Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 13 de octubre de 2000, la ciudadana AGUSTINA INMACULADA VARGAS MORALES, titular de la cédula de identidad Nº 6.433.133, representada por el abogado LISANDRO BAUTISTA RANGEL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 1461, ejerció ante esta Sala amparo constitucional contra la Juez de la Sala de Juicio N° 5 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogada Beatriz López Castellano y contra el ciudadano LUIS DELFÍN FUENMAYOR TORO, a cuyo efecto denunció la violación de sus derechos establecidos en las disposiciones contempladas en los artículos 19, 21 numerales 1 y 2, 23, 24, 25, 26, 27, 49 numeral 1 y 60 de la Constitución de la República.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto de fecha, y se designó ponente. Reconstituida la sala el 27 de diciembre de 2000, le correspondió la ponencia al Magistrado Pedro Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. Alega:

Que, denunció a su cónyuge, ciudadano Luis Fermín Fuenmayor Toro, por “las agresiones de que yo era objeto asi (sic) como nuestro menor hijo”, ante la División contra la Violencia de la Mujer y a la Familia.

Que, en consecuencia, se inició la averiguación sumaria respectiva, por la presunta comisión del delito de violencia Física y Psicológica.

Que solicitó a la Sala N° 2 del Tribunal de Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, autorización para separase “temporalmente del domicilio conyugal”; autorización que fue otorgada.

Que, a la Sala de Juicio N° 5 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez Beatriz López Castellano, le correspondió el conocimiento de la “petición de visita” del niño Daniel Alí Fuenmayor, formulada por su padre, ciudadano Luis Delfín Fuenmayor Toro, y mediante auto, decretó la prohibición de salida del país del menor.

Que la Juez de la Sala de Juicio N° 5 antes identificada, parte de un falso supuesto y “deliberadamente incurre en abuso de autoridad y falta de transparencia en la decisión tomada”.

Que la Juez de Juicio de la Sala N° 5, abogada Beatriz López Castellano, “ demuestra su parcialidad con el Dr. LUIS DELFÍN FUENMAYOR TORO en detrimento de mis derechos constitucionales …[omissis… ya que entre ellos existen lazos de amistad y deudas de gratitud”, todo lo cual ha operado “en perjuicio de mis derechos y los de mi hijo”.

Que la Juez supra mencionada, dictó auto ordenando oficiar al Director del Centro de Orientación y Docencia, a fin de practicara examen psicológico y psiquiátrico al grupo familiar, aun cuando este centro “no es el más idóneo para efectuar dicha evaluación ya que en todo caso el competente sería la Medicatura Forense”. Que el referido Centro de Orientación y Docencia “está estrechamente vinculado con el ciudadano Dr. LUIS DELFÍN FUENMAYOR TORO…[omissis]… por ser docente y con vinculación con los profesionales que allí prestan sus servicios”.

Que, la Juez, de la Sala de Juicio N° 5 del Tribunal de Menores y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en contravención con lo establecido en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente señaló que “ … al no existir en este proceso lapso probatorio, el escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada, no puede ser admitido …”.

2. Denuncia:

La violación del derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en la disposiciones contempladas en el artículo 49 de la Constitución de la República, por cuanto la Juez, de la Sala de Juicio N° 5 del Tribunal de Menores y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “en la sustanciación del proceso identificado bajo la nomenclatura –3662-, la cual ha girado mediatizada y subordinada al arbitro (sic) caprichoso y a la simple conveniencia del peticionante”.

Asimismo denuncia la violación al derecho a la igualdad y no discriminación al libre tránsito, previstos en la disposiciones contempladas en los artículos 3 y 39 de la Constitución de la República.

3. Pide:

 

“… que cesen (sic) la violación de mis derechos y garantías constitucionales y dejen de perjudicarme y se me otorguen situaciones jurídica esenciales al ser humano, se declare la nulidad de : 1) de la medida cautelar de prohibición de salida del país del menor ALI DANIEL FUENMAYOR VARGAS; 2) Del auto de fecha 26 de septiembre de 2000; 3) Del auto de fecha 29 de septiembre de 2000; 4) Que se suspenda el régimen de visitas al agresor recomendada en el oficio que corre al folio 37 del expediente que en copia certificada se acompaña; 5) Que se declare la nulidad del auto de fecha 29 de septiembre de2000 y se ordene admitir y evacuar las pruebas; 6) Que se providencie sobre el pedimento del Fiscal 96 del Ministerio Público de fecha 29 de septiembre de 2000, Diarizado bajo el asiento N° 38; 7) Que se providencie solicitando copia certificada de los informes médicos legales psicológicos y psiquiátricos de mi persona y la de mi menor hijo; 8) Que se suspenda temporalmente a la ciudadana Juez y se someta a procedimiento disciplinario y se convoque a la Juez Suplente”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala, antes de entrar a conocer y decidir la presente demanda de amparo, pronunciarse sobre su competencia, y a tal efecto observa:

En el caso que nos ocupa, la demanda de amparo fue interpuesta en contra de actuaciones producidas por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio N° 5, en el procedimiento que, con el objeto de fijar el régimen de visitas del ciudadano Luis Delfín Fuenmayor Toro a su menor hijo, Daniel Alí Fuenmayor Vargas, se sigue ante ese despacho de primera instancia.

Ahora bien, como lo ha venido manifestando esta Sala Constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, que determina el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la misma, así como las consagradas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo, el cual“ será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella.

En ese sentido, esta Sala Constitucional al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de sentencia del 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán, estableció lo siguiente: “corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”, señalando de esa manera y con relación a los amparos sobrevenidos que las violaciones  a la Constitución  cometidas por los jueces “serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es la que determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

En ese sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:

 

“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva."

 

De la norma antes transcrita, se evidencia en forma definida la competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra sentencia”, correspondiéndole a un tribunal superior al que dictó el fallo accionado en amparo constitucional.

En el caso de autos, el amparo fue incoado en contra diversas actuaciones dictadas por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sala de Juicio, N° 5, con competencias específicas en materia de menores establecidas en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con relación al cual debe tomarse en consideración la hipótesis que contempla el artículo 4 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que atribuye el conocimiento y decisión de la acción de amparo constitucional a un Juzgado Superior al que dictó el pronunciamiento o efectuó las actuaciones denunciadas como violatorias.

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en sus artículos 173 y 175, establece:

 

"Artículo 175. Constitución del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Cada Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente estará constituido por una Sala de Juicio y una Corte Superior. La Sala de Juicio y la Corte Superior contarán, cada una, con un presidente y un secretario. (subrayado de la Sala)

[omissis".]

 

De la disposición antes transcrita se deriva que, conforme a la normativa procesal vigente en materia de menores, es la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial al Tribunal de Juicio que realizó las actuaciones denunciadas, ante quien ha debido ser propuesta la presente petición de amparo. Por tal motivo, esta Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia resulta incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana Agustina Inmaculada Vargas Morales, y de conformidad con el indicado artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe remitir el expediente a la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes. Así se declara.

 

III

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  se declara INCOMPETENTE para conocer del amparo constitucional interpuesto por el abogado LISANDRO BAUTISTA RANGEL, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana AGUSTINA INMACULADA VARGAS MORALES. En consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA en la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que conozca de la presente demanda de amparo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en la ciudad de Caracas, a los                  días del mes de

del dos mil uno.  Años:  190º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

     El Vicepresidente,

 

 

                                  JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE MANUEL DELGADO OCANDO           

              Magistrado

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                    Magistrado                                                        

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

      Magistrado-Ponente

                       

El Secretario,

 

                          JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH/sn/fs.-

Exp. No 00-2784