SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 28 de agosto de 2001, la abogada Beatriz Campos Cartaya, inscrita en el Inpreabogado bajo el n.º 44.105, con el carácter de defensora del ciudadano CHEN CHAOBU, titular de la cédula de identidad nº E-80.089.541, quien actualmente está sometido a proceso penal, presentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, escrito contentivo de demanda de amparo constitucional al derecho fundamental al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  el cual resultó lesionado, en perjuicio del referido encausado, como consecuencia de la conducta omisiva del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, órgano jurisdiccional éste que, al presente, aun no ha fijado la oportunidad en la cual será celebrado el Juicio Oral, en el proceso penal que, desde el mes de enero de 2000, se le sigue a dicho procesado.

El 14 de noviembre de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua declaró improcedente la referida acción de amparo, y mediante auto de 13 de diciembre de 2001, ordenó la remisión de las actuaciones de la presente causa a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto de 08 de enero de 2002, y fue designado ponente el Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

 

1.  El 15 de febrero de 2000, la ciudadana Beiza Yolex Pacheco, interpuso acción de amparo constitucional en la audiencia del Juicio Oral que, bajo la presidencia del Juez Segundo del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, se estaba celebrando dentro de la causa penal contra el legitimado activo de autos, a quien la representación fiscal le imputó la comisión del delito de homicidio culposo cuya víctima fue el ciudadano Alexis Rafael Velásquez, quien, para el momento de su fallecimiento, era concubino de la referida demandante, con quien, además, había procreado dos hijos. Justamente, en razón del expresado vínculo, la demandante fundamentó su cualidad de víctima y, por tanto, su interés legítimo en el proceso penal que es seguido al accionante de autos. Como fundamento de su acción, la demandante alegó la violación, en su perjuicio, de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, al debido proceso y a ser oída en cualquier clase de proceso que reconocen los artículos 26 y 49, cardinales 3 y 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de que no fue informada de su legitimidad para intervenir en el referido proceso penal y ser notificada de las actuaciones cumplidas en el mismo;

2.  El 11 de abril de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua admitió la referida demanda de amparo sobrevenido;

3.  El 18 de abril de 2000, el Ministerio Público cambió su calificación jurídica previa, de homicidio culposo, por la de homicidio intencional simple, descrito en el artículo 407 del Código Penal;

4.  El 04 de mayo de 2000, la Corte de Apelaciones declaró con lugar la acción de amparo antes referida, por cuanto encontró demostrado que, en el precitado proceso penal habían sido violados, en perjuicio de la víctima demandante, los derechos a la presentación de querella o a la adhesión a la acusación fiscal, pues no fue debidamente notificada por el Ministerio Público, sobre dichos derechos y, en consecuencia, se le impidió el acceso a la administración de justicia y el ejercicio de su derecho a ser oída en dicho proceso. Asimismo, decretó la nulidad de todos los efectos y actos consecutivos a dicho juicio y ordenó se reasignara a otro fiscal para la presentación de una nueva acusación;

5.  El 02 de abril de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó, en alzada, sentencia definitiva en el antedicho juicio de amparo constitucional. Cuando decidió, esta Sala declaró con lugar la demanda de amparo constitucional en cuestión y confirmó la anulación del Juicio Oral celebrado dentro del proceso penal en referencia. Fundó la Sala su decisión en el hecho de que la accionante fue mantenida al margen de dicho proceso y no fue informada, por parte del Ministerio Público, respecto de su derecho constitucional y legal a intervenir en el mencionado proceso penal. En consecuencia, repuso la predicha causa penal al estado de celebración de nuevo Juicio Oral. Sin embargo, en razón de que fue durante el reseñado acto procesal cuando se produjo la denunciada infracción constitucional, la Sala revocó la orden de presentar una nueva acusación fiscal, dada, por el a quo, al Ministerio Público, “puesto que el defecto de actividad violatorio de derechos constitucionales surgió con posterioridad a la acusación inicial”;

6.  Al presente, aún se encuentra pendiente de celebración la audiencia del Juicio Oral, en el mencionado proceso penal seguido al accionante de autos.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DEL ACCIONANTE

La representante del presunto agraviado de autos, en su escrito de demanda de amparo constitucional:

