SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: ARCADIO DELGADO ROSALES

Expediente 08-0651

El 31 de marzo de 2008, el ciudadano JOSÉ HIPÓLITO RUIZ NOGUERA, titular de la cédula de identidad número 9.406.740, asistido por el abogado José Ángel Añez Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 93.218, interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, acción de amparo constitucional contra “la omisión de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial del Estado Portuguesa, de notificar e imputar [al presunto agraviado] en la fase preparatoria y/o de investigación, y contra el Juzgado de la [sic] Primera Instancia en funciones de Control Nº 1 del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, por haber actuado fuera de su competencia convalidando la actuación del Ministerio Público, la cual se erigió en menoscabo a [sus] derechos fundamentales, mediante la solicitud de orden de aprehensión Nº 18-F3-1C-1781-07, de fecha 26 de octubre de 2.007; contra [su] persona y el auto dictado por dicho Órgano Jurisdiccional en fecha 27 de octubre de 2007.

El 25 de abril de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, celebró la audiencia constitucional y profirió el dispositivo del fallo, declarando sin lugar el amparo de autos, cuyo texto íntegro fue publicado el 5 de mayo del mismo año.

El 8 de mayo del año que discurre, dentro del lapso previsto para ello en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presunto agraviado interpuso recurso de apelación contra el referido fallo, razón por la cual se remitió el expediente a esta Sala Constitucional.

Por auto del 12 de mayo del año que discurre, el a quo escuchó la apelación intentada y acordó remitir las actuaciones a esta Sala Constitucional.

El 29 de mayo de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Efectuado el análisis de los autos, pasa esta Sala a decidir respecto de la apelación interpuesta, previas las consideraciones siguientes:

I

DE LA DEMANDA DE AMPARO

En síntesis, el presunto agraviado fundó su pretensión de amparo constitucional sobre la base de los siguientes argumentos:

Que los hechos lesivos tuvieron lugar “con ocasión a [sic] la apertura de investigación por parte de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa (para aquel entonces), en la causa de investigación (Nº-18-F2-1C-677-06); quien ordenó dicha apertura de investigación por existir un delito de acción pública, perseguible de oficio, los cuales habrían ocurrido el día sábado 18 de noviembre de 2006.

Que, “una vez iniciada la investigación, el Ministerio Público ordena la práctica de todas y cada una de las diligencias de investigación e identificación de los posibles responsables del hecho objeto de la [investigación], ese mismo día funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub-delegación Guanare, [le tomaron] declaración sin tener la más mínima percepción, que sobre [su] persona se había iniciado una investigación penal, tanto es así, que la vindicta pública habría ordenado la práctica de una serie de diligencias de investigación, sin haber[le] notificado que sobre [su] persona habrían según su criterio y razonamiento elementos de convicción que posiblemente comprometían [su] responsabilidad en el hecho”.

Que “no solo la Fiscalía hizo caso omiso en cuanto a la notificación de [su] persona a los fines de conocer acerca de la investigación que se estaría desarrollando en [su] contra, sino que además nunca [fue] llamado por parte de la vindicta pública, a los fines de [su] imputación formal, donde se [le] indicara de manera clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se [le] atribuía, del derecho de estar asistido por un abogado de confianza desde el inicio de la investigación, el derecho de poder declarar con el resguardo de las garantías y sobre todo el derecho a poder proponer en fase preparatoria diligencias de investigación que fuesen pertinentes y necesarias para el esclarecimiento del hecho punible, o la presentación de descargos a los fines de desvirtuar dicha imputación”.

Que “luego de haberse desarrollado la fase de investigación en contravención a las garantías constitucionales (debido proceso, derecho a la defensa) y a los principios procesales (igualdad, contradicción), y la cual habría sido con intervención de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, de manera suspicaz fue relevada de la causa dicho despacho fiscal, para luego comisionar a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, quien de manera intempestiva y abrupta, solicitó una orden de aprehensión en [su] contra, sin siquiera haberse percatado que nunca [fue] citado a los fines de verificar si había contumacia en [su] conducta o mejor dicho, si había alguna resistencia por parte de [su] persona de someter[se] al proceso penal que se habría incoado a [su] espalda”.

