SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. N° 2012-000651

 

Magistrada Ponente: AURIDES MERCEDES MORA

 

En la incidencia sobre apelación de cuestiones previas, en el juicio por nulidad de capitulaciones matrimoniales, intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, por la ciudadana MARISA CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ, representada judicialmente por los abogados Ángel José del Nuncio y Norelys Katerin Acosta Peña, contra el ciudadano JUAN FEBLES ARMAS, representado judicialmente por los abogados Juan Carlos Ruggiantoni Padrón, Egberto Rivas Ojeda y Judith Carrera Díaz; el Juzgado Superior Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, Estado Aragua, dictó sentencia definitiva en fecha 09 de agosto de 2012, en la cual declaró: 1) Sin lugar la apelación, 2) Con lugar la cuestión previa opuesta referida al artículo 346 ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil y por vía de consecuencia declaró la nulidad de todo el procedimiento de Nulidad de las Capitulaciones Matrimoniales, en razón de ello se confirmó la decisión apelada, y se condenó a pagar las costas del proceso de conformidad con el artículo 274 eiusdem.

 

Contra la mencionada sentencia del juzgado de alzada, la representación judicial de la parte actora, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado e impugnado. No hubo réplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta ante la Sala el día 31 de octubre de 2012, correspondiendo la ponencia al Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez.

 

Con motivo del vencimiento del período constitucional de los Magistrados Antonio Ramírez Jiménez y Carlos Oberto Vélez, se convocó respectivamente a las Magistradas Suplentes designadas por la Asamblea Nacional, Aurides Mercedes Mora e Yraima Zapata Lara, quedando reconstituida la Sala de Casación Civil de la siguiente manera: Magistrada Yris Peña Espinoza, Presidenta; Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, Vicepresidenta; Magistrado Luís Antonio Ortíz Hernández, Magistrada Aurides Mercedes Mora y Magistrada Yraima Zapata Lara.

 

En fecha 23 de enero de 2013, la Presidenta de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, asignó la ponencia de la presenta causa a la Magistrada Dra. Aurides Mercedes Mora, en virtud de la falta absoluta producto de la culminación del período constitucional de doce (12) años del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, y con tal carácter suscribe el presente fallo, en los siguientes términos.

 

RECURSO DE CASACIÓN

POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15 y 60 del Código de Procedimiento Civil, y 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por incurrir en menoscabo al derecho de la defensa, por infracción del debido proceso.

 

Textualmente alega el formalizante lo siguiente:

“…Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio el quebrantamiento por parte de la recurrida de los artículos 15 y 60 eiusdem, y 26, 49 y 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por haberse infringido el orden público procesal, y con tal subversión el debido proceso, que me ha generado un estado de indefensión; dado que, a pesar de ser incompetente por la materia la juez de la recurrida, dictó sentencia en la presente causa.

En efecto, en el presente juicio la Juez del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quien tiene competencia exclusiva en la materia contencioso administrativa, profirió decisión en fecha 9 de agosto de 2012, sin que le haya sido atribuida la materia de civil (familia).

Por esa razón, estimo que con tal modo de proceder se me privó el derecho de ser juzgado en alzada por mi juez natural, que es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quedando vulnerados por vía de consecuencia mis derechos y garantías constitucionales, especialmente los previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al quebrantarse mi derecho a la defensa y el debido proceso, además de la garantía del juez natural.

…omissis…

Por su parte, esta Sala de Casación Civil, en varias oportunidades, ha señalado que la competencia constituye un requisito de validez para el pronunciamiento de una sentencia válida.

…omissis…

En efecto, la competencia, pues, tiene como característica fundamental que es de orden público, razón por la cual es inderogable, indelegable y es en presupuesto de mérito para la sentencia, es decir que la competencia, en el ordenamiento procesal vigente, es un requisito sine qua non para la eficacia del pronunciamiento de una decisión válida; es por ello, que la sentencia que dicte un juez incompetente resulta nula. La excepción, es la competencia por el territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, que no es aplicable al caso que nos ocupa.

Por ende, la competencia sin lugar a dudas, constituye un requisito de validez para el pronunciamiento de una sentencia válida, por lo tanto, la sentencia dictada por un juez incompetente debe reputarse nula y no puede surtir efectos jurídicos, de lo contrario, resultarían transgredidos los numerales 3 y 4 del artículo 49 de la Constitución.

…omissis…

Por las razones señaladas, planteamos la siguiente denuncia de subversión del orden público procesal, para que la Sala, de encontrarla procedente, ordene la nulidad de la recurrida y la reposición de la causa al estado de dictarse nueva sentencia de alzada por la juez natural, esto es, por la juez superior en lo civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial…”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que su derecho a la defensa se encuentra vulnerado, en cuanto a que no fue juzgado por su juez natural, pues la decisión hoy recurrida, fue dictada por la Juez del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quien tiene competencia exclusiva en la materia contencioso administrativa, y sin que le haya sido atribuida la materia civil (familia).

 

En ese sentido, se evidencia -según el formalizante-, que con tal modo de proceder se me privó (sic) el derecho de ser juzgado en alzada por mi juez natural, que es el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quedando vulnerados por vía de consecuencia mis derechos y garantías constitucionales, especialmente los previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Al respecto, la Sala evidencia, que la sentencia hoy recurrida ante este Alto Tribunal, fue dictada en fecha 9 de agosto del 2012, por el Juzgado Superior Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, Estado Aragua.

 

Ahora bien, conforme a lo expresado en las líneas anteriores resulta necesario destacar, que el principio del juez natural consagrado en el ordinal 4º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser la expresión del debido proceso constitucional en la que el Estado a través de los órganos integrantes del Poder Judicial se obliga a garantizar a toda persona “…el derecho a ser juzgada por jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales…”.

 

En sintonía con lo anterior, esta Sala en sentencia Nro. 413 de fecha 27 de julio de 2009, caso: María Adriana Ferreira Sosa contra Antonio de Jesús Da Rocha Grenlo, sostuvo en relación con el derecho de ser juzgado por juez natural en atención al principio de competencia material como presupuesto de validez de toda sentencia, lo siguiente:

 

 

“…En ese sentido, cabe destacar que la competencia por la materia, específicamente, comporta verdaderos límites a la función jurisdiccional, dispuestos constitucionalmente para garantizar, entre otros, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, así como el pleno respeto al derecho al debido proceso y dentro de éste al derecho de defensa de las partes en cualquier proceso.

Sobre el particular, este Máximo Tribunal en Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 19 de febrero de 2004, caso: Pedro José Troconis Da Silva, interpretó el alcance del derecho a ser juzgado por el juez natural. Así, la mencionada decisión estableció lo siguiente:

‘…La jurisdicción entendida como la potestad atribuida por la ley a un órgano del Estado para dirimir conflictos de relevancia jurídica, con un procedimiento predeterminado, siendo el órgano capaz de producir cosa juzgada susceptible de ejecución, es ejercida por los Tribunales ordinarios y especiales.

