SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2003, la abogada MARÍA DEL CARMEN RIVERA MOYA, titular de la cédula de identidad n° 5.609.247, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 81.685, actuando en su propio nombre, ocurrió ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a presentar solicitud de interpretación de los artículos 191 y 197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Realizada la lectura de la petición, pasa la Sala a decidir con base en las consideraciones siguientes:

I

DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

 

En la presente causa, la solicitud de interpretación ha sido planteada respecto del sentido y alcance de las normas contenidas en los artículos 191 y 197 del Texto Constitucional, cuyo contenido es el que sigue:

 

Artículo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

 

Artículo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia”.

 

 

1.- Explica la solicitante que se le han planteado consultas como profesional del derecho en cuanto a la constitucionalidad de la designación de algunos Diputados principales de la Asamblea Nacional para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, mediante acto publicado en la Gaceta Oficial de la República incluido el juramento de ley, sin que medie notificación previa al Órgano Legislativo Nacional en la que se justifique la aceptación de dichos cargos, aun cuando tal circunstancia impide el cumplimiento de los deberes que tienen en su condición de Diputados de la Asamblea Nacional.

 

2.- Denuncia que los cargos asumidos y ejercidos por algunos Diputados principales, no constituyen algunas de las excepciones que de manera específica y taxativa contempla el artículo 191 de la Constitución vigente, la cual señala que los Diputados a la Asamblea Nacional sólo podrán ejercer cargos referidos a actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva, es decir, no pueden los Diputados principales a la Asamblea Nacional aceptar un cargo remunerado que lo califique como funcionario público.

 

3.- Estima que la aceptación y ejercicio por parte de cualquier Diputado principal a la Asamblea Nacional de un cargo no permitido por el artículo 191 de la vigente Constitución “ocasiona la pérdida de su cualidad de Diputado principal, por cuanto voluntariamente y de manera sobrentendida renuncia y por tanto, rechaza manifiestamente su cargo de Diputado para asumir el que, a su interés particular resulta más conveniente, de tal forma, que la Asamblea Nacional deberá calificar al Diputado suplente como Diputado principal para que llene el (sic) curul vacante”.

 

4.- Señala que según el artículo 197 constitucional, los Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional están en la obligación de cumplir con sus labores a dedicación exclusiva, sin excepción salvo aquellas establecidas en el ya mencionado artículo 191 del Texto Constitucional, a permanecer en abierta sintonía y contacto diario con la institución legislativa y su gestión con los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron electos; pero que interpretaciones contrarias a dicha disposición en el Órgano Legislativo Nacional hacen necesaria y pertinente la presente solicitud de interpretación de las normas mencionadas.

 

5.- Advierte que la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone, en concordancia con lo antes indicado, que el ejercicio de la función parlamentaria debe ser de dedicación exclusiva, salvo las excepciones establecidas en la propia Constitución, pero que no obstante ello, hay Diputados principales de la Asamblea Nacional que en la actualidad están ejerciendo cargos públicos remunerados de dedicación exclusiva, a pesar del impedimento constitucional y de estar sujetos a la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuyo artículo 35 establece la prohibición para los funcionarios públicos –entre los que están los Diputados del Órgano Legislativo Nacional- de desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley.

 

6.- Sostiene que si se aplica de forma analógica la parte in fine de la señalada disposición legal (según la cual, la aceptación de un segundo destino público, que no sea de los exceptuados por el propio artículo 35, implica la renuncia al primero, salvo que se trate de suplentes mientras no reemplacen definitivamente al principal) al caso de los Diputados de la Asamblea Nacional que han aceptado un cargo público de libre nombramiento y remoción permanente, debería traer como consecuencia la renuncia tácita de dicho Diputado a su condición de representante popular ante el Órgano Legislativo Nacional, en respeto del principio de autonomía de la voluntad.  

          

7.- De acuerdo con los planteamientos precedentes, la abogada María Del Carmen Rivera Moya solicitó que esta Sala Constitucional interpretara las normas contenidas en los artículos 191 y 197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.                                              

II

DE LA COMPETENCIA

 

            Esta Sala declaró desde su sentencia n° 1.077/2000, del 22.09, caso: Servio Tulio León, su competencia para conocer de las solicitudes de interpretación del texto constitucional. Si bien no existe una disposición concreta que la prevea, tal solicitud se fundamenta en la cualidad que tiene esta Sala Constitucional como máxima garante de la integridad y vigencia del Texto Fundamental, así como en el desarrollo del poder que expresamente se le atribuye para la interpretación vinculante de sus normas. En esta ocasión, la Sala se limita a reiterar tal criterio, expuesto en numerosas decisiones posteriores (ver, entre otras, sentencias números 1309/2001, del 19.07, 867/2002, del 08.05, y 2.926/2002, del 20.11), en atención a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            En tal sentido, visto que se solicita la interpretación de dos (2) normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber, en sus artículos 191 y 197, esta Sala asume la competencia para conocer de la presente solicitud y pasa a pronunciarse sobre su admisibilidad. Así se declara.

