SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

El 20 de junio de 2001 se recibió en esta Sala Constitucional el oficio Nº 0306/01 del 18 de junio de 2001, emanado de la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, anexo al cual se remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta en forma verbal, por las abogadas Maria Antonia Abrahan y Zoe Lascaris, actuando con el carácter de defensoras privadas del ciudadano JOSE RAUL LIENDO, contra la decisión dictada el 18 de mayo de 2001 por el Juzgado de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que acordó la apertura a juicio oral y público al referido ciudadano, por la presunta comisión del delito de lesiones personales gravísimas, previsto en el Código Penal Vigente.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta de ley, a que está sometida la decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones, el 30 de mayo de 2001, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional.

En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la consulta de ley, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

El 18 de mayo de 2001, se celebró la audiencia oral especial por ante el Juzgado de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en virtud de la solicitud de sobreseimiento efectuada por el Ministerio Público, a favor del ciudadano José Raúl Liendo. 

En el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal solicitó el sobreseimiento a favor del referido ciudadano; instantes después de haber declarado la victima, nuevamente intervino la representación fiscal solicitando esta vez, que se dejara sin efectos la solicitud de sobreseimiento y se declarara la  apertura a juicio oral y público en contra del mismo ciudadano.

Así pues, el Juzgado de Control Nº 3, una vez oídas las exposiciones y siendo el momento para decidir, declaró la apertura a juicio en contra del ciudadano José Raúl Liendo, por la presunta comisión del delito de lesiones personales gravísimas, previsto en el Código Penal Vigente.    

El 22 de mayo de 2001 las abogadas defensoras del imputado, interpusieron de manera verbal por ante la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 18 de mayo de 2001 por el Juzgado de Control Nº 3 del mismo Circuito Judicial, que acordó la apertura a juicio oral y público del ciudadano José Raúl Liendo.

En la misma oportunidad (22 de mayo de 2001), la referida Corte de Apelaciones, estando plenamente constituida, asumió el conocimiento de la acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 30 de mayo de 2001 la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por las defensoras privadas del ciudadano José Raúl Liendo, contra la decisión dictada por el Juzgado de Control Nº 3 del mismo Circuito Judicial Penal.

II

DE LA ACCION DE AMPARO

 

            Mediante auto del 22 de mayo de 2001, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, dejó constancia de que las abogadas defensoras del ciudadano José Raúl Liendo, ejercieron de manera verbal, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 18 de mayo de 2001 por el Juzgado de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por considerar que hubo violación de normas constitucionales, consagradas en los artículos 49 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Igualmente, señalaron que se violentó el derecho a la defensa y que, además, es ilógico que fundamenten la solicitud de sobreseimiento y la apertura a juicio con los mismos argumentos.

            Finalmente, solicitaron que se declarase con lugar la acción de amparo y se anulara la audiencia especial, celebrada el 18 de mayo de 2001.

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

Mediante decisión del 30 de mayo de 2001, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por las defensoras privadas del ciudadano José Raúl Liendo, contra la decisión dictada por el Juzgado de Control Nº 3 del mismo Circuito Judicial Penal, que acordó la apertura a juicio oral y público al referido ciudadano. En tal sentido, la Corte de Apelaciones, estableció:

Que el Juez de Control debió agotar lo pautado en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, “que señala:‘Presentada la solicitud de sobreseimiento el juez podrá convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición.

Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro fiscal que formule la acusación.’”

 Asimismo, estimó que efectivamente se violentaron normas procesales, por cuanto la Juez de Control, al declarar la apertura a juicio contemplado en el artículo 334 eiusdem, obvió el cometido de la fase preparatoria, “que no es otra cosa que preparar la imputación y fundamentar la acusación,” ya que para atribuirle a una persona la comisión de un delito concreto, es menester realizar una serie de operaciones y actividades encaminadas a llegar a esa determinación.

Que el Juez de Control, en vez de pronunciarse sobre el sobreseimiento solicitado, en la oportunidad de la audiencia especial fijada para tal fin, decretó la apertura a juicio, con lo cual, puso fin a la fase intermedia del proceso penal, quebrantando de esta manera normas procesales en perjuicio del imputado, “a saber los artículos 330, 331, 332 y 333 del Código Orgánico Procesal Penal, obviando la Juez de Control Nº 3, que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso y corresponde a los jueces garantizarlos sin preferencias ni desigualdades...”.

En consecuencia, “esta Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones (...), declara CON LUGAR el amparo interpuesto (...), se ANULA, en consecuencia en todo y cada una de sus partes de conformidad con el artículo 208 del Código Orgánico Procesal Penal, la Audiencia Especial realizada el 18-05-2001, por la Juez de Control Nº 3, (...) y se ORDENA la realización de una nueva Audiencia ante un Juez y Fiscal distinto a los actuantes“.

IV

MOTIVACION PARA DECIDIR

 

Esta Sala debe previamente determinar su competencia para conocer de la consulta de una acción de amparo, interpuesta por ante una Corte de Apelaciones, contra una decisión dictada por un Juzgado de Primera Instancia, y a tal efecto, observa que en sentencias dictadas por esta Sala el 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), la misma estableció:

“Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.”

 

En tal sentido, conforme a lo expuesto, corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de la República -que en materia penal son denominados Cortes de Apelaciones-, cuando éstos conozcan de la acción de amparo en primera instancia.

