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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

           

El 12 de octubre de 2002 comparecieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los abogados YARITZA BONILLA y PEDRO LUIS FERMÍN, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 17.944 y 32.671, respectivamente, e interpusieron recurso de nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad contra los artículos 42, 48, 151, 170, 178 y 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada el 13 de agosto de 2002, en la Gaceta Oficial n° 37.504.

 

El 22 del mismo mes y año se dio cuenta en Sala y se acordó remitir las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.

 

El 12 de noviembre de 2002, el Juzgado de Sustanciación admitió cuanto ha lugar en derecho el presente recurso y ordenó notificar al Presidente de la Asamblea Nacional, al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República. Asimismo, se ordenó emplazar a los interesados mediante cartel.

 

            El 16 de octubre de 2003, los abogados José Luis Sarmiento, Ana Julia Niño Gamboa y Alberto Amengual Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 70.875, 37.586 y 90.672, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la Asamblea Nacional, solicitaron mediante escrito presentado a esta Sala, la acumulación del presente expediente n° 02-2620 con los expedientes números 03-0509 y 03-1290.

El 21 de octubre de 2003, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el presente expediente a la Sala para el respectivo pronunciamiento, donde se recibió el 22 del mismo mes y año y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

 

I
DE LA COMPETENCIA

 

Pasa la Sala a emitir pronunciamiento con relación a su competencia para conocer de los presentes recursos de nulidad y, a tal efecto, observa:

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 334 establece que:Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

 

La exclusividad a la que alude el mencionado artículo 334 en materia de inconstitucionalidad, está referida a la nulidad de actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

 

De lo anterior emerge, de forma indubitable, que el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo.

 

En consecuencia, por cuanto la ley impugnada fue dictada en ejecución directa de la Constitución, con base en la potestad de la Asamblea Nacional para dictar leyes en consonancia con el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con la competencia expresa otorgada a esta Sala en el artículo 336.3 de la misma Constitución, se sigue que, en razón del rango del acto atacado, es esta Sala el tribunal competente para conocer y decidir las solicitudes propuestas en autos. Así se declara.

 

II
DE LA ACUMULACIÓN

 

En el presente caso los representantes de la Asamblea Nacional solicitaron la acumulación del presente expediente (n° 02-2620) a los expedientes signados con los números 03-0509 y 03-1290, por cuanto existe entre ellos identidad de título y objeto, y por cuanto a ello, no se opone ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil.

 

A tal efecto, la Sala observa:

 

La figura de la acumulación procesal consiste en la unificación dentro de un mismo expediente, de causas que revisten algún tipo de conexión, a fin de que mediante una sola sentencia sean decididas a fin de  evitar decisiones contradictorias que puedan versar sobre un mismo asunto, y también para garantizar los principios de celeridad y economía procesal.

 

Para que proceda la solicitud de acumulación procesal es necesario que se dé la presencia de dos o más procesos y, que existan entre ellos una relación de accesoriedad, conexión o de continencia.

 

Se requiere, además, que no se den ninguno de los presupuestos enumerados en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, que prohíben la acumulación de autos o de procesos, a saber, cuando estos no estuvieren en una misma instancia; cuando se trate de procesos que cursen en tribunales distintos; cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles; cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviere vencido el lapso de promoción de pruebas, y cuando no estuvieren citadas las partes para la contestación de la demanda en ambos procesos.

 

Atendiendo a las normas procesales que rigen la acumulación, la Sala observa lo siguiente:

 

1.- En el presente caso, expediente 02-2620, los abogados Yaritza Bonilla y Pedro Luis Fermín solicitaron la nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad de los artículos 42, 48, 151, 170, 178 y 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada el 13 de agosto de 2002, en la Gaceta Oficial n° 37.504, porque presuntamente lesionan disposiciones constitucionales y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.

 

2.- En el expediente n° 03-0509, el abogado Pedro López Navarro solicitó la nulidad por razones de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, pretensión de colisión de dicha norma respecto de los artículos 1, 3, 5, 10, 15, 49, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Trabajo y 131, 135, 151 y 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En este caso, la Sala, el 28 de octubre de 2003, mediante sentencia n° 2832 declaró inadmisible la demanda interpuesta, en virtud de que existía inepta acumulación de pretensiones y se ordenó el archivo del expediente.

