ratificaría el contenido del título supletorio, y un documento de compra venta autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de Barquisimeto.

En el auto de admisión de pruebas de fecha 11 de noviembre de 2010, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, enunció procedente la oposición a la prueba de posiciones juradas y testimoniales promovidas por la parte demandada (oposición jamás formulada por la parte actora), declarando tales medios probatorios inadmisibles y desechándolos, por no haberse señalado en el escrito de promoción de pruebas el objeto de las mismas.

En base a esta negativa y contra el auto de admisión de pruebas emanado del a quo, el día 17 de noviembre de 2010, se ejerció el recurso de apelación respectivo; conociendo de la causa en alzada, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. Este juzgado en fecha 13 de Mayo de 2011 declaró con lugar la apelación interpuesta contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, de fecha 11 de Noviembre de 2010 que declaró la no admisión de la prueba de testigo y de posiciones juradas promovidas por la parte accionada y ordenó al a quo la admisión y evacuación de las expresadas pruebas.

…omissis…

Cabe destacar, que en fecha 25 de mayo de 2011, la decisión interlocutoria dictada por el Juzgado Superior Primero del Estado Lara, que ordenó admitir las pruebas y fijar la oportunidad para su evacuación; mediante diligencia, fue consignada en copias simples por ante el a quo; sin embargo el a quo obvió lo ordenado por el Superior y dicto sentencia definitiva, expresando en dicha sentencia lo siguiente:

“La apoderada demandada informó a este Juzgado que se dictó sentencia en la apelación signada con el expediente N° KPO2-R-2010-001319 y que se ordenó evacuar las pruebas de testigos y posiciones juradas, consignando copia simple. En fecha 27 de mayo de 2011, el Tribunal advirtió que una vez recibidas la resultas de la apelación interpuesta, proveerá lo conducente conforme lo dispone el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia tenía conocimiento de lo ordenado por el Superior, en fecha 07 de junio de 2011, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de partición y ordenando la partición de los bienes, incluyendo el inmueble propiedad de mi representada.

El sentenciador de primera instancia en la definitiva expresó:

…omissis…

Contra esta sentencia se interpuso el correspondiente recurso de apelación, siendo conocido por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Estado Lara; es importante destacar que esta apelación fue conocida por la misma alzada que decidió la interlocutoria.

Es oportuno precisar, que en la apelación contra la sentencia interlocutoria, en los informes presentados en el recurso contra la sentencia interlocutoria y los informes presentados en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva se alegó la violación del derecho a la defensa y se trajo a colación la sentencia de la Sala Casación Civil RC 00937 de fecha 13 de diciembre del año 2007, expediente N° 2006-000950, donde se ratificó los criterios de la Sala Constitucional de fecha 01 noviembre de 2001 (Caso ASODEVIPRILARA) y 27 de febrero del año 2003 (MARITZA HERRERA Y OTROS)

“Con esta justificación, la Sala dejó sentado que el requisito de indicación del objeto de la prueba en el acto de su promoción, no rige respecto de las pruebas testimoniales ni posiciones juradas, por cuanto la voluntad expresada por el legislador es que la oposición por manifiesta impertinencia debe ser ejercida después de enterada la prueba en autos, razón por la cual es necesario que la prueba sea incorporada al proceso”

Ahora bien, siendo que la norma procesal quebrantada es la contenida en artículo 402 del Código de procedimiento Civil, la recurrida debió ordenar la reposición de la causa al estado en que el a quo admitiera la prueba y ordenara lo conducente para su evacuación, por cuanto el sentenciador de primera instancia incumplió con lo ordenado por este Superior al dictar sentencia sin evacuar las pruebas testimoniales y de posiciones juradas.

Si bien es cierto que el quebrantamiento de las formas que menoscaban el derecho a defensa de mis patrocinados fue por parte del Juez a quo, no es menos cierto que juzgador de alzada, teniendo pleno conocimiento del quebrantamiento y en contra con la doctrina de nuestro Máximo Tribunal (arriba señalada) dictó sentencia ratifican la decisión dictada por el a quo, lesionando el sentenciador Superior el derecho a defensa de mis representados.

Lo peor del caso, es que el sentenciador de alzada consideró que la causa radicaba en no haberse valorado la prueba documental Título Supletorio, por cuanto los testigos que le dieron contenido al documento, no ratificaron sus declaraciones, lo que equivale a no promoverse prueba alguna testimonial y la parte contra quien obra no tiene necesidad alguna de tacharlo, ni de impugnarlo, porque la fe pública de ellos dimana, se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial dictado por un tribunal para asegurar algún derecho.