Que, posteriormente, “la solicitud de orden de aprehensión, presentada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, a cargo de la abogada: KARLA GUERRERO, le correspondió al Juzgado de la [sic] Primera Instancia en funciones de Control Nº 1 del mismo Circuito Judicial, a cargo de la Dra. ANA ISABEL GAVIDIA CIRMELI; la cual se [sic] le dio entrada bajo el alfanumérico Nº CS-5063-07; quien decretó la medida judicial privativa preventiva de libertad de conformidad a [sic] lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Que “la orden de aprehensión en [su] contra sin que existiera la demostración de una conducta contumaz y la falta de imputación formal por parte de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público […] constituye una violación flagrante al [sic] derecho al debido proceso y al [sic] derecho de defensa; entendiendo que dicha violación por parte del órgano jurisdiccional; en quien además reposa la sagrada obligación de ser garante de los principios y garantías constitucionales, tal y como lo exige el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Que, “en el presente caso, no se [le] otorgó la posibilidad de contar desde el inicio de la investigación con un abogado de confianza, debidamente juramentado con las formalidades de ley, por haberse omitido imputar[le]”, violando su derecho a la asistencia técnica como contenido del derecho a la defensa y al debido proceso.

Que, en definitiva, “fue decretada orden de aprehensión sin que existiera el acto de imputación formal por parte del Ministerio Público, vulnerando flagrante [sic] el derecho al debido proceso y consecuencialmente al [sic] derecho de defensa”.

Solicitó que fuera restituida la situación jurídica, decretando “la nulidad absoluta de conformidad con lo establecido en los artículos 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, de todos los actos realizados en contravención de las normas rectoras del proceso, desde la solicitud fiscal de aprehensión Nº 18-F3-1C-1781-07, de la orden de aprehensión decretada por el Juez Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal en la solicitud Nº 1CS-5063-07; según auto dictado en fecha 27 de Octubre de 2.007, así como la ratificación de la misma por parte de dicho Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control en la solicitud Nº 1CS-5067-07, de fecha 31 de octubre de 2.007; y de todos los actos subsiguientes realizados en contra de [sus] derechos legítimos, actuales, que se vieron afectados de forma directa por las actuaciones de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público y ordene la reposición del proceso al estado [de] que el Ministerio Público y de [sic] dicho Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control Nº 1 del mismo Circuito Judicial Penal, se ciña al ordenamiento jurídico, con la debida observancia de las garantías constitucionales y procesales y de surgir elementos que comprometan [su] responsabilidad en el hecho investigado, se ordene celebrar el acto de imputación formal”.

Así mismo, alegó que “evidente como es la violación de los derechos constitucionales de [su] persona […] así como la imposibilidad de remediar dicha infracción con los recursos ordinarios (recurso de nulidad, recurso de revisión de medidas), y habiéndose agotados [sic] en sus oportunidades procesales; es por lo que [solicitó] como medida cautelar innominada […] suspender los efectos de la decisión pronunciada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal en Función de Control de este Circuito Judicial Penal en fecha 09 de enero de 2008, en la causa signada con el alfanumérico 2C-1616-07, que hoy se encuentra por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Función de Juicio bajo la nomenclatura 2M-237-08, que ordenó la apertura a juicio, a objeto de que el juicio oral y público en el presente procedimiento penal no se realice hasta tanto […] [se] resuelva la presente acción de amparo, en virtud de que la celebración del mismo sin la restitución de los derechos conculcados, causaría perjuicio irreparable por conllevar a [su] indefensión, medida ésta que [se] torna necesaria habida cuenta [de] que la causa tramita la selección de los ciudadanos que figuran como jueces escabinos”.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia emitida el 5 de mayo de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional sub lite, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Del análisis, de la acción de amparo propuesta, se constató que la misma va dirigida contra el Ministerio Público y al Tribunal de control Nº 1, de este Circuito Penal, en razón de que el Tribunal de Control decretó orden de aprehensión del accionante en Amparo; asimismo, que el Fiscal del Ministerio Público, no efectuó el acto de imputación formal, considerando el accionante que se le vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

