SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Antonio J. García García

           

El 5 de febrero de 2002, los abogados Oswaldo Buloz Saleh, Jorge Kiriakidis y Juan Pablo Livinalli, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.397, 50.886 y 47.910, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de Plaza Suite I C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 3 de junio de 1987, bajo el No. 292, Tomo IV, adicional 3, modificados sus Estatutos en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de enero de 2000, inscrita ante la citada Oficina de Registro Mercantil, el 27 de enero de 2000, bajo el No. 58, Tomo 7-A, interpusieron acción de amparo constitucional, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 26 de septiembre de 2001, y su aclaratoria, publicada el 4 de octubre de 2001.

            En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo, a los fines del pronunciamiento sobre la admisión de la presente acción de amparo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

Antecedentes

 

            Consta en autos que la presunta agraviada intentó demanda de resolución de contrato de arrendamiento contra Codemar C.A., cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual la admitió, por el trámite del procedimiento breve, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y dictó medida de secuestro, que fue practicada el 7 de agosto de 2001, sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, cuya resolución se demandaba, constituido por una parcela distinguida: RVC-21, ubicada en la calle Abancay, Playa Moreno, Urbanización Costa Azul, Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, donde funcionaba el fondo de comercio denominado “Casino del Sol”.

            Posteriormente, un grupo de trabajadores ejerció acción de amparo constitucional contra las descritas providencias judiciales, denunciando la supuesta incompetencia por la cuantía del juez que admitió la demanda y su falta de jurisdicción, por existir aparentemente una cláusula compromisoria en el contrato de arrendamiento, lo que originaba una violación a su derecho al trabajo; acción ésta que fue declarada sin lugar por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 30 de agosto de 2001.

            Contra la identificada decisión fue ejercida apelación por los trabajadores y un representante de la aludida sociedad “Codemar C.A.”, correspondiendo su conocimiento y decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual, el 26 de septiembre de 2001, dictó la actuación presuntamente lesiva, consistente en la revocatoria del fallo apelado, “en flagrante violación de las normas del debido proceso y de la tutela judicial efectiva y actuando con evidente abuso de poder, declaró Con Lugar la acción de amparo y ordenó: (i) la apertura inmediata del Casino; (ii) la entrega y puesta en posesión del local donde funciona el mismo, al ciudadano PEDRO LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ, Gerente del Casino del Sol, (quien no es ni representante del inquilino, ni representante de la propietaria, ni titular de los permisos que permiten el funcionamiento del casino) e igualmente (iii) revocó la sentencia dictada por el tribunal de la causa y ‘dejó sin efectos’ el juicio que por resolución de contrato de arrendamiento sigue nuestra representada a su inquilina; dispositivo este que fue ratificado en la Aclaratoria del fallo publicada en fecha 04 de octubre de 2001 ...”.

 

II

Alegatos de la parte agraviada

 

La presente acción se ejerce con fundamento en la violación de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 49, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Comentaron los mandatarios de la parte agraviada que, es contra esa sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 26 de septiembre de 2001, y su aclaratoria, publicada el 4 de octubre de 2001, que ejercían la presente acción, ya que el juez de alzada, con el pretexto de restituir a los trabajadores la presunta situación jurídica infringida, “actuó excediendo sus competencias constitucionalmente definidas (actuando con abuso de poder e incluso usurpando funciones) y lesionó gravemente los derechos constitucionales que legítimamente asisten a nuestra (su) representada, que no habían sido objeto de juzgamiento alguno...”.

            Luego de referirse a la admisibilidad de la acción ejercida, manifestaron que la misma resultaba procedente, de acuerdo con las siguientes razones:

Que la sentencia impugnada fue dictada por un juez excediendo el límites de sus competencias – en el sentido del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- e infringiendo la garantía de ser juzgado por los jueces naturales, con lo cual vulneró el derecho constitucional de la accionante a ser juzgada por sus jueces naturales, a que se refiere el artículo 49, numeral 4 de la Constitución. En este sentido explicaron que, los jueces de la jurisdicción laboral no eran los idóneos para conocer de dicho amparo, pues las normas de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (artículo 56), señala como tales al Tribunal Supremo de Justicia.