1. Alegó:

1.1. Que, en el referido proceso penal contra su defendido, el Juez Segundo del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua acordó, por auto de 17 de enero de 2000, que el Juicio Oral tuviera lugar el 26 de enero del mismo año, de lo cual fue notificado la representación fiscal;

1.2     Que, tras varios diferimientos, el Ministerio Público consignó, el 15 de febrero de 2000, el escrito acusatorio contra su prenombrado defendido, a quien la representación fiscal imputó la comisión del delito de homicidio culposo, descrito en el artículo 411 del Código Penal;

1.3     Que, en la misma oportunidad que fue señalada en el anterior aparte, tuvo lugar el Juicio Oral, en el cual su representado declaró que admitía el hecho punible que se le había imputado y, ante esta manifestación del referido acusado, el Juez decidió suspender la audiencia y se retiró a preparar el fallo respectivo;

1.4     Que, en la oportunidad dispuesta por el Tribunal, para la lectura del fallo que se refirió en el aparte que antecede, compareció la ciudadana Beiza Yolex Pacheco, cuya identificación, así como el carácter con que actúa en la causa penal de referencia, han sido especificado anteriormente, interpuso acción de amparo sobrevenido, razón por la cual el Juez decidió el diferimiento del pronunciamiento de la sentencia que recayó en el Juicio Oral “hasta tanto sea tramitado el el recurso de amparo constitucional”;

1.5     Que, el 27 de marzo de 2000 y en razón de que, para entonces, aún no se había producido decisión en el juicio de amparo antes referido, el Juez Segundo del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua decidió dictar sentencia definitiva, por la cual declaró culpable al presunto agraviado de autos, como autor del delito de homicidio culposo, tipo legal descrito en el artículo 411 del Código Penal;

1.6     Contra la decisión mencionada en el anterior aparte, la ciudadana Beiza Yolex Pacheco, con su referida cualidad de víctima, ejerció recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, la cual, el 04 de mayo de 2000, decretó la nulidad absoluta del juicio penal contra el ciudadano Chen Chaobu y ordenó la reposición de la causa al estado de que se celebrara un nuevo Juicio Oral; igualmente, decretó la nulidad de “todos los efectos y actos consecutivos a dicho juicio, incluyendo la sentencia dictada por la Jueza Segunda de Juicio”; por otra parte, ordenó la remisión de las actuaciones fiscales a otro representante del Ministerio Público, con el objeto de que éste “estudie la presentación de nueva acusación, con el señalamiento de que se deben observar especialmente los derechos de la víctima del proceso...”;

1.7     Que, el 14 de julio de 2000, la representación fiscal presentó un nuevo escrito acusatorio contra al accionante de autos, a quien, ahora, imputó la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado y porte ilícito de arma de fuego, que están tipificados en los artículos 408.1º y 275 del Código Penal;

1.8     Que, el 02 de abril de 2001, esta Sala repuso la causa penal en cuestión al estado de que el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua fijase la oportunidad de celebración de nuevo Juicio Oral, con base en la acusación fiscal por homicidio culposo;

1.9     Que, una vez que la referida decisión de esta Sala fue remitida al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, éste la remitió a la Oficina del Alguacilazgo para su distribución en el Tribunal de Juicio; sin embargo, hasta el presente, “no se ha podido celebrar la audiencia oral y pública, con la calificación dada, porque todos los Jueces de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, por una u otra razón se han inhibido, trayendo como consecuencia además del retardo procesal, que se mantenga la detención de mi representado, con las consecuencias que lleva estar recluido en un centro penitenciario que no le garantice el derecho a su integridad y lo que es peor a su vida”.

