SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 10 de junio de 2004, con  oficio No. 734 del 1º de junio de 2004, emanado de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados EUDES SOSA CONTRERAS y JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 23.718 y 46.623, respectivamente, en su carácter de defensores de los ciudadanos CARLOS LEÓN ANGARITA y SINDULFO PÉREZ LÓPEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 14.192.437 y 16.680.749, respectivamente, contra la decisión dictada el 26 de abril de 2004, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía, a su juicio, lesiva del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 44.1 de la Constitución.

El expediente en mención fue remitido a fin de la apelación ejercida por la defensa de los accionantes contra la decisión dictada el 20 de mayo de 2004, por la referida Corte de Apelaciones, en la que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta.

El 11 de junio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

            Alegaron los defensores de los accionantes, lo siguiente:

            1. Que, el 22 de abril de 2004, solicitaron ante el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, la libertad inmediata de sus defendidos o en su defecto “para armonizar los intereses de la sociedad y de los acusados”, se les acordara la medida cautelar de presentación periódica ante el tribunal o cualquiera de las otras medidas establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de haber transcurrido más de dos años desde el momento en el cual se les decretó la medida judicial privativa de libertad y, sin embargo, no existía pronunciamiento judicial definitivo en sus contra.

            2.- Que dicha solicitud tuvo su fundamento en el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, las normas contenidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –artículos 9.3, 7.5, 5.3, 44 numerales 1 y 2, respectivamente- y en el criterio establecido por esta Sala en la sentencia del 6 de abril de 2004.

            3.- Que el referido Juzgado Tercero de Juicio, a pesar de admitir que “efectivamente llevan Dos (02) años privados de su Libertad”, sin embargo, el 26 de abril de 2004, dictó decisión mediante la cual acordó ratificar la medida de privación judicial de libertad a sus defendidos, por considerar entre otras circunstancias y sin fundamento alguno, que concurrían las circunstancias de peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad.

            4.- Que es evidente la infracción del derecho a la libertad personal derivada de dicha negativa, toda vez que al no observar el órgano jurisdiccional el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, convirtió la privación judicial preventiva de libertad de sus defendidos, en ilegitima.

DEL FALLO APELADO

            La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en decisión del 20 de mayo de 2004, declaró improcedente la acción de amparo incoada, con fundamento en los siguientes argumentos:

“En el caso que nos ocupa los quejosos argumentan que en la causa seguida a sus defendidos (...) se les han cercenado los derechos fundamentales a sus defendidos en virtud de las dilaciones indebidas procesales que se han presentado en el juicio, las cuales han impedido la celebración del debate oral y público (...) la dilación en el presente proceso no se ha debido a que la Juez de Juicio (...) no haya sido diligente para fijar los actos los cuales han sido continuamente diferidos, y éste diferimiento se ha debido (...) por ausencia de los abogados defensores (...) han faltado en siete (07) oportunidades a la audiencia (...). En consecuencia, en el presente caso no procede la acción de amparo constitucional, por no darse los supuestos contemplados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por lo tanto acuerda declararlo improcedente. Y ASÍ SE DECIDE”.

DE LA APELACIÓN EJERCIDA

            Sirvió de fundamento al recurso ejercido por la defensa de los accionantes, lo siguiente:

            1.- Que, en el presente proceso de amparo, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, no cumplió con el procedimiento establecido por esta Sala en sentencia del 1 de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejías), toda vez que admitida la acción interpuesta fijó el acto de la audiencia constitucional, la cual se realizó sin la presencia de los accionantes, en virtud de no haber sido éstos notificados. Asimismo, se reservó el lapso de veinticuatro horas para proferir la decisión, siendo la misma leída al día siguiente de la audiencia por la Secretaria de la Corte de Apelaciones.

            2.- Que la referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, incurrió en un falso supuesto cuando en la sentencia impugnada afirmó, que la pretensión constitucional incoada tuvo su fundamento en las dilaciones procesales presentadas en el juicio seguido a sus defendidos, cuando lo alegado para ello fue la violación del derecho a la libertad.

            3.- Que igualmente erró el a quo al señalar que la dilación del proceso no era por la falta de diligencia del órgano jurisdiccional señalado como agraviante, sino por el actual dilatorio de la defensa y de los acusados.

            4.- Que en ningún momento la acción de amparo estuvo dirigida a atacar la violación del debido proceso, materializada en la orden del Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, de constituirse en tribunal unipersonal para el juzgamiento, sin contra con la manifestación expresa de los acusados, sino que estuvo dirigida a atacar la violación del derecho que éstos tienen a ser juzgados en libertad.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1 febrero de 2000 (caso: José Amando Mejías).

En el presente caso, la decisión contra la cual se ejerció el recurso de apelación ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Siendo ello así, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta competente para conocer del mismo, y así se declara.

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y a tal efecto observa:

A juicio de la defensa, la circunstancia de que los ciudadanos Eudes Sosa Contreras y Sindulfo Pérez López se encuentren privados de su libertad en virtud de una orden judicial preventiva que la ley adjetiva penal, en todos los casos, limita a un máximo de dos años, convierte su detención en una privación ilegítima de libertad por extensión en el tiempo, ya que, desde el momento en que se le decretó la medida judicial privativa de libertad –20 de abril de 2002- hasta la oportunidad del ejercicio de la pretensión constitucional –22 de abril de 2004- han transcurrido más de dos años, sin que en el juicio que se les sigue se haya dictado sentencia definitiva.