Que en la sentencia de amparo, dictada el 26 de septiembre de 2001 y su aclaratoria publicada el 4 de octubre de ese mismo año, el sentenciador incurrió en una evidente usurpación de funciones, toda vez que asumió funciones que la mencionada Ley especial reserva –esencialmente, adujeron- a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Al respecto, afirmaron que la actuación judicial cuestionada contiene una orden que desvirtúa la finalidad de la acción de amparo, pues si bien ésta tendía al restablecimiento de la situación jurídica infringida al estado que tenía antes de cometerse la infracción, no se podía crear o constituir nuevas situaciones, lo que ocurría en el caso de autos, en el que el juez creó una nueva situación jurídica y otorgó “a un sujeto el derecho a ser ‘poseedor’ de un casino para proceder a la inmediata apertura del mismo y para ‘continuar’ la prestación de servicios del casino. Tal declaratoria constituye un acto nuevo, creador de derechos y modificatorio de la realidad anterior. Con él se está autorizándola ciudadano Pedro Luis Sánchez Ramírez, para que sea él quien ‘posea’ y ‘opere’ un Casino”, con la advertencia que, antes que se profiriera dicho fallo el aludido ciudadano era sólo el Gerente y nunca el “poseedor” del Casino, no estando autorizado para operarlo. Por ello es que justificaron la solicitud de aclaratoria de la sentencia, formulada por la parte demandada en el juicio que dio origen al ulterior amparo, en el sentido que se ordenara la entrega del Casino a la Junta Directiva de Codemar, C.A.; solicitud esta que fue desestimada de forma confusa, a juicio de la parte actora en el caso de autos.

Que la actuación que consideran lesiva, “incurrió en Usurpación de Funciones, o cuando menos en Extralimitación de Atribuciones, que constituye además una violación al derecho al debido proceso, y específicamente a la garantía de ser juzgado por sus jueces naturales a que se refiere el artículo 49, ordinal 4 (sic), de la Constitución, pues asumió –y arrebató al Juez de Municipio que estaba conociendo del juicio por resolución de contrato de arrendamiento –el conocimiento de un asunto de fondo del juicio de resolución de contrato: la existencia, interpretación y validez de una cláusula arbitral...”, lo cual estaba al margen del juicio de amparo y sobre lo que no debía pronunciarse, pues –indicaron- que el juicio de amparo no era una tercera instancia y no podía pretenderse la utilización del mismo para revisar los criterios de los jueces, estándole vedado al juez constitucional, entrar a analizar o interpretar asuntos que constituyen el fondo de la controversia de la que conoce el juez autor de la actuación que se impugna a través del amparo.

            En este sentido, manifestaron los representantes de la compañía presuntamente agraviada, que “en el caso de autos sucedió que el Juez Superior autor de la sentencia impugnada dedica largas –y contradictorias- consideraciones al asunto de interpretar y dar validez a una cláusula arbitral que se encontraba contenida en el contrato de arrendamiento que vinculaba a nuestra representada con su inquilina, la empresa CODEMAR, C.A. y es con base a ese análisis que procedió a declarar la validez de la Cláusula arbitral y a declarar la falta de jurisdicción del Juez de Municipio que estaba conociendo del juicio de resolución de contrato, asunto éste que constituye parte de lo que era materia del juicio del que conocía el Juez de Municipio, que aún estaba en trámite...”.