A estos Tribunales la ley, o la interpretación judicial que de ella se haga, les asigna un ámbito específico que vincula a ellos a las personas que realizan actividades correspondientes a esas áreas o ámbitos. Se trata de un nexo entre las personas que cumplen esas actividades, y los Tribunales designados para conocer de ellas. Así, aunque la jurisdicción es una sola, la ley suele referirse a la jurisdicción militar, laboral, agraria, etc., para designar las diversas áreas en que se divide la actividad jurisdiccional por razones de interés público. Esto conduce a que los derechos de las personas relativos a las diversas actividades que tutela la jurisdicción, para que les sean declarados en casos de conflicto, tengan que acudir a los órganos jurisdiccionales que les correspondan, y así los militares, en lo concerniente a los asuntos militares, acuden a los Tribunales militares; los trabajadores a los laborales, los menores a los Tribunales de Menores, etc.

Los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, son los jueces naturales, de quienes se supone conocimientos particulares sobre las materias que juzgan, siendo esta característica, la de la idoneidad del juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dentro de estas parcelas, los distintos órganos jurisdiccionales a que pertenecen ellas, se distribuyen el conocimiento de los casos según las reglas de la competencia, bien sea por la cuantía, el territorio o la materia.

Para evitar un caos, y ordenar la administración de justicia, hay reglas de competencia que se consideran de orden público y son inderogables, mientras que hay otras que no lo son. La competencia por la materia se encuentra entre las primeras...’.

De la sentencia parcialmente transcrita, se evidencia que el concepto de juez natural alude precisamente a la idoneidad de los jueces, en atención a ciertos criterios objetivos entre ellos el de competencia, que supone conocimientos particulares sobre las materias que le corresponden conocer, por tanto, dichas reglas resultan inderogables por las partes y son consideradas de estricto orden público…”. (Negritas y cursiva de la Sala).

 

 

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se desprende que el legislador estableció la protección del juez natural en su elemento competencia, con el propósito de salvaguardar intereses de orden público, fundamental para garantizar una justicia idónea enmarcada dentro del debido proceso. Por tal motivo, la especialidad en la materia, supone tanto el conocimiento acertado del juez para conocer las causas o asuntos afines a las funciones particulares y específicas atribuidas mediante ley, como la certeza y posibilidad de obtener una decisión ajustada a derecho en la que se pueda determinar el contenido y extensión de los derechos otorgados o reconocidos.

 

No cabe la menor duda que en el marco de los mecanismos procesales y de las garantías jurisdiccionales, existe la necesidad de que los jueces ordinarios predeterminados por la ley e investidos de jurisdicción y competencia, y con potestades constitucionales tienen el deber de aplicar el ordenamiento jurídico vigente para garantizar a los justiciables un proceso, “…gratuito, accesible, imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo y expedito, sin dilaciones indebidas…” en la que pueda ofrecerle una tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

 

Establecido lo anterior, la Sala observa que en el caso particular, el Juzgado Superior Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, Estado Aragua, conoció de la controversia planteada que tiene que ver con la nulidad de unas capitulaciones matrimoniales, la cual es una materia esencialmente civil, sobre la cual a decir del formalizante el citado Juzgado no tenía competencia por la materia.

 

En ese sentido, advierte esta Sala que los Tribunales Superiores con competencia civil y contencioso administrativa tienen su fundamento en el artículo 181, Titulo VII de las Disposiciones Transitorias de la derogada Ley de la Corte Suprema de Justicia publicada en Gaceta Oficial Nº 1.893 Extraordinario de 30 de julio de 1976, el cual atribuyó transitoriamente a los Juzgados Superiores Civiles la competencia en materia contencioso administrativa para conocer “…en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, sin son impugnados por razones de ilegalidad…”, hasta tanto se dictara la ley que organizaría la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

 

Así, mediante el decreto Nro. 2.057 de fecha 8 de marzo de 1977 dictado por el Ejecutivo Nacional y publicado en Gaceta Oficial Nro. 31.201 del 23 de marzo del mismo año, se crean Tribunales Superiores con competencia Civil con el propósito de descongestionar las excesivas acumulaciones de causas y se le distribuyó a los mismos la competencia Contencioso Administrativa en ocho regiones en razón del territorio.

 

 

En concordancia con ello, la Sala considera oportuno citar el criterio reciente sostenido en ponencia conjunta de sentencia Nro. 165, de fecha 12 de abril de 2011 caso: Hotel Los Mares, S.R.L., contra Cira Josefina Márquez Escalona. A tal efecto, expresó:

 

“…Ahora bien, conviene precisar que no es cierto lo afirmado por la jueza provisoria del Tribunal Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, para desprenderse del conocimiento de la causa, respecto de que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo le hubiese suprimido la competencia civil a ese órgano jurisdiccional.

Por el contrario, la referida Ley Orgánica lejos de afectar la competencia civil de esos tribunales, ordena la creación de tribunales para conformar la jurisdicción contencioso administrativa. En efecto, en la disposición transitoria primera establece que ‘…El Ejecutivo Nacional incluirá en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos económicos necesario para la creación y funcionamiento de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa…’. (Resaltado de la Sala).

Aunado a ello, en la disposición transitoria Tercera dispone que ‘…el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, a solicitud de la Sala Político Administrativa, podrá modificar la nomenclatura de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a esa Ley…’, como serían las Cortes Primeras. Esta norma en modo alguno podría ser aplicable a algún tribunal que hubiese sido creado originalmente de naturaleza civil y se le hubiese atribuido transitoriamente la competencia contencioso administrativa a que se refería los artículos 181 y 182 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esto es: mientras se crean y organizan los tribunales de esa jurisdicción especial, y menos aún que se acuerde la supresión de una competencia por la materia, sin ley que acuerde, ni acto previo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, que así lo establezca.

Por consiguiente, la afirmación del juez superior respecto de que fue suprimida la competencia civil, no tiene base legal alguna, ni acto alguno por parte de este Tribunal Supremo de Justicia, actuación esta que ha originado graves trastornos procesales y ha afectado el funcionamiento y organización de los tribunales civiles, con motivo de lo cual la Sala se permite hacer las siguientes consideraciones:

En fecha 8 de marzo de 1977, el Ejecutivo Nacional dictó Decreto N° 2.057, publicado en Gaceta Oficial N° 31.201, del 23 de marzo de ese mismo año, en cuyos considerandos expresó:

‘…Que la mayoría de los Tribunales Superiores con competencia en lo Civil, conoce también de asuntos mercantiles, penales, del tránsito, del trabajo y de menores, lo cual implica una actividad compleja y difícil cuyo volumen aumenta diariamente…

…Que el exceso de trabajo existente en la actualidad en dichos tribunales hace indispensable la creación de otros, de igual grado, en varias circunscripciones judiciales…”.’

