SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

Consta en autos que, el 22 de febrero de 2011, el abogado CESÁREO JOSÉ ESPINAL VÁSQUEZ, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 134, en su nombre y en condición de Presidente de la firma de abogados ESPINAL VÁSQUEZ Y ASOCIADOS, asociación civil con inscripción en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el 3 de marzo de 1982, bajo el n.° 14, tomo 18, protocolo primero, el 3 de marzo de 1982, introdujo, ante esta Sala, solicitud de revisión de la sentencia n.° 00165 que dictó la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de febrero de 2011.

Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 25 de febrero de 2011 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

El 22 de marzo de 2011, la parte solicitante consignó copia certificada de la sentencia objeto de su pretensión.

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

1.        El solicitante alegó que:

1.1      Intentó demanda por cobro de bolívares contra C.V.G. Industria del Aluminio C.A. (C.V.G VENALUM C.A.), ante la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

1.2      En ese juicio, el “11 de marzo de 2010, fue impugnado el poder judicial que el Presidente de la demandada C.V.G. VENALUM otorgó al abogado GUISEPPE FERRO SABIA, por carecer de las ‘… formalidades que debe certificar el Notario’”, según el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil. Adujo que faltó certificar la autorización que debe dar la Junta Directiva al Presidente de la empresa para otorgar poder.

1.3      La demandada solicitó que tal impugnación fuera desestimada, por cuanto no se hizo en la primera oportunidad luego de la consignación del poder y, por tanto, se “convalidó el poder”.

1.4      El 6 de octubre de 2010, el abogado de C.V.G.VENALUM C.A. consignó nuevo poder y “ratificó el mandato impugnado, así como las actuaciones y todos los actos procesales cumplidos, lo cual hizo en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y no en el Juzgado de Sustanciación”.

1.5      El 7 de octubre de 2010, ratificó la impugnación del poder que fue consignado el 11 de febrero de 2010.

1.6      La sentencia impugnada declaró extemporánea la solicitud, con lo cual se habría desconocido su derecho a la tutela judicial efectiva.

1.7      “El artículo 213 del Código de Procedimiento Civil en que se funda la sentencia en revisión, se refiere a nulidades relativas inaplicable en la presente causa en la que se ha impugnado la eficacia por inexistencia del poder judicial al carecer de la formalidades legales, en consecuencia, a tenor de lo que establecen los artículos 155 y 156 del citado Código se solicitó la EXHIBICIÓN DE LOS ESTATUTOS DE C.V.G INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A. (VENALUM), EN DONDE CONSTA QUE EL PRESIDENTE DEBERÁ OBTENER AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA OTORGAR PODER JUDICIAL”.

1.8      “[L]a sentencia dictada y publicada en día 09 de febrero por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, interpretó erróneamente el pedimento de la impugnación del poder judicial vulnerando el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y aplicando lo dispuesto en el artículo 213 del citado Código Adjetivo, sin examinar y analizar la naturaleza formal de la inexistencia como nulidad absoluta de pleno derecho, por lo tanto obvió la solicitud de EXHIBICIÓN formulada en los términos legales expuestos, es decir, lo previsto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto es indubitable que la solicitud de exhibición para comprobar la ineficacia del poder judicial otorgado conjuga en tacha incidental que puede ser solicitada en vía incidental en cualquier estado o grado de la causa, a tenor del artículo 439 ejusdem. De tal manera por imperium legis, debió aplicar lo dispuesto en el artículo 156 ejusdem, sobre ‘IMPUGNACION DEL PODER Y DEBER DE EXHIBICIÓN’, al no hacerlo, causó indefensión.”

2.        Pidió:

[Se] declare HABER LUGAR AL RECURSO DE REVISION sobre la inconstitucionalidad de la sentencia número N° 00830 de fecha 11 de agosto de 2010…

 

II

DECISIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITÓ

La Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo objeto de la solicitud de revisión, juzgó en los siguientes términos:

Previamente debe verificar la Sala si la impugnación  de poder planteada por el abogado demandante fue interpuesta tempestivamente. Al respecto, el Código de Procedimiento Civil -de aplicación supletoria conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo- establece:

Artículo 213. Las nulidades que sólo pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos”. (Resaltado de la Sala).

En relación con la impugnación de poderes, es criterio reiterado de esta Sala (ver, entre otras, sentencias números  05146, 00780, 00996, 00934 y 01407 de fechas, 21 de julio de 2005, 29 de marzo de 2006, 14 de junio de 2007, 6 de agosto de 2008 y 6 noviembre de 2008, respectivamente), que “debe verificarse en la primera oportunidad o actuación inmediatamente posterior a la presentación del mandato que se cuestiona. De lo contrario, existe una presunción tácita de que ha sido admitida como legítima la representación que ha invocado el representante judicial, conforme a lo dispuesto en la regla general contenida en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil  (…)”. (Subrayado de este fallo).

En el presente caso observa este Máximo Tribunal que junto al escrito de promoción de pruebas consignado el 11 de febrero de 2010, el abogado Giuseppe FERRO SABIA, actuando como apoderado judicial C.V.G. VENALUM, consignó en copia certificada el documento autenticado en la Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, el 23 de diciembre de 2009, anotado bajo el Nº 05, Tomo 295, mediante el cual el presidente de dicha sociedad mercantil le otorgó poder; documento este que -a diferencia del escrito de promoción de pruebas- fue agregado a los autos en esa misma fecha.