[…]

En cuanto a los argumentos expuestos por el accionante, en relación [a] que: La Fiscalía del Ministerio Público omitió imputar al accionante en Amparo y el Tribunal de Control actuó fuera de su competencia, por no ostentar el ciudadano Ruiz Noguera José Hipólito, cualidad de imputado en la investigación, acción que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa.

Es preciso determinar que luego de lo explanado anterior [sic], que consta en el expediente, se evidencian actos de investigación y acciones ejercidas por el investigado y su defensor privado que evidencian que conocía su condición de imputado y tuvo acceso a la causa en todo momento. Por lo tanto, todos estos actos procesales (anteriormente señalados) propios de la fase de investigación, demuestran que el supra ciudadano, tenía y/o conocía el carácter de imputado en la presente causa.

Asimismo, se evidencia que en fecha 31 de Octubre de 2007, se realizó la audiencia de presentación de imputado, la cual no constituye en si misma, el acto de imputación formal; el cual corresponde exclusivamente al Ministerio Público, antes de la presentación del acto conclusivo de la investigación, pero es un acto procesal que atribuye la cualidad de imputado, no siendo esencial que la imputación formal se efectué previamente a la audiencia de presentación en la cual se acordó la medida de privación preventiva de libertad, como consta de autos, al estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

[…]

Así las cosas, tenemos que en la decisión de fecha 27 de octubre de 2007, el Juzgador A-quo, fundamentó la orden aprehensión en armonía con lo establecido en la parte in fine del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal cuando establece en el cuerpo de la sentencia que:

‘…En la continuación del análisis de la solicitud Fiscal, considera, igualmente, la Juzgadora que existe una presunción razonable de peligro de fuga por el término máximo de la pena contemplada en la norma sustantiva que prevé el ilícito señalado como perpetrado en el escrito de la Representación Fiscal, por la magnitud del daño causado, por lo que es procedente expedir ORDEN DE APREHENSIÓN contra el ciudadano plenamente identificado en autos…’.

De igual modo, revisada la decisión de fecha 09 de enero de 2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal actuando en función de control Nº 2 de este Circuito Penal, que dentro del marco de la celebración de la audiencia preliminar y en pleno ejercicio del control formal y material al que esta [sic]  obligado el juez de Control, como controlador de la Constitucionalidad declara Sin lugar la violación del debido proceso, situación determinante para que se admitiera el presente Amparo Constitucional.

[…]

Se puede afirmar que no ha habido derechos fundamentales conculcados, y que el Juez al momento de emitir su fallo (decisión de fecha 27 de 0ctubre de 2007), se ajustó a las normas procesales atinentes al caso, sin incurrir en abuso de poder o extralimitación de atribuciones, limitándose al procedimiento establecido en la ley, emitiendo así su decisión, en ejercicio de su autonomía de valoración para decidir el asunto sometido a su conocimiento.

Por lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones, visto que no hubo violaciones de derechos fundamentales en el presente caso, declara SIN LUGAR la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el ciudadano JOSÉ HIPÓLITO RUIZ NOGUERA, asistido formalmente por el Abogado JOSÉ ÁNGEL AÑEZ ÁLVAREZ. Y así se decide.

Asimismo, Con relación a lo solicitado por la Juez de Primera Instancia en función de Control y por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en cuanto a que le sea aplicado al accionante lo establecido en el artículo 28 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Alzada considera que el accionante podía actuar en amparo y se desprende que el mismo lo intentó sin obrar de forma temeraria ni de mala fe, por lo cual no se impone la sanción establecida en el referido artículo. Y así se decide.