Que la aludida sentencia fue dictada infringiendo el derecho al debido proceso y a la defensa, ya que declaró la falta de jurisdicción del juez que conoció de la demanda de resolución de contrato de arrendamiento que había sido intentada por su mandante, ya identificada, por supuestamente existir una cláusula arbitral en el contrato cuya resolución se demandó; e igualmente, la incompetencia por la cuantía del mismo juez, por considerar incorrecta la estimación realizada por la parte actora en aquel juicio; violando con tales pronunciamientos las garantías antes referidas, impidiendo a su representada “hacer alegaciones relacionadas con las decisiones mencionadas y ejercer los recursos establecidos en la ley”.

A tales efectos, señalaron los apoderados judiciales que el Tribunal agraviante consideró que podía pronunciarse acerca de la validez de una cláusula arbitral contenida en un contrato de resolución de la que se conocía en un juicio distinto, por otro Tribunal, en el que, además, ya se había planteado la cuestión de la falta de jurisdicción, (habiendo sido la misma resuelta sin lugar) y existiendo las vías ordinarias de impugnación de tal declaratoria, “...el Tribunal Constitucional arrebató tal competencia propia de la jurisdicción ordinaria y resolvió que el juez de la causa ‘debió declarar de oficio su Falta de jurisdicción y negar la admisión de la demanda de resolución que se le planteó, declarando a continuación la mencionada Falta de Jurisdicción del Tribunal de Municipio, ordenando la consecuencia nulidad (sic) de todo lo actuado y la extinción del juicio que hasta ese momento siguió nuestra representada en contra de la empresa CODEMAR, C.A., y lo que es más grave, y es el objeto de esta denuncia, no permitió a nuestra representada el ejercicio de su derecho a la defensa, pues se negó a oír los argumentos y defensas que planteó al respecto”.

Prosiguieron asegurando, que la decisión impugnada fue arbitraria, de allí  que viole el derecho al debido proceso de su patrocinada, concretamente la garantía al derecho a la defensa, pues el pronunciamiento de la falta de jurisdicción sólo le correspondía hacerlo, y así fue –afirmaron- por el propio juez de la causa ante el cual se presentó la demanda y que al declararse la falta de jurisdicción por el Tribunal Superior (conociendo como Tribunal Constitucional de última instancia) y dada la naturaleza de los procesos de amparo, se negó a su representada la posibilidad de discutir la validez de la cláusula de arbitraje contenida en el contrato en cuestión y se le impidió ejercer el recurso de regulación de la jurisdicción.

Seguidamente, admitieron la existencia de una cláusula compromisoria, sin embargo, indicaron que la comprobación de esa circunstancia no autorizaba al Tribunal de la causa a negar la admisión de la demanda y de oficio declinar el conocimiento de la misma por falta de jurisdicción. En este sentido, comentaron que “...el Tribunal de la causa no debía (como de hecho, no lo hizo) declarar de oficio su falta de jurisdicción, pues la materia arbitral es de estricto orden privado y por ello el presunto defecto de jurisdicción debía ser alegado en juicio, permitiéndose así, además, que las partes pudieran hacer los alegatos que a bien tuvieran respecto de la validez del compromiso arbitral”. Y que, habiéndose pronunciado al respecto cuando declaró sin lugar tal alegato, contra el mismo no se ejerció el recurso de regulación correspondiente por parte de la compañía demandada.

Le atribuyen, por otra parte, a la sentencia la violación al derecho a la defensa por contener declaraciones contradictorias en torno a la validez de la aludida cláusula arbitral. Asegurando, que “si el juez de la recurrida quería –violentando la esfera de sus competencias- decidir sobre la falta de jurisdicción de un juez en un juicio de resolución de contrato, a favor de un tribunal arbitral, entonces –para resguardar el derecho a la defensa- debía conocer de las defensas que nuestra representada opuso a la supuesta falta de jurisdicción, y tomar en cuenta el alegato planteado por ella en torno a la nulidad de dicha cláusula por haber sido suscrita por una persona que no estaba habilitada (según los estatutos de CODEMAR) para asumir dicho compromiso arbitral...”. Asimismo, agregaron que, de haberse actuado en resguardo del derecho a la defensa, y aún violando el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, habría tenido que declarar la nulidad de la cláusula arbitral en correspondencia con lo declarado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 20 de junio de 2001.