2.  Denunció:

2.1     La violación, en perjuicio de su representado, del derecho fundamental al debido proceso, en sus particulares manifestaciones descritas en el artículo 49, cardinales 1, 2, 3, 4 y 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto “...desde que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público, el mismo no se ha podido celebrar, por cuanto los Jueces que actualmente constituyen los Juzgados de Primera Instancia en función de Juicio, se han inhibido, unos porque previamente han tenido relación directa con la causa, y otros por tener enemistar (sic) con el representante legal de la víctima; pero ya sea por una u otra razón ha traído como consecuencia la total y absoluta paralización del proceso. Pero lo lamentable de esta situación es que el delito que se le imputa (homicidio culposo) y por la (sic) cual la Sala Constitucional ordenó que se celebrara el mencionado juicio, consagra una pena de prisión de seis (6) meses a cinco (5) años, correspondiéndole por aplicación del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad. Al no celebrarse el Juicio Oral y Público, mi representado no ha podido admitir los hechos que se les imputa (sic), tal como lo hizo en fecha quince (15) de febrero del año dos mil (2000), está privado de ejercer alguna defensa, trayendo como consecuencia que desde el cuatro (4) de enero del año dos mil (2000), sigue privado de su libertad. Es menester destacar que la ausencia de celebración del juicio no es imputable a su responsabilidad, hay un retardo injustificado del proceso, y cada día que pase corre peligro su vida, preguntándonos ¿quién le va a resarcir todo este tiempo que ha estado detenido injustificadamente?.”

3.  Con base en los precedentes alegatos, textualmente solicitó:

“Vistas las amplias posibilidades que el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 19, 26 y 257 ejusdem, es necesario que proceda Honorables Magistrados, a dictar un mandamiento preventivo en el cual se acuerde la libertad inmediata de mi defendido y para ello puede condicionarlo a una caución personal y prohibición de salida del país, como lo prevé la parte in fine del artículo 42 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 265 Código Orgánico Procesal Penal. Solicito se acuerde tutela constitucional preventiva y anticipada, por cuanto se cumplen (sic) con todos los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con los artículos 19, 26, 27 y 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ya que la violación no ha cesado, constituyendo una situación irreparable, la cual no ha sido consentida, ni se ejerce contra decisiones de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), ni se ha podido utilizar otra medida judicial”.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en los artículos 335 de la Constitución de la República y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la decisión que es objeto de la presente consulta legal es una sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la consulta en referencia. Así se decide. 

 

 

IV

DE LA SENTENCIA SOMETIDA A CONSULTA

El juez a quo decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes: “Con los fundamentos anteriormente expuestos esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos Primero: Declara su competencia para conocer de la referida acción de amparo. Segundo: No tiene materia sobre la cual decidir en relación con la solicitud de la inadmisibilidad por parte de los presuntos agraviantes y el Fiscal del Ministerio Público de este Estado, Tercero: Se declara improcedente la solicitud de libertad solicitada a favor del ciudadano Chen Chaobu; Cuarto: Se declara improcedente la acción de amparo constitucional, presentada por la Abg. Beatriz Campos Cartaya a favor de su defendido ciudadano Chen Chaobu, Quinto: Se declara la temeridad de la acción interpuesta y se acuerda remitir copia del presente fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Aragua, a los fines de que se abra el procedimiento disciplinario a que hubiere lugar”.

Adicionalmente, la Corte presunta agraviante decidió la no aplicación de la sanción prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero sí le advirtió al imputable de dicha infracción, acerca de su responsabilidad disciplinaria, conforme a lo que establece el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, asimismo, los artículos 28 de la Ley de Amparo, y 170, Parágrafo Único, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil. Ello, por cuanto la quejosa de autos solicitó, en varias ocasiones, el diferimiento del predicho proceso penal, de lo cual derivó la presente causa; asimismo, la quejosa de autos fue apercibida de multa en caso de reincidencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 (ahora, 103) del Código Orgánico Procesal Penal.

En criterio del juez a quo:

1.  En relación con la denuncia de violación al debido proceso en la presente causa, no asiste la razón a la parte demandante, pues el hecho que la fundamenta, esto es, la paralización de la antes referida causa penal seguida al presunto agraviado de autos, en razón de que todos los Jueces de Juicio se han inhibido, ha tenido su origen en incidencias propias del proceso, el cual, incluso, se ha visto paralizado por la iniciativa de la misma abogada defensora, por cuanto ella ha reconocido que, habiéndose decidido que la audiencia del Juicio Oral fuera celebrada el 22 de octubre de 2001, tal acto procesal fue suspendido para una nueva oportunidad, por solicitud de dicha defensora; por otra parte, no existe violación actual al debido proceso, por cuanto, al presente, la causa se encuentra a cargo del Juez Segundo del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, para los efectos de la realización del Juicio Oral y como quiera que el último diferimiento de este acto se produjo por propia solicitud de la accionante de autos, lo que lleva a concluir que la parte presuntamente agraviada consintió expresamente la supuesta violación constitucional por ella denunciada en esta causa;

