Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 5 de noviembre de 2008, TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO HYDROCLIMA S.A., sociedad mercantil con inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 15 de diciembre de 1978, bajo el n.° 26, tomo 143-A, mediante la representación de la abogada María Genoveva Páez-Pumar, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 85.558, intentó ante la U.R.D.D de los Tribunales Superiores Contencioso-Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, demanda de amparo constitucional contra el Alcalde del Municipio Sucre, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la defensa, debido proceso y obtención de una respuesta oportuna y adecuada que acogieron los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La causa correspondió al Tribunal Tercero Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, el 13 de noviembre de 2008, declaró la inadmisión de la demanda.

El 14 de noviembre de 2008, la parte actora apeló, tempestivamente, contra la sentencia que se dictó en primer grado de jurisdicción, recurso que se oyó el 18 del mismo mes y año.

El 17 de diciembre de 2008, se remitieron las copias certificadas del expediente a esta Sala, donde se recibieron el 3 de febrero de 2009.

El 17 de febrero de 2009, se dio cuenta a la Sala y por auto de igual fecha, se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.           Alegó:

1.1.      Que fue objeto de un procedimiento administrativo tributario de reclasificación de actividades, por parte de la Dirección de Rentas de la Alcaldía del Municipio Sucre, que terminó con un reparo.

1.2.      Que “…a pesar de haber presentado el escrito de descargos, junto con un número considerable de pruebas documentales, la Dirección de Rentas, de esa Alcaldía se abstuvo de conocer y apreciar las respectivas pruebas, hizo abstracción de las mismas y, por el  contrario, el ciudadano Alcalde José Vicente Rangel Avalos, previo avocamiento, al conocimiento de la causa, decidió dictar la Resolución N° 000415…”.

1.3.      Que “[l]a Resolución 415 (…) ordenó la liquidación del monto del reparo, concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para su cancelación, sin tomar en cuenta para ello, que en materia tributaria, mientras el acto será (sic) objeto de recursos administrativos los efectos del mismo se deben tener como suspendidos…”.

1.4.      Que la resolución, en lugar del Director de Rentas, la emitió el Alcalde “… y la referencia al recurso de reconsideración previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o del recurso contencioso tributario como únicas vías de impugnación de tal acta, omitiendo expresamente el recurso jerárquico previsto en el Código Orgánico Tributario, deja en evidencia que la intención del ciudadano Alcalde era la de desconocer el derecho que se le concede a los administrados o contribuyentes en el Código Orgánico Tributario relativo a la suspensión de los efectos de los actos administrativos de contenido tributario que sean objeto de recursos administrativos, como el recurso jerárquico, y por esta vía de facto presionar a HYDROCLIMA a que pagase el reparo que es absolutamente ilegal, imponiéndole la carga de acudir directamente a la instancia judicial, negándole a (su) representada la posibilidad de agotar la vía administrativa e impidiéndole ejercer el derecho de la defensa por falta de aplicación del debido proceso”.

1.5.      Que fue notificado de dos oficios “cuyo contenido en síntesis es el mismo, a saber: un primer oficio emanado del Síndico Procurador Municipal que no es sino el proyecto de respuesta elaborado por el Síndico para que el Alcalde se pronuncie sobre el Recurso Jerárquico o de Reconsideración y Subsidiariamente Contencioso Tributario ejercido por HYDROCLIMA; y el segundo oficio que expone exactamente lo sugerido por el Síndico como respuesta definitiva”.

1.6.      Que la respuesta al recurso jerárquico fue la siguiente:

En atención al Recurso Jerárquico o de Reconsideración y subsidiariamente Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por usted, en su carácter de apoderada de la Sociedad Mercantil TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO HIDROCLIMA, C.A., por ante este Despacho en fecha 23-09-2008, contra la Resolución N° 000415 de fecha 02-09-2008, suscrita por este Despacho, le informo que habiendo emanado del Despacho a mi cargo la referida Resolución, la misma pone fin a la vía administrativa a tenor de lo previsto en el Artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dice (…) Por lo antes expuesto, este Despacho no entrará a conocer el referido recurso.

 

1.7    Que “el ciudadano Alcalde, en vez de cumplir con su función y dar respuesta al recurso que él expresamente sugirió que interpusier(an), invocando erradamente el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos cita el artículo 93, y se niega a resolver el recurso interpuesto, absolviendo la instancia administrativa, vulnerando el principio constitucional de dar oportuna y adecuada respuesta consagrado en el artículo 51 de la Constitución; y, el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso…”.