Asimismo, se observa que el 17 de febrero de 2010 la parte demandante actuó en autos inmediatamente después de la presentación del poder que impugna, en cuya actuación se limitó a promover pruebas. Posteriormente, el 3 de marzo de 2010 efectuó otra actuación procesal, para denunciar que el apoderado judicial de la empresa accionada no estaba “…habilitado para actuar en cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia…”, pidiendo solamente la inadmisibilidad del escrito de pruebas consignado por aquel abogado. Días después, el 11 de marzo de 2010 desistió de esta última solicitud. Ese mismo día, luego de la diligencia de desistimiento indicada, procedió a impugnar el poder del abogado Giuseppe FERRO SABIA.

Advierte la Sala que el abogado demandante no impugnó oportunamente el poder del abogado de su contraparte, ya que no fue sino hasta el 11 de marzo de 2010, luego de tres actuaciones anteriores, cuando presentó un escrito por el cual ejerció la mencionada impugnación, solicitando que fuese “…declarado insuficiente de pleno derecho el referido poder judicial, y por ende, inexistente en el presente juicio…”, por considerar que “…carece de las formalidades que debe certificar el Notario”.

Adicionalmente, cabe destacar que el instrumento poder consignado posteriormente por la representación judicial de la demandada (el 6 de octubre de 2010), mediante el cual fueron ratificadas todas sus actuaciones, no fue impugnado por el demandante, ya que en el escrito que presentó el 7 de ese mes y año, sólo ratificó su impugnación contra el poder consignado el 11 de febrero de 2010.

De lo expuesto se colige, como lo adujo el apoderado judicial de la empresa demandada, que el abogado accionante no impugnó el poder inmediatamente después de haber sido presentado, porque cuando lo hizo ya había actuado con anterioridad en el juicio. Ergo, tal impugnación debe ser declarada improcedente por extemporánea. Así se determina.

Consecuencialmente, de conformidad con los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas al impugnante, por haber sido vencido en la incidencia.

V

DECISIÓN

 

Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA la impugnación del poder formulada por el abogado CESÁREO JOSÉ ESPINAL VÁSQUEZ, actuando en su nombre y como presidente de la sociedad civil ESPINAL VÁSQUEZ Y ASOCIADOS,  en la demanda que por cobro de bolívares interpuso contra la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A. (CVG VENALUM).

Se CONDENA EN COSTAS a la parte demandante por haber sido vencida en la presente incidencia.

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 25.10 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se requirió la revisión del veredicto que pronunció, el 8 de febrero de 2011, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual esta Sala se declara competente para su resolución. Así se declara.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En el caso sub examine, se pretende la revisión del acto de juzgamiento n.° 00165 que dictó la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 9 de febrero de 2011.

En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

(...) Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3.  Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4.  Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional. (s. S.C. n.° 93 del 06.02.01)

 

Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a la guarda de máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende, en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.

En el caso de autos, la Sala observa que se planteó solicitud de revisión del fallo que decidió, de manera definitiva y con carácter de cosa juzgada, la incidencia de impugnación del poder de la parte demandada en la pretensión por cobro de bolívares que dedujo el aquí solicitante contra CVG VENALUM C.A., razón por la cual sí puede ser objeto de examen a través de esta vía extraordinaria, la revisión constitucional.

En opinión del requirente, la Sala Político Administrativa desconoció su derecho a la tutela judicial efectiva cuando no declaró la insuficiencia e inexistencia del poder que el Presidente de CVG VENALUM C.A. otorgó al abogado Giuseppe Ferro Sabia.

La Sala observa que el fallo objeto de revisión declaró la improcedencia, por extemporánea, de la impugnación del poder de la demandada del juicio original, por cuanto no se hizo en la primera oportunidad procesal luego de que constara en autos ese instrumento, sino que el reclamo se formuló en la cuarta oportunidad en la que el demandante actuó en el expediente, contada desde la consignación del poder supuestamente defectuoso.

Adicionalmente, la Sala Político- Administrativa resaltó el hecho de que la representación judicial de CVG VENALUM C.A. consignó, luego de la impugnación, nuevo instrumento poder y ratificó todas las actuaciones precedentes. Ese nuevo poder no fue impugnado por el actor, sino que se limitó a la ratificación de la impugnación del primero.

Del estudio del veredicto que emitió la Sala Político- Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia no se observa que esa Sala haya desconocido alguna doctrina vinculante de esta Sala Constitucional o haya cometido algún error grotesco en la interpretación de derechos y principios constitucionales que amerite el ejercicio de la potestad extraordinaria de revisión, tal como se ha precisado en múltiples fallos (Ver, entre otras, sentencias n.os 614 del 19.05.09, 181 del 24.03.10, 666 del 29.06.10 y 354 del 24.03.11).

Además, esta Sala expresó, en sentencia del 2 de marzo de 2000, (caso: Francia Josefina Rondón Astor) que en materia de revisión posee facultad discrecional, y tal potestad puede ser ejercida sin motivación alguna, “cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango”.

En definitiva, la Sala considera que, de lo expuesto por el solicitante, no se desprende que su examen pueda contribuir a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, motivo por el cual declara no ha lugar la revisión. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión que planteó el abogado CESÁREO JOSÉ ESPINAL VÁSQUEZ, de la sentencia n.° 00165 que dictó, el 9 de febrero de 2011, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese y regístrese.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,     a los 12 días del mes de abril  de dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vice-presidente,

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                             Ponente

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

GMGA.sn.ar.

Exp. 11-0291