2.  En relación con la solicitud de que fuera acordada la libertad personal del presunto agraviado de autos, “... esta Sala ha establecido reiteradamente que la acción de amparo constitucional tiene carácter extraordinario, no pudiéndose acudir a ésta cuando existan medios ordinarios idóneos para restablecer la situación jurídica infringida, además de que esta Corte comparte el criterio sustentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a que quien incoa una acción de amparo constitucional debe fundarla en la violación de derechos y garantías constitucionales que esté causando un daño inminente (sic), inmediato, reparable, a una situación jurídica, o una amenaza también inminente a sus derechos, por lo que no puede pretenderse que el Juez que conozca del amparo, genere nuevas situaciones jurídicas o constituya derechos a su favor porque ello desnaturalizaría los fines restitutorios o reparatorios de la acción. En efecto, cuando el quejoso solicita por vía de amparo contra decisión judicial que se le otorgue a su defendido la libertad, su pretensión no es la reparación o restitución de una situación jurídica infringida por una violación o amenaza de violación de carácter constitucional, como lo es en este caso la violación al debido proceso, sino lo que se persigue es que la Sala constituya una nueva situación jurídica a favor de su representado, de tal manera que no es el amparo la vía idónea para obtener este tipo de beneficio que por su naturaleza sólo puede ser materia del proceso penal ordinario.”;

3.  En relación con la solicitud de que la presente acción tutelar fuera declarada temeraria, “así se declara, en virtud de que la parte accionante a sabiendas de que la garantía invocada en su escrito de pretensión había cesado, continuó con el proceso de amparo”.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

El demandante ha fundado el ejercicio de su acción tutelar, en la violación de su derecho fundamental al debido proceso, en sus particulares manifestaciones de los derechos a la defensa y asistencia jurídica, a ser oído con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad; a ser juzgado por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías reconocidas constitucional y legalmente, y a solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión justificados; derechos estos que establecen los artículos 49, cardinales 1, 2, 3, 4 y 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 1º del Código Orgánico Procesal Penal. Para decidir, esta Sala observa:

1.  El hecho crucial que fundamenta la presente acción de amparo es la omisión de celebración del Juicio Oral, dentro de la causa penal que se le sigue al quejoso de autos, imputable al Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Aparece acreditado, en las presentes actuaciones, que el referido acto procesal ha debido ser celebrado consecutivamente al fallo que fuera pronunciado por esta Sala, el 02 de abril de 2001, dentro del juicio de amparo que, relacionado con la predicha causa penal que se le sigue al accionante de autos, incoó, con su cualidad procesal de víctima, la ciudadana Beiza Yolex Pacheco, antes mencionada. En el presente caso, dado que fue decretada la flagrancia, el procedimiento para enjuiciar al antes mencionado quejoso era el del procedimiento abreviado, descrito en los artículos 373 (ahora, modificado, 372) y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal; por tanto, la audiencia del Juicio Oral debió haber sido celebrada en un lapso comprendido entre los diez y quince días, contado a partir de la fecha en la cual el Tribunal unipersonal de Juicio recibió el respectivo expediente; ello, conforme al artículo 374 (ahora, modificado, 373) de la referida ley adjetiva. Por otra parte, en la sentencia que es objeto de la actual consulta se expresó que cuando la misma fue pronunciada, esto es, el 14 de noviembre de 2001, la causa penal en cuestión se encontraba bajo el conocimiento del Juez Segundo del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, y aparece acreditado que dicho jurisdicente decidió, por auto de 22 de octubre de 2001 (folios 177 y 178), que el Juicio Oral correspondiente a la causa penal en cuestión, tuviera lugar el 14 de noviembre de 2001 –por cierto, el mismo día cuando fue pronunciada la decisión del a quo-; vale decir, siete meses después de haberse publicado la predicha sentencia pronunciada por esta Sala. Ni siquiera, para el 13 de diciembre de 2001, cuando el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua ordenó la remisión del presente expediente a esta Sala Constitucional (folio 233), dicho órgano jurisdiccional había incorporado a este expediente ninguna información de que hubiera realizado la predicha audiencia. Por ello, debe presumirse que, al presente, tal acto procesal está aún pendiente de realización.

