SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

            El 3 de agosto de 2000, esta Sala Constitucional recibió el expediente contentivo de la acción de amparo sobrevenido ejercida por el abogado Jhonny Mujíca Colón, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 3.297, actuando en su carácter de apoderado de “SOPORTES ELÉCTRICOS (SOPELCA), C.A.”, domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 10 de julio de 1978, bajo el Nº 39, Tomo 91-A-Segundo, y de GIUSEPPE BOCCASINI, identificado con la cédula de identidad Nº 10.789.900, en contra de las sentencias interlocutorias de fechas 20 y 22 de julio de 1998, dictadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante las cuales se acordó corrección monetaria y aclaró la forma de hacerla, respectivamente, en fase de ejecución de sentencia, con la finalidad de que sea oída su apelación en ambos efectos o, en su defecto, se revoquen dichos fallos interlocutorios.

 

El fundamento de la acción de amparo es la violación del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa establecidos en los artículos 68 y 50, respectivamente, de la Constitución de 1961. Asimismo, el referido abogado denunció la violación de los derechos constitucionales de sus representados, contenidos en los artículos 60 y 58 eiusdem (1961).

 

            La remisión se efectuó, en vista de que esta acción de amparo constitucional fue declarada inadmisible por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 22 de junio de 2000; y por cuanto no se ejerció contra dicha sentencia recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se acordó remitir el expediente (Cuaderno Separado) a esta Sala Constitucional para la consulta legal.

 

Por auto del 3 de agosto de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

            El 20 de enero de 1999 fue presentada ante el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional sobrevenido interpuesta por el abogado Jhonny Mujíca Colón, anteriormente identificado, actuando con su carácter de apoderado judicial de “SOPORTES ELÉCTRICOS (SOPELCA), C.A.” y de GIUSEPPE BOCCASINI, también identificados, contra las sentencias interlocutorias de fechas 20 y 22 de julio de 1998, dictadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, con la finalidad de que la apelación interpuesta contra dichos fallos interlocutorios sea oída en ambos efectos o, en su defecto, se revoquen los mismos.

 

La parte agraviada señaló en su escrito que:

 

a)  El Juez cuyos fallos se impugnan incurrió en abuso de poder, ya que abogó, ante otro juez, para que pronunciara “una sentencia contraria a los intereses de una de las partes en el proceso y que luego ese mismo juez posteriormente conozca del pleito”, con lo cual se ha vulnerado las garantías constitucionales sobre el debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en los artículos 68 y 50 de la Constitución de 1961.

 

b) Las decisiones del Juzgado a quo mutan la cosa juzgada, cuando acuerdan, en fase de ejecución, una corrección monetaria no contenida en el dispositivo de la sentencia objeto de la ejecución. Que según “doctrina de la Corte” esta corrección debe ser ordenada por la propia sentencia que se está ejecutando. Que esto constituye una violación al debido proceso, la cual continúa cuando “interpuesta la apelación es oída en un solo efecto, pese a que esa mutación tiene incluso casación, para su revisión” (subrayado y entrecomillado nuestros).

 

c) Destaca que como consecuencia de la violación de la cosa juzgada “se promovió amparo constitucional” por ante el Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, inhibiéndose el Juez Titular por haber conocido de la causa principal, remitiéndose el expediente al mismo Juzgado Superior Séptimo que conoció en Primera Instancia del amparo sobrevenido que hoy es objeto de la presente consulta legal (subrayado y entrecomillado nuestros).

 

d) Asimismo observa el abogado accionante que, contra el auto que decretó la aludida corrección monetaria, “se interpuso la apelación correspondiente, siendo luego de haberse interpuesto el amparo constitucional que el A quo oyó la apelación y en un solo efecto, e interpuesto el recurso de hecho”, también le fue remitido al mismo Juzgado Superior Séptimo que conoció en Primera Instancia del amparo sobrevenido objeto de la presente consulta legal (subrayado y entrecomillado nuestros).

 

e) Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 4, 6, numeral 5, 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, interpuso el amparo sobrevenido ya que “al mutarse la cosa juzgada” se le están violando a sus representados sus derechos contenidos en los artículos 60 y 58 de la Constitución de 1961 y solicitó que la apelación sea oída en ambos efectos o, en su defecto, se revoque la sentencia interlocutoria objeto del recurso de hecho.  