III

DE LA COMPETENCIA

En lo que refiere a la competencia para conocer del recurso de apelación ejercido en la presente causa, observa la Sala que la decisión impugnada fue dictada el 5 de mayo de 2008 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa que, actuando como tribunal constitucional de primer grado, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ HIPÓLITO RUIZ NOGUERA, supra identificado, contra la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa y contra la orden de aprehensión librada el 27 de octubre de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

Ello así, en aplicación de la norma prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de conformidad con la doctrina expuesta mediante sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), en concordancia con la letra b) de la Disposición Transitoria, Derogatoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para decidir la apelación objeto de estos autos. Así se declara.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada su competencia, observa la Sala que conforme los términos bajo los cuales se planteó la presente demanda de amparo, las actuaciones causantes de la afrenta constitucional que se pretende delatar devinieron de la orden de aprehensión que contra la parte actora libró el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial, el 27 de octubre de 2007, previa solicitud efectuada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa; con ocasión de la causa seguida al actor por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con premeditación y alevosía, en perjuicio de los ciudadanos Leydy Coromoto La Cruz Montilla y Andrés Gámez Moyetones.

En este sentido, alegó la representación del presunto agraviado que el Ministerio Público omitió, como trámite previo, el acto de imputación al quejoso, en virtud de lo cual éste habría tenido, desde dicho acto, acceso a las actas de la investigación y, con la debida asistencia jurídica, oportunidad para la realización de las acciones que considerara pertinentes para su defensa. De este modo, las actuaciones procesales supuestamente agraviantes serían imputables, inicialmente, a la investigación fiscal y, por derivación, al señalado órgano jurisdiccional que, en el fallo impugnado en amparo, atendió al pedimento formulado por la vindicta pública.

No obstante lo expuesto, constata la Sala que, aunque el quejoso interpuso el amparo contra Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa y contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; lo cierto es que el agravio delatado proviene exclusivamente del Juez de control referido, dado que la pretensión del amparo constitucional de autos consiste en revertir la medida privativa de libertad decretada en contra del presunto agraviado.

Hecha la anterior precisión, advierte la Sala que el restablecimiento de la situación jurídica denunciada como infringida resultaba posible a través del ejercicio de recursos ordinarios, como el de apelación (ex artículo 447.4 del Código Orgánico Procesal Penal) e incluso la solicitud de nulidad ante el Tribunal de la causa (conforme las reglas previstas en los artículos 190 y siguientes eiusdem), el cual, vale acotar, aún se encuentra disponible para la parte actora (cfr. sentencias Nos 1702/2003, 3319/2003, 1471/2007 y 884/2008).

Si bien es cierto que el presunto agraviado afirmó llanamente que las señaladas vías ordinarias no resultaban idóneas para la salvaguarda de sus derechos fundamentales y que las mismas habían sido debidamente agotadas; del estudio de las actas procesales de la causa penal aludida (que constan en copias certificadas en sendos anexos marcados 1 al 3) y en contra de lo aducido por el presunto agraviado, no consta que tal agotamiento se haya consumado. De hecho, la Secretaría del propio Juzgado de Control delatado como agraviante efectuó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde que ratificara la medida judicial privativa de libertad (el 31 de octubre de 2007) y certificó el transcurso de seis días hábiles sin que hubiera sido interpuesto recurso alguno por la parte actora (Pieza Nº 2 del expediente, folio 234).

En este orden de ideas, es preciso reiterar que conforme a la interpretación que consolidada jurisprudencia de esta Sala ha brindado al cardina 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la admisibilidad del amparo se encuentra condicionada al agotamiento de los mecanismos procesales existentes sin que haya sido lograda la tutela merecida, salvo la ineficacia manifiesta de los mismos para restituir o salvaguardar la situación jurídica constitucional en peligro (cfr., entre otras, Nos 848/2000, 939/2000, 2278/2001 y 1282/2002).

