SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL

 

 

Consta en autos que, en fecha 26 de octubre de 1999, el ciudadano FABIO ZERPA CAIRES, titular de la cédula de identidad n° 27.796, representado por la abogada SANDRA ALVAREZ BERNÉE DE ESCALONA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 7.594, ejerció, ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada, en fecha 12 de agosto de 1999, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El 3 noviembre de 1999, se dio cuenta del expediente en la referida Sala de Casación Civil y se designó ponente al Magistrado Antonio Ramírez Jiménez.

El 14 de diciembre de 1999, la Sala admitió la acción de amparo y decretó medida cautelar innominada de suspensión de la ejecución de la sentencia de fecha 12 de agosto de 1999, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El 13 de enero de 2000, el Juzgado de Sustanciación de dicha Sala declinó el conocimiento de la causa en la Sala Constitucional.

El 15 de febrero de 2000, se dio cuenta del expediente en esta Sala y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal.

Los días 21 de febrero y 31 de marzo de 2000, la abogada Sandra Alvarez de Escalona compareció ante la Secretaría de la Sala Constitucional y solicitó el cumplimiento de la medida cautelar decretada, en fecha 14 de diciembre de 1999, por la Sala de Casación Civil.

En fecha 2 de junio de 2000, la Sala hizo suya la decisión de admisión de la Sala de Casación Civil y, a los fines de la ejecución de la medida cautelar decretada por ella en fecha 14 de diciembre de 1999, ordenó notificar al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 16 de junio de 2000, la ciudadana Rosa María Soto, titular de la cédula de identidad nº 4.523.562, solicitó que se le tuviese como tercero coadyuvante: “..., por tener interés personal, directo y legítimo (...), por afectar mis derechos e intereses una vez protegidos por el amparo, hoy recurrido, por la decisión que hubiere de tomar esta Sala.”; y, en fecha 19 de junio de 2000, se opuso a la medida cautelar acordada por la Sala de Casación Civil.

El 10 de julio de 2000, la Juez Sexto de Primera  Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala, junto a oficio nº 1119-00, copia certificada del acta de ejecución de la medida cautelar en referencia.

Practicadas las notificaciones de rigor, el 10 de julio de 2000 tuvo lugar la celebración de la audiencia oral, a la cual concurrieron la parte actora, el juez de la sentencia accionada y la tercero coadyuvante, ciudadana Rosa María Soto, contraparte de la actora en la causa originaria. En la oportunidad de dicha audiencia, las partes consignaron escritos de conclusiones y recaudos relacionados con sus planteamientos.

 

I

PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. El accionante alega que:

1.1. En un proceso de amparo constitucional incoado en su contra por la ciudadana Rosa María Soto Rodríguez, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, obrando como tribunal constitucional de segunda instancia, dictó sentencia definitiva en que vulneró sus derechos a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por sus jueces naturales, a la propiedad y a la seguridad jurídica, por cuanto satisfizo pretensiones que debieron tramitarse por otras vías, concedió más de lo pedido por el actor, no se atuvo a lo alegado y probado en autos, y autorizó el uso y disfrute de bienes de su propiedad, sin limitación alguna, a la querellante del amparo originario.

1.2. En la causa originaria, dicha querellante había denunciado, en esencia, la violación del derecho al trabajo, pero su pretensión había sido desechada por el Tribunal de la primera instancia, porque la ciudadana Rosa María Soto Rodríguez era  accionista del Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, y porque, entre ella y el ciudadano Fabio Zerpa, existía un contrato de arrendamiento y no una relación laboral. Por este motivo, a juicio del accionante, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no era competente para conocer de la causa en referencia.

1.3. Con fundamento en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, el Tribunal Superior consideró indeterminada la “contestación” contenida en el Informe prescrito por el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y declaró confeso al presunto agraviante en el procedimiento originario de amparo, razón por la cual violó flagrantemente sus derechos y garantías constitucionales, visto que, al aplicar erróneamente la disposición en referencia e ignorar el Informe constitucional, le impidió ejercer el derecho a la defensa y le negó la oportunidad de ser oído.

2. El accionante denuncia la violación de su derecho a la propiedad, por cuanto el Juzgado Superior autorizó el uso y goce de sus bienes, ubicados en el consultorio médico identificado con el nº 104 del Centro Clínico en referencia, sin realizar previamente el inventario solicitado por la querellante del amparo originario, de modo que, a su juicio, la sentencia fue más allá de lo pedido.