 

II

 

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

            Mediante sentencia del 22 de Junio de 2000, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la parte presuntamente agraviada contra las sentencias interlocutorias, dictadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 20 y 22 de julio de 1998, mediante las cuales se acordó corrección monetaria y se declaró la forma de la corrección monetaria, en fase de ejecución de sentencia, en el juicio que por rendición de cuentas, intentó la ciudadana Silvana Barbetti en contra de la presunta agraviada SOPORTES ELÉCTRICOS (SOPELCA), C.A., por las razones siguientes:

 

            a) La parte accionante, en el escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional, expresó que había intentado una acción de amparo constitucional contra las decisiones que pretendía impugnar por medio de recurso de hecho y que podrían también éstas ser anuladas por la vía del amparo sobrevenido, sin que haya expresado la accionante, si el amparo autónomo había sido objeto de decisión o ésta se encontraba pendiente.

 

            En tal sentido, el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que no se admitirá la acción de amparo “cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación a los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta”.

 

En el caso de autos la misma accionante afirmó en el escrito contentivo de la solicitud “que había intentado un amparo constitucional contra las decisiones impugnadas y que no fue sino después de que se intentó el amparo que la Juez emitió un pronunciamiento sobre las apelaciones, ordenando oír las apelaciones en un solo efecto. Ello por sí solo hace inadmisible la protección constitucional solicitada”.

 

            b) Al haber sido declarado con lugar el recurso (apelación) ejercido contra las decisiones impugnadas, carece de sustentación la solicitud de amparo constitucional, puesto que ya existe una decisión sobre la impugnación ejercida. Esto hace también inadmisible la protección constitucional solicitada.

 

            c)  Al no existir evidencias concernientes a que las violaciones denunciadas por el solicitante del amparo, sean de reparación a través de la sentencia que juzgue sobre la legalidad del acto, es inadmisible el amparo constitucional solicitado.

 

 

III

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

            1) En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación. Al respecto observa que en sentencias del 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional a la luz de lo dispuesto en la Constitución Nacional. Específicamente, en relación a las apelaciones y consultas, que establece el Artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo lo siguiente:

 

               “... corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo y a las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia...” (subrayado nuestro).

 

            Observa esta Sala que, en el presente caso la sentencia consultada ha sido dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Primera Instancia competente, para conocer de una acción de amparo ejercida contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas.

 

            Por lo antes expeusto, esta Sala, aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito, resulta competente para conocer de la presente consulta; y así se declara.

 

            2) Decidido lo anterior, toca ahora pronunciarse acerca de dicha consulta, para cuyo fin esta Sala, haciendo un examen de las actas que conforman el expediente, observa lo siguiente:

 

            a) Están suficientemente explicitados en los capítulos I y II del presente fallo, los argumentos que esgrimió la parte presuntamente agraviada para intentar la acción de amparo contra las decisiones del 20 y 22 de Julio de 1998, dictadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, con la finalidad de que la apelación interpuesta contra las mismas sea oída en ambos efectos o, en su defecto, sean revocados dichos fallos; y los fundamentos de la decisión del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción, que declaró inadmisible la misma.

 

            b) Corre además inserto en el expediente una diligencia consignada por el abogado Arnaldo Jiménez Bruguera, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 24.561, apoderado de la parte actora en el juicio de rendición de cuentas contra la parte presuntamente agraviada; en la cual advierte que esta última “se ha dedicado a proponer amparos ante este Supremo Tribunal para impedir la ejecución de la sentencia”; que intentó recurso de hecho y amparo sobrevenido dándose sentencias contradictorias de imposible ejecución; que el recurso de hecho se hizo a espaldas de su representada violándose el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil; que ante esta misma Sala Constitucional se ventila amparo constitucional referido al mismo proceso, en el expediente Nº 2001-0216; y solicitó “dictar las medidas a que hubiere lugar para evitar el fraude procesal”. 

 

Del examen de los autos, esta Sala Constitucional concluye lo siguiente:

 

1) De la solicitud de amparo se advierte que no hay una identificación plena del agraviante, ni del acto que motiva la acción de amparo, por lo cual dicha solicitud no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 3 y 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Sin embargo, por tratarse de un amparo sobrevenido intentado en otro procedimiento (recurso de hecho), en el cual el tribunal a quo ordenó abrir cuaderno separado con las actuaciones correspondientes al amparo; y que en el auto de apertura de dicho cuaderno que riela al folio uno (1) del expediente se identifican tanto el presunto agraviante (Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial), como las decisiones objeto de la acción (decisiones del 20 y 22 de julio de 1998, que acordaron una corrección monetaria) y la apelación interpuesta contra dichas decisiones, la cual fue oída en un solo efecto; constando asimismo esa información en la sentencia que declaró inadmisible el amparo sobrevenido; además de correr insertas en los folios nueve (9) al trece (13), las decisiones interlocutorias del 20 y 22 de Julio de 1998, ya referidas, esta Sala considera tales recaudos como suficientes para llenar los requisitos exigidos por los numerales 3 y 5 del artículo 18, en atención a la naturaleza de la acción (amparo sobrevenido) y a la exigencia constitucional de una justicia sin formalismos (artículo 26 constitucional); y así se decide.