Adicionalmente, debe señalarse que la denunciada omisión procesal no resulta justificable en la circunstancia de que se hubieran inhibido todos los jueces integrantes del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua; en otros términos, no es, como lo señaló el a quo, una incidencia propia del proceso que éste se paralice indefinidamente. En tales circunstancias, debe concluirse que se encuentra acreditada una manifiesta demora en la prosecución y conclusión de la precitada causa penal; por tanto, tal como fue denunciado por el accionante, ha resultado lesionada la norma fundamental que garantiza, como característica del debido proceso, que éste se realice en un tiempo razonable, de manera expedita y sin dilaciones indebidas, de acuerdo con lo que establecen los artículos 26 y 49.3 de la Constitución de la República y desarrollado en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

Estima la Sala que, contrariamente a lo sostenido por el a quo, la responsabilidad por tal demora no puede ser imputada al referido encausado penal o a su defensora, por el hecho de que ésta hubiera solicitado, en alguna ocasión, el diferimiento de la audiencia del Juicio Oral. Por una parte, en todo el prolongadísimo lapso que viene desde el pronunciamiento de esta Sala, mediante el cual decidió sobre la acción de amparo que ejerció la víctima, hasta el presente, sólo aparece acreditada una ocasión en la cual el diferimiento del predicho acto procesal fue acordado por requerimiento de la precitada defensora. Pero, además, hay que recordar que, en todo caso, si de los referidos diferimientos se derivara alguna responsabilidad legal, la misma vendría a recaer en la autoridad jurisdiccional que los hubiera acordado y ejecutado; no, obviamente, en la parte que, eventualmente, los hubiera solicitado. Así se declara.

Ahora bien, el juez constitucional de primera instancia afirmó la existencia de una causa de improcedencia (sic) de la presente acción tutelar, ya que, en su criterio, “la violación que dio origen a la presente acción ha cesado por cuanto la causa se encuentra actualmente en el Tribunal de Juicio de este mismo Circuito Judicial, a los efectos de la realización de la Audiencia Oral y Pública...” Como, en párrafo anterior, lo ha establecido esta Sala, si bien ya, según lo ha señalado el a quo, se constituyó el Tribunal unipersonal de Juicio que deberá presidir el Juicio Oral en el antes citado juicio penal que se sigue al quejoso de autos y fue fijada la oportunidad para la celebración de dicho acto, la denunciada lesión constitucional –particularmente, en el presente caso, el cual ya venía siendo afectado por una larga demora- sólo podría ser estimada como extinguida cuando dicha audiencia hubiera sido efectivamente cumplida, lo cual, como antes quedó apuntado, pudo haber sido verificado, sin mayores dificultades, por el a quo.

Con vista en lo que ha sido expuesto en este aparte y de conformidad con lo que se desprende de las actuales actas procesales, se concluye que, como consecuencia de la denunciada conducta omisiva del Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y, particularmente, de su actual Juez Segundo, ha resultado efectivamente vulnerado, en perjuicio del accionante, el derecho fundamental al debido proceso, por causa de la indebida demora del mismo y el consiguiente menoscabo de las oportunidades para el planteamiento de los alegatos, defensas y recursos que el acusado y su defensor estimaren pertinentes; igualmente, se concluye con la presunción de que no ha cesado la denunciada violación al derecho fundamental al debido proceso, todo lo cual conduce a la estimación de que es conforme a derecho el pronunciamiento de procedibilidad de la presente acción de amparo constitucional. Así se declara.

