SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

           

El 13 de mayo de 2004, el abogado GUILLERMO JOSÉ INFANTE, en su carácter de Juez Temporal del Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, interpuso ante esta Sala, de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una solicitud extraordinaria de revisión constitucional contra la sentencia dictada, el 2 de abril de 2004, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual confirmó la decisión que declaró no ha lugar a  una acción de habeas corpus que se intentó ante el Tribunal Décimo Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal y anuló una orden de arresto disciplinario que dictó el solicitante, contra el ciudadano Asdrúbal Quintero.

En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto sobre la presente solicitud, previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

            El abogado Guillermo José Infante fundamentó su petición de revisión bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Alegó que, el 6 de febrero de 2004, en cumplimiento de sus funciones como Juez Ejecutor de Medidas, el ciudadano Asdrúbal Quintero le faltó el respeto y ofendió la majestad del Poder Judicial, profiriéndole a su persona palabras soeces y haciéndole señalamientos políticos y de otra índole ajenos al contexto de una ejecución de una medida que fue ordenada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, contra la Comandancia de la Policía Regional de Maracaibo.

Arguyó que, el 9 de febrero de 2004 y por tal motivo, dictó un “decreto” de arresto disciplinario contra el ciudadano Asdrúbal Quintero, de conformidad con lo señalado en los artículos 91 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Sostuvo, que el ciudadano Asdrúbal Quintero, al mismo tiempo de mostrar la conducta irrespetuosa y ofensiva, hizo alarde de su condición de Procurador General del Estado Zulia y señaló que impediría cualquier medida en su contra; que por tal motivo, el tribunal a su cargo, actuando con cordura, consideró que dictar la orden de arresto en ese momento era contraproducente, por cuanto en el lugar donde se encontraba constituido el mismo, la Comandancia de la Policía Regional de Maracaibo, los funcionarios se encontraban bajo la dependencia del Ejecutivo Regional, del cual el ciudadano Asdrúbal Quintero era su abogado.

Refirió que, una vez concluido el acto y de regreso a la sede del tribunal a su cargo, procedió a la organización administrativa del día y como quiera que era viernes, en altas horas de la tarde, consideró prudente, a fin de evitar alguna violación de cualquier derecho del ciudadano que ofendió la majestad del Poder Judicial, publicar el “Decreto” de arresto disciplinario para el lunes 9 de febrero de 2004.

Afirmó, que el ciudadano Asdrúbal Quintero, lejos de cumplir la orden de arresto, señaló, de la manera más descarada en la televisora regional y en la prensa, algunos improperios en forma pública y le faltó respeto al Alguacil del tribunal, quien lo había notificado de la medida de arresto que dictó el juzgado a su cargo.

Precisó que, transcurridos más de veinte días continuos de haberse decretado el arresto, se solicitó un habeas corpus a favor del ciudadano Asdrúbal Quintero, el cual no era viable, dado que, según el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el agraviado debía estar detenido o restringida su libertad, cuestión que no había sucedido en el presente caso, por cuanto el ciudadano Asdrúbal Quintero nunca cumplió con el arresto que se le impuso.

Destacó que el habeas corpus fue admitido y resuelto inexplicablemente por el Tribunal Décimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, aplicando la doctrina vinculante asentada por esta Sala en la sentencia dictada el 20 de mayo de 2003, en el expediente N° 03-0555, donde se señaló que las medidas de arrestos disciplinarios son de naturaleza administrativa, y que los amparos debían ser conocidos por los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo de las respectivas Circunscripciones Judiciales.

Alegó que, en forma insólita, el Tribunal Décimo Tercero de Control declaró que no había lugar a la solicitud de habeas corpus, cuando debió declinar la competencia.

Arguyó que lo decidido por el Juzgado de Control fue sometido a consulta, la cual fue conocida por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que elogió la sentencia vinculante de esta Sala Constitucional, confirmando la decisión del a quo, pero sorprendentemente, en un vuelco de los argumentos sustentados y sobre afirmaciones no contestes a los supuestos del caso, “fulminó” el arresto disciplinario, anulándolo.