           

2) El abogado de la parte presuntamente agraviada adujo que tuvo “conocimiento referencial” que un Juez abogó ante otro Juez, para que pronunciara una sentencia (otra acción de amparo constitucional precedente) contraria a los intereses de una de las partes en el proceso (la parte presuntamente agraviada), lo cual vulneró el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en los artículos 68 y 50 de la Constitución de 1961.

 

Este “conocimiento referencial” no puede ser el fundamento de ninguna violación de derechos constitucionales, al no existir prueba en los autos de sus afirmaciones o conclusiones.

 

Por otra parte, este  Tribunal Superior de Justicia, en sentencia del 8 de agosto de 2000 dictada por la Sala Político Administrativa, ha precisado que el derecho al debido proceso (artículo 49 de la Constitución de 1999) es un derecho complejo que encierra un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, de acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las sentencias, entre otros que se vienen configurando en la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.

 

Asimismo, acotó esta misma sentencia, que el derecho a la defensa previsto con carácter general como principio en el citado artículo 49, tiene también una consagración múltiple y que existen otros derechos conexos como el derecho a ser oído, a hacerse parte, a ser notificado, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas, entre otros.

 

De tal manera que no basta aludir a la presunta violación de estos dos (2) derechos constitucionales, hoy consagrados en el artículo 49 de la Constitución vigente, cuando no se advierte del escrito ni de las demás actas del expediente una violación de cualquiera de los derechos específicos referidos. Por el contrario, el abogado de la parte agraviada refirió la interposición de varios recursos ordinarios y extraordinarios, que evidencian el ejercicio del derecho de la defensa en un proceso del cual, en su escrito de amparo, no denunció violación concreta de garantías específicas comprendidas en el artículo 49. Al no evidenciarse ese “conocimiento referencial” de ninguno de los recaudos consignados en autos, esta acción de amparo tiene que declararse inadmisible, por no configurarse violación del derecho al debido proceso ni al derecho de defensa, a tenor de lo exigido por el artículo 27 de la Constitución y el artículo 1º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.

 

3) En su solicitud de amparo, el abogado de la parte presuntamente agraviada, expuso que como consecuencia de la violación de la cosa juzgada “cuando acuerda en fase de ejecución una corrección monetaria no contenida en el dispositivo de la sentencia objeto de la ejecución”, promovió un amparo constitucional autónomo que fue remitido al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, ante el cual intentó posteriormente la acción de amparo sobrevenido que se consulta ante esta Sala Constitucional.

 

El amparo sobrevenido pretende igualmente impugnar las decisiones interlocutorias del 20 y 22 de julio de 1998 que acordaron la aludida corrección monetaria, cuando solicitó que la apelación contra las mismas sea oída en ambos efectos o, en su defecto, “revoque la sentencia interlocutoria objeto del recurso de hecho” (subrayado nuestro).

 

En consecuencia, se configuró claramente la causal de inadmisibilidad de la acción contenida en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que a la letra dice “No se admitirá la acción de amparo: ... Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida contra un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta”.

 

Esta causal no sólo se da cuando la acción esté pendiente de decisión, en sentido estricto, sino con mayor razón (“a fortiori”) cuando la acción de amparo pendiente de decisión sea sentenciada. En efecto, en tal caso, habría cosa juzgada formal, con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que a la letra dice “La sentencia firme de amparo producirá efectos jurídicos respecto al derecho o garantía objeto del proceso, sin perjuicio de las acciones o recursos que legalmente correspondan a las partes”.

 

Es decir, en suma, que en el presente caso vuelve a replantearse una acción de amparo que versa sobre el mismo objeto, que denunció las mismas infracciones, que se basó en los mismos objetivos y fundamentaciones y que giró en relación con idéntico objeto al anteriormente intentado.