En el presente caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, conoció en primera instancia de una acción de amparo, razón por la que, esta Sala, congruente con los fallos mencionados ut supra, se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide.

Decidido lo anterior, corresponde pronunciarse acerca de dicha consulta, a cuyo fin se observa que en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declaró con lugar la acción de amparo constitucional en favor del ciudadano José Raúl Liendo, por considerar que el Juez de Control, en vez de pronunciarse sobre el sobreseimiento solicitado, en la oportunidad de la audiencia especial fijada para tal fin, decretó la apertura a juicio, con lo cual puso fin a la fase intermedia del proceso penal, quebrantando de esta manera normas procesales en perjuicio del imputado, obviando la Juez de Control  que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso y corresponde a los jueces garantizarlos sin preferencias ni desigualdades.

Ahora bien, esta Sala ha podido constatar de los folios 2 al 12, ambos inclusive, que conforman el  presente expediente,  que efectivamente la audiencia especial fijada por el Juzgado de Control, tuvo lugar el 18 de mayo de 2001, en virtud de la solicitud de sobreseimiento formulada por el representante de la vindicta pública; y posteriormente, en una segunda intervención, la representación fiscal solicitó que se dejara sin efectos la solicitud de sobreseimiento y se declarase la apertura a juicio en contra del imputado, solicitudes estas que el Juez de Control admitió, lo cual, a criterio de esta Sala constituye una violación al debido proceso.

Al respecto, debe precisarse que, en las audiencias especiales que fijan los tribunales de control, en virtud de alguna solicitud de las partes, sólo deben  debatirse los fundamentos de  procedencia de la petición que se haga; así pues, considera la Sala que, en el presente caso, sólo debió debatirse si procedía o no la solicitud de sobreseimiento.

En tal sentido, observa la Sala que el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el trámite correspondiente a la solicitud del sobreseimiento, que como bien lo señaló la referida Corte de Apelaciones en su decisión, el Juez de Control debió seguir, pues la referida disposición legal, dispone:

“Artículo 326. Trámite. Presentada la solicitud de sobreseimiento el juez podrá convocar a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición.

Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el fiscal superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el fiscal superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro fiscal que formule la acusación.”

Así pues, la Sala estima que el Juez de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, al decretar la apertura a juicio, le puso fin a la fase intermedia del proceso penal, transgrediendo el derecho a la defensa del imputado, ya que éste, ante la solicitud de sobreseimiento y fijada la audiencia para tal fin y, al no tener conocimiento del contenido de la acusación, sino hasta el momento de la audiencia, no tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos que le concede la ley penal adjetiva, en vista de que el tribunal de control no concedió un plazo oportuno, conforme a lo previsto en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual, el imputado puede preparar su defensa, o bien,  realizar cualquier actuación, como  por ejemplo, oponer excepciones, solicitar que se aplique el procedimiento por admisión de los hechos, proponer acuerdos reparatorios y en fin, realizar cualquier actuación que le favorezca permitida en la ley, que dependiendo de cuál sea, pudiese no haber necesidad de pasar a la fase de juicio.

Así las cosas, la Sala debe precisar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 330 y 334 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, para poder decretar la apertura a juicio, debe recibir previamente del Ministerio Público formal acusación en contra del imputado, luego, el tribunal debe fijar una audiencia preliminar, en la cual el imputado, una vez que tenga conocimiento del contenido de la acusación, podrá realizar una serie de actos antes del vencimiento de la audiencia preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 331 eiusdem; posteriormente, una vez celebrada la audiencia, el Juez de Control deberá resolver sobre las cuestiones a que hace referencia el artículo 333 ibidem; finalmente, es cuando el Juez de Control puede admitir la acusación -de ser procedente- y en el mismo acto ordenar la apertura a juicio oral y público;             de esta manera, considera la Sala, se mantiene el equilibrio procesal de las partes y se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa del imputado; actuaciones que en el presente caso no se verificaron.   

En virtud de lo expuesto, la Sala observa que en el caso de autos, la representación del Ministerio Público no presentó acusación alguna por ante el Juez de Control; solamente se limitó a solicitar que se dejara sin efectos la solicitud de sobreseimiento y se ordenara la apertura a juicio, fundamentando esta última petición con los mismos argumentos que utilizó para su primera solicitud (sobreseimiento); razón por la cual, legalmente no ha tenido lugar el acto de la audiencia preliminar conforme lo exige el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal y, por ende, mal podría el Juez de Control ordenar la apertura a juicio, como efectivamente lo hizo; por tales circunstancias, esta Sala comparte el criterio esgrimido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, al considerar que el Juez de Control Nº 3 del mismo Circuito Judicial, vulneró el debido proceso y, en consecuencia, el derecho a la defensa del imputado.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional confirma la decisión dictada el 30 de mayo de 2001 por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa del imputado. Así se decide. 

V

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Maria Antonia Abrahan y Zoe Lascaris, actuando con el carácter de defensoras privada del ciudadano José Raúl Liendo y, en consecuencia, se CONFIRMA en todas sus partes, la decisión dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el 30 de mayo de 2001.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente.

Dada,  firmada  y  sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  10   días del mes de  AGOSTO  de dos mil uno (2001) Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                     El Vicepresidente,         

 

                                      Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Magistrados,

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                           JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                  Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

AGG/jce

Exp. Nº: 01-1347