En el caso sub lite, el presunto agraviado no agotó los medios adjetivos ordinarios para reparar la supuesta lesión generada en su derecho a la defensa y el debido proceso y no existen acreditadas razones que cuestionen la idoneidad de los mismos para lograr tal restablecimiento, de modo que la acción de amparo constitucional objeto de estos autos resultaba inadmisible y así debió ser juzgada por el a quo constitucional, sin necesidad de entrar a analizar el mérito de la presente controversia constitucional.

En razón de ello, debe esta Sala declarar sin lugar la apelación objeto de estos autos. Asimismo, se revoca la sentencia emitida el 5 de mayo de 2008 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional sub examine y, en su lugar, declara inadmisible la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano JOSÉ HIPÓLITO RUIZ NOGUERA, identificado supra, contra la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa y contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano JOSÉ HIPÓLITO RUIZ NOGUERA, identificado supra, contra la sentencia emitida el 5 de mayo de 2008 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Asimismo, REVOCA la señalada sentencia del 5 de mayo de 2008 y, en su lugar, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentada contra la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa y contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de agosto de dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Magistrado

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

Magistrado

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

Magistrado

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

Magistrada

 

 

Arcadio Delgado Rosales

Magistrado-Ponente

 

El Secretario,

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

n° 08-0651

ADR/

 

El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su conformidad con la decisión que contiene este fallo; no obstante, por razón de discrepancias de los motivos de la sentencia que serán expuestas a continuación, expide el presente voto concurrente, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

1.  En el veredicto de cuya motivación se expresa la actual discrepancia parcial, la mayoría sentenciadora afirmó:

No obstante lo expuesto, constata la Sala que, aunque el quejoso interpuso el amparo contra la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa y contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, lo cierto es que el agravio delatado proviene exclusivamente del Juez de control referido, dado que la pretensión del amparo constitucional de autos consiste en revertir la medida privativa de libertad decretada en contra del presunto agraviado.

 

2.  En lo que atañe a la valoración que acaba de ser transcrita, quien suscribe observa:

2.1                          De manera indubitable, el accionante denunció dos agravios, los cuales habrían derivado, uno, de la falta de imputación fiscal; el otro, de la orden judicial de aprehensión que fue expedida contra dicha parte;

2.2                          En relación con la omisión, por parte del Ministerio Público, de imputación de los hechos por los cuales fue abierta una investigación penal dentro de la cual el quejoso habría sido incluido como imputado, éste señaló, claramente, que, como consecuencia de dicha conducta, derivaron perjuicios a la efectiva vigencia de su derecho fundamental al debido proceso; en particular, a su derecho a la defensa. En efecto, el hoy legitimado activo alegó que “nunca fue llamado por parte de la vindicta pública, a los fines de [su] imputación formal, donde se [le] indicara de manera clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se [le] atribuía, del derecho de estar asistido por un abogado de confianza desde el inicio de la investigación, el derecho de poder declarar con el resguardo de las garantías y sobre todo el derecho a poder proponer en fase preparatoria diligencias de investigación que fuesen pertinentes y necesarias para el esclarecimiento del hecho punible, o la presentación de descargos a los fines de desvirtuar dicha imputación”; asimismo, en el capítulo de la motivación del fallo que se examina, se expresó que “alegó la representación del presunto agraviado que el Ministerio Público omitió, como trámite previo, el acto de imputación al quejoso, en virtud de lo cual éste habría tenido, desde dicho acto, acceso a las actas de la investigación y, con la debida asistencia jurídica, oportunidad para la realización de las acciones que considerara pertinentes para su defensa. De este modo, las actuaciones procesales supuestamente agraviantes serían imputables, inicialmente, a la investigación fiscal y, por derivación, al señalado órgano jurisdiccional que, en el fallo impugnado en amparo, atendió al pedimento formulado por la vindicta pública”;