Denunció, que la decisión dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones infringió los numerales 3 y 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina vinculante, relativa al juez competente para conocer de las acciones de amparo constitucional interpuestas contra las medidas de arrestos disciplinarios, asentada por esta Sala en la referida sentencia dictada el 20 de mayo de 2003.

Consideró, que la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia debió declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental y no confirmar, en forma “absurda y aberrante”, la sentencia del tribunal de control, anulando, cuando era incompetente, un acto administrativo, contradiciendo lo sostenido por esta Sala, respecto a la competencia como un requisito de validez para todo pronunciamiento, en la decisión dictada el 2 de mayo de 2001, en el expediente N° 00-0453.

En virtud del anterior fundamento, solicitó que se declare con lugar la revisión constitucional, se anule la decisión que dictó, el 2 de abril de 2004, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, y se ordene declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental.

II

DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA N° 2

DE LA CORTE DE APELACIONES

 

El 2 de abril de 2004, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia confirmó la decisión dictada, el 9 de marzo de 2004, por el Tribunal Décimo Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró no ha lugar a una solicitud de habeas corpus y anuló el arresto disciplinario decretado, 9 de febrero de 2004, por el Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, contra el ciudadano Asdrúbal Quintero, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:

Que de los artículos 91, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se observa la facultad que tienen los jueces de sancionar disciplinariamente a las partes, abogados, demás funcionarios judiciales y cualquier particular, cuando se le faltare el respecto a su investidura, se alterare el orden de los actos judiciales, se ofendiere a las demás partes y cuando los funcionarios o empleados judiciales no cumplieren con sus funciones.

Indicó, que esta Sala Constitucional en la sentencia N° 707 del 10 de mayo de 2001 (caso José Ángel Rodríguez), sostuvo que la naturaleza jurídica de una orden disciplinaria de arresto o de multa, dictada por un juez de la República, correspondía a un acto administrativo de efectos particulares.

Señaló que, una vez que se decretó la medida de arresto contra el ciudadano Asdrúbal Quintero, el Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, libró un oficio al Comandante de la Primera División de Infantería y Guarnición del Estado Zulia, participándole que debía materializar la medida de arresto.

Precisó que, en virtud de esa orden de aprehensión, se alegó en el habeas corpus que el quejoso se encontraba “amenazado de privársele ilegítimamente de su libertad en consecuencia se le solicita ordene la protección y eventual restitución inmediata de las garantías que se ven conculcadas, violentadas por el agraviante.”

Destacó que, el 29 de agosto de 2003, en sentencia N° 2427 (caso: Domingo Montes de Oca), esta Sala Constitucional asentó, con carácter vinculante, que no procedía el habeas corpus contra las medidas de arrestos disciplinarios decretadas por los jueces, por lo que estimó que la decisión dictada, el 9 de marzo de 2004, por el Tribunal Décimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró no ha lugar a la solicitud de habeas corpus, se encontraba ajustada a derecho.

Por otro lado, de conformidad con lo señalado en los artículos 2, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a analizar “el fondo del asunto planteado”, con el fin de determinar si existieron violaciones de derechos y garantías constitucionales.

A tal efecto, señaló que el arresto disciplinario contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial en nada vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, sólo si su aplicación equivale o presupone lo que la doctrina penal conoce como flagrancia.

Indicó, que la flagrancia constituía una excepción al derecho que tiene toda persona de no ser detenida sin antes existir un procedimiento judicial previo, toda vez que se trataba de la situación en la que se sorprendía al autor en plena comisión del delito, lo que permitía la prescindencia “de las formalidades legales ordinarias que regulan la detención”.

Consideró que lo anterior podía ser perfectamente aplicado a los casos en los cuales los abogados, particulares, funcionarios y empleados judiciales, irrespetaren flagrantemente la majestad de los jueces, para que se le pudiese imponer sanciones correctivas  a los mismos.