En esa oportunidad, fueron creados Tribunales Superiores con competencia en lo Civil, a los cuales les fue atribuida competencia mercantil, y además de ello el conocimiento de la materia Contencioso Administrativa de conformidad con el régimen de transitoriedad establecido en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, a los cuales se les distribuyó dicha competencia en razón del territorio, en ocho regiones diferentes. De forma clara indica el decreto que la creación de esos tribunales persigue la desconcentración del volumen de conocimiento de causas de los tribunales civiles, lo cual hace indispensable la creación de otros (tribunales Civiles) de igual grado en varias circunscripciones judiciales.

Asimismo, el referido decreto hace referencia a las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo artículo 181 establece que ‘…Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, sin son impugnados por razones de ilegalidad…’, lo cual denota un régimen de carácter transitorio mediante el cual se le atribuyó la competencia contencioso administrativa a los Juzgados Superiores Civiles, mientras se dicte la Ley que organice la jurisdicción contencioso administrativa.

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura dictó la Resolución No 88 publicada en la Gaceta Oficial No. 35664 del 1º de Febrero de 1995, la cual modificó en su artículo 1 mediante la Resolución N° 235 de fecha 24 de abril de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 35.715 el 22 de mayo de 1995, en la cual estableció:

‘…CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia regula transitoriamente la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, atribuyendo a los juzgados superiores con competencia civil el conocimiento de los asuntos a los que se refieren sus artículo 181 y 182…”

RESUELVE

Artículo 1.- Mientras se dicte la Ley que organice la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y con el fin de establecer los tribunales superiores que conocerán esta materia, se divide el territorio nacional en once circunscripciones judiciales…”. (Resaltado de la Sala).’

Ambos decretos no dejan margen de interpretación a la duda: se trata de tribunales superiores civiles a los que les ha sido atribuido en forma transitoria la competencia contencioso administrativa para conocer exclusivamente de las materias reguladas en los artículos 181 y 182 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En este último decreto se suprime la competencia mercantil a los juzgados superiores civiles creados en el anterior decreto, y son adicionados otros tribunales como el de la Región Central (Aragua y Guárico), que tuvo origen en uno de los dos tribunales creados en el decreto anterior para la Región Capital.

Cabe igualmente mencionar respecto de las Regiones Bolívar y Amazonas, creadas en ese decreto, que a los juzgados superiores civiles existentes, se les atribuyó la competencia contencioso administrativa, siendo que en la primera de las nombradas regiones, el tribunal superior civil –al que se le atribuyó transitoriamente la competencia contencioso administrativa- detentaba igualmente las competencias mercantil, del tránsito, del trabajo y de menores, y en la región Amazonas, el tribunal superior civil, también ejercía las competencias en materia mercantil, penal, del tránsito del trabajo y menores.

De manera que estamos en presencia de tribunales superiores civiles a los cuales les fue atribuida transitoriamente la competencia contencioso administrativo, conforme a las resoluciones ya mencionadas.

Precisamente acorde con ello, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su disposición transitoria primera establece que el Ejecutivo Nacional debe incluir en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos económicos necesarios para la creación y funcionamiento de los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Estas consideraciones ponen de manifiesto que los Tribunales Superiores Civiles a los que les fue atribuida transitoriamente la competencia contencioso administrativa, no han perdido su competencia natural en materia civil, razón por la cual esta Sala censura la conducta asumida por el juez que declinó la competencia, quien actuó sin base legal y en ausencia de alguna Resolución fundada de la Sala Plena de este Supremo Tribunal, actuando como órgano de dirección y gobierno del Poder Judicial. Así se establece…”. (Negritas, cursivas y mayúsculas de la sentencia).

 

 

Conforme al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, que la Sala reitera en el caso concreto, se desprende que los Juzgados Superiores -distribuidos en las ocho regiones a nivel nacional en razón del territorio- son de naturaleza civil en la que posteriormente se les atribuyó de manera “…transitoria…” la competencia contencioso administrativa, hasta tanto se creara la ley que organizaría la jurisdicción contencioso administrativa. En virtud de ello, mal podría considerarse que los referidos juzgados superiores perdieron su competencia material originaria -que no es otra que la civil- con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y más aún cuando de las disposiciones transitorias de la mencionada Ley Orgánica, se establece en forma taxativa, clara y precisa, “…la creación y funcionamiento de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa...”, en la cual el Ejecutivo Nacional deberá incluir en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal los recursos económicos necesarios para la conformación y organización de los mismos. (sentencia N° 710, fecha 7 de diciembre de 2011, caso: MANUEL DE LOS SANTOS URQUIOLA, contra la ciudadana YSABEL DE JESÚS ROCHE ALVAREZ).

 

En virtud de los razonamientos antes expresados, esta Sala considera que el Tribunal competente para conocer de la apelación de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, era el Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, como efectivamente ocurrió.

 

En consecuencia, y en virtud de lo antes expuesto se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

 

II

 

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15 y 60 eiusdem por incurrir en el vicio de reposición no decretada.

 

Por vía de fundamentación, el formalizante textualmente alega lo siguiente:

 

“…En efecto, en el caso de autos, la Dra. LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, declaró en fecha 21 de noviembre de 2011, LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, porque a su juicio era forzoso que transcurrieran los noventa (90) días de declarada la perención.

Por su parte, la juez de la recurrida en su fallo de fecha 9 de agosto de 2012, dejó expresamente establecido, lo siguiente:

“...SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, PROFERIDA EN FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010 POR LA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, DICTADA EN EL EXPEDIENTE 41083.

Alega la parte apelante que, la Perención de la Instancia, proferida en la decisión de fecha 19 de octubre de 2010 por la Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta misma Circunscripción Judicial, quebrantó flagrantemente el criterio sentado por la Sala de Casación Civil, manifestando que “no se puede declarar la perención de la instancia si las partes ya se han hecho partes y han convalidado y hecho sus alegaciones y defensas, pues con ello se evidencia que los actos procesales cumplieron la finalidad para cual estaba destinado (...)“, aduciendo asimismo que, dicha decisión le vulneró sus derechos “siendo tales violaciones de tal magnitud que se vulneraron derechos de primer orden, como lo son el derecho de defensa u (sic) debido proceso”. Por lo que solicitada (sic) a este juzgado de alzada anule la sentencia de fecha 19 de octubre de 2010 dictada en el expediente 41083.