2.3                          De los textos que acaban de ser transcritos surge, sin duda, la convicción de que la queja constitucional iba dirigida no sólo contra la orden judicial de aprehensión sino, igualmente, contra la omisión fiscal que delató el demandante de amparo; la de que el remedio procesal, en caso de procedencia del reclamo de tutela, debía ser específico para cada una de las pretensiones; en el caso particular de la infracción que se alegó, por parte de la representación fiscal, habría sido la reposición de la causa al estado de que, dentro de la investigación, la misma hubiera sido notificada al quejoso de autos. Tan cierto era que había dos denuncias de infracción constitucional y de que las mismas eran distintas, tanto en su origen como en los fines que perseguía el accionante, que con la nulidad que, eventualmente, hubiera sido decretada, en relación con  la precitada orden judicial de aprehensión (segundo motivo del amparo que se demandó), no se habría restituido la situación jurídico constitucional que resultó infringida, según alegó el demandante, por la predicha omisión del Ministerio Público.

3.  Ciertamente, entonces, la demanda de amparo comprendió dos supuestos agraviantes: el representante del Ministerio Público y el Juez de Control, por omisión (de acto de imputación), en el primer caso, y por acción (decreto de aprehensión), en el segundo. En este caso, las pretensiones de tutela no tenían, en principio, órganos jurisdiccionales comunes para su tramitación, sino el Tribunal de Juicio y la Corte de Apelaciones, en el primer caso; la Corte de Apelaciones y la Sala Constitucional, en el segundo. Por dicha razón, la Sala debió pronunciarse, previamente, sobre la conformidad jurídica de la acumulación de ambas causas; ello, porque esta juzgadora no ha mantenido un criterio uniforme en relación con dicho punto, pues, en algunos casos, ha declarado la inepta acumulación, mientras que, en otros, ha admitido tal juzgamiento conjunto.

4.  Tal como quien suscribe lo ha sostenido, de manera uniforme y reiterada; coincidente, además, en ocasiones, con la mayoría de la Sala, la acumulación de los procesos de amparo contra el Ministerio Público y el Tribunal de primera instancia no plantea incompatibilidad legal alguna, en los términos que esta Sala ha expresado en decisiones tales como la n.° 1187, de 22-06-07, por razón de alguna de las identidades que describe el Código de Procedimiento Civil.

5.  Como conclusión, quien suscribe estima que, en primer lugar, había dos denuncias de agravio constitucional, perfectamente diferenciadas, como también lo eran los sujetos pasivos de dichas denuncias; por consiguiente, que, en segundo término, el fallo que precede debió contener, en su capítulo de motivación, un pronunciamiento expreso sobre la admisibilidad de la acumulación de ambas causas.

6.  Ahora bien, quien suscribe coincide con la mayoría sentenciadora, en cuanto a la inadmisión de ambas pretensiones de amparo, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues, tal como se señaló en la decisión que se examina, el quejoso disponía de la apelación contra el decreto judicial de aprehensión que impugnó mediante el presente ejercicio de la acción de amparo. Así, si el actual demandante hubiera agotado el referido medio judicial preexistente, la situación habría sido revisada, de manera integral, por la Alzada penal, esto es, con la inclusión de la valoración sobre la supuesta omisión del Ministerio Público; ello, porque, como lo ha afirmado, de manera reiterada y pacífica, esta Sala, todos los Jueces son contralores de la constitucionalidad, de suerte que la Corte de Apelaciones tenía el deber –más que la potestad- de restitución, aun de oficio, de la situación jurídico constitucional que habría resultado supuestamente violada por la denunciada conducta pasiva del Ministerio Público; de allí la naturaleza concurrente del voto que, por el presente medio, se expide.

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado concurrente.

Fecha retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice-presidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Concurrente              

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar

Exp. 08-0651