De manera que, el sentenciador de alzada al tener conocimiento del asunto en su totalidad por la apelación interpuesta debió decretar la reposición de la causa al estado en que el juez a quo fijara el plazo para la admisión y evacuación de las pruebas, a fin de hacer cumplir lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, al no haberlo hecho, quebrantó las formas procesales contenidas en los artículos 15, 208 y 212, la tutela judicial efectiva y la supremacía constitucional contenida en los artículos 26 y 257 de la carta magna.

La prueba es la exigencia esencial de los hechos alegados por las partes y el juzgador en alzada materializó un rompimiento del orden procesal que obviamente afecta el núcleo del debido proceso y el supuesto para corregirlo está instituido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.

…omissis…

Esta denuncia debe prosperar, por cuanto, si para el juez de alzada era elemental que los testigos que le dieron contenido al título supletorio ratificaran sus declaraciones, para una sana administración de justicia, no ha debido sentenciar la causa, sino declarar la nulidad de los actos írritos y reponer la causa al estado en que el juez de primera instancia cumpliera con la obligación de admitir y evacuar las pruebas testimoniales y las posiciones juradas, tal como lo ordenó en la sentencia interlocutoria de fecha 13 de mayo del año 2011, que era lo justo (y no lo hizo) como un acto procesal, en cumplimiento de la obligación que tiene de velar por la correcta administración de justicia, en lo que indiscutiblemente está interesado el orden público, sin necesidad de ser instado por la parte recurrente.

De ahí que, la posición del juez a quo, confirmada por la recurrida quebrantaron u omitieron la formalidad de admitir y evacuar la prueba de testigos con la que se ratificaría el contenido del título supletorio, vulnerando el derecho a la defensa de mis patrocinados al no garantizarles la igualdad de derechos de las partes de probar sus alegatos, escenario que constituye materia que compromete al orden público procesal, muy respetuosamente solicito se declare con lugar la presente denuncia y se reponga la causa al estado en que un nuevo juez dicte auto mediante el cual se admitan y se evacuen las pruebas, tal como lo ordenó el sentenciador ad quem en la decisión de la interlocutoria.

Ahora bien, sobre la denuncia en cuestión es menester referir que aun, cuando la prueba testimonial y las posiciones juradas resultaban determinantes para probar que la ciudadana Marina del Valle Rivero Tovar es la propietaria de las bienhechurías que reposan sobre la segunda planta del inmueble objeto de partición; y más aun cuando de los autos que rielan en el expediente se desprende solicitud hecha por esta representación al Tribunal ad quem de conformidad con lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil para que este en fuerza de la decisión que declara con lugar la apelación formulada pudiera proveer lo conducente para hacer evacuar tales pruebas, arguyo elementos de convicción que no eran cónsonos con el Derecho a la defensa de mi patrocinada, lesionando en forma flagrante el orden jurídico procesal y mas aun el debido proceso y derecho a la defensa de esta representación; motivos estos que son suficientes para denunciar como en efecto lo hacemos la infracción cometida por el Tribunal ad quem en la sentencia definitiva objeto del presente recurso…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega la formalizante que el sentenciador incurrió en el vicio de reposición no decretada, con infracción de los artículos 15, 208, 212 y 402 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto debió reponer la causa al estado de que el juzgado a quo admitiera y evacuara la prueba de testigos con la que se ratificaría el contenido del título supletorio, la cual es determinante para probar que la ciudadana Marina del Valle Rivero Tovar, es la propietaria de las bienhechurías que reposan sobre la segunda planta del inmueble objeto de partición, vulnerando así el derecho a la defensa de los demandados, al no garantizarles la igualdad de derechos de las partes de probar sus alegatos.

 

En este orden de ideas, la Sala en decisión N° 00998, de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Pablo Pérez Pérez contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., reiterada entre otras, en sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra, estableció lo siguiente:

“...en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.

En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

‘...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.’

Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.

Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.

Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic) menoscabó o lesionó su derecho de defensa.

Ello es así, porque la reposición no decretada conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.

En consecuencia, es posible que el juez de instancia hubiese incumplido o quebrantado alguna forma procesal sin que por ello proceda la reposición, pues es presupuesto indispensable que el acto no haya alcanzado su finalidad, que sea imputable al juez, que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas...”.

 

 

En atención al precedente jurisprudencial transcrito, queda claro que en materia de nulidad y reposición de los actos procesales, el Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad.