En este sentido, no puede dejar de advertir este Tribunal Superior, que la parte apelante pretende mediante el presente recurso de apelación se revise y se anule una sentencia distinta a la decisión objeto del presente recurso de apelación, por cuanto se desprende a toda luces que la referida decisión que declaró la Perención de la Instancia de fecha 19 de octubre de 2010 en el expediente 41083, es: una decisión que fue dictada en una causa interpuesta en espacio, lugar y tiempo diferentes a la pretensión que dio pie a la decisión hoy apelada, es decir, que la sentencia de fecha 19 de octubre de 2010 fue dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Estado Aragua dentro en un procedimiento incoado y sustanciado por dicho juzgado signado bajo el Nro. 41083, donde el hoy apelante pudo en su oportunidad ejercer los recursos previstos en nuestra legislación contra la referida decisión, si consideraba que la misma le lesionaba sus derecho, y al no hacerlo, debe entenderse que se conformó con la declaratoria de perención, siéndole aplicable el principio de preclusión de los actos, siendo ello así considera este Tribunal Superior, que la parte actora actuó inapropiadamente al plantear en esta alzada, la revisión de un auto, que por su inactividad, había quedado firme, pues teniendo la posibilidad de atacar la misma con los recursos pertinentes para ello en su oportunidad procesal no lo hizo, pretendiendo utilizar el presente recurso para suplir recursos no ejercidos debidamente.

En tal sentido, considera necesario quien aquí decide de manera didáctica señalar, que conforme al contenido del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, “los actos procesales se realizaran en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales”, lo cual denota que los actos del procedimiento deben realizarse en la forma prevista en este Código y en leyes especiales; con lo cual, dicha norma consagra el principio de legalidad de las formas procesales, en cuya aplicación se encuentra la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo en la manera preestablecida en la ley, no siendo en consecuencia disponible por las partes o por el juez subvertir o modificar el trámite ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos procesales.

De allí, que no sea potestativo de los juzgadores subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público. Dentro del conjunto de garantías que conforman la compleja noción del debido proceso, entendido en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad de las formas procesales que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano, donde está excluido el principio de libertad de las formas procesales. Tal garantía, atiende al mismo tiempo al principio de seguridad jurídica que ha de regir las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado, específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes. En consonancia con lo antes indicado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el numeral 4 de su artículo 49 el derecho de toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Asimismo, el Texto Constitucional establece en el primer aparte de su artículo 253, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, previsión que resulta complementada por lo establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual los actos procesales han de realizarse en la forma prevista en el referido texto legal, y en las demás leyes especiales, por lo que el Juez, sólo cuando la ley no señale la forma de realización de un acto, podrá admitir y aplicar aquella que considere idónea para lograr los fines del mismo.

Así las cosas, cabe destacar que luego de dictada una sentencia, las partes dentro del lapso previsto en la Ley, tienen la posibilidad de atacar la misma con los recursos pertinentes para ello, so pena de que no ejercerlos, la sentencia quedará definitivamente firme, el cual contiene una verdad inapelable y definitiva, ya que contra ella no procede recurso alguno dándole esto el carácter de definitivamente firme, antes mencionado. Es por ello, que ningún juez puede volver (sic) decir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ordinal 7°.  Por todo lo anteriormente expuesto, y por cuanto los Jueces de la República, al momento de admitir, tramitar y decidir la controversia sometida a su consideración, deben, actuar ajustados a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso, pues en caso contrario estarían vulnerando el principio de legalidad de las formas procesales, al subvertir el orden procesal establecido en la ley, y en consecuencia estarían actuando fuera de su competencia, con evidente abuso de poder, quien aquí decide, debe forzosamente declarar improcedente la solicitud de nulidad y el alegato expuesto por el apelante relacionado con la decisión dictada en el expediente 41083 en fecha 19 de octubre de 2010 por la juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta misma Circunscripción judicial, la cual declaró la Perención de la Instancia en el referido expediente, toda vez que ello conllevaría al quebrantamiento de disposiciones sobre el tiempo y modo de los actos procesales y sus decisiones, por cuanto se pretende utilizar el presente recurso para suplir recursos no ejercidos debidamente, y Así se decide.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO DEBATIDO

En el asunto de autos, el objeto del recurso de apelación ejercido lo constituye la sentencia emitida el 21 de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaró Con Lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta en fecha 07 de abril de 2011, por el apoderado judicial de la parte demandada abogado JUAN CARLOS RUGGIANTONI PADRÓN, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 29.769 y, como consecuencia de ello, declaró extinguido el procedimiento de Nulidad de Capitulaciones matrimoniales incoado por la ciudadana MARISA CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ, contra el ciudadano JUAN FEBLES ARMAS de conformidad con lo establecido en el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, decisión ésta que tuvo sus base en el hecho de que no habían transcurrido los noventa (90) días establecidos en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil para volver a proponer la demanda después de verificada la perención, señalando -en su texto- que la parte accionante ejerció dicha acción antes del vencimiento del lapso de noventa (90) días que si igualmente se computara el lapso de los noventa (90) días una vez quedó firme la decisión dictada en fecha 19 de octubre de 2010, los mismos no vencieron antes del 11 de enero de 2011, por lo tanto existe una causal de inadmisibilidad.

En este sentido, y como quiera que la cuestión a dilucidar en el caso bajo examen, es determinar si la Jueza “A Quo” actuó o no ajustada a derecho en la sentencia recurrida en la que declaró con lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 110 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de ello, confirmar, modificar o revocar dicho fallo, quien aquí decide considera que lo discernido debe ser valorado atenida a los pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados por la Sala de Casación Civil, en lo que respecta a la forma de computar el lapso establecido en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, destacándose en sentencia N° RC-596 de fecha 22 de septiembre de 2008, expediente 2007-566, caso: Luís Pérez Martínez contra Aletta Serafina Romer Kolster, que reitera el criterio de la extinta Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, reseñado en sentencia N° RC-428, de fecha 15 de julio de 1999, Exp: 1998-272, caso: Banco Provincial S.A., Banco Universal contra The King Ranch Of Venezuela Corporation, C A, en la que se, establecio lo siguiente:

…Omissis…

Ahora bien, a pesar de habérsele señalado en los informes que la Doctora LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, no ha debido dictar sentencia por ser incompetente, al encontrarse en esta Sala el conocimiento de un recurso de casación propuesto contra la declaratoria sin lugar de una sentencia de recusación; era forzoso para la Juez de Alzada; declarar la nulidad de dicho fallo, por incompetencia subjetiva de la juez de la causa.

Ciertamente, no tomó en cuenta ni la juez de la recurrida ni la juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, que aun cuando podía sustanciar el procedimiento una vez que le fue distribuida la causa, por ser una juez de la misma categoría que la juez recusada (Dra. Delia León, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial); no tenía la competencia para dictar sentencia en dicha causa identificada con el N° 48428 (Nomenclatura del Tribunal segundo), pues la mencionada incidencia de recusación, no se encontraba firme por haber anunciado la parte demandada recurso de casación contra la sentencia del 22 de junio de 2011, que declaró inadmisible la recusación propuesta contra la Dra. DELIA LEON COVA. Aunado a ello, cabe acotar, que el recurso de casación fue declarado inadmisible por la Sala de Casación en decisión N° 000057 de fecha 8 de febrero de 2012, lo que evidencia la magnitud del gravamen que se me ha causado.