Por otra parte, alegaron la violación del debido proceso y el derecho a la defensa contenidos en los numerales 1 y 4 del artículo 49 de la Constitución al cercenársele, a su mandante, el derecho de ejercer el Recurso de Regulación de la Competencia, al declarar la sentencia presuntamente agraviante la incompetencia por la cuantía del antes identificado Juzgado de Municipio que conocía de la causa.

Al respecto, indicaron que si bien era cierto que la competencia por la cuantía es de estricto orden público y, por tanto, puede ser declarada aun de oficio en cualquier momento del juicio, “tal pronunciamiento corresponde y sólo puede ser hecho por el propio juez de la causa ante el cual ha sido presentada la demanda”, y  lo más importante, siempre quedará la posibilidad de ejercer el mencionado recurso especialísimo contra esa decisión, con lo cual también resulta vulnerada la garantía de ser juzgado por sus jueces naturales.

Denunciaron igualmente la violación del derecho de propiedad de su representada, contenido en el artículo 115 de la Constitución y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Tal lesión se produjo en criterio de los apoderados judiciales de la accionante, cuando el Juzgado presuntamente agraviante “dispuso y ordenó” a su patrocinada, sin causa alguna “aunque bajo la apariencia de un supuesto restablecimiento de una situación anterior” que procediera a entregar el inmueble de su propiedad, constituido por el local objeto de la medida, “a un tercero extraño: el ciudadano Pedro Luis Sánchez Ramírez”, orden que implicaría “a favor de dicho empleado, el goce y disfrute del inmueble propiedad de nuestra conferente, sin que medie relación jurídica alguna que lo justifique” , para lo cual, precisaron que, debía considerarse que su representada poseía el inmueble en virtud de una medida judicial, de carácter preventivo, dictada en un juicio contra CODEMAR, C.A., la cual se encontraba antes de tal actuación judicial en posesión del inmueble, por ser ésta la arrendataria de su patrocinada y no el identificado ciudadano.

Solicitaron, los mandatarios de la compañía presuntamente agraviada, que esta Sala Constitucional acordara medida cautelar, consistente en la suspensión, mientras se tramita el presente amparo, de los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 26 de septiembre de 2001, y su aclaratoria, publicada el 4 de octubre de 2001, y que, el bien inmueble propiedad de su representada, en el cual funciona el “Casino del Sol”, sea puesto en posesión de una Depositaria Judicial “perfectamente determinada que pueda responder frente a la propietaria por dicho inmueble”, el cual había sido puesto en posesión del ciudadano Pedro Luis Sánchez Ramírez, quien ya no trabaja para la compañía, que actualmente se encuentra operando el negocio que funciona en el mismo.

Finalmente, peticionaron se declarase con lugar la presente acción, y en consecuencia, se dejase sin efecto las actuaciones judiciales cuestionadas y se restableciera la situación jurídica infringida, permitiendo la continuación del juicio que, por resolución de contrato de arrendamiento seguía su patrocinada Plaza Suite I C.A. contra Codemar C.A. ante el Juzgado Segundo de los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, manteniendo vigentes las medidas dictadas en dicho juicio.

A todo evento, solicitaron que, de ser declarada inadmisible o improcedente la presente acción se ejerciera de manera subsidiaria el control extraordinario de revisión, a que se refiere el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la cuestionada decisión judicial, debido a las groseras infracciones allí contenidas.