Asimismo que, la sanción disciplinaria debía ser decretada en el momento mismo en que ocurra la conducta irrespetuosa; que se evidenciaba del caso que el juez ejecutor de medidas dictó su decreto de arresto disciplinario tres días después de haber presenciado la conducta irrespetuosa; y que del acta del 6 de febrero de 2004, se constataba que el acto en el cual se dio la conducta irrespetuosa concluyó sin determinarse la existencia de dicho comportamiento, por lo consideró que se dictó una medida de arresto en forma extemporánea.

Afirmó, que la Sala Política Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia señaló, en la sentencia N° 1859, dictada el 26 de noviembre de 2003, expediente N° 2003-0619, que ese tipo de sanciones correctivas o disciplinarias debían ser dictadas en cada tribunal por el respectivo juez en el mismo momento cuando se verificase el supuesto de hecho.

Por tanto, observó que la medida de arresto decretada por el tribunal ejecutor de medidas no cumplió con los requisitos del acto administrativo y, además, que su notificación no fue acompañada con la copia del acto administrativo, como lo dispone la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y como lo asentó esta Sala Constitucional en la sentencia N° 1645, del 3 de septiembre de 2001, expediente N° 01-1229.

Indicó, que al dictarse el acto administrativo tres días después de la ejecución del acto irrespetuoso y al observarse que no se cumplió con los requisitos mínimos que debe tener todo acto administrativo de efectos particulares, ello implicaba que el tribunal ejecutor de medidas dictó un acto que resultó extemporáneo, una vez que había perdido su competencia funcional, invadiendo la esfera funcional del juez en materia penal, al convertirse ese arresto en una orden de captura dictada contra el ciudadano Asdrúbal Quintero.

Señaló, que lo procedente era que el juez ejecutor de medidas denunciara los hechos ante el Ministerio Público para que abriera una investigación, por lo concluyó que en el caso sometido a su conocimiento existió la violación del debido proceso y el derecho a la defensa, al dictar el arresto en la forma en que se hizo.

En consecuencia, procedió a anular el arresto disciplinario que le fue dictado, el 9 de febrero de 2004, al ciudadano Asdrúbal Quintero.

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Esta Sala pasa a determinar la competencia para conocer de la presente solicitud de revisión, para lo cual resulta oportuno señalar que, de acuerdo al contenido del numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme con lo señalado en el numeral 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a esta Sala Constitucional revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por los demás tribunales de la República.

Por tanto, visto que en el presente caso se planteó la revisión de una decisión definitivamente firme dictada con ocasión de una solicitud de habeas corpus, esta Sala se declara competente para conocer y resolver la presente solicitud. Así se decide.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Una vez asumida la competencia y realizado el estudio exhaustivo del presente expediente, se estima conveniente aclarar, tal como se ha hecho en reiteradas oportunidades, que la facultad revisora que le ha sido otorgada a esta Sala en la Carta Magna de 1999, la cual es desarrollada, respecto a la competencia, por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tiene como finalidad primordial garantizar la uniformidad en la interpretación de normas y principios constitucionales, por lo que en ningún momento debe ser considerada como una nueva instancia, dado que sólo procede en los casos de sentencias definitivamente firmes.

En otras palabras, la revisión constitucional atribuida a esta Sala por el ordenamiento jurídico, debe realizarse de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, lo que significa que en el análisis que hace esta Sala de la sentencias que le son llevadas a su conocimiento, debe considerarse todos y cada uno de los puntos contenidos en dichos fallos, pero ello no quiere decir que por ese motivo debe concederse la revisión, por lo que se precisa que la negativa de acordar lo pretendido no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

Ahora bien, se observa que en el presente caso se solicitó la revisión de la decisión dictada, el 2 de abril de 2004, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual confirmó la decisión que declaró no ha lugar una acción de habeas corpus que se intentó ante el Tribunal Décimo Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal y anuló una orden de arresto disciplinario que dictó, el 9 de febrero de 2004, el juez del Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, contra el ciudadano Asdrúbal Quintero.