 

3.- En el expediente n° 03-1290, el abogado Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño, solicitó la nulidad por razones de inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 44, 48 parágrafo segundo, 73, 126, 135 encabezado y único aparte, y 151 segundo aparte, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Al respecto, esta Sala Constitucional, el 1° de octubre de 2003, por sentencia n° 2639 declaró improcedente la medida cautelar solicitada conjuntamente con el recurso de nulidad interpuesto contra los artículos 9, 10, 44, 48, parágrafo segundo, 73, 126, 135, encabezado y único aparte, y 151, segundo aparte, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asimismo, declaró la causa como asunto de mero derecho y fijó el décimo día siguiente a la última de las notificaciones para la celebración del acto de informes; acto que aún no ha sido realizado a pesar de que ya han sido notificadas las partes.

En atención a lo expuesto, la Sala visto el hecho de que en la causa n° 03-0509, ya existe un pronunciamiento de inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones y una orden de archivar el expediente, niega la solicitud de acumulación del expediente n° 03-0509 al exp. n° 02-2620. Así se decide.

 

En cuanto a la solicitud de acumulación del expediente n° 03-1290 al 02-2620, se observa que en ambas causas se tiene como pretensión la nulidad total y parcial por razones de inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin embargo, ellas coinciden en razones de hecho y de derecho en la impugnación de nulidad entre otros (parcial en el expediente 02-2620 y total en el expediente signado con el n° 03-1290) de los artículos 48 y 151 de la citada Ley.

 

 Visto, entonces, que en ambas causas se impugnó un mismo instrumento legal, a saber, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada, el 13 de agosto de 2002, en la Gaceta Oficial n° 37.504 y que fueron impulsadas por un medio procesal común, el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad previsto en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala teniendo presente que las decisiones que recaigan sobre los recursos incoados pudiese anular parcialmente la ley objetada, estima necesaria la acumulación de las pretensiones incoadas al objeto de evitar decisiones contradictorias respecto a los artículos comunes impugnados, y atendiendo al principio de celeridad y economía procesal.

 

A los efectos de hacer efectiva la acumulación la Sala visto que en  la causa n° 03-1290, mediante la sentencia n° 2639/03, se redujeron los lapsos, acuerda declarar de oficio como de mero derecho la causa n° 02-2620, conforme lo autoriza el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, suprime el lapso para la promoción y evacuación de pruebas, así como la primera etapa de la relación; asimismo, ordena a la Secretaría de esta Sala proceda a realizar la acumulación acordada en esta decisión, y, a los efectos de la decisión, suspende el curso de la causa n° 03-1290 hasta que ambas se encuentren en el mismo estado; por último, ordena devolver el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala para que emplace a los interesados en el presente juicio mediante cartel y una vez librado el mismo y notificadas todas las partes involucradas en ambas causas de lo expuesto en este fallo, remita a la Sala el expediente para que fije la oportunidad del acto de informes, el cual deberá ser escrito, al quinto (5°) día hábil siguiente a la recepción del expediente. Así se declara.

 

III

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

 

PRIMERO: ACUERDA acumular la causa que cursa en el expediente n° 03-1290 a la n° 02-2620, de la numeración llevada por esta Sala, contentivos de recursos de nulidad interpuestos por razones de inconstitucionalidad, contra la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

SEGUNDO: NIEGA la acumulación de la causa n° 03-0509 a la causa n° 02-2620.

 

TERCERO: SUSPENDE el curso de la causa n° 03-1290 hasta que ambas se encuentren en el mismo estado.

 

CUARTO: ACUERDA tramitar la presente causa n° 02-2620 como un asunto de mero derecho, en consecuencia, se elimina el lapso probatorio y la primera etapa de la relación.

 

QUINTO: Se ORDENA devolver el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala para que emplace a los interesados en el presente juicio mediante cartel y una vez librado el mismo y notificadas todas las partes involucradas en ambas causas de lo expuesto en este fallo, remita a la Sala el expediente para que fije la oportunidad del acto de informes, el cual deberá ser escrito, al quinto (5°) día hábil siguiente a la recepción del expediente. 

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de abril  dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA              

El Vicepresidente,

 

 

            JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                 JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

                                                                                              Ponente

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

JMDO/

EXP. n° 02-2620/03-1290