           

II

De la Actuación Judicial Supuestamente Lesiva

 

            El presunto acto lesivo, objeto de la presente acción de amparo, está contenido en una sentencia dictada por el mencionado Juzgado Superior, el 26 de septiembre de 2001, y su aclaratoria, publicada el 4 de octubre del mismo año, que revocó la decisión dictada el 30 de agosto de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en el juicio de amparo intentado por los ciudadanos Santa del Jesús Ramos Marcano, Eglis Josefina Torres Salazar, Ana María Valdés Jorquera, Wilder Samuel Rivero Raya, Lennix Zerimar Ramírez Sanabria, Edamry Lizete Pacheco Rodríguez, Orangel del Carmen Sarmiento Acosta, Amria Grazia Martínez De Raso, Rosalinda García Tavera, Hilmar Carolina Corro Rodríguez y Neville del Valle Civent Gómez.

Aquel juicio de amparo se ejerció contra las actuaciones pronunciadas, el 6 de agosto de 2001, por el Juzgado Segundo de los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, consistentes en la admisión y otorgamiento de medida de secuestro acordada por este último, en el juicio incoado por Plaza Suite I C.A. contra Codemar C.A., habiendo sido declarada sin lugar la acción, en primera instancia, resultando posteriormente acordado dicho amparo por la Alzada, cuando revocó la decisión del a quo, a través del  fallo ahora cuestionado .

Consideró el Juzgado Superior que emitió el mencionado fallo que el Juzgado Segundo de los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, contra el cual obró la acción de amparo por los trabajadores incoada, carecía de competencia por la cuantía para tramitar el juicio de resolución de contrato de arrendamiento del que se encontraba conociendo, en virtud de la demanda intentada por Plaza Suite I C.A. contra Codemar C.A., operadora de la sala de juegos en la cual aquellos laboraban, destacando dicha Superioridad: “es claro que actuó fuera de su competencia por extralimitación de funciones”.

Asimismo, indicó, en cuanto al alegato de falta de jurisdicción de ese Juzgado de Municipio ante el cual se tramitaba el identificado juicio, que el mismo debió inadmitir la demanda intentada “por no corresponder su conocimiento a esa jurisdicción”, ya que, se desprendía del contrato suscrito, cuya resolución se demandaba, que la voluntad de las partes había sido someter las diferencias que surgieran de la aplicación o interpretación del contrato, al conocimiento y decisión de un tribunal de arbitraje, estipulación ésta que no ofrecía dudas acerca de legalidad y constitucionalidad. En este sentido, se afirmó: “de donde para este tribunal, la exclusión que la propia ley hace de la jurisdicción ordinaria de los asuntos o negocios jurídicos sometidos a arbitraje, obliga a cualquier Juez ante quien se proponga una demanda de esta naturaleza, a declinar el conocimiento del mismo por falta de jurisdicción”.

Estableció, entonces, el dispositivo de la providencia judicial cuestionada lo siguiente:

“En fuerza de todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior ...(...)...declara con lugar la apelación interpuesta por el apoderado de los querellantes Aníbal Montenegro Núñez, y por el representante sin poder de CODEMAR, C.A., Alfredo Altuve Gadea, contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha 30 de Agosto de 2001, que declaró improcedente, en principio el amparo solicitado, y luego, lo declara inadmisible; la cual queda, en consecuencia, revocada en todas sus partes; se declara por tanto, con lugar la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos: SANTA DE JESÚS RAMOS MARCANO, EGLIS JOSEFINA TORRES SALAZAR, ANA MARÍA VALDES JORQUERA, WILDER SAMUEL RIVERO RAYA, LENNIX ZERIMAR RAMÍREZ SANABRIA, EDAMRY LIZETE PACHECO RODRÍGUEZ, ORANGEL DEL CARMEN SARMIENTO ACOSTA,. (sic) AMRIA GRAZIA MARTÍNEZ DE RASO, ROSALINDA GARCÍA TAVERA, HILMAR CAROLINA CORRO RODRÍGUEZ Y NEVILLE DEL VALLE CIVENT GÓMEZ,...(...)... trabajadores todos de la empresa CODEMAR, C.A., operadora de la Sala de juegos y diversión ‘Casino Sol’; sito en (sic) la parcela siglas RVC-21, ubicada en la Calle Abancay, Playa Moreno, Urbanización Costa Azul, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta. Se declara nulos y sin ningún efecto los autos dictados por el Juzgado Segundo de los Municipios Mariño y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Espata, de fecha seis (6) de agosto de dos mil uno, por los cuales, admitió la demanda que por resolución del contrato de arrendamiento del inmueble arriba señalado, interpuso por ante dicho Juzgado PLAZA SUITES I, C.A. contra CODEMAR, C.A., y decretó la medida cautelar de secuestro del referido inmueble de la parcela siglas RVC-21, ubicada en la Calle Abancay, Playa Moreno, Urbanización Costa Azul, Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, donde funciona el llamado ‘Casino del Sol’, se declara igualmente nulo y sin efecto, el acta de secuestro practicado en el señalado inmueble por el Juzgado primero (sic) Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba, Tubores y Península de Macanao de esta misma Circunscripción Judicial, de fecha 07 de agosto de 2001, actuando por comisión del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño y García de la misma Circunscripción Judicial; así como el depósito necesario de los bienes muebles que se encontraban en el interior del local al momento del secuestro, por lo que dicho local queda libre de la medida de secuestro decretado por el Juzgado querellado, y los bienes sobre que recayó el depósito necesario, quedan igualmente liberados de tal depósito; todos los cuales corren en autos. Se ordena la apertura inmediata del local donde funciona el denominado ‘Casino Sol’, y a tal efecto, se ordena oficiar a la depositaria del local designada en el acto del secuestro, PLAZA SUITES I, C.A., a los fines de que haga formal entrega del inmueble secuestrado a la persona notificada de la medida de secuestro por el Juzgado Ejecutor de Medidas, Pedro Luis Sánchez Ramírez, Gerente del referido casino, quien podrá entrar en posesión del mismo de manera inmediata, a los fines de reponer la situación jurídica infringida con la continuación de la prestación de servicios del fondo comercio que funciona en el mismo, y las querellantes pueden ejercer su derecho constitucional al trabajo, toda vez que, en razón del presente mandamiento de amparo la situación queda como antes de la introducción de la demanda de resolución de contrato (...)”.

 

III

Consideraciones para Decidir

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de amparo constitucional presentada, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), esta Sala estableció que le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

            Visto que en el caso de autos la acción fue ejercida contra una decisión emanada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, esta Sala Constitucional, coherente con el criterio establecido en el fallo antes mencionado, se declara competente para conocer del presente amparo constitucional ejercido contra la sentencia dictada por el referido Tribunal Superior, y así se decide.

Precisado lo anterior, esta Sala procede a determinar lo referente a la admisión de la acción de amparo constitucional interpuesta y, al respecto observa que, la misma efectivamente cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se encuentra acompañada de la copia certificada de la sentencia contra la cual se interpuso dicha acción; no desprendiéndose del análisis efectuado a los autos que esté incursa en alguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica, por lo que la acción ejercida debe ser admitida cuanto ha lugar en derecho, y así se declara.

IV

De La Protección Cautelar Solicitada

 

La medida cautelar solicitada en el presente caso está dirigida a que se suspendan los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 26 de septiembre de 2001, y su aclaratoria, publicada el 4 de octubre de 2001, y en consecuencia, se ordene que el bien inmueble propiedad de su representada, en el cual funciona el “Casino del Sol”, sea puesto en posesión de una Depositaria Judicial “perfectamente determinada que pueda responder frente a la propietaria por dicho inmueble”.

Ahora bien, ciertamente existe la posibilidad de otorgar medidas cautelares integradas a un proceso de amparo, lo cual esta Sala ha venido haciendo, sin embargo y dadas las circunstancias particulares del caso, se ha afirmado que se puede prescindir de la exigencia al presunto agraviante de elementos probatorios suficientes para acordar la protección inmediata, que exigiera la situación en que el mismo se encontrara, situación que el juez en cada caso examinaría realizando la  ponderación correspondiente.