…omissis…

Por consiguiente, estimamos que el fallo de la causa, y así ha debido ser advertido por la juez de la recurrida, se encuentra viciado de nulidad, en virtud de la evidenciada incompetencia de la Dra. LUZ MARINA GARCÍA Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, que declaró en fecha 21 de noviembre de 2011, pues habiéndose declarado inadmisible la recusación propuesta contra la Dra. DELIA LEÓN COVA, mediante decisión dictada en fecha 22 de junio de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, y habiendo constancia en autos de dicha decisión, lo conducente era que esperara se resolviera el recurso de casación anunciado, admitido y formalizado, y no haber actuado, como en efecto lo hizo.

Ello, ha debido ser advertido por la juez de Alzada y no lo hizo, lo cual vicia ambos fallos.

Véase que dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil: “La jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la Ley, se ejerce por los Jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este Código. Los jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los extranjeros, en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto”…

…Omissis…

Como quiera que las actuaciones realizadas por un Tribunal incompetente son válidas y el único efecto que acarrea la declaratoria de incompetencia, es que, las actuaciones sean remitidas al Tribunal competente en el estado en que se encuentre el procedimiento para la sentencia definitiva, según lo establecido en los artículos 69 y 75 del Código de Procedimiento Civil, por ello solicitamos a la juez de Alzada que declarara la nulidad de dicho fallo, puesto que al haberse declarado inadmisible la recusación, y habiendo constancia en autos de dicha decisión de fecha 21 de junio de 2011, no ha debido pronunciarse y sentenciar declarando la perención de la instancia, y al hacerlo quebrantó normas procesales de orden público, con lo cual se vulneraron mis derechos constitucionales de defensa, igualdad procesal y debido proceso, y así pido sea declarado…”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 15 y 60 eiusdem por incurrir en el vicio de reposición no decretada, con fundamento en que aun cuando se le señaló en los informes “…que la Doctora LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, no ha debido dictar sentencia por ser incompetente, al encontrarse en esta Sala el conocimiento de un recurso de casación propuesto contra la declaratoria sin lugar de una sentencia de recusación; era forzoso para la Juez de Alzada; declarar la nulidad de dicho fallo, por incompetencia subjetiva de la juez de la causa…”.

La Sala ha sido constante en señalar que sólo es viable una reposición en un juicio, si el error en el trámite procesal resulta esencial para su validez, en razón de lo cual no basta que un error atente contra la forma, sino que amerita un análisis mayor, esto es, si esa inobservancia en la forma sustancial del juicio ha arrojado la violación del orden público, del derecho de defensa de las partes, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva o de cualquier otro de rango constitucional; en ese caso, el juez debe perseguir no sólo la renovación del acto transgredido sino la reivindicación de los derechos constitucionales de las partes en el juicio, y siempre que dichas fallas no puedan subsanarse de otra manera, lo que se traduce en que tal reposición debe decretarse exclusivamente cuando esta persiga una finalidad útil, pues de no ser de esta manera se estarían violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda. (Vid. sentencia Nº 383, de fecha 8 de agosto de 2011, caso: Gustavo Adolfo Padrino Maita contra Almacenes Frigoríficos del Centro, C.A. (ALFRIO, C.A.)

 

Ahora bien, en la denuncia bajo análisis alega el recurrente que el juez de alzada incurrió en reposición no decretada con fundamento en que mientras se decidía la recusación del a quo, no podía sentenciar.

En virtud de lo antes expuesto se procede a precisar los siguientes actos que constan en el expediente:

 

En fecha 2 de mayo de 2011, el apoderado judicial de la parte demandada recusa a la juez provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, abogada Delia León Cova. (Folios 169 al 185 de la 2da pieza del expediente).

 

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 19 de Mayo de 2011, presentó acta de inhibición con fundamento en el artículo 82, ordinal 12 del Código de Procedimiento Civil.

 

El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictó decisión en fecha 22 de junio de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la recusación. (Folios del 232 al 239 de la segunda pieza del expediente).

 

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictó auto en fecha 30 de junio de 2011, mediante el cual expresa textualmente lo siguiente:

 

“…Vista la diligencia de fecha 29 de junio de 2011, suscrita por la abogada LINA CAMACHO ,…, en su carácter de autos, mediante la cual habilita el tiempo necesario a los fines de que sea remitido el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, en virtud de haber sido declarada sin lugar la inhibición y solicita cómputo de los días de despacho transcurridos en este Juzgado desde que se le dio entrada a este expediente hasta el día de hoy, este Tribunal acuerda de conformidad. (sic) En consecuencia, habilita el tiempo necesario y ordena remitir el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los fines de que se siga conociendo del presente juicio. (Folio 15 2da pieza del expediente).”

           

Contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 22 de junio de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la recusación, la parte actora anunció recurso de casación, mediante diligencia de fecha 1 de julio de 2011.

 

Ante ese recurso de casación, mediante auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 20 de julio de 2011, ordenó remitir el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, a los fines de que continuara conociendo de la presente causa, en virtud de que contra la decisión que declaró inadmisible la recusación, no quedó definitivamente firme, en virtud de que se interpuso recurso de casación. (Folio 269 de la 2da pieza del expediente).

 

Al respecto se pronunció la Sala de Casación Civil, mediante decisión de fecha 8 de febrero de 2012, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso de casación. (Folios del 239 al 245 del cuaderno de incidencia).

 

En fecha 21 de noviembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró con lugar la cuestión previa prevista en el artículo 346 ordinal 11° del Código de procedimiento Civil, declarando inadmisible la demanda por nulidad de capitulaciones matrimoniales. (Folios del 12 al 15 de la 3era pieza del expediente).

 

De dicha decisión la parte actora ejerce recurso de apelación en fecha 12 de enero de 2012, respecto del cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante auto de fecha 19 de enero de 2012, admitió la apelación y ordeno oírla en ambos efectos. (Folios 22 y 24 de la 3era pieza del expediente).

 

Al respecto se pronunció el Juzgado Superior Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia definitiva en fecha 09 de agosto de 2012, mediante la cual se declaró con lugar la cuestión previa del artículo 346 ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil e inadmisible la demanda por nulidad de capitulaciones matrimoniales. (Folios 211 al 221 de la 3era pieza de expediente).

 

Ahora bien, de la precedente narración de algunos actos que constan en el expediente, se evidencia efectivamente que el recurso de casación interpuesto contra la decisión que declaró inadmisible la recusación, fue dictada en fecha posterior al pronunciamiento del a quo respecto de la demanda y su oposición de cuestión previa, sin esperar la decisión de la Sala de Casación Civil, respecto de la recusación.

