SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 8 de marzo de 2001, el ciudadano ZACARÍAS JAAFAR AFIF HACHIEN, titular de la cédula de identidad nº 6.144.709, asistido por los abogados Luis Gerardo Tarazona Campos y Juan Ramón Vicent Velásquez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 33.249 y 71.753, respectivamente, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, demanda de amparo constitucional contra a sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para cuyo basamento denunció la violación de sus derechos a la defensa y debido proceso, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 17 de mayo de 2001, el tribunal de la causa declaró sin lugar la referida pretensión de amparo, y el 22 del mismo mes y año, la parte demandante apeló de la decisión correspondiente.

Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 31 de mayo de 2001, y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. Alegó:

1.1     Que ocupaba, en calidad de arrendatario, un inmueble ubicado en la Avenida Los Salias, calle La Anunciación, Residencias Suzanne, piso 1, apartamento nº 16, San Antonio de Los Altos, Municipio Los Salias, Estado Miranda.

1.2     Que el ciudadano Luciano Dos Santos Laureiro intentó, en su contra, demanda por resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de los cánones de arrendamiento, por ante el Juzgado Primero de Municipio Guaicaipuro. En la demanda se habría indicado que se contrató originalmente con la Administradora Adconpro, C.A. y que, posteriormente, ésta cedió el contrato al demandante, “...situación que para los efectos de la admisión de la demanda era improcedente.” Que dicha cesión no estaría firmada por las partes.

1.3     Que rechazó, negó y contradijo la demanda. Que opuso la falta de cualidad e interés del demandante, pero que “el Tribunal no considero (sic) ni declaró con lugar la falta de cualidad propuesta, se limitó a decir que la cesión del contrato es valedera asimilándola a que la parte demandante trajo a los autos el documento de propiedad, situación que a todas luces causo (sic) un estado de indefensión y su vez motivo el debido proceso (sic), esto vulnera el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil...”.

1.4     Que alegó la prescripción de los cánones de arrendamientos demandados y consignó prueba de las consignaciones a nombre de la administradora de dichos cánones.

1.5     Que el tribunal habría dictaminado que los pagos realizados habían sido efectuados extemporáneamente en fechas posteriores y no por mensualidades adelantadas como lo establecía el contrato.

1.6     Que la cláusula segunda del contrato, relativa a la oportunidad del pago de los cánones de arrendamiento, “crea una situación de ambigüedad y zozobra, jurídicamente hablando, creándo(le) un estado de indefensión como arrendatario y violando las normas que rigen la materia en cuanto a como debe efectuarse el pago.

1.7     Que pagó ajustado a lo dispuesto en las normas del derecho civil y las leyes especiales de la materia (artículos 1592 del Código Civil y 55 del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios).

2. Denunció:

La violación del derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto se declaró sin lugar la cuestión previa opuesta, consistente en la falta de cualidad de la persona del demandante por no tener interés ni cualidad en el juicio. Asimismo, se lesionaron sus derechos constitucionales cuando la sentencia impugnada declaró con lugar la demanda y modificó el fallo apelado.

3. Pidió:

Que la demanda de amparo sea declarada con lugar.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 266, numeral 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de los recursos de apelación y consultas que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, esta Sala se declara competente para conocer del recurso en referencia. Así se decide.   

 

III

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, éste Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, el presente Amparo Constitucional intentado por el Ciudadano ZACARIAS JAAFAR AFIF ACHIEN, asistido por el Abogado LUIS MUÑOZ, antes identificados, contra la sentencia del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, de fecha 01-03-2001.

No obstante que la acción de amparo ha sido declarada Sin Lugar, el Tribunal resuelve mantener la Medida Cautelar dictada en este procedimiento hasta tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resuelva en la definitiva lo que sea procedente en derecho.

No hay costas en el presente procedimiento.” (sic)

 

 

Consideró la recurrida, en aplicación de la jurisprudencia de esta Sala, que no toda infracción de una regla procesal, ni todos los errores de procedimiento cometidos por los jueces, implican la violación de algún derecho constitucional. Se requiere que la infracción cometida impida a una de las partes el ejercicio de su derecho a la defensa y, en consecuencia y por ejemplo, le desaparezca oportunidades para alegar, probar y para la contradicción y el control de las pruebas. Así, quien demande en amparo una decisión judicial deberá alegar cómo y de qué manera se le impidió y menoscabó el ejercicio de sus derechos constitucionales a la defensa, aldebido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, consideró el tribunal que, en los casos de amparo contra decisiones judiciales, había que verificar si el Juez de la sentencia recurrida había actuado fuera de su competencia y con abuso de poder o extralimitación de funciones.