Por otra parte, denuncia la violación del derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, de conformidad con los artículos 5 y 11 de la Ley Orgánica del Trabajo, a causa de la inexistencia de la relación laboral.

Además, denuncia el menoscabo de sus derechos a la defensa y al debido proceso, a causa de la asimilación que el Juzgado Superior hiciera de su Informe constitucional al escrito de contestación de la demanda previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, y que diera lugar a la desestimación de dicho Informe.

3. El petitorio del accionante es del siguiente tenor:

 

“Por las razones expuestas, solicitamos de esta Honorable Sala y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la revocatoria de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 12-8-1999.

 

Solicitamos que sean suspendidos inmediata y preventivamente los efectos de la sentencia accionada, mientras dure el presente juicio, a fin de evitar los graves daños que la ejecución de dicha sentencia causa a los bienes propiedad del Dr. Fabio Zerpa”.

 

II

SENTENCIA RECURRIDA EN AMPARO

En fecha 12 de agosto de 1999, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva en la causa de amparo instaurada por la ciudadana Rosa María Soto contra el ciudadano Fabio Zerpa Caires, declarando con lugar la acción ejercida por aquélla.

Según el texto de dicha sentencia, “No se encontraron elementos de prueba que desvirtuen (sic) las consecuencias de la confesión presunta o por contestación indeterminada en esta materia, por lo cual se fija formalmente que al haberle impedido el Dr. Fabio Zerpa el acceso a la Dra. Rosa Soto, a las áreas del consultorio Nº 104, piso 1 del Centro Materno Leopoldo Aguerrevere (MATINCA), por razones no planteadas, e (indiferentes a este amparo que incluso podrían ser justificadas desde una óptica distinta a la laboral), incurrió en una agresión al derecho a la libertad de trabajo de que gozaba esta profesional como trabajadora independiente derivado de su ejercicio en comunidad durante nueve años, el cual no puede interrumpirse abruptamente, sin violentar nuestro sistema jurídico laboral. Así se decide”.

 

 

III

ALEGATOS DE LA TERCERO INTERESADA

                1.     Sostiene la ciudadana Rosa María Soto que ejerce la profesión de médico (como pediatra especialista en cardiología infantil), junto con el accionante, desde hace más de nueve años, en el consultorio nº 104 del Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, en calidad de subarrendataria.

                2.     Que “un bien día (sic)” el ciudadano Fabio Zerpa: “... inicio (sic) vías de hecho que perturban el ejercicio de la profesión de médico pediatra infantil, (...) esto es, el derecho al trabajo ... , que constituyen violaciones a sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la salud, a la libertad económica, a la tutela judicial efectiva, a proteger y enaltecer el trabajo, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la libertad de ejercicio profesional.

                3.     Que no se ha menoscabado al querellante el derecho al juez natural, porque su conducta era violatoria del derecho al trabajo de la entonces quejosa, derecho que no requiere de la existencia de una relación de subordinación.

                4.     Que no se violó a la parte actora el derecho de propiedad; que, por el contrario, la recurrida se limitó, en acatamiento del mandato del artículo 49 de la Constitución (derogada), a restablecer la situación jurídica infringida, ya que, como consta en autos, la Doctora Soto cancelaba al Doctor Zerpa un canon arrendaticio por el uso de los equipos.

                5.     Que el fallo impugnado no incurrió en ultrapetita al ordenar el restablecimiento de la situación jurídica infringida, porque la imposibilidad de acceder a las salas, equipos e historias médicas que se encuentran dentro del consultorio en cuestión le impide el cabal ejercicio del acto médico.

                6.     Que es falso que se hubiese impedido al quejoso el ejercicio del derecho a la defensa, por cuanto tuvo plenas oportunidades para ello, sin que nada hubiese probado en el proceso.

                7.     Que es falso que no se hubiese hecho inventario de los bienes en la oportunidad de la ejecución del mandamiento de amparo otorgado a su favor, según consta en el acta levantada al efecto y que cursa en autos.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

I. Según la parte actora, el fallo impugnado violó sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por sus jueces naturales, a la propiedad y a la seguridad jurídica, por cuanto satisfizo pretensiones que debieron tramitarse por otras vías, concedió más de lo pedido por el actor, no se atuvo a lo alegado y probado en autos y autorizó el uso y disfrute de bienes de su propiedad, sin limitación alguna, a la querellante del amparo originario.