 

Ante tal constatación es evidente que en el supuesto de que el primer amparo se encuentre decidido con sentencia firme al momento de publicarse el presente fallo, si bien no estaría pendiente de decisión, se impondría la fuerza de la cosa juzgada para impedir que sea sentenciada por esta Sala, ya que la cuestión debatida posee la misma identidad subjetiva y objetiva. Por los argumentos expuestos en este numeral, esta acción debe declararse inadmisible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6, numeral 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.

 

4) El apoderado de la parte presuntamente agraviada, agregó en su escrito que “contra el acto que decretaba la corrección monetaria, se interpuso la apelación correspondiente, siendo luego de haberse interpuesto el amparo constitucional, que el A quo oyó la apelación y en un solo efecto, e interpuesto el recurso de hecho, también le es remitido a este Tribunal (Juzgado Superior Tercero) el conocimiento del asunto. Por tales circunstancias, mis representados, no tienen certeza ni seguridad jurídica sobre la solución de ambos asuntos de manera favorable, aun cuando es evidente la violación de sus derechos constitucionales al ser mutada la cosa juzgada.” (subrayado nuestro).

 

Esta pluralidad de recursos ordinarios y extraordinarios interpuestos sucesiva y/o simultáneamente, también está referida en el auto que riela al folio uno (1) del expediente que ordena la apertura del cuaderno separado referente al amparo sobrevenido, donde se indicó que existen varias solicitudes (entre ellas, la de amparo sobrevenido), relacionadas con el recurso de hecho.

 

Asimismo, el fallo del Juzgado Superior Tercero que declaró inadmisible el amparo sobrevenido, se refirió a varias acciones y recursos, a los cuales no es preciso aludir a los efectos del análisis y decisión de la presente consulta legal.

 

De lo expuesto se evidencia claramente que la parte presuntamente agraviada no sólo intentó un amparo sobrevenido cuando ya había intentado una acción de amparo autónoma en relación con los mismos hechos, lo cual configura la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sino que contra las mismas actuaciones judiciales había intentado previamente una apelación, que fue oída por el Juzgado a quo en un solo efecto y un recurso de hecho ante el Juzgado Superior Tercero, conjuntamente con el amparo sobrevenido.

 

En relación con estas observaciones, esta Sala Constitucional ha declarado reiteradamente (fallos Nº 14 del 08-02-2000; Nº 31 del 18-02-2000; Nº 301 del 03-05-2000; Nº 334 del 04-05-2000; Nº 103 del 13-03-2000; entre otros), que es inadmisible la acción de amparo interpuesta luego de haberse ejercido el recurso de apelación.

 

Este criterio jurisprudencial no hace más que reiterar lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 eiusdem, que contempla, como causal de inadmisibilidad de la acción, “cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes...”.

 

La sentencia referida del 13 de marzo de 2000, por ejemplo, expone:

 

 “Para la interpretación de toda norma debe recurrirse en primer lugar al significado propio de las palabras, y en ese sentido se observa que, según dispone el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “optar” quiere decir: ‘1. Escoger una cosa entre varias. 2. Intentar entrar en la dignidad, empleo u otra cosa a que se tiene derecho’. Trasladando los significados de la palabra en cuestión al contexto de la acción de amparo, ello permite inferir que la indicada causal de inadmisibilidad está referida a que, teniendo el presunto agraviado la posibilidad de accionar en amparo ante la flagrante violación de sus derechos y garantías constitucionales, escoge las vías judiciales ordinarias o hace uso de los medios judiciales preexistentes, esto en razón de que presuntamente son los medios idóneos”.

 

Por otra parte, como lo ha advertido esta misma Sala en sentencia del 28 de julio de 2000 (caso:Luis Alberto Baca) el amparo no es un correctivo ilimitado a cualquier situación procesal; así se expone en dicho fallo que:

 

“... que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer estos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.

 

Hace esa consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.

 

Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procesales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía restablecer la situación jurídica infringida antes que la lesión causare un daño irreparable, descartando así la amenaza de violación lesiva.

 

Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales, ya que consolidan dichas infracciones.

 

Por ello, cuando la parte lesionada ha apelado, hay que esperar que fenezca el lapso señalado por la ley para fallar la apelación, sin que la alzada sentencie, para que así realmente surja el peligro de irreparabilidad de la lesión (por lo indefinido), que aunada a la actitud del juez, contraria a la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se convierte en otra infracción constitucional que hace improcedente el amparo.

 

Consecuencia de lo expresado, es que el amparo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obra en sus supuestos como una acción que puede ser utilizada en cualquier momento en que lo considere el actor. Es por ello, que la doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de transgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene. Estas infracciones pueden provenir de vías de hecho, o estar contenidas en actos administrativos, normas jurídicas, actos u omisiones procesales, sentencias judiciales, etc.

