SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

            El 22 de septiembre de 2000, el ciudadano Binet Simón Cárdenas Angarita, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.094, actuando como apoderado especial de Juan José Meneses Madrid, titular de la cédula de identidad N° 3.794.440, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo contra la decisión dictada el 29 de agosto de 2000, por la Corte de Apelaciones, Sala N° 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

 

            En la misma fecha se dio cuenta en Sala, designándose como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

            Efectuado el análisis del expediente se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

            La presente acción de amparo es ejercida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 49, numeral 8 de la Constitución, en concordancia con los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión del 29 de agosto de 2000, dictada por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que habría lesionado en la situación jurídica de Juan José Meneses Madrid, el derecho a la libertad y seguridad personales, la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la igualdad.

 

            Señala el accionante que mediante la decisión contra la cual acciona, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Sexto del Ministerio Público del mismo Circuito Judicial Penal contra la decisión dictada el 26 de julio de 2000 por el Tribunal de Control N° 3 de dicho Circuito Judicial Penal. 

 

            Narra el accionante que el 24 de julio de 2000, la Fiscalía del Ministerio Público presentó escrito ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal referido, solicitando que se decretara la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con los artículos 259, 260 y 261 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de Juan José Meneses Madrid, al considerar que se encontraban llenos los extremos exigidos por la citada normativa, presentando como elementos de convicción una copia simple de un expediente correspondiente a un proceso penal que se le siguió al Sr. Meneses en 1999 por rebelión militar; copia fotostática de una relación de llamadas en las que aparece un número (014-7203255) perteneciente a Juan José Meneses; una declaración de Pablo Gil y actas policiales de 21 de julio referentes a la supuesta revisión de un maletín propiedad del Sr. Meneses. Contra tal solicitud, en la audiencia especial, la defensa presentó como argumentos que la solicitud era inmotivada, que el Sr. Meneses había sido ilegítimamente detenido sin orden judicial y que los elementos de convicción presentados fueron ilícitamente obtenidos, vulnerándose el principio de la legalidad de la prueba. Fue así como el 26 de julio de 2000, el Tribunal de Control N° 3 mencionado, negó la solicitud de decretar la privación judicial preventiva de la libertad.

 

            Contra dicha decisión apeló el Fiscal Sexto del Ministerio Público del a quo, apelación contra la cual el accionante hizo oposición.

 

            El 29 de agosto de 2000, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación ejercido por el referido Fiscal y, en consecuencia, ordenó al Juez de Control que, con carácter urgente, efectúe los trámites legales pertinentes para ejecutar la detención del accionante. 

 

            Indica el accionante que el presunto agraviante al dictar la decisión accionada incurrió en error judicial inexcusable “ya que declaró con lugar una apelación contra un auto que legalmente nunca fue impugnado”; que el presunto agraviante, al dictar la decisión accionada, no valoró los argumentos esgrimidos por la defensa en el escrito de “Contestación del Recurso de Apelación”; que asimismo, el presunto agraviante actuó fuera de su competencia funcional “ya que en el mismo momento en que señala expresamente que la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, no cumplió con los requisitos establecidos 439 del C.O.P.P, como requisitos indispensables para la admisibilidad de los recursos, la misma debió declarar inadmisible, sin embargo entró a conocer el fondo de la apelación respectiva de forma ilegal, atribuyéndose atribuciones (sic) que no le correspondían...”, e igualmente, porque “tomó en consideración hechos y elementos que no fueron ni impugnados ni señalados por la parte apelante (artículo 433 del C.O.P.P.) ya que consideró la residencia de mi mandante por estar ubicada en Colón, Estado Táchira, constituida (sic) una presunción razonable de fuga...; que el Fiscal no impugnó legalmente ninguna parte del pronunciamiento judicial de fecha 26 de julio de 2000...”; que la decisión accionada “valora en flagrante violación al principio de la legalidad de la prueba, elementos de convicción que fueron obtenidos ilícitamente mediante la violación al debido proceso y con fecha posterior a la decisión apelada en fecha 26 de julio de 2000...”.

 

            Finalmente, solicita que esta Sala declare la nulidad absoluta de la decisión de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, dictada el 29 de agosto de 2000 y de la decisión dictada como consecuencia de lo anterior el 30 de agosto de 2000, por el Tribunal de Control N° 3 del mismo Circuito Judicial Penal, y se ordene la libertad inmediata de Juan José Meneses Madrid.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer en primera instancia de una acción de amparo incoada contra una sentencia  dictada por una  Corte de Apelaciones en lo Penal, al conocer ésta del recurso de apelación interpuesto contra una decisión de un Juzgado de Control y, en tal sentido, reiterando los criterios relativos a distribución de competencias para conocer de la acción de amparo, establecidos a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara.

 

            Corresponde ahora a esta Sala pronunciarse acerca de la presente acción de amparo, a cuyo fin observa:

 

            La presente causa ha sido fundamentada en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, denunciando el accionante infringidos el derecho a la libertad y seguridad personales y la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho de acceso a la justicia, infracciones que se habrían producido cuando al dictar la sentencia accionada, el presunto agraviante habría incurrido en supuestos errores de juzgamiento al declarar con lugar el recurso de apelación ejercido contra una sentencia de un tribunal de control, ordenando, en consecuencia, la detención de Juan José Meneses Madrid.

