SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Héctor Peña Torrelles

En fecha 27 de mayo de 1999, los abogados en ejercicio Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart Pocaterra, Margarita Escudero León, Claudia Briceño Aranguren y María Verónica Espina Molina, titulares de las cédulas de identidad Nros. 78.893, 4.351.452, 10.140.587, 11.026.738 y 12.696.929 respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 945, 15.159, 45.205, 62.006 y 75.996 en su orden, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles INVERSORA TAFIL, C. A., INVERSORA NIKO’S, C. A., INVERSIONES SANGALA, C. A. y TURISMO PILAR, C. A., cuyos documentos constitutivos-estatutarios se encuentran inscritos respectivamente en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 22 de octubre de 1997, bajo el Nº 36, Tomo 6-A; Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 68, Tomo 5-A; Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 30 de junio de 1997, bajo el Nº 990, Tomo I-AD-19; y Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 28 de enero de 1997, bajo el Nº 162, Tomo 4 Adicional 3, interpusieron por ante la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno, una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad y medida cautelar innominada contra las normas previstas en los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, dictado mediante Decreto nº 3144 el 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial nº 5293 extraordinario de fecha 26 de enero de 1999, por cuanto dichas disposiciones, en opinión de los accionantes, violan los principios de proporcionalidad, racionalidad, irretroactividad e igualdad, así como el principio de la legalidad tributaria, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la propiedad y la normativa  contenida en la Ley de Navegación

El 01 de junio de 1999, se dio cuenta ante la Corte en Pleno y se acordó pasar los autos al Juzgado de Sustanciación.

En fecha 02 de junio de 1999, el referido Juzgado admitió la acción de nulidad en cuanto ha lugar en derecho, ordenó notificar por oficio, tanto al Presidente de la República como al Fiscal General de la República, emplazar a los interesados mediante cartel y pasar los autos a la Corte en Pleno a los fines de la decisión sobre la medida cautelar innominada solicitada en el escrito libelar.

En fecha 17 de junio de 1999, los abogados precedentemente identificados, actuando esta vez con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TURDIAL, C. A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 09 de febrero de 1995, bajo el Nº 107, Tomo 11, ocurrieron por ante la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno, de conformidad con el artículo 137 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, a los fines de adherirse formalmente a la acción de nulidad contentiva en el escrito que da inicio a las presentes actuaciones.

Posteriormente, en fecha 29 de junio de 1999, ocurrieron los precitados abogados con el mismo objeto, pero actuando esta vez como representantes judiciales de las sociedades mercantiles INVERSIONES SEREN 1.942, C. A., e INVERSIONES DESTINY, C. A., cuyos documentos constitutivos-estatutarios se encuentran inscritos respectivamente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 07 de enero de 1997, bajo el Nº 14, Tomo IV; y en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 14 de agosto de 1997, bajo el Nº 1.428, Tomo 2A.

En fecha 13 de julio de 1999, se dio cuenta de los respectivos escritos y se designó ponente al Magistrado Alirio Abreu Burelli.

A los veintisiete (27) días del mes de julio de 1999, se decidió la medida cautelar innominada solicitada por los apoderados actores, en los siguientes términos:

“En vista de las razones expuestas, esta Corte Suprema de Justicia en Pleno, administrando justicia en nombre y por autoridad de la ley: DECRETA medida cautelar innominada de inaplicación de los efectos de los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta contenido en el Decreto Presidencial Nº 3.144 del 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario, de fecha 26 de enero de 1999, y en consecuencia:

1.- ORDENA al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, SENIAT, adscrito al Ministerio de Hacienda, se abstenga de establecer limitaciones a la libre navegabilidad, en el territorio nacional, de los yates, embarcaciones de recreo y turísticos, o de cualquier vehículo de navegación marítima y fluvial, adquiridos bajo el régimen de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, con anterioridad al 26 de enero de 1999, propiedad de los accionantes del presente recurso.

2.- ORDENA a la Dirección de General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que comunique a las Capitanías de Puerto  que deben abstenerse de limitar los permisos de zarpe, de los yates, embarcaciones de recreo y turísticos, o de cualquier vehículo de navegación marítima y fluvial, adquiridos bajo el régimen de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, con anterioridad al 26 de enero de 1999, propiedad de los accionantes del presente recurso, así como de los adherentes al mismo, por las causas relacionadas con la ejecución del Decreto Nº 3.144 de fecha 30 de diciembre de 1999.”