1.8    Que se busca desconocer la suspensión de efectos del acto que impugnó a través del recurso jerárquico y el pago del reparo más los intereses moratorios que se estarían causando, con lo cual se impide la obtención de la solvencia que resulta fundamental para el ejercicio de su actividad.

1.9    Que el oficio de respuesta al recurso jerárquico no puede entenderse como un acto administrativo como lo dispone la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o el Código Orgánico Tributario, sino “una vía de hecho, que evidencia la omisión u abstención del Alcalde, vulnerando derechos y garantías fundamentales, actuación contra la cual sólo puede ejercerse la acción de amparo como recurso breve, sumario y eficaz, a los fines de evitar perjuicios mayores y para restablecer las garantías constitucionales violadas…” Que la “vía contenciosa, tendría por objeto revisar el fondo del asunto, la procedencia o no del reparo, sobre el cual no se aducen violaciones constitucionales, y en todo caso, la vía contenciosa ordinaria no garantizaría de manera sumaria ni eficaz la restitución de las garantías vulneradas.”

2.      Denunció:

2.1    La violación al derecho a la obtención de una oportuna y adecuada respuesta que establece el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el oficio que recibió del Alcalde no puede considerarse como un acto administrativo y tampoco como una adecuada respuesta al recurso administrativo que ejerció, “pues en ningún momento atiende o contradice los argumentos y pedimentos efectuados en el recurso administrativo, ni tampoco resulta oportuno, pues tal negativa a oír el recurso administrativo, imposibilita también el ejercicio del recurso contencioso tributario, pues ya se encontraba vencido el lapso para interponer dicho recurso de manera autónoma y directa, lo cual cercena groseramente la garantía constitucional prevista en el artículo 51 de la Constitución…”.

2.2    La violación del derecho a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el acto que resolvió el procedimiento administrativo tributario omitió todo pronunciamiento sobre el escrito de descargos. Luego, en lugar de notificarle la procedencia del recurso jerárquico, se le notificó la procedencia del recurso de reconsideración, cuando, en materia tributaria, lo idóneo es el recurso jerárquico que el Código Orgánico Tributario establece. En todo caso, el máximo jerarca siempre está en la obligación de resolver el recurso administrativo que, en su contra, se ejerza.

Señaló que “[e]l Código Orgánico Tributario no prevé la extinción de la instancia administrativa, por el hecho de que el acto administrativo determinativo de una obligación tributaria haya sido dictado por el superior jerárquico (…) que para la fecha en la cual el Alcalde emite el Oficio con el cual se niega a decidir el recurso administrativo y señala que se debe acudir a la vía judicial, ya se encontraba vencido el lapso de veinticinco días hábiles que otorga el Código Orgánico Tributario para intentar el recurso contencioso tributario de manera directa en contra de la Resolución 415, y aunque HYDROCLIMA había ejercido subsidiariamente junto con el recurso jerárquico el contencioso tributario, como el Alcalde desconoce la aplicación del Código Orgánico Tributario, evidentemente que HYDROCLIMA ha quedado en un estado de absoluta indefensión, pues cualquier acción que intentase de manera directa ante los tribunales contencioso tributarios en contra de la Resolución 415, sería declarada inadmisible por extemporánea, viéndose obligada a pagar la obligación determinada en la Resolución 415, que fue impugnada por HYDROCLIMA en sede administrativa y que el Alcalde se niega a decidir”.

3.      Pidió:

…que declare admisible la presente acción de amparo, y con lugar la misma, declarando que la absolución de la instancia administrativa, es decir, la negativa a decidir el recurso jerárquico por parte del Alcalde, cercena los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a obtener una adecuada y oportuna respuesta por parte de la Administración, y en consecuencia, se ordene al ciudadano Alcalde, José Vicente Rangel Avalos, a los fines de restituir y salvaguardar las garantías constitucionales previstas en los artículos 49 y 51 de la constitución que han sido vulneradas, que oiga, sustancie y resuelva el recurso jerárquico interpuesto por HYDROCLIMA el 23 de septiembre de 2008 en contra de la Resolución 415 conforme a lo establecido en los artículos 242 y siguientes del Código Orgánico Tributario, procedimiento aplicable al presente caso en virtud de la naturaleza del acto, y en especial, reconozca la suspensión de efectos que ha operado en el mencionado caso, según lo establecido en el artículo 247 de Código Orgánico Tributario. (sic).

