SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

 

Mediante escrito recibido por esta Sala Constitucional, el 15 de octubre de 2010, el ciudadano GEOMAR JOSÉ MEDINA ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-15.888.884, asistido por las abogadas Genilis Álvarez y Yanira Díaz de Baptista, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 21.724 y 68.673, respectivamente, ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión Nº 312-10, dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 11 de agosto de 2010, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión Nº 648-10, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con competencia en los Delitos de Violencia contra las Mujeres del mismo Circuito Judicial Penal, el 3 de junio de 2010, anuló la decisión recurrida y ordenó al Juzgado A quo dar trámite de ley al escrito de acusación fiscal presentado por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por la presunta violación del principio de legalidad y del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de actos lascivos, en perjuicio de dos adolescentes cuyos nombres se omiten en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, parágrafo segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

El 26 de octubre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

En virtud de la designación de los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado por la Asamblea Nacional en sesión de 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569, del 8 del mismo mes y año, el 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

 

Efectuado el examen de los alegatos y denuncias planteadas, la Sala pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 1 de mayo de 2009, el ciudadano Geomar José Medina Álvarez fue presentado ante los Tribunales en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de actos lascivos en perjuicio de dos adolescentes cuyos nombres se omiten en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, parágrafo segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, decretándosele medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de la libertad; quedando registrado el asunto penal bajo el Nº VP02-S-2009-003962.

 

El 25 de septiembre de 2009, fue consignada ante el Departamento de Alguacilazgo solicitud de prórroga por parte de la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público; la cual fue registrada en el asunto penal Nº VP02-S-2009-003961.

 

El Tribunal de la causa se percata de la existencia de dos asuntos penales con las mismas partes y procede a acumularlos.

El 16 de noviembre de 2009, la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público presentó escrito acusatorio.

 

El 17 de noviembre de 2009, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dicta decisión mediante la cual declara extemporánea la solicitud de prórroga presentada por la representación fiscal, decreta el archivo de las actuaciones y acuerda el cese de las medidas cautelares sustitutivas a la medida de privación judicial preventiva de libertad impuestas al accionante.

 

El 24 de noviembre de 2009, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia declaró inadmisible la acusación fiscal, por considerar que la misma había sido presentada de manera extemporánea. Contra dicha decisión fue ejercido recurso de apelación por la representación fiscal el 4 de diciembre de 2009; correspondiéndole el conocimiento del mismo a la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal quien, el 17 de febrero de 2010, lo declaró con lugar y ordenó que otro Juez de la misma Instancia conociera del asunto.

 

Correspondió el conocimiento de la causa al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, quien continúa el curso de la causa y fija la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

 

El 19 de marzo de 2010, la defensa del accionante presentó escrito mediante el cual indica que no se estaba dando cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, del 17 de febrero de 2010, por considerar que lo procedente era notificar al Fiscal Superior del Ministerio Público, a los fines de que designara un nuevo fiscal para que presentara el acto conclusivo.

El 24 de marzo de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dicta auto mediante el cual ordena la notificación del Fiscal Superior, a los fines de que se designara un Fiscal del Ministerio Público, para que en el lapso de diez (10) días presentara el acto conclusivo; y deja sin efecto la audiencia preliminar fijada para el 26 de marzo de 2010.

 

El 3 de junio de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia dicta decisión mediante la cual decreta el archivo judicial del asunto, ordena el cese de las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad del imputado y ordena el cese de las medidas de protección para la víctima acordadas; todo ello con fundamento en el vencimiento de la prórroga extraordinaria sin que la representación fiscal presentara el acto conclusivo en la causa.

 

La anterior decisión fue apelada, correspondiendo el conocimiento de la causa a la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia quien, el 11 de agosto de 2010 declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y anuló la decisión recurrida, ordenando al Juzgado A quo darle trámite de ley al escrito de acusación fiscal presentado por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

Contra esta última decisión se ejerció la presente acción de amparo constitucional.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

           

La acción de amparo constitucional fue fundamentada en los siguientes argumentos:

 

Se denuncia “…la violación del Principio de Legalidad, toda vez que estamos en presencia de un Procedimiento Especial y que tiene su preeminencia en su artículo 12 de la Ley Especial, cuando ordena que el Juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley se seguirá por el procedimiento especial en esa ley previsto, siendo que en el presente caso el Magistrado de la Sala 01 de la Corte de Apelaciones incumplió tal exigencia pues, decidió en total inobservancia de lo establecido en el artículo 103 ejusdem, el procedimiento que prescribe la aludida norma, que en todo caso, era notificar al Fiscal Superior, para que éste designara a otro fiscal a los fines de que este último presentara el acto conclusivo…”.