 

III

DE LA ADMISIBILIDAD

 

La Sala ha establecido, de manera pacífica y reiterada, en cuanto a la admisión de la solicitud de interpretación constitucional, que los solicitantes deben cumplir de forma concurrente, con los requisitos que se enumeran a continuación:

 

1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer tras la consulta una duda razonable que afecte de forma actual o futura al solicitante.

 

2.- Novedad del objeto de la acción. Esta causal de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa.

 

3.- Que lo peticionado a la Sala no coincida en un todo con el objeto principal de una controversia que curse o pueda cursar ante otro tribunal o instancia judicial, esto es, será admisible la solicitud cuando la consulta exija un análisis de la norma constitucional que, si bien puede estar relacionada con el caso planteado ante otra instancia judicial, pueda y deba ser resuelta dicha duda en el solo plano de la constitucionalidad.

Ello ocurriría en aquellos casos de novedad de una norma en el marco del ordenamiento jurídico constitucional y el consecuencial grado de imprecisión respecto a su alcance por la falta del debido desarrollo legislativo (cf. sentencias números 2.507/2001, del 30.11, y 2.714/2002, del 30.10).

 

4.- Que no sean acumuladas acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles (tal circunstancia fue sancionada en la sentencia n° 2657/2001, del 14.12).

 

5.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la solicitud es admisible.

 

6.- Que el escrito sea inteligible y que no contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

 

Dicho esto, la Sala observa que, en el presente caso, la abogada María Del Carmen Rivera Moya solicita la interpretación constitucional de los artículos 191 y 197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al objeto de que esta Sala aclare y determine conforme a dichas disposiciones qué cargos públicos remunerados pueden ejercer en forma simultánea los Diputados a la Asamblea Nacional durante el ejercicio de su actividad como representantes de los ciudadanos, o dicho de otro modo, que indique cuáles cargos públicos remunerados son compatibles con la exigencia constitucional de la exclusividad en el ejercicio de la función parlamentaria.

 

Analizados los argumentos del escrito que contiene la petición de interpretación constitucional, la Sala considera que la misma resulta inadmisible en virtud de la inexistencia de una duda razonable que afecte de forma actual o futura al solicitante, puesto que sobre el alcance de las disposiciones contenidas en los artículos 191 y 197, respecto del carácter exclusivo del ejercicio de la función parlamentaria y en cuanto a cuáles son los cargos públicos que pueden los Diputados –sin distinción- a la Asamblea Nacional asumir durante el ejercicio del mandato popular que le han dado los electores, las mismas son suficientemente claras en cuanto: a (i) la exigencia de exclusividad en el ejercicio de la referida función, (ii) cuáles son los cargos públicos que pueden aceptar y desempeñar los Diputados a la Asamblea Nacional –sin perder su investidura parlamentaria- y (iii) cuál es la consecuencia jurídica que la propia Norma Constitucional contempla para la violación de los límites en ella establecidos con relación al ejercicio simultáneo de cargos públicos por los Diputados a la Asamblea Nacional –la pérdida de la investidura parlamentaria-.  

 

En efecto, en la segunda de las normas cuya interpretación se solicita (artículo 197), la Constitución vigente prescribe que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y la de la Asamblea”, mientras que la segunda de las disposiciones mencionadas (artículo 191) establece  que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

 

En virtud de lo expuesto, visto que el objeto de la interpretación constitucional solicitada no se funda en duda razonable alguna, y visto que la interrogante en ella contenida es respondida por las mismas normas constitucionales cuya interpretación fue requerida, se declara inadmisible la solicitud de interpretación formulada por la abogada María Del Carmen Rivera Moya. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de interpretación constitucional presentada por la abogada María Del Carmen Rivera Moya sobre el alcance de los artículos 191 y 197 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de agosto dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA                                                               

        El Vicepresidente,

 

 

 

                                                                                    JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                   JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO                                                                                               Ponente    

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

JMDO/

Exp. n° 03-1820.