No obstante, advierte esta Sala que el órgano jurisdiccional que conoce de la acción de amparo no está vinculado indefectiblemente ante cualquier solicitud a conceder la medida cautelar solicitada, antes bien, debe siempre analizar cada caso concreto y verificar si de lo alegado por el solicitante se evidencia la presunción a su favor del buen derecho que reclama, o si existe o no fundado temor de que quede ilusoria la ejecución del fallo, o que los daños sean irreparables o de difícil reparación como consecuencia del no otorgamiento de la cautela solicitada.

De tal manera que el juez, considerando los derechos e intereses que poseen los demás ciudadanos que no son parte en el juicio de amparo, pero contra quienes podría obrar la tutela que se acuerde, está obligado a realizar una ponderación de las circunstancias y elementos del caso, el derecho que se alega violado y asegurarse que efectivamente la medida que se dicte o acuerde, persiga o sea el medio idóneo para proteger la situación del accionante, de allí que deba esta Sala proceder a examinar si, en el presente caso, se dan los supuestos mencionados que hagan procedente la medida cautelar innominada, es decir, si se verifican las condiciones de procedencia.

Pues bien, esta Sala aprecia que en el caso sub júdice el accionante se ha limitado a solicitar la medida cautelar sin que haya alegado cuáles son las lesiones graves o de difícil reparación que se le pudieran ocasionar durante la tramitación de la presente causa, ni el riesgo de frustración en la ejecución del fallo en caso de no acordarse la medida, que hagan nacer en esta Sala la convicción de que de no otorgarse la medida solicitada efectivamente se cause un daño que sea irreparable o de difícil reparación. De allí que, es forzoso para esta Sala, declarar improcedente la solicitud de medida cautelar innominada. Así se decide

V

Decisión

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

            PRIMERO.- Se ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Oswaldo Buloz Saleh, Jorge Kiriakidis y Juan Pablo Livinalli, actuando con el carácter de apoderados judiciales de Plaza Suite I C.A.,, antes identificados, contra la actuación dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 26 de septiembre de 2001, y su aclaratoria, publicada el 4 de octubre de 2001.

SEGUNDO.- Se NIEGA la medida cautelar solicitada.

TERCERO.- Se ORDENA la notificación del ciudadano Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para que comparezca ante la secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral y pública, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las notificaciones que se realice. Igualmente se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. La ausencia del Juez en el acto de la audiencia oral, no se presumirá como aceptación de las presente lesiones denunciadas.

CUARTO.- Se ORDENA al antes identificado Juzgado Superior, hacer del conocimiento de la otra parte en el proceso donde se dictó el fallo impugnado, es decir, a los ciudadanos Santa del Jesús Ramos Marcano, Eglis Josefina Torres Salazar, Ana María Valdes Jorquera, Wilder Samuel Rivero Raya, Lennix Zerimar Ramírez Sanabria, Edamry Lizete Pacheco Rodríguez, Orangel del Carmen Sarmiento Acosta, Amria Grazia Martinez de Raso, Rosalinda García Tavera, Hilmar Carolina Corro Rodríguez y Neville Del Valle Civent Gómez, trabajadores de Codemar, C.A., así como a los representantes de esta última compañía, el contenido de la presente decisión, notificación que una vez realizada, debe hacerla del conocimiento inmediato de esta Sala, so pena de que su incumplimiento pudiera ser considerado como falta disciplinaria por desacato a la orden del Tribunal Supremo.

QUINTO.- Se ORDENA la notificación del ciudadano Fiscal General de la República sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24  días del mes de ABRIL  de dos mil dos (2002). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

El Presidente,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

           

                                                                                    El Vicepresidente,

 

 

 

                                                            JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Magistrados,

 

 

 

                                                           

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                          ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                                                                                                  Ponente

                                                                                                                                                                                     

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

                                                           

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

Exp. 02-0306

 

AGG/megi.-