 

Que “…El Principio de legalidad tiene un conjunto de consecuencias que se manifiestan en normas o prohibiciones concretas que se desprenden de éste, entre ellas la legalidad de los procedimientos en relación a este particular, lo encontramos plasmado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente a la Tutela Judicial y (sic) efectiva…”.

 

Que “…En cuanto a la actuación esgrimida por la Representación fiscal en cuanto a atribuirse mediante Memorándum Nº 690-2010 que es un acto administrativo, realizado a espaldas de la defensa y de esta manera alterar y modificar el contenido de la notificación Nº 499-2010 del Juzgado Segundo de Control no es ajustada a la normativa legal. Las autoridades tienen sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico, y debe ejercer sus funciones ajustadas al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales y las leyes…”.

 

Que “…En cuanto a la Notificación Tácita, por parte de la Representación Fiscal, arguye la defensa que interpuesto el oficio Nº 11216-10 en fecha 04-06-10, es decir, posterior a la decisión 648-10 de fecha 03-06-10 y de la cual surge apelación por parte de la representación debe tenérsele como notificada desde aquella penúltima fecha (04-06-10), por cuanto, respecto de ésta, operó el mecanismo procesal de la notificación tácita que, por aplicación supletoria e interpretación extensiva del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, ha admitido la Jurisprudencia respecto del procedimiento penal en sentencia nº. 624 de 3 de mayo de 2001, caso Jhon Alexander Jiménez Medina, por lo que debe acordarse EXTEMPORANEA (sic) la Apelación interpuesta en fecha 14-06-10 siendo que la fiscalía se dio formalmente como notificada en fecha 08-06-10 que es cuando firma como recibido…”.

 

Que “…Inexplicablemente la decisión con motivo del segundo Recurso de Apelación ejercido por el Ministerio Público, ordena el trámite de la Acusación, pero éste fue resuelto en contravención a lo ordenado en la decisión dictada por la sala  (sic) tres (3) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, es decir, actuó la Sala Uno modificando sustancialmente la decisión de la Sala Tres (3) como si fuese Órgano Superior…”.

 

Finalmente solicitó “…una medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión No 312-10 de fecha once (11) de agosto de 2010 dictada por la sal (sic) uno (1) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde contrariando el derecho resuelve se le de (sic) tramite (sic) a la acusación. Dejando sin efecto el ARCHIVO QUE HA SIDO DECRETADO CONFORME A DERECHO”.

 

III

DE LA DECISIÓN OBJETO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

La Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia sustentó la decisión accionada en las siguientes consideraciones:

 

“…De la revisión de las actas que conforman la presente incidencia, observa la Sala que el aspecto medular del recurso de apelación se encuentra en impugnar la decisión recurrida, al considerar, que con él (sic) decreto del Archivo Judicial en el asunto Penal VPO2- S-2009-003962, seguido en contra de GEOMAR JOSE (sic) MEDINA ALVAREZ (sic), por la presunta comisión del delito de ACTOS LASCIVOS, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de las adolescentes (…), causó un gravamen irreparable, que conculcaba los derechos que asisten al Ministerio Público, como titular de la acción penal, violentando el debido proceso al decretar dicho archivo, obviando la interposición o pre existencia de la acusación.

Al respecto, la Sala para decidir observa:

En fecha 16-11-2009, la Vindicta Pública, presentó escrito acusatorio, en contra del acusado de autos, por la comisión del delito de Actos Lascivos, previsto y sancionado en el artículo 45 (sic) Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de las Adolescentes (…), en fecha 24-11-2009, la Jueza A quo declaro Inadmisible por extemporáneo dicho acto conclusivo.