De esta forma, estimó que el Juez de la sentencia objeto de impugnación por vía de amparo, no había actuado con extralimitación de competencia ni con abuso de autoridad y se evidenció que el Juez no "destruyó la verdad" ni inventó hechos para perjudicar al demandante, sino que se aplicó una norma al caso concreto, razón por la cual declaró que no se habían violado los derechos a la defensa y al debido proceso denunciados por la parte actora.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Para decidir, la Sala observa que la sentencia apelada declaró sin lugar la demanda de amparo por considerar que las denuncias relativas a la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del demandante no eran procedentes.

Además, consideró el tribunal de la causa que, para que procediera un amparo contra decisión judicial, había que demostrar que el tribunal había actuado fuera de su competencia y con abuso de poder o extralimitación de funciones, lo cual constató que no era el caso.

Respecto de lo decidido por el tribunal de primera instancia, encuentra la Sala que, ciertamente, la modalidad del amparo contra decisiones judiciales, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha sido objeto de múltiples precisiones jurisprudenciales y se ha determinado, en aras de la protección a la cosa juzgada, que dicho amparo procede solamente cuando esté comprobado en autos que el Juez de la sentencia objeto de impugnación haya actuado fuera del marco de su competencia, con abuso de poder o extralimitación de funciones y que esta atcuación haya significado una vulneración directa y flagrante en la defensa del justiciable.

Sobre este punto, la Sala ha indicado lo siguiente:

 “Esta Sala ha señalado que la acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias” (s.S.C, 6.2.01,expediente nº 00-1301.)

 

 

En el caso de autos, se observa que la parte demandante fundamentó sus lesiones de derechos constitucionales en el hecho de que su alegato, de falta de cualidad e interés de la parte demandante en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento, no fue declarado procedente, sino, por el contrario, el tribunal de la causa del referido juicio estimó que el propietario del inmueble sí tenía interés en demandar la resolución del contrato por la falta de pago de los cánones de arrendamiento.

Pues bien, esta denuncia, opuesta en la primera instancia del juicio original, fue ventilada luego en la alzada, en la que, igualmente fue desestimada, y ahora ha sido traída a sede constitucional a través del amparo interpuesto.

Ahora bien, la Sala estima que la vía del amparo constitucional no puede dar lugar a un nuevo juicio, en tercera instancia, sobre la legalidad de la sentencia recurrida. En efecto, no puede esta Sala revisar la conformidad a derecho de la cesión que la Administradora Adconpro, C.A. le habría hecho al propietario del inmueble del contrato de arrendamiento, que es la base de la mencionada denuncia concerniente a la falta de cualidad o interés del demandante en amparo y demandado en el juicio por resolución de contrato.

Por otra parte, de los autos no se evidencia ninguna violación a los derechos a la defensa y al debido proceso del quejoso, pues éste participó en el juicio de resolución de contrato y pudo alegar y presentar pruebas en su favor. Cosa distinta es que el fallo definitivo haya sido contrario a su pretensión.

Ahora bien, la Sala debe insistir en que cuando un fallo es desfavorable a los intereses de alguna de las partes –lo cual, en principio, siempre sucederá- y dicha decisión judicial, si es el resultado de un proceso judicial llevado con apego a las normas aplicables, es recurrida a través del amparo constitucional, lo ocurrido regular y sistemáticamente es que dichas solicitudes de tutela constitucional no proceden, por cuanto no existen las violaciones de los  derechos o garantías constitucionales denunciados.

Por último, la Sala debe revocar la medida cautelar decidida por el tribunal de la causa. En efecto, se constata del dispositivo de la decisión apelada que el tribunal consideró mantener la medida cautelar que habría sido decretada hasta tanto esta Sala resolviera definitivamente el asunto.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de amparo constitucional, intentada por el ciudadano ZACARÍAS JAAFAR AFIF HACHIEN, contra el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y, en consecuencia, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la misma Circunscripción el 17 de mayo de 2001. Se revoca la medida cautelar decretada por el a quo.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  30 días del mes de AGOSTO de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 El Vicepresidente, 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

             Magistrado                 

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente        

 

 

 

 

 

PEDRO BRACHO GRAND

Magistrado Suplente

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

EXP. 01-1143