 

Sin embargo, se evidencia, que una vez interpuesto el recurso de casación, la causa se envió inmediatamente al juez provisorio Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, competente para que le diera continuidad al juicio principal constituido por la demanda de nulidad de capitulaciones matrimoniales, el cual dictó decisión al respecto de la cual hubo apelación y también se decidió ante el ad quem.

 

Al respecto, es necesario precisar, que no se evidencia menoscabo al derecho de defensa de la parte actora, como lo alega el formalizante, pues las partes siempre estuvieron a derecho y la causa fue decidida por jueces con competencia en la controversia planteada.

 

En consecuencia, resulta indiscutible que no es posible una reposición en el presente caso, por cuanto no se evidencia la utilidad de de dicha reposición, ni cuál fue el derecho que se le menoscabo a la parte, lo cual sería el elemento sine qua non para declarar la solicitada reposición, en razón de lo cual se declara la improcedencia de la denuncia, y así se decide.

 

III

 

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 271 y 341 eiusdem.

El formalizante textualmente, alega lo siguiente:

 

“…En el caso de autos, la Dra. LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, declaró en fecha 21 de noviembre de 2011, LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, porque a su juicio era forzoso que transcurrieran los noventa (90) días de declarada la perención, para volver a proponer la demanda.

No obstante, era forzoso para la juez de la recurrida, tomar en cuenta que no le era dable confirmar  la inadmisibilidad de la demanda, con fundamento en una formalidad no esencial, cual es, esperar noventa (90) días para intentar una nueva demanda a pesar que la parte demandada se encuentra a derecho y ha presentado sus alegatos, lo cual violenta el artículo 257 de nuestra Carta Fundamental, en este caso por dos cuestiones de vital importancia que no examinó la juez de la recurrida: la primera de ellas que en virtud de la jurisprudencia reciente de esta Sala, no se puede declarar la perención de la instancia si las partes ya se han hecho parte y han convalidado y hecho sus alegaciones y defensas, pues con ello se evidencia que los actos procesales cumplieron la finalidad para el cual estaban destinados, lo que por vía de consecuencia demuestra que tampoco se podrá declarar la inadmisibilidad de una demanda por incumplimiento del artículo 271 del Código Adjetivo, en la cual la parte demandada se encuentra a derecho, y ha presentado en el procedimiento suficientes alegatos.

…Omissis…

Como puede observarse, conforme el criterio de nuestra Sala Constitucional, contrario a lo establecido por la Superioridad, si es posible proponer la demanda, antes de los noventa (90) días a que hace referencia el artículo 271 antes aludido, sin que ello fuera tan siquiera someramente examinado por la Sentenciadora de Alzada.

Efectivamente, véase que la Sala Constitucional, dejó expresamente establecido que la extensa motivación de la figura de la perención de la instancia fue necesaria en este caso, para evidenciar que si no se trata de un proceso cuya materia es de orden público, la perención de la instancia no impide, conforme a la última de las sentencias citadas que se proponga antes de que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención. Esta circunstancia no fue advertida por la juez de la recurrida, a pesar que se le advirtió no sólo esta circunstancia.

Todas estas circunstancias, fueron puestas en conocimiento a ambos jueces de instancia, y se les manifestaron en todos los actos de alegaciones las razones por las cuales no era posible bajo ningún concepto declarar la perención de la instancia, las cuales en resumidas cuentas son las siguientes: 1.- No es necesario, conforme a la doctrina sentada por nuestro más Alto Tribunal, dejar transcurrir los noventa días a los que alude el citado artículo , sino cuando se trate de materias de derechos indisponibles, por ejemplo la materia de interés superior del niño, aunado a que se le señaló al respecto que por error se había ordenado la notificación del primer fallo que declaró la perención de la instancia en el expediente N° 41083, nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil; 2.- En el caso de autos, se había cumplido la finalidad de los actos, porque la parte demandada fue citada, lo que dicho en otras palabras significa, que no se puede declarar la perención de la instancia si las partes ya están a derecho y se han hecho parte y han convalidado el incumplimiento de una forma procesal (artículo 271) y hecho sus alegaciones y defensas, pues con ello se evidencia que los actos procesales cumplieron la finalidad para el cual estaban destinados.

…Omissis…

Todas estas razones resultan suficientes para solicitar a esta digna Sala declare procedente la presente denuncia…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 15, 271 y 341 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ambas instancias no debían declarar la perención de conformidad con el citado artículo 271.

 

Al respecto se evidencia que el formalizante en su denuncia alega la infracción de los artículos 15 y 341 del Código de Procedimiento Civil, pero no precisa cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en dicha infracción, lo cual hace que la Sala se encuentre impedida de entrar a conocer de la presente delación, pues no puede suplir las faltas del recurrente expuestas en la fundamentación de su denuncia, pues causaría un menoscabo al derecho de la defensa de la contraparte, razón por la cual esta parte de la denuncia se desestima por indebida fundamentación, y así se decide.

 

Ahora bien, en relación con la denuncia del artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que el recurrente alega que dicha norma es una formalidad no esencial al proceso, pues las actuaciones de las partes convalidaron dicha formalidad.

 

El artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, expresa textualmente lo siguiente: “…En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes de que transcurran noventa días continuos después de verificada la perención...”.

 

Al respecto la Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido que la previsión establecida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, es una forma procesal de cumplimiento inexorable, pues por influencia del principio de seguridad jurídica, debe entenderse que la sanción de espera de noventa días continuos para que el demandante pueda volver a proponer la demanda, deba computarse a partir del día en que quedó firme la sentencia mediante el cual se declaró la verificación de la perención…(…) en pro de la seguridad jurídico procesal…”. (Sentencia N° 7 , fecha 15 de julio de 1999, caso: Banco Provincial S.A., CONTRA The King Ranch of Venezuela Corporation, C.A., ratificada por decisión de la Sala Constitucional, en fecha 9 de marzo de 2001, caso Simón Araque Aclaratoria, sentencia N° 319).

 

Posteriormente, la Sala Constitucional modificó ese criterio en su sentencia N° 263 de fecha 9 de marzo de 2012, en el marco de una solicitud de revisión constitucional, estableciendo que el lapso de noventa días para que la parte demandante pueda interponer nuevamente la demanda, previsto en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, debe contarse “…a partir del momento en que el Juez realiza tal acción y emite el pronunciamiento correspondiente…”, vale decir, a partir del momento en que el juzgador declara la perención de la instancia, criterio éste que no es aplicable al caso de autos por haberse presentado la demanda el día 11 de enero de 2011.

 

En virtud de lo antes expuesto, se evidencia, que no hay actuaciones de las partes que puedan convalidar el hecho de que no se cumpla el lapso de los noventa días establecido en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, que permita la admisibilidad de la demanda, en caso de que se hubiere declarado la perención de la instancia en la primera oportunidad que se interpuso la acción.