En efecto, el abogado Guillermo José Infante, en su carácter de Juez Temporal del referido Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas, intentó la presente revisión constitucional al estimar que la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones, cuando dictó su decisión, contrarió la doctrina de esta Sala Constitucional, específicamente, la asentada el 20 de mayo de 2003, en el expediente N° 03-555, y el 2 de mayo de 2001, en el expediente N° 00-0453, por las razones señaladas en el capítulo primero del presente fallo y que aquí se dan por reproducidas.

Ahora bien, procede esta Sala a resolver la presente solicitud, para lo cual debe precisarse, en primer lugar, si el abogado Guillermo José Infante, en su carácter de Juez Temporal del Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, posee legitimación para intentar la presente solicitud de revisión constitucional.

En ese sentido, se hace notar que, en la sentencia N° 1529, del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:

“...¿cómo puede esta Sala ejercer esa potestad máxima de interpretación de la Constitución y unificar el criterio interpretativo de los preceptos constitucionales, si no posee mecanismos extraordinarios de revisión sobre todas las instancias del Poder Judicial incluyendo las demás Salas en aquellos casos que la interpretación de la Constitución no se adapte al criterio de esta Sala ? Es definitivamente incongruente con la norma constitucional contenida en el artículo 335 antes citado que, habiendo otorgado la Constitución a esta Sala el carácter de máximo intérprete de los preceptos constitucionales en los términos antes señalados, y habiendo establecido el Texto Fundamental el carácter vinculante de tales decisiones, no pueda esta Sala de oficio o a solicitud de la parte afectada por una decisión de alguna otra Sala del Tribunal Supremo de Justicia o de algún tribunal o juzgado de la República, revisar la sentencia que contraríe una interpretación de algún precepto constitucional previamente establecido o que según esta Sala erróneamente interprete la norma constitucional.” (subrayado de la Sala).

 

En armonía con lo destacado en la sentencia citada, esta Sala hace notar que toda persona para poder interponer la solicitud de revisión, tiene, ineludiblemente, que haber sido afectada por la sentencia cuya revisión solicitan. Esta afectación, que proviene del gravamen ocasionado por un pronunciamiento judicial, va a constituir la aptitud para ser parte en el proceso de revisión, bien sea de forma activa o pasiva (ver, en ese sentido, la sentencia N° 1147, del 5 de junio de 2002, caso: Joao Rodrigues Rosario).

Pero hay más, el solicitante de la revisión constitucional, que se encuentra afectado por una sentencia judicial, debe encontrarse, además, en una situación jurídica que le es personal, que atiende a un interés propio, hecho que no es atribuible a los jueces cuando dictan decisiones en nombre de la República.

En efecto, un Juez al dictar una sentencia, que le es revocada posteriormente, no puede ser considerado como lesionado personalmente, dado que al administrar justicia lo hace en nombre de la República de Venezuela y no en nombre propio. Por tanto, no puede intentar una solicitud de revisión contra una sentencia definitivamente firme, que fue dictada por otro tribunal, por cuanto no es afectado de esa decisión, por haber actuado en nombre de la República, la cual no puede infringir sus propios derechos constitucionales (ver la sentencia N° 1139, del 5 de octubre de 2000, caso: Héctor Luis Quintero Toledo).

Así pues, esta Sala precisa que el abogado Guillermo José Infante, en su carácter de Juez Temporal del Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, no posee legitimación para intentar la presente solicitud de revisión constitucional.

En consecuencia, esta Sala Constitucional debe declarar, conforme lo señalado en el parágrafo 6 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, inadmisible la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Guillermo José Infante, en su carácter de Juez Temporal del Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, contra la sentencia dictada, el 2 de abril de 2004, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, al ser manifiesta su falta de legitimidad para intentarla. Así se decide.

V

DECISIÓN

En los términos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de revisión constitucional intentada por el abogado Guillermo José Infante, en su carácter de Juez Temporal del Tribunal Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, contra la decisión dictada, el 2 de abril de 2004, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

             Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de  agosto  de dos mil cuatro (2004).  Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                         ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

       Ponente

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

EXP: 04-1214

AGG/jarm