 

 

Con respecto de las denuncias de quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo del derecho a la defensa, particularmente al vicio de reposición no decretada comprendido en tales denuncias, cabe mencionar que la Sala en forma reiterada, ha establecido que el juez superior está obligado a reponer la causa para lograr la renovación de la actividad procesal no ejecutada por el sentenciador de primera instancia, de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, o expresado de otra manera, el juez superior debe declarar aun de oficio el quebrantamiento del referido artículo 208, cuando de la revisión de las actas procesales haya constatado un error en la actividad procesal de la instancia inferior. (Vid, sentencia de fecha 16 de enero de 2009, caso: Atl Internacional Llc contra sociedad mercantil Hospital Privado San Juan C.A, Exp. Nro. 2008-000343).

 

Ahora bien, el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

 

De la negativa y de la admisión de alguna prueba habrá lugar a apelación y ésta será oída en ambos casos en el solo efecto devolutivo.

Si la prueba negada fuera admitida por el Superior, el Tribunal de la causa fijará un plazo para su evacuación y concluido éste, se procederá como se indica en el artículo 511. Si la prueba fuere negada por el Superior, no se apreciará en la sentencia la prueba si hubiere sido evacuada…”. (Negritas de la Sala).

 

De la interpretación literal de la norma antes transcrita, se observa que de la negativa o admisión de las pruebas se oirá apelación en el solo efecto devolutivo, no obstante, si la prueba fuera declarada admisible por el superior, el juez de primera instancia deberá mandarla evacuar en un plazo fijado al efecto, vencido el mismo se computará el lapso para el acto de informes.

 

Al respecto, esta Sala cree conducente señalar, que el procedimiento de alzada se inicia cuando el juez a-quo, oye la apelación interpuesta, y dependiendo del caso, en un sólo efecto o en efecto devolutivo, esto a fin de que al juez de alzada a quien le corresponda el conocimiento del recurso de apelación, propicie un nuevo examen de la relación controvertida, pues, es su deber reexaminar tanto la cuestión de hecho planteada para establecer su dispositivo, mediante un razonamiento propio que dé cumplimiento al principio de la doble instancia, y establecer si ese pronunciamiento del juez del primer grado es ajustado o no a derecho, pues de no hacerlo, daría por cierto todos los hechos que debían ser sometidos a su revisión.

 

En el presente caso, la Sala considera pertinente hacer una narración de los actos ocurridos en el proceso, y a tal efecto observa:

 

En fechas 27 de octubre y 1 de noviembre de 2010, las representaciones judiciales de las partes, presentaron escritos de promoción de pruebas.

 

En fechas 4 y 8 de noviembre de 2010, las representaciones judiciales de las partes presentaron escritos de oposición a pruebas.

En fecha 11 de noviembre de 2010, se declaró improcedente la oposición formulada por la parte demandada a las documentales promovidas por la parte actora marcadas “E”, “G1”, “G2” y “H”; procedente la oposición a las inspecciones judiciales promovidas por la parte actora; improcedente la oposición formulada por la parte actora a las documentales promovidas por la parte demandada; improcedente la oposición a la prueba de informes y procedente la oposición a la prueba de posiciones juradas y testimoniales promovidas por la parte demandada.

 

En fecha 17 de noviembre de 2010, la representación judicial de la demandada apeló del auto de no admisión de la prueba de testigos y de posiciones juradas, la cual se ordenó oír en un solo efecto mediante auto de fecha 19 de noviembre de 2010.

 

En fechas 7 y 8 de febrero de 2011, la apoderada actora y de la demandada, respectivamente presentaron escrito de informes.

 

En fecha 10 de mayo de 2011, el juzgado a quo negó la solicitud de la parte actora de nombramiento de partidor con respecto a las acciones de la empresa Supermercado Saduy C.A.

 

En fecha 12 de mayo de 2011, el juzgado a quo negó la medida innominada solicitada por la parte demandante, por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

 

En fecha 16 de mayo de 2011, la apoderada actora interpuso recurso de apelación contra los autos dictados en fechas 10 y 12 de mayo de 2011.

 

En fechas 18 y 23 de mayo de 2011, el juzgado a quo acordó escuchar en un solo efecto ambas apelaciones.

 

En fecha 25 de mayo de 2011, la representación judicial de los codemandados, mediante diligencia informó al juzgado a quo que se dictó sentencia en la apelación signada con el expediente Nº KP02-R-2010-001319, y que en la misma se ordenó evacuar las pruebas de testigos y posiciones juradas, consignando copia simple de la sentencia.