 

Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable.”

 

En consecuencia, cuando existan vías procesales ordinarias para restablecer la situación jurídica infringida, antes de que cause daño irreparable, como son la apelación y el recurso de hecho, que por otra parte fueron ejercidos por la parte actora, el amparo sobrevenido tenía que declararse inadmisible, como efectivamente se declaró; y así se decide.

 

Es de advertir que, ciertamente, en el fallo que se comenta del 28-07-2000, se expresa que “los fallos cuya apelación se oye en ambos efectos, no generan –en principio- acción de amparo alguno”; mientras que: la “situación varía con los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, o a los que se negó la apelación o el recurso de hecho, ya que lo acordado en esas sentencias sí se ejecuta; pero sólo cuando esa ejecución va a causar agravio constitucional a la situación jurídica de una parte, es que ella podrá acudir a la vía del amparo para proteger su situación jurídica, ya que concretado el agravio, las cosas no podrán volver a la situación anterior ni a una semejante”.

 

En el caso de autos la parte agraviada apeló de las decisiones interlocutorias impugnadas y dicha apelación se oyó en un solo efecto. Pero esta circunstancia no habilita a la parte perjudicada a intentar un amparo sobrevenido después de  haber optado a la vía judicial ordinaria. En efecto, lo que este fallo nos indica en este párrafo es que el afectado por una decisión cuya apelación se oiga en un solo efecto y su ejecución va a causar agravio constitucional (agravio que por otra parte este Juzgador no observa en autos ni en las denuncias de la solicitud de amparo, como se indicó supra), aquél podía acudir a la vía del amparo para proteger su situación jurídica.

 

Lo que quiere significarse es que al contrario de los fallos cuya apelación se oiga en ambos efectos , en las sentencias “cuya apelación se oye en un solo efecto, si contienen violaciones constitucionales en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de la apelación, caso en que la parte considera que por este camino restablecerá su situación, o acudir a la acción de amparo” (subrayado nuestro). Y adelante ratificó el fallo comentado que “si el agraviado opta por la vía del amparo, se le cierra la de la apelación sobre la materia que versa el amparo. Viceversa, si el agraviado hace uso de la apelación, es porque considera que este recurso es el óptimo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y ante tal escogencia, el amparo que se incoare sería inadmisible a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales” (subrayado nuestro).

 

También es cierto que de acuerdo con el mismo fallo el amparo y la apelación pueden eventualmente coexistir, pero “cuando el recurso de apelación tiene por objeto la decisión de infracciones distintas a las constitucionales, por lo tanto el objeto de cada proceso es diferente” (subrayado nuestro). En el caso de autos, como ya se indicó, el objeto de ambos recursos (de apelación y amparo) es coincidente y no reviste en todo caso, infracciones constitucionales.

 

Por lo expuesto, la circunstancia de que la apelación haya sido oída en un solo efecto, no es suficiente para admitir la presente acción de amparo sobrevenido, tal como se advierte del fallo in commento y de otras sentencias de esta misma Sala, que han declarado expresamente la inadmisibilidad de la acción de amparo cuando se ha interpuesto apelación y ésta fue oída en un solo efecto (Ver sentencias 163 del 24-03-2000; y 399 del 19-05-2000); y así se decide.

 

5) Finalmente, la parte presuntamente agraviada denunció la violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 60 y 58 de la Constitución de 1961. El primero está referido a la inviolabilidad de la libertad y seguridad personales, comprendiendo diez (10) ordinales referidos específicamente a la instrumentación de su protección en el campo estrictamente penal. El segundo contempla la inviolabilidad del derecho a la vida. Esta denuncia es absolutamente improcedente, pues no se evidencia de su solicitud de amparo ni de las actas del expediente, violación ni amenaza de violación alguna en relación con sus derechos a la vida, la libertad o la seguridad personal. Así finalmente se decide.

 

 

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 22 de Junio de 2000 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jhonny Mujíca Colón, apoderado judicial de la empresa SOPORTES ELÉCTRICOS (SOPELCA), C.A. y de GIUSEPPE BOCCASINI “.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al mencionado Juzgado Superior. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de AGOSTO de dos mil uno. Años 191º de la Independencia y de 142º de la Federación.

 

El Presidente-Ponente de la Sala,

 

Iván Rincón Urdaneta

 

             El Vice-Presidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera RomerO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

 

 

Pedro Bracho Grand

                                                                                  Suplente

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp 00-2313

IRU.