Ahora bien, consta en las actas del presente caso, lo siguiente:

1.- Que los ciudadanos Eudes Sosa Contreras y Sindulfo Pérez López, se encuentran detenidos en virtud de una orden judicial no revocada, razón por la cual lo preceptuado en el artículo 44 constitucional se ha cumplido.

2.- Que el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Extensión El Vigía, en decisión del 26 de abril de 2004, acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad contra los prenombrados ciudadanos, en virtud que “efectivamente llevan Dos (02) años privados de su libertad, sin embargo, no existe quebrantamiento del debido proceso, asimismo, esta Juzgadora constata que a la presente fecha, las circunstancias que se originaron al momento de decretarse la privación de libertad a los acusados no han variado (sic)”.

3.- Que la dilación procesal en cuanto a la celebración de la audiencia del juicio oral, no es imputable al Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, por cuanto el mismo fue lo suficientemente diligente en la fijación de los actos relativos a la constitución del tribunal mixto con escabinos, el cual si bien para el momento de la interposición de la acción no se había constituido; sin embargo, dicha dilación devino de la inasistencia a dicha convocatoria de los escabinos elegidos y de la defensa de los hoy accionantes.

            Siendo ello así, reitera la Sala las doctrinas establecidas en las sentencias del 12 de septiembre de 2001 (Caso. Rita Alcira Coy y otros) donde apuntó:

Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.

Etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la  privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.

En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.

A juicio de esta Sala, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa” (subrayado de este fallo)

Y del 4 de noviembre de 2003 (Caso: David José Bolívar), donde señaló:

“Los argumentos expuestos en los párrafos precedentes traen como consecuencia que si a través de la interposición de un amparo constitucional se pretende el decreto de una medida cautelar sustitutiva por la excesiva e ilegítima prolongación de la privación preventiva de la libertad, tal pretensión resulta inadmisible, toda vez que el medio ordinario para hacer cesar la presunta lesión es la solicitud que se realice ante el propio juez.

Ahora bien, esta Sala reconoce la posibilidad de que en un caso concreto, el juez niegue el pedimento del procesado, a pesar de estar obligado a hacer cesar la privación de la libertad que devino en ilegítima por su excesiva duración; por lo tanto, es necesario determinar de qué medios procesales dispone quien considere lesionados sus derechos por el mantenimiento de la medida, visto que anteriormente se negó la admisibilidad del amparo constitucional.

Al respecto, se observa que en nuestro ordenamiento rige el principio de la doble instancia, de tal forma que la apelación constituye el recurso ordinario para someter el conocimiento de una controversia al juez superior; sin embargo, en determinados casos el legislador niega expresamente la posibilidad de ejercer el recurso in commento, con lo cual establece que el acto no sea susceptible de impugnación. En este sentido, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente:

 (...)

De acuerdo con la norma anterior, no es susceptible de ser apelada aquella decisión del juez mediante la cual niegue la revocación o sustitución de la medida privativa de libertad; ello encuentra su justificación en el propósito del legislador de evitar que se obstaculice el trámite del proceso penal a través de incidencias que ocasionen una dilación innecesaria, por cuanto esa solicitud puede volver a proponerse ante el juez, sin limitación alguna.

 No obstante, la disposición in comento contempla el supuesto en que se solicite la revisión de la medida de privación preventiva de libertad en el curso de un proceso que se ha tramitado conforme a las previsiones legales y, por tanto, no ha excedido el lapso que normalmente debe durar el proceso penal, lo cual implica que la antedicha medida cautelar se encuentra aún dentro de los límites establecidos. Si por el contrario, la privación de la libertad se ha prolongado más allá del límite máximo establecido, esto es, dos (2) años, y sin embargo el juez se niega a hacerla cesar, no podría pretenderse aplicar la prohibición de ejercer el recurso de apelación, conforme al citado artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el legislador no comprendió en esa norma dicho supuesto; y para constatar tal afirmación, basta con destacar que la aludida limitación temporal está prevista dentro del capítulo relativo a los principios generales que imperan en materia de medidas de coerción personal”. (resaltado de este fallo).

Por ello, a juicio de la Sala, la decisión accionada podía ser impugnada por vía del recurso de apelación, razón por la cual la acción de amparo interpuesta resulta inadmisible a tenor de lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así debió declararla el a quo, por lo que la Sala a revocar –por estos motivos más no por la apelación ejercida- el fallo apelado, y así se declara.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamiento:

1.- Declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado EUDES SOSA CONTRERAS, en su carácter de defensor de los ciudadanos , contra la decisión dictada el 20 de mayo de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta; decisión que se REVOCA.

2.- Declara INADMISIBLE -de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados EUDES SOSA CONTRERAS y JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ, en su carácter de defensores de los ciudadanos CARLOS LEÓN ANGARITA y SINDULFO PÉREZ LÓPEZ, contra la decisión dictada el 26 de abril de 2004, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, Extensión El Vigía.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente Cúmplase lo ordenado.

Dada,  firmada  y  sellada,  en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Caracas,  a     los 14 días  del  mes  de abril de  2005. Años: 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

EXP. No: 04-1560

JECR/