 

En consecuencia y de acuerdo con los razonamientos precedentemente expuestos, se declara la improcedencia de la denuncia del artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

IV

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 5° eiusdem, por incurrir en incongruencia negativa.

 

Por vía de fundamentación, el formalizante expresa textualmente lo siguiente:

 

“…En el escrito de informes, presentado en su oportunidad por ante el JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA, se solicitó expresamente, lo siguiente:

“…DE LA INCOMPETENCIA SUBJETIVA DE LA JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.

En este capítulo, debo cumplir con indicarle a esta Superioridad, que En el caso de autos, la Dra. LUZ MARINA GARCIA, Juez del Juzgado Segundo de primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, declaró en fecha 21 de noviembre de 2011, LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, porque a su juicio era forzoso que transcurrieran los noventa (90) días de declarada la perención, para volver a proponer la demanda, sin tomar en cuenta dos cuestiones de vital importancia, la primera de ellas que no se puede declarar la perención de la instancia si las partes ya se han hecho parte y han convalidado y hecho sus alegaciones y defensas, pues con ello se evidencia que los actos procesales cumplieron la finalidad para el cual estaban destinados. En efecto, la Sala de Casación Civil estableció mediante el fallo N° 747 de fecha 11 de diciembre de 2009, (Caso: J.A. D’Agostino y Asociados; S.R.L. contra Antonietta Sbarra de Romano y Otros) que “...aun cuando se hubiese verificado en el expediente la falta de cancelación de los conceptos inherentes a la obligación del demandante para efectuar la citación, referidos al pago de los gastos de traslado del alguacil, es necesario insistir en que la finalidad del acto se cumplió en virtud de que la citación de los demandados se llevó a cabo debidamente y éstos estuvieron a derecho durante todas las etapas del proceso. En consecuencia, no puede considerarse que se haya configurado la perención breve de la instancia, así como tampoco, que se le haya causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio, por tanto, la presunta infracción delatada por el formalizante, debe ser declarada improcedente...”.

Aun cuando este argumento sería contundente para verificar el quebrantamiento de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta infracción será desarrollada en el capítulo siguiente, pues en segundo lugar, debió considerar la juez del primer grado de la jurisdicción, que la competencia es un presupuesto indispensable y previo a cualquier otro pronunciamiento.

Ciertamente, no tomó en cuenta la juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, que aun cuando podía sustanciar el procedimiento una vez que le fue distribuida la causa, por ser una juez de la misma categoría que la juez recusada (Dra. Delia León, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial); no tenía la competencia para dictar sentencia en dicha causa identificada con el N° 48428 (nomenclatura del Tribunal Segundo), pues la mencionada incidencia de recusación, no se encontraba firme por haber anunciado la parte demandada recurso de casación contra la sentencia del 22 de junio de 2011 que declaró inadmisible la recusación propuesta contra la Dra. DELIA LEÓN COVA. Aunado a ello, vale acotar que el recurso de casación fue declarado inadmisible por la Sala de Casación en decisión N° 000057 de fecha 8 de febrero de 2012, lo que evidencia la magnitud del gravamen causado a mi poderdante.

La Sala de Casación Civil, en el fallo aludido, dejó sentado lo siguiente:

...Omissis...

Por consiguiente, estimo que el fallo recurrido mediante el presente recurso de apelación se encuentra viciado de nulidad, en virtud de la evidenciada incompetencia de la Dra. LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, declaró en fecha 21 de noviembre de 2011, pues habiéndose declarada inadmisible la recusación propuesta contra la Dra. DELIA LEÓN COVA, mediante decisión dictada en fecha 22 de junio de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, por lo que, habiendo constancia en autos de dicha decisión, lo conducente era que esperara se resolviera el recurso de casación anunciado, admitido y formalizado, y no haber actuado, como en efecto lo hizo.

 …omissis…

En aplicación del criterio jurisprudencial expuesto supra al sub iudice, y con base en las razones señaladas precedentemente, la Sala concluye en que el juez de reenvío se encontraba eximido legalmente de pronunciarse sobre el alegato de nulidad del convenimiento efectuado, pues el hecho en que se fundamenta esa nulidad es una defensa de fondo ajena a las cuestiones procedimentales que, de haberse formulado en la oportunidad legal, habría sido objeto de discusión a lo largo del juicio, sin corresponderse además con los mencionados excepcionalmente por la doctrina invocada. Así se decide...”. (Resaltado del texto).

Tal como claramente se desprende del criterio de esta Honorable Sala, precedentemente transcrito, la obligación de los jueces superiores de pronunciarse sobre los alegatos o defensas expuestas en el escrito de informes o, en el de observaciones a los rendidos por la contraria, están limitados a aquellos “...relacionadas con la confesión ficta o con la aplicación de normas en las que esté interesado el orden público u otras similares…”, lo cual se ajusta al caso de marras, por cuanto, la competencia es un aspecto en el cual está interesado el orden público, por lo que era ineludible que la juez superior se pronunciara sobre la alegada incompetencia subjetiva de la juez de la causa en su sentencia y no lo hizo; y, por cuanto, la congruencia sujeta la decisión del juez sobre los hechos controvertidos por las partes sin omitir pronunciarse sobre alguno de ellos, lo que da lugar a la incongruencia negativa, o extenderse sobre alegatos no formulados en el proceso, ello evidencia que en el presente caso, la recurrida está inficionada del vicio de incongruencia positiva, y así solicito sea declarado.

Dejo así formalizado el recurso de casación aludido en el encabezamiento del presente escrito, el cual, por las razones señaladas, solicito sea declarado con lugar, con todos sus pronunciamientos de ley.

 

Para decidir, la sala observa:

 

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en incongruencia negativa, por cuanto omitió pronunciamiento respecto del alegato hecho en el acto de informes, referido a “…LA INCOMPETENCIA SUBJETIVA DE LA JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL…”.

 

Para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, la Sala procede a transcribir algunos extractos de la sentencia recurrida:

 

“…SOBRE LA INCOMPETENCIA SUBJETIVA DE LA JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA PARA DECIDIR LA DECISIÓN HOY APELADA.

Sobre este punto la parte apelante alegó que la Dra. LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primeras Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quien en fecha 21 de noviembre de 2011, emitió la decisión hoy apelada, no tenía la competencia para dictar sentencia en dicha causa identificada con el Nro. 48428 (nomenclatura del tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua), por cuanto no se encontraba firme la incidencia de recusación surgida.
Denunciando en este sentido, como infringido por parte de la decisión hoy apelada los artículos 26, 49, 49.3, 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aduciendo que “el fallo recurrido mediante el presente recurso de apelación se encuentra viciado de nulidad, en virtud de la evidenciada incompetencia de la Dra. LUZ MARINA GARCÍA, Juez del Juzgado Segundo de Primeras Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, pues habiendo sido declarada inadmisible la recusación propuesta contra la DRA. DELIA LEÓN COVA, mediante decisión dictada en fecha 23 de junio de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil Mercantil y de Transito de esta misma Circunscripción Judicial, por lo que, habiendo constancia en autos de dicha decisión, lo conducente era que esperara se resolviera el recurso de casación anunciado admitido y formalizado , y no haber actuado, como en efecto lo hizo….(sic) ”.