En fecha 04-12-2009, la Representación fiscal 35° ejerció un Recurso de Apelación en contra del auto que declaró Inadmisible el Escrito Acusatorio por Extemporáneo, el cual en fecha 17-02-2010, Recurso que fue declarado Con Lugar, por la Sala 3° de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, ordenando en la misma que conociera del presente asunto otro Juez de la misma Instancia y se procediera a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dicha causa fue redistribuida al Tribunal Primero en Funciones de Control, Audiencias y Medidas de Violencia Contra las Mujeres, el cual en fecha 25-03-2010, emitió oficio a la Fiscalía Superior bajo el N° 499-10, en el cual le solicita que en el lapso de dos días siguientes a la notificación comisionará un nuevo Fiscal y vencidos todos los lapsos establecidos en el artículo 79 de la Ley especial, procediera a presentar el acto conclusivo correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 103 Ejusdem, el cual presenta fecha 05-04-2010, de recibido por ante la Fiscalía Superior. En fecha 06-04-2010, la Fiscalía 35° del Ministerio Público, remite memorándum N° ZUL-F35-690-2010 a la Fiscalía Superior, haciendo de su conocimiento que esa Representación Fiscal había presentado acto conclusivo en la causa in comento, Acusación, posteriormente le solicitó a la superioridad informará al Tribunal de su decisión de mantener a dicha fiscalía en conocimiento de la causa. En fecha 04-06-2010, la Fiscalía 35° del Ministerio Público, remitió oficio N° 1216-10 al Tribunal Primero en Funciones de de (sic) control, Audiencias y Medidas en materia de delitos de Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal, informándoles que la Fiscalía Superior en atención a lo solicitado por ese Juzgado en fecha 25-03-2010, mediante oficio N° 499-2010, resolvió mantener a dicha fiscalía en conocimiento de la presente causa en razón de que ésta había presentado el acto conclusivo correspondiente en fecha 16-11-2009.

Finalmente, se observa que en fecha 03.06.2010, el Juzgado Primero de Primera de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con competencia en los delitos de Violencia contra las Mujeres, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decretó el archivo judicial de la presente causa de conformidad a lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, la decisión recurrida precisó:

‘...Vencido como se encuentra la prórroga extraordinaria NOTIFICADA en fecha 05 de Marzo del año 2010, con el oficio N° 499-10, de fecha 25 de Marzo del año 2010, dirigido a la Fiscala Superior del Ministerio Público con el objetivo de que procediera de conformidad con lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a los fines de dar cumplimiento a la Dispositiva de la Decisión Nro. 47-10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Zulia , Sala 3, de fecha 17 de febrero del año 2010 , (sic) la cual reza “(Omissis) Se ordena Notificar al Fiscal Superior de conformidad (sic) con lo previsto en el articulo 103 de la Ley Orgánica Sobre el (sic) De las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a los fines de que designe Fiscal del Ministerio Publico para que el lapso de diez días presente el correspondiente Acto Conclusivo “, (sic) por cuanto, consta en actas que el mencionado oficio fue recibido y transcurrido como ha sido el tiempo de vencimiento de la Prórroga extraordinaria, esta Juzgadora considera procedente DECRETAR el ARCHIVO JUDICIAL de conformidad con lo previsto en el 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 314 del Código Orgánico Procesal Penal en la causa seguida al ciudadano GEOMAR JOSE (sic) MEDINA LAVAREZ (sic) Venezolano, mayor de edad, estado civil soltero, profesión u oficio estudiante, titular de la cédula de identidad No. V-15.888.884, fecha de nacimiento 29-07-1982, Hijo de MEDINA OMAR Y GENILIS ALVAREZ (sic), residenciado en Calle 76 con Avenida 3sa No 75-51, antes de lIega (sic) Teatro París Maracaibo, Estado Zulia, por la presunta comisión (sic) delito de ACTOS LASCIVOS, previsto y sancionado en el Artículo 45° de la Ley Organica (sic) Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia...’

Ahora bien, delimitado como ha sido lo anterior, estiman estas juzgadoras, conveniente a los efectos de (sic) thema decidendum, organizar en el orden que de seguidas se expone; las ideas y conceptos en relación a la duración de la fase preparatoria previsto para el procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en tal sentido se observa lo siguiente:

Efectivamente, como una de las consecuencias de