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido  contra el veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el 13 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior Tercero Contencioso-Tributario del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El juez del fallo objeto de apelación juzgó sobre la pretensión de amparo constitucional en los términos siguientes:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por empresa TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO HYDROCLIMA, S.A. contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, con ocasión del procedimiento de fiscalización y determinación que iniciara uno de los fiscales adscritos a la Dirección de Renta de ese Municipio a la accionante en materia de impuesto a las actividades económicas, actuaciones que vulneran las garantías constitucionales previstas en los artículos 21, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

El tribunal de la causa consideró que “la parte actora ejerció recurso jerárquico subsidiario al recurso contencioso tributario (folios 35 al 43) por el mismo hecho lesivo que denunció a través del amparo de autos, lo cual conduce a la declaratoria de inadmisibilidad del amparo constitucional, por causa del previo ejercicio de una vía judicial idónea para la satisfacción de la pretensión de sus derechos, por lo que la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda deberá enviar el respectivo expediente administrativo a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (URDD), a efectos que se continúe con el trámite, sustanciación y decisión del recurso contencioso tributario”.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

La Sala observa que la decisión objeto de apelación declaró la inadmisión de la demanda con base en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la demandante incoó, subsidiariamente al recurso administrativo, demanda contencioso-tributaria contra la resolución n.° 415 que emitió el Alcalde del Municipio Sucre del Estado Miranda.

Ahora bien, el tribunal de la causa confundió el verdadero hecho lesivo que provocó la pretensión de tutela constitucional. En ese sentido, esta Sala precisa que la injuria constitucional que se delató como causante de la demanda de autos no la constituye el acto administrativo de contenido tributario –reparo- contra el cual, la parte aquí actora ejerció demanda contencioso-tributaria, sino contra el acto que contiene el oficio n.° 678-08 del 2 de octubre de 2008 que el Alcalde suscribió, -que la demandante calificó como “vía de hecho”- mediante el cual se le señaló a Técnica de Acondicionamiento Hydroclima S.A. que ese Despacho no entraría al conocimiento del “Recurso Jerárquico o de Reconsideración”.

Es, por tanto, contra esa “absolución de instancia administrativa”, como la parte actora lo calificó, y no contra el reparo tributario, que se propuso el amparo de autos y su pretensión es que se obligue al Alcalde del Municipio Sucre a que decida el recurso administrativo en cuestión, por cuanto esa autoridad –manifestó la quejosa- está en la obligación de resolverlo. Por tanto, esta Alzada revoca el fallo objeto de apelación. Así se declara.

Una vez que se decidió la revocatoria del veredicto que se recurrió en apelación, se observa que la parte actora denunció injurias a sus derechos a la obtención de una respuesta oportuna y adecuada, defensa y debido proceso por el comportamiento del Alcalde cuando se negó a decidir el recurso de reconsideración que ejerció y la falta de remisión de la demanda contencioso tributaria que intentó subsidiariamente, al Tribunal Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En efecto, la accionante delató que no constituye ninguna respuesta adecuada ni oportuna el que se indique que no se conocerá el recurso administrativo. Por el contrario, en criterio de la Sala, la respuesta fue adecuada –en los términos que se explicarán infra- porque no hizo más que la subsunción de la petición en las normas aplicables, pero contraria a sus intereses.

Al respecto, esta Sala Constitucional ha establecido:

Desde la óptica anotada, la petición es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad pública; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano que está llamado a responderla, en este caso, denegándola.  (s.S.C. n.º 2073/01).

 

Con soporte en lo precedente, se rechaza la denuncia de agravio al derecho a la obtención de respuesta. Así se decide.

Además, la parte actora expuso que se violaron sus garantías a la defensa y debido proceso, por cuanto, pese a que tiene derecho a que se resuelva el recurso administrativo que propuso, ello no se hizo y, para el momento de esa decisión, ya se encontraba vencido el lapso para el ejercicio autónomo de la demanda contencioso-administrativa, con lo cual quedó en un total estado de indefensión.