2.        Tampoco comparte esta Sala la fundamentación que expresó el juez de primera instancia constitucional, para la negación de la libertad del quejoso de autos, que solicitó su defensora, cuando interpuso la actual acción tutelar. En efecto, sostuvo el referido sentenciador que tal negativa estaba fundada en criterio sentado por la Sala, de que “quien incoa una acción de amparo constitucional debe fundarla en la violación de derechos y garantías constitucionales que esté causando un daño inminente, inmediato, reparable, o una amenaza también inminente a sus derechos, por lo que no puede pretenderse que el juez que conozca del amparo, genere nuevas situaciones jurídicas o constituyan derechos a su favor porque ello desnaturalizaría los fines restitutorios o reparatorios de la acción...” Para decidir este punto, esta Sala hace las siguientes consideraciones:

2.1     El artículo 44.1. de la Constitución, ya vigente para el momento del inicio de la presente causa, establece, como manifestación del derecho fundamental a la libertad personal, que las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley y que serán apreciadas por el juez en cada caso. El derecho al juicio en libertad está tutelado no sólo constitucionalmente sino, también, en la ley; concretamente, por el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 252 (ahora, 243). En el caso presente, concurren las siguientes circunstancial:

2.1.1   Se desprende de los autos que, al momento presente, el actual accionante se encuentra privado de su libertad desde los primeros días de enero de 2000; en consecuencia, para el momento presente, el quejoso de autos se encuentra privado de su libertad, en cumplimiento de una medida cautelar privativa de la misma, por un lapso que ya excede del límite que establece el artículo 253 (actualmente, modificado, 244) in fine del Código Orgánico Procesal Penal. El delito que le fue imputado al legitimado activo de autos es de naturaleza culposa y, por tratarse de una sola víctima stricto sensu, tiene señalada una pena de prisión, por un tiempo comprendido entre seis meses a cinco años. Se trata, en consecuencia, de un hecho punible respecto del cual, en relación con el término de pena, resulta aplicable el beneficio de suspensión condicional de ejecución de la pena, que está desarrollado a partir del artículo 12 de la extinta Ley de Beneficios en el Proceso Penal y, actualmente, en los artículos 493 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, domina, en el caso de los delitos culposos, el criterio jurisprudencial favorable a la adopción de medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad. Es criterio de esta Sala, expresado reiteradamente, que las normas que garantizan el derecho fundamental a la libertad personal son de eminente orden público. Por tal razón, es deber del Juez el aseguramiento, aun de oficio, de la efectiva vigencia del mismo, obligación que deriva de los artículos 19 y 291 (ahora, 282) del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso actual, aun cuando la parte accionante no denunció, expresamente, la lesión al derecho a la libertad personal, se aprecia que tal lesión resultó como consecuencia necesaria de la violación del debido proceso. No se trata, por tanto, de una nueva situación jurídica, sino que de la misma que fue denunciada derivaron ambos efectos. De allí, entonces, que resulta elemental la conclusión de que el juez constitucional tenía, en todo caso, el deber de prevenir lesiones indebidas al derecho fundamental a la libertad personal cuyo titular es el accionante de autos. En conclusión, estima la Sala que están cumplidas suficientes exigencias objetivas y subjetivas para que, de acuerdo con la Constitución y la Ley, se haga prevalecer, de inmediato, el principio general del juicio en libertad, razón por la cual concluye favorablemente a la revocación de la medida cautelar a la cual está sometido actualmente el presunto agraviado de autos y, para el aseguramiento de las finalidades del proceso, a la imposición de alguna menos gravosa, de las enumeradas en el artículo 256 del citado Código procesal. En consecuencia, sobre este particular deberá pronunciarse el juez de la referida causa penal, inmediatamente luego de que hubiere recibido las presentes actuaciones. Así se declara.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia sometida a la actual consulta legal, que pronunció la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 14 de noviembre de 2001, y, en consecuencia, declara CON LUGAR la demanda de amparo que interpuso el ciudadano CHEN CHAOBU, mediante |su defensora, la abogada Beatriz Campos Cartaya, ambos suficientemente identificados en autos, contra el Tribunal de Juicio del antedicho Circuito Judicial Penal. Se ordena al Juzgado de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua la revocación de la medida cautelar a la cual está sometido actualmente el presunto agraviado de autos y, para el aseguramiento de las finalidades del proceso, la imposición de alguna menos gravosa, de las enumeradas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de abril de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

              Magistrado        

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                  Magistrado-Ponente

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 02-0033