 

            En efecto, señala el accionante, que al dictar la decisión accionada, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo actuó fuera de su competencia “entendida ésta desde el punto de vista de la violación a la ley...”. Asimismo, indica que al dictar la decisión accionada, el presunto agraviante “se fundamentó para decretar la privación preventiva de libertad, sólo con los alegatos de la Fiscalía en su escrito de apelación, sin pronunciarse o valorar los argumentos de la defensa, con la gravedad que la Fiscalía legalmente no impugnó la decisión apelada ... además de que fueron incorporados elementos de convicción obtenidos ilícitamente y con posterioridad a la decisión apelada...”.

 

            Observa esta Sala, que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:

 

Artículo 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione  un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.”

 

            Reiteradamente la jurisprudencia ha asentado que el citado artículo 4, establece como requisitos concomitantes de procedencia del amparo contra sentencia, que el tribunal haya actuado fuera de su competencia, entendida ésta como abuso de autoridad, usurpación o extralimitación de funciones, y que con esa actuación haya infringido o pueda infringir algún derecho constitucional en la situación jurídica de un sujeto, cuyo goce y ejercicio puede ser restablecido o pueda impedirse la infracción.

 

            En el presente caso, el accionante afirma que el tribunal accionado actuó fuera de su competencia “entendida ésta desde el punto de vista de la violación de ley”, señalando supuestos hechos que serían, a su decir, constitutivos de tales violaciones, pero no indica de qué manera tales infracciones constituyen abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones.

 

            Observa esta Sala, que en el presente caso, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, conoció del recurso de apelación interpuesto por  un Fiscal del Ministerio Público contra una decisión de un Juzgado de Control, lo cual es parte de la competencia que le ha sido legítimamente atribuida, y que la ejerció aplicando su criterio sin exceder los límites impuestos por la ley adjetiva.

 

            Indica el accionante, que la decisión accionada incurre en error inexcusable al declarar con lugar la apelación ejercida contra “un acto” que “legalmente” nunca fue impugnado, sin explicar el fundamento de su afirmación, ni cómo ni de qué manera llega a la conclusión de que la sentencia objeto de la apelación nunca fue “legalmente” impugnada.

 

            Señala el accionante que el presunto agraviante se limitó a valorar en la sentencia accionada los argumentos del apelante, obviando considerar aquellos esgrimidos por la defensa, sin indicar cuáles específicos argumentos que debieron ser apreciados no lo fueron, ni cómo, a consecuencia de ello, se produjeron las violaciones constitucionales denunciadas.

 

            Considera asimismo el accionante, que aquél recurso de apelación debió ser inadmitido puesto que, a su decir, no está debidamente fundado, como debió estarlo, de conformidad con el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, sin explicar cómo y de qué manera la admisión del recurso concreta una infracción de sus derechos constitucionales, todo lo cual constituye una diferencia de criterios interpretativos con respecto al señalado artículo y a la valoración de los hechos, entre el accionante y el presunto agraviante.

 

            Afirma asimismo el accionante, que el presunto agraviante apreció elementos de convicción ilícitamente obtenidos, sin explicar los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan tal calificación de ilicitud; igualmente, indica que esos elementos de convicción no fueron aportados en la oportunidad legal, sino posteriormente a la audiencia del imputado lo que, a su decir, constituye violación del debido proceso y del derecho de defensa, porque ni el Juez de Control ni el accionante tuvieron, según afirma, la oportunidad de conocerlos. No precisa el accionante el fundamento legal de sus alegatos, ni cuál hecho le impidió conocer los elementos de convicción a que se refiere, como tampoco explica de qué manera, los hechos señalados, constituyen la infracción constitucional denunciada.

 

            Apunta esta Sala, que los hechos señalados por el accionante como constitutivos de infracciones constitucionales son calificados por él mismo de errores judiciales. Ahora bien, ha dicho esta Sala y así lo ratifica, que los errores de juzgamiento, de escogencia de la ley aplicable, procedimentales o de interpretación en que pueda incurrir el juez en el ejercicio de sus funciones, si así ocurriere, no constituyen, per se, infracciones al debido proceso, y que sólo cuando tales errores concreten la infracción de un derecho constitucional en la situación jurídica de un sujeto, cual puede ser impedirle ejercer su defensa, utilizar un intérprete, ser juzgado por un juez imparcial, recurrir del fallo en su contra, y todos aquellos derechos que, conforme al artículo 49 de la Constitución, constituyen el debido proceso; se repite: sólo cuando se concreten infracciones de derechos constitucionales como consecuencia de tales errores, ellos podrán ser corregidos mediante la acción de amparo, porque en tales casos podrán considerarse dichos errores como generadores de violaciones de derechos constitucionales, cuyo restablecimiento de la situación jurídica es el objeto reconocido por la ley a la mencionada acción, lo que no ocurre en el presente caso.

 

            Atendiendo a lo expuesto, no habiendo el tribunal señalado como presunto agraviante actuado fuera de su competencia, ni habiéndose verificado infracción constitucional alguna de conformidad con lo antes indicado, considera esta Sala que la presente acción de amparo debe ser declarada inadmisible, in limine litis, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.

 

DECISIÓN

 

            Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo intentada por Binet Simón Cárdenas Angarita en representación de Juan José Meneses Madrid, contra decisión dictada el 29 de agosto de 2000, por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

 

            Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

            Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 10   días del mes de AGOSTO de dos mil uno. Años: 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                     El Vicepresidente,

 

 

                                                     JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

                                                                             Ponente

 

Los Magistrados,

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

                                                               ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N°: 00-2670

J.E.C.R/