 

 

En fecha 28 de julio de 1999, los apoderados judiciales de la parte actora solicitaron una aclaratoria de la sentencia, en el sentido de que la Sala Plena se pronunciara sobre “(i) si efectivamente las empresas adherentes al recurso y a la medida cautelar innominada fueron admitidas por esa Corte, y (ii) si la cautelar innominada dictada, específicamente en el numeral uno de la parte dispositiva del fallo, abarca a las adherentes”. Sobre tales pedimentos no ha recaído pronunciamiento.

En fecha 09 de febrero de 2000, se remitió el expediente Nº 1085 de la numeración de la Sala Plena, a esta Sala Constitucional.

En fecha 21 de febrero de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

De la competencia de esta Sala Constitucional

Observa esta Sala que en el presente caso, ha sido ejercida una acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad contra las disposiciones previstas en los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, dictado a través del Decreto nº 3144 del 30 de diciembre de 1998 y publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario, de fecha 26 de enero de 1999.

Visto lo anterior, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer de la acción planteada en autos, y al respecto observa:

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objetos de control y no a los motivos por los cuales se impugnan.

En efecto, la norma contenida en el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que:

“Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”.

 

Asimismo, en el artículo 336 eiusdem se establecen en forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga a esta Sala la competencia para realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que:

“el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público” (Sentencia de fecha 27 de enero de 2000, caso: Milagros Gómez y otros).

           

De esta forma, la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra los actos expedidos en ejecución directa de la Constitución o que tengan forma de ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse el reglamento impugnado de un acto de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a Derecho, ya que tal competencia corresponde a la  jurisdicción contencioso administrativa. Así se decide.

Señalado lo anterior, debe esta Sala determinar el tribunal competente para conocer de la acción de nulidad ejercida contra un Reglamento emanado del Presidente de la República.

En tal sentido se observa que, conforme a lo estipulado en el artículo 259 de la Constitución vigente, la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley; siendo competentes los órganos de esta jurisdicción, para anular los actos administrativos generales o particulares contrarios a derecho, incluso por desviación de poder.

De acuerdo con lo anterior, el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley y en función administrativa), son del conocimiento del contencioso-administrativo. De esta forma, la Constitución de 1999, en el ordinal 5º del artículo 266, estableció:

 

“Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

(...)

5.Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.

(...)

La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y en  la ley”. (Destacados de la Sala).

 

De manera que la nueva Constitución atribuye a la Sala Político Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad de reglamentos, dictados por el Ejecutivo Nacional con independencia de que los vicios lo sean por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.

En consecuencia, según los dispositivos constitucionales precedentemente aludidos, en concordancia con las competencias acordadas a la Sala Político Administrativa por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en materia de control de la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional, estima esta Sala Constitucional que el tribunal competente para conocer de la acción planteada en autos, por estar dirigida a la anulación de un reglamento emanado del Ejecutivo Nacional, es la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y a ésta deben remitirse las actas procesales. Así se declara.

 

Decisión

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara:

1. Que no tiene competencia para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad contra las disposiciones previstas en los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, dictado mediante el Decreto Nº 3.144 del 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario, de fecha 26 de enero de 1999, interpuesta por los abogados Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart Pocaterra, Margarita Escudero León, Claudia Briceño Aranguren y María Verónica Espina Molina, actuando con el carácter de apoderados judiciales de sociedades mercantiles INVERSORA TAFIL, C. A., INVERSORA NIKO’S, C. A., INVERSIONES SANGALA, C. A. y TURISMO PILAR, C. A., TURDIAL, C. A., INVERSIONES SEREN 1.942, C. A., e INVERSIONES DESTINY, C. A.

 2. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal competente para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta contra las normas antes señaladas.

3. Se ordena remitir el expediente a la Sala anteriormente indicada.

Publíquese, regístrese, comuníquese y remítase el presente expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 25 días del mes de abril del año 2000. Años: 189° de la Independencia y 141° de la Federación.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

El Vice-Presidente,                 

 

Jesús Eduardo Cabrera

 

Magistrados,

 

 

 

Héctor Peña Torrelles

Ponente

 

José M. Delgado Ocando

 

 

 

Moisés A. Troconis V.

 

 

                                                                            El Secretario,                    

 

 

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

 

 

HPT/icc

Exp. N°: 00-0699, SENTENCIA 267, 25-4-00