Sobre los citados alegatos de la actora, contradichos por la Juez de la sentencia accionada y por la tercero interesada, la Sala destaca que la presente causa versa sobre una acción de amparo constitucional ejercida contra una sentencia dictada, en segunda instancia, en una anterior causa de amparo, razón por la cual el presente juicio recaerá sobre la sentencia accionada, presuntamente constitutiva de un agravio constitucional no juzgado.

II. La Sala observa que, tal como fue alegado por el accionante, la Juez Superior, con fundamento en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, consideró indeterminada la “contestación” contenida en el Informe que, prescrito en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, presentó la parte querellada en el amparo originario.

En relación con este alegato, la Sala estima que la sentenciadora hizo aplicación indebida de la citada norma de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo en el procedimiento especial de amparo constitucional, al cual le es completamente ajeno; dicho procedimiento se rige por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, supletoriamente, por el Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, el examen de la sentencia accionada revela que, si bien es cierto que la Juez Superior desechó indebidamente el Informe rendido por la parte querellada en el amparo originario, también es cierto que analizó todas las pruebas de autos.

III. La parte actora denunció también la violación de su derecho constitucional a la propiedad, por cuanto el Juzgado Superior habría autorizado el uso y goce de sus bienes, ubicados en el consultorio médico identificado con el nº 104 del Centro Clínico de Maternidad Leopoldo Aguerrevere, sin realizar previamente el inventario que había sido requerido por la propia accionante del amparo originario, de modo que, a su juicio, la sentencia fue más allá de lo pedido.

En relación con este alegato, la Sala observa que, efectivamente, la Juez Superior incurrió en el agravio denunciado, toda vez que, al autorizar, sin ningún tipo de limitación, el uso y disfrute de los bienes existentes en el consultorio médico a que se refiere la presente causa, vulneró el derecho de propiedad de la parte actora sobre los bienes que le pertenecen, cuya titularidad obra en autos.

En consecuencia, debe anularse el aparte 2 de la sentencia accionada, cuyo texto es del tenor siguiente:

 

“El ciudadano Fabio Zerpa restablecerá el derecho infringido: (...); 2) Permitirá a dicha ciudadana el uso y disfrute de los bienes muebles, instrumentos técnicos, equipos médicos y servicios, sin ningún tipo de limitación, dentro de los usos y costumbres de la comunidad médica, en la cual prestan sus servicios (MATINCA), tal como lo venía haciendo por el lapso de los nueve (9) años anteriores a su actuación que determinó la solicitud de amparo”.

 

 

IV. Finalmente, la Sala advierte a las partes que su controversia en torno a la naturaleza del vínculo jurídico que han hecho valer en esta sede, así como en torno a los demás derechos que han invocado, constituyen materia a ser deducida en procedimientos distintos a éste.

 

I

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo ejercida, por el ciudadano FABIO ZERPA CAIRES, contra la sentencia dictada, en fecha 12 de agosto de 1999, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se ANULA PARCIALMENTE la sentencia accionada. Se deja sin efecto la medida cautelar dictada, en fecha 14 de diciembre de 1999, por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia. Se exime de responsabilidad a la Juez Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.  Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, a los 14                                                     días del mes de AGOSTO de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

 

El Presidente,

 

 

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

        El Vicepresidente,

 

 

 

 

       JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

HECTOR PEÑA TORRELLES                        

           Magistrado

 

 

 

 JOSÉ M. DELGADO OCANDO

          Magistrado

 

 

MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL

 Magistrado-Ponente

 

 

 

 

       El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. No 00-0561

MATV/fs/sn.-

 

 

Por un principio de coherencia con la opinión disidente que sostuve en la sentencia de fecha 16 de junio de 2000, mediante la cual se admitió la presente acción de amparo, quien suscribe salva su voto en esta oportunidad, reiterando lo expuesto en el voto particular antes aludido en lo relativo a la competencia de esta Sala para conocer del caso de autos.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas,  fecha  ut-supra.

 El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                  El Vice-Presidente,

 

                                                              Jesús Eduardo Cabrera Romero  

Magistrados,

 

 

Héctor Peña Torrelles

            Disidente

 

                                                                                  José M. Delgado Ocando

 

 

Moisés A. Troconis Villarreal

 

El Secretario,

 

 

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

HPT/mcm

Exp. N°: 00-0561