En este orden de ideas, se hace necesario señalar lo dispuesto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual señala lo siguiente:

“(…) Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

…omissis…

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

Asimismo el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:

Artículo 93

Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o recusado.

A fin de dilucidar lo expresado por la parte apelante quien decide considera necesario hacer un recuento de las actuaciones procesales ocurridas en el expediente a partir de la inhibición de la Dra Delia León, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial del Estado Aragua; y a los efectos observa:

En fecha 03 de mayo de 2011, la Juez recusada Dra. Delia León, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial se desprendió de la causa y ordenó remitir el expediente al Juzgado distribuidor a los fines de su distribución. (ver folios 136 al 195, 198 y 199 segunda pieza del expediente).

Redistribuida la causa, correspondió su conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Estado Aragua, quien en fecha 06 de junio de 201, recibió las actuaciones correspondientes al Juicio de Nulidad de Capitulaciones Matrimoniales, ordenando su ingreso y registro en los libros respectivos (ver folio 206 de la segunda pieza del expediente).

En fecha 30 de junio de 2011, el Tribunal Segundo de Primera Instancia, remitió nuevamente el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia a los fines de que continuara conociendo de la causa, con ocasión a la Decisión dictada por el Juzgado Superior mediante la cual declaró inadmisible la recusación planteada (ver folios 240 al 242 de la segunda pieza del expediente).

En fecha 06 de julio de 2011, la representación Judicial de la parte demandada, presentó escrito de pruebas relacionados con las cuestiones previas opuestas, en esa misma fecha por auto separado la Juez de Primera Instancia se aboca al conocimiento de la causa.

En fecha 07 de julio del 2011, el Tribunal Primero de Primera Instancia del Estado Aragua, admitió el escrito de pruebas presentado por el Abogado EGBERTO RIVAS, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro 20.621.

En fecha 20 de Julio de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, ordenó remitir nuevamente el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Estado Aragua, por cuanto no había quedado firme la decisión dictada por el Juzgado Superior relativa a la recusación, en virtud que se había anunciado recurso de casación contra la referida decisión. (ver folio 269 de la segundo pieza del expediente).

En fecha 28 de julio de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, recibió nuevamente las actuaciones contentivas del Juicio de Nulidad de Capitulaciones Matrimoniales y ordenó darle entrada y anotar su reingreso en los libros respectivos.

En fecha 11 de agosto del 2011, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua de la causa, ordenó expedir copias certificadas.

En fecha 18 de noviembre de 2011, la parte actora debidamente asistida de abogados presentó escrito mediante el cual procedió a contradecir las cuestiones previas opuestas.

En fecha 21 de noviembre de 2011, el Juez Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua dictó decisión mediante la cual declaró CON LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta en fecha 07 de abril de 2011, por el apoderado judicial de la parte demandada abogado JUAN CARLOS RUGGIANTONI PADRÓN, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 29.769. En consecuencia, se declara extinguido el presente proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, tal como se evidencia a los folios del 12 al 15 tercera pieza del presente expediente

Como puede apreciarse, el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, norma procesal parcialmente transcrita supra, procura que las incidencias originadas por la recusación o inhibición del juez o jueza no detengan el curso de la causa, y por ello se estableció, la orden de “pasar inmediatamente” los autos a otro Tribunal, bajo la exigencia de que la incidencia debe resolverse con toda celeridad, pues el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil le impone al juez o jueza competente la obligación de decidir la inhibición dentro de los tres (03) días siguientes al recibo de las actuaciones.

En el caso sub examine, conforme quedó plasmado supra, el 03 de mayo de 2011, la Juez recusada Dra. Delia León, Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial se desprendió de la causa y ordenó remitir el expediente al Juzgado distribuidor a los fines de su distribución, así como las copias respectivas al Juzgado Superior Jerárquico a los fines de que conociera de la incidencia de recusación.

Asimismo se observa que, en fecha 20 de Julio de 2011, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, con vista al oficio Nro. 0430-432 emanado del Juzgado Superior Civil del Estado Aragua, ordenó remitir nuevamente el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Estado Aragua, por cuanto no había quedado firme la decisión dictada por el Juzgado Superior relativa a la recusación, en virtud que se había anunciado recurso de casación contra la referida decisión, (ver folio 269 y 270 de la segundo pieza del expediente).

Tal como se desprende de autos, a la fecha en que fue dictada la decisión de la cuestión previa hoy objeto de la apelación, esto es, al 21 de noviembre de 2011, no corre constancia de la decisión del recurso de casación ejercido con ocasión a la recusación planteada; ello así, a la luz de lo establecido en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, no puede afirmarse que tal situación genere la nulidad de la decisión dictada por el Tribunal que recibió las actuaciones con ocasión de la inhibición del Juez que previno en el conocimiento de las actas.

Así, según la interpretación literal que le ha dado la doctrina a la norma contenida en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se ha afirmado que dicho artículo no indica claramente hasta qué oportunidad el Juez sustituto puede conocer en ausencia de norma reguladora, de las actuaciones; y bajo la lógica de esta interpretación, nada le impide al Tribunal sustituto dictar sentencia, ya que se trata de un juzgado que comparte en grado, materia y territorio la misma competencia.

De modo que las referidas actuaciones procesales resultan conforme con la doctrina, razón por la cual quien decide no puede reprochar la actuación del juzgado sustituto interino, esto es, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la circunscripción Judicial del Estado Aragua, que decidió la cuestión previa opuesta; y visto que en el caso de autos la jueza sustituta quien comparte en grado, materia y territorio la misma competencia dictó su fallo casi seis meses después de recibido el expediente, por segunda vez, lo que evidencia además que no actuó apresuradamente. Razón suficiente para desechar el pretendido alegato. ASÍ SE DECIDE…”. (Resaltado de la Sala).

 

De la precedente transcripción se desprende que el juez de alzada sí se pronunció respecto del alegato de la incompetencia subjetiva del Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, cuya solicitud fue desestimada.

 

En consecuencia, y en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, Estado Aragua , en fecha 09 de agosto de 2012.

 

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay.

 

Dada, firmada  y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de  Casación  Civil  del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días  del mes de julio de dos mil trece. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Magistrada Ponente, 

 

 

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AURIDES MERCEDES MORA

 

Magistrada

 

 

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YRAIMA ZAPATA LARA

 

Secretario,

 

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CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

RC N° AA20-C-2012-000651

NOTA: Publicada en su fecha, a las

 

 

Secretario,