La Sala observa que el acto administrativo de contenido tributario que dio origen a la demanda de amparo de autos indujo a error a la demandante cuando le señaló que, en su contra, podía ejercer el recurso de reconsideración que el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece, cuando lo cierto es que contra él sólo procede la demanda contencioso-tributaria, con base en el artículo 259.3 del Código Orgánico Tributario

En efecto, la resolución n.° 00415 que el Alcalde del Municipio Sucre emitió, el 2 de septiembre de 2008, señaló: “Contra la presente Resolución podrá interponer el Recurso de Reconsideración previsto en el Artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su Notificación…”; sin embargo, la respuesta al ejercicio de ese recurso por parte de quien hoy demanda fue:

…, le informo que habiendo emanado del Despacho a mi cargo la referida resolución, la misma pone fin a la vía administrativa a tenor de los previsto (sic) en el Articulo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, que dice: “La vía contencioso administrativa quedara abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, estos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes” (Negrillas propias).

Por lo antes expuesto, este Despacho no entrara a conocer el referido recurso.

(…)

 

La Sala reprocha la actuación de la máxima autoridad tributaria del Municipio Sucre, cuando suministró una incorrecta información acerca de los recursos que procedían en contra de su decisión, porque la misma provoca situaciones equívocas como la que se ha descrito en el caso de autos, las cuales se deben evitar a futuro.

Por otra parte, se observa que el artículo 259 del Código Orgánico Tributario permite el ejercicio del recurso jerárquico y, subsidiariamente, la demanda contencioso-tributaria.

En efecto, el dispositivo legal en referencia reza:

Artículo 259: El recurso contencioso tributario procederá:

1. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho Recurso.

2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente conforme al artículo 255 este Código.

3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.

Parágrafo Primero: El recurso contencioso tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al recurso jerárquico, en el mismo escrito, para el caso de que hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita de éste (Subrayado añadido)

 

Artículo 262. El recurso podrá interponerse directamente ante el Tribunal competente, o por intermedio de un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, podrá interponerse ante la oficina de la Administración Tributaria de la cual emanó el acto.

Cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el Tribunal competente el juez o funcionario receptor deberá remitirlo al Tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el envío del recurso interpuesto.

 

Esta Alzada considera que, cuando el Alcalde del Municipio Sucre desestimó el recurso de reconsideración que se intentó -que no existe en el ámbito tributario pues el Código Orgánico Tributario sólo regula el recurso jerárquico-, sí decidió dicho recurso, aunque de manera negativa o denegatoria. Seguidamente a la desestimación del recurso, correspondía a la autoridad administrativa la remisión de la demanda que se planteó subsidiariamente al Tribunal Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en aplicación de las normas que se transcribieron supra.

Ahora bien, luego de la revisión de las actas procesales, se observa que no hay constancia en autos de si la autoridad municipal remitió o no a la jurisdicción la demanda contencioso-tributaria y no hubo alegación al respecto, por lo que nada puede derivar la Sala de esta circunstancia. Así se decide.

Por último, esta Alzada señala que no es cierto el riesgo que la actora delató respecto al estado de indefensión en que habría quedado luego de la “absolución de la instancia” en que habría incurrido el jerarca administrativo porque le sería imposible, ahora, la presentación “autónoma” tempestiva de la demanda contencioso tributaria, toda vez que esa apreciación no se compadece con lo que el ordenamiento jurídico establece, ya que la demanda ya fue interpuesta en sede administrativa en forma subsidiaria al recurso gubernativo, con apoyo en las disposiciones legales que se citaron, las cuales garantizan en forma suficiente que aquélla llegue a manos del juez competente, así como su tempestividad.

En conclusión, esta Alzada revoca el fallo objeto apelación; sin embargo, declara sin lugar el recurso y declara la improcedencia del amparo constitucional que se incoó. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación que TÉCNICA DE ACONDICIONAMIENTO HYDROCLIMA S.A. ejerció contra la sentencia que dictó, el 13 de noviembre de 2008, Tribunal Tercero Contencioso-Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decisión que SE REVOCA.

Se declara la IMPROCEDENCIA IN LIMINE LITIS de la demanda de amparo constitucional que se ejerció contra el Alcalde del Municipio Sucre del Estado Miranda.

 

Publíquese, regístrese. Devuélvase el expediente al tribunal de la causa.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de abril de dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente              

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

…/

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 09-0164