 

En fecha 27 de mayo de 2011, el juzgado a quo advirtió que una vez recibidas la resultas de la apelación interpuesta, proveerá lo conducente conforme lo dispone el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

 

En fecha 7 de junio de 2011, el tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dictó sentencia definitiva en la cual declaró con lugar la partición de herencia y ordenó el nombramiento del partidor, sin hacer referencia alguna a las testimoniales ni las posiciones juradas promovidas por la parte demandada.

 

En fecha 20 de junio de 2011, los apoderados judiciales de los co-demandados, interponen recurso de apelación en contra de la referida sentencia, recurso que es oído por el a quo en ambos efectos, y se ordena su remisión a la Unidad y Recepción y Distribución de Documentos.

 

Por auto de fecha 29 de julio de 2011, el juzgado ad quem abre el lapso de cinco (5) días de despacho para que las partes ejerzan el derecho de solicitar asociados de conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, el lapso de pruebas establecido en el artículo 520 eiusdem; y, se fijó el lapso para el acto de informes.

En fecha 8 de agosto de 2011, los apoderados judiciales de los co-demandados, presentan diligencia ante el ad quem, en la cual exponen que el juzgado a quo, dictó sentencia definitiva el 7 de junio de 2011, sin esperar resultas de la apelación acerca de la admisión de la prueba, por lo que solicitan al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción judicial del Estado Lara, provea lo conducente para realizar la evacuación de las pruebas de testigos y posiciones juradas.

 

En fecha 12 de agosto de 2011, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción judicial del Estado Lara, dictó auto en el cual da a conocer a los co-demandados que dada la preclusividad de los lapsos procesales, no es posible en esa etapa procesal evacuar las testimoniales, tal y como se desprende de la siguiente transcripción:

 

“…Vista la diligencia de fecha 08 de agosto de 2011, suscrita por los abogados Magaly Rodríguez, Zinder Montes y María Elena Suárez, apoderados de la parte actora, donde solicitan que de conformidad con lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil se provea lo conducente para la evacuación de las pruebas que según sentencia de fecha 13-05-2011 fue ordenada su admisión; este Tribunal observa que dada la preclusividad de los lapsos procesales, no es posible en esta etapa procesal evacuar las mismas, máxime que en la comentada sentencia se ordenó evacuar unas testimoniales que de conformidad con lo establecido en el artículo 520 ejusdem no están permitidas en esta instancia y en relación a la prueba de posiciones juradas, la misma debe ser promovida y evacuada según lo establecido en el primer aparte del artículo in comento. Por tanto, se niega lo peticionado…”. (Negrillas de la Sala).

 

Mediante diligencia de fecha 19 de septiembre de 2011, la representación judicial de los demandados, ratifican su solicitud de que el tribunal provea lo conducente para la evacuación de las pruebas ya admitidas.

 

En fecha 6 de octubre de 2011, tuvo lugar el acto de evacuación de posiciones juradas contra el co-demandante Silvestre Rivero, y en fecha 11 de octubre de 2011, los apoderados judiciales de las partes presentaron los escritos de informes.

 

Ahora bien, con respecto a las testimoniales promovidas por los demandados y admitidas en sentencia de fecha 13 de mayo de 2011, el juez de alzada en su sentencia definitiva se circunscribió a establecer lo siguiente:

 

“…Con la contestación de la demanda promueve los siguientes:

1. Original de Título Supletorio de la ciudadana Marina del Valle Rivero Tovar, el cual fue presentado en copia simple en la contestación de la demanda. Original de diligencia de Fecha 06 de Octubre del 2010, dirigida al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en la que se solicita al Tribunal se deje constancia que en los libros llevados en el mismo en el año 1990, se encuentra inserta la declaración de un Título de Propiedad a favor de Marina del Valle Rivero Tovar. Esta constancia se expide por cuanto el original se encontraba extraviado. Copia certificada del Libro de los Títulos Supletorios llevados por ese Juzgado en el año 1990 en el que se deja constancia que en folio 55 Nº 1428, se encuentran insertos el expediente KP02-S-2010-1428 a favor de Marina del Valle Rivero Tovar, los anteriores recaudos están dirigidos a demostrar a través de un título supletorio, que la ciudadana Marina del Valle Rivero Tovar construyó a sus propias expensas las bienhechurías de la planta alta del inmueble en controversia. Ahora, bien, sobre la valoración probatoria del título supletorio, la Sala de Casación Civil en fallo de fecha 22 de julio de 1987, caso Irma Orta de Guilarte contra Pedro Romero, estableció la siguiente doctrina:

 …omissis…

El anterior título supletorio para quien juzga, aplicando la doctrina anterior no se aprecia como prueba de propiedad a favor de Marina del Valle Rivero Tovar de la parte alta del inmueble objeto de controversia, por cuanto los testigos que le dieron contenido al título no ratificaron su declaración, lo que equivale a no promoverse prueba alguna testimonial, ya que la fe pública de los expresados títulos dimana y se limita al hecho de haber declarado los testigos sobre determinados particulares y a la existencia de un decreto judicial dictado por un tribunal para asegurar algún derecho del solicitante. Además dicho documento no está registrado, no produciéndose ningún efecto respecto a terceros hasta que sea registrado, ya que así lo establece el artículo 1924 del Código Civil, así se declara.

…omissis…

Así las cosas, es importante destacar a este respecto que no existe discusión que la construcción de las bienhechurías ubicadas en la parte baja del inmueble objeto de controversia, fueron realizadas por el causante Anselmo Tovar Medina, lo cual fue reconocido y aceptado por la parte demandada, pero no está acreditada la propiedad de la segunda planta del inmueble, ya que la demandada no logró probar tal condición, ya que como se demostró up supra el Título Supletorio 18/12/1990, promovido por la demandada fue desestimado en el acto de valoración de las pruebas…”. (Negrillas de la Sala)

 

De la precedente transcripción puede observarse, que el juez de alzada desestimó el titulo supletorio consignado por la parte demandada, como prueba de propiedad a favor de Marina del Valle Rivero Tovar de la parte alta del inmueble objeto de controversia, por cuanto los testigos que le dieron contenido al título no ratificaron su declaración, pronunciamiento que deja en estado de indefensión a la parte demandada, pues ésta  promovió oportunamente las testimoniales que ratificaban el referido titulo, y que fueron debidamente admitidas por decisión de fecha 13 de mayo de 2011, más no evacuadas ni debidamente controlada por las partes, por cuanto el a quo no cumplió con lo dispuesto en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

 

De modo que, el juez superior en la sentencia recurrida, en lugar de corregir el vicio, y reponer la causa a los fines de la incorporación de las pruebas al proceso, dictó una decisión que vulnera el derecho a la prueba que tiene la parte demandada, al impedir que los medios probatorios promovidos por éste fueran incorporados al proceso produciéndole una indefensión, púes éste tenía el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, la cual se vio conculcada al negar la incorporación oportuna y necesaria de las pruebas en el proceso, pues como antes se dijo la prueba forma parte del derecho a esa tutela.

 

En consecuencia, dado que el juez dejó de restablecer la situación jurídica infringida, quedando así vulnerado el derecho a la defensa de la parte demandada, lo cual evidencia que el juez de la recurrida incurrió en el vicio de reposición no decretada, cuya figura constituye una de las modalidades del vicio de quebrantamiento de formas sustanciales de los actos procesales, por cuanto no declaró la reposición de un acto viciado de nulidad.

 

Por todo lo antes expuesto, esta Sala de Casación Civil anula las sentencias dictadas en ambas instancias así como todas las actuaciones cumplidas con posterioridad a la diligencia de fecha 25 de mayo de 2011; en consecuencia repone la causa al estado de que el tribunal a quo se pronuncie sobre la admisión y evacuación de las pruebas de testigos y posiciones juradas promovidas por la parte demandada, tal como lo ordenó la sentencia de fecha 13 de mayo de 2011.

 

En consecuencia, se declara procedente la denuncia de los artículos 15, 208 y 402 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

Al haberse encontrado procedente una denuncia infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias formuladas en el escrito de formalización del presente recurso de casación, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se declara.

           

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, de fecha 27 de noviembre de 2012. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida y la decisión dictada por el juez de primera instancia en fecha 7 de junio de de 2011, así como todas las actuaciones cumplidas con posterioridad a la diligencia presentada por la parte demandada en fecha 25 de mayo de 2011 y ORDENA al juez de primera instancia la admisión y evacuación de las pruebas de testigos y posiciones juradas promovidas por la parte demandada, todo de conformidad con el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil.

 

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión dictada.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Lara, en la ciudad de Barquisimeto, participando dicha decisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala  de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los veintinueve (29)  días del mes de julio de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada Ponente, 

 

 

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AURIDES MERCEDES MORA

Magistrada,

 

 

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YRAIMA ZAPATA LARA

 

Secretario,

 

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CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

RC N° AA20-C-2013-000144

NOTA: Publicada en